Nuestra Indignación está atenta a su lucha, la cual seguimos con admiración, respeto y en discreta alerta.
Hemos tomado nota del acoso policíaco que enfrentan; de los intentos de coartar la libertad de expresión, manifestación y de reunión; de la continua vigilancia que se traduce en hostigamiento todo lo que un gobierno democrático no haría.
Pero “¿Democracia?” ¡Ja! Un gobierno democrático garantizaría a los estudiantes no sólo el transporte, sino todo lo necesario para asegurarles el acceso a la educación libre y gratuita.
Ustedes tienen la razón. Las y los estudiantes “TODOS” tienen derecho al transporte TODOS LOS DÍAS DEL AÑO y tienen, por supuesto, derecho a la protección de su información.
Cancelar el descuento en vacaciones y días festivos es una estupidez del tamaño de la ambición de los empresarios del transporte.
Con ese absurdo pensamiento pronto comenzarán los camioneros, como lo hacen ya ilegalmente los policías y militares en los retenes anticonstitucionales, a preguntar: ¿a dónde se dirige? Y condicionar el descuento al destino.
La ambición les hace ignorar que el descuento es una mínima acción para cumplir con la obligación de garantizar el derecho a la educación. El descuento, parcial o total, es para que las y los estudiantes “TODOS Y TODAS” puedan dedicarse de tiempo completo a sus estudios, independientemente de la situación económica de sus familias y de la relación que tengan con ellas.
Aun así muchas y muchos estudiantes, por este desastre que es México, tienen que trabajar y sostener a sus familias e incluso dejar de estudiar. En otros países las acciones incluyen, además, garantizar a todos los estudiantes un ingreso económico.
En realidad, tendríamos que cambiar el país para acabar con la desigualdad y garantizar todos los derechos a todas las personas. Ahí están los pueblos indígenas haciendo eso, desde abajo.
No son pocas ni pocos los jóvenes que “abandonan” la escuela por el costo del transporte (Es curioso. Más bien la escuela los abandona. La mayor parte de ellos quería seguir estudiando).
El costo del transporte es uno de los principales obstáculos para acceder a la educación. En Mérida, 46 pueblos mayas rodean y forman parte del municipio. En la mayoría de ellos no hay secundaria o sólo hay telesecundaria, casi en ninguno de ellos hay preparatoria y, por supuesto, en ninguno hay universidad (es decir, no hay para los propios habitantes de las comisarías, aunque alguna universidad se encuentre por Ahí y, en ese caso, su trabajo es limpiarlas). En varios la primaria se ofrece mediante el esquema de “aula única”.
Y esto es Mérida. Los 105 municipios restantes de Yucatán están en condiciones aun Más difíciles, viviendo la permanente violación a sus derechos económicos, sociales y culturales.
El gobierno de cualquier país democrático del mundo entendería que, si no puede garantizar secundaria o preparatoria en cualquier población, está obligado a costear el transporte para que las y los jóvenes de ese pueblo tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones. Y no estamos hablando de un descuento, sino de absorber el costo total. Si no, ese gobierno incurre en discriminación.
En vez de cumplir sus obligaciones, atender la desigualdad y eliminar la discriminación, vemos sucederse uno tras otro a gobiernos que, sean del signo que sean, lloren o no al hablar de la pobreza, obstaculizan el acceso a la educación para beneficiar a los empresarios del transporte, abusan de sus funciones requiriendo información, llegan a activar represalias contra disidentes e incluso a reprimir.
Indignación “como ustedes, estamos seguras” no olvida el 13 de marzo ni la impunidad que regalaron a manos llenas el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Mérida. Desde arriba, la estrategia fue tan clara como antigua: Infiltrar y provocar para reprimir y así desalentar cualquier manifestación.
No podemos dejar de mirar y admirar, entonces, el movimiento que están levantando a favor de las y los estudiantes y, acaso, lo decimos con cauteloso optimismo, a favor de un futuro Más digno para la península, sobretodo en estos tiempos en que gobierna la torpeza autoritaria que exige halagos y reprime o esconde críticas.
Las y los estudiantes vuelven a ser quienes convocan a pensar y a organizarse y desafían lo establecido. Con su protesta dibujan también el país que queremos: uno en el que la educación sea para todas y todos; uno en el que la diferencia se respete y no signifique desigualdad; uno en el que los derechos sean eso, derechos, y no privilegios de quienes puedan pagarlos.
Además de tener la razón, observamos un movimiento creativo, pacífico y organizado que, con habilidad y carácter, distingue y se deslinda de los intereses ajenos o contrarios a los suyos. Compañeros, ustedes ya ganaron esta batalla.
¿Qué gobierno sería capaz de obstaculizar el estudio a los estudiantes? Sólo uno verdaderamente ignorante y contrario a los intereses de su propio pueblo.
Al observar su insistente, organizada y festiva movilización, no podemos menos que sonreír con la certeza: ustedes ya ganaron.
El movimiento que están levantando, de acuerdo con nuestra modesta opinión, está contribuyendo a ampliar la conciencia sobre los derechos y a hacerlos efectivos. Y esto no puede Más que alegrar y entusiasmar nuestra Indignación, que está, por supuesto, en alerta.
