8 de agosto de 2003
Con el fin de cumplir con la obligación de impulsar la vigencia plena de los derechos humanos desde la sociedad civil y de vigilar la actuación de las autoridades, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. presenta a la ciudadanía, al Poder Ejecutivo y al Poder legislativo “Una glosa ciudadana del II Informe de Gobierno”
Este Equipo reconoce y valora el hecho de que la actual administración contribuya a garantizar el derecho de los ciudadanos a la información al poner a disposición del público el texto y los anexos del II Informe de Gobierno y aprecia el esfuerzo por cumplir con la responsabilidad de hacer transparente el manejo de los apoyos federales y privados que se canalizaron a Yucatán a raíz del paso del huracán Isidoro.
Sin embargo, lamentamos que el Ejecutivo no haya encontrado un espacio para siquiera acusar recibo de las preguntas formuladas por algunas organizaciones de la sociedad civil y, en particular, el silencio que el Gobernador ha guardado en torno a propuestas que este Equipo ha realizado en materia de derechos humanos, específicamente con respecto a las “Medidas urgentes para erradicar la tortura en Yucatán” presentadas por esta organización al Ejecutivo desde febrero pasado.
A continuación presentamos observaciones generales y específicas que hace el Equipo Indignación a partir de la lectura del II Informe de Gobierno.
Observaciones Generales
1.- No se plantea el proceso de cumplimiento y avance de los objetivos de gobierno, ni la medición de resultados de las acciones con relación a los proyectos; muchas de las acciones descritas no muestran aparentemente relación estratégica con los objetivos.
2.- El apartado de Derechos Humanos intenta una rendición de cuentas para acciones recomendadas por las instancias estatales y nacionales, pero de ninguna manera se expresan acciones emprendidas para la prevención de violaciones, mucho menos para el resarcimiento del daño por ellas.
De manera desordenada encontramos en el Informe las acciones emprendidas en el CERESO para cumplir con ciertas recomendaciones, así como en la Escuela para Menores Infractores.
Por no estar expresamente ubicadas las respuestas y sí presentarse de manera desordenada y confusa, hemos concluido que no se han aplicado las medidas correctivas para evitar que sigan violándose los derechos de los menores víctimas de delitos.
3.- La información sobre las acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH con relación a los servidores implicados en delitos, resulta insuficiente. Sin mayor derecho que el de ser informados de los procesos requeridos por la CNDH demandamos, cuando menos, información clara y expedita acerca del trabajo de procuración de la justicia en los casos señalados.
4.- A lo largo del documento, al igual que en el Plan Estatal de Desarrollo, los asuntos de la pobreza, educación y trabajo no son abordados desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, sino desde una perspectiva asistencial que no contempla los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales tales como el PIDESC, en vigor en México desde 1981.
5.- Las acciones emprendidas en la mayoría de las áreas descritas como prioritarias (Procuración de Justicia, combate a la pobreza, pueblo maya, educación) refieren una gran inversión en la capacitación de los servidores públicos. Nos preocupan dos cosas:
a) la asignación del presupuesto a capacitar a gente sin aptitudes probadas para ejecutar los proyectos encomendados
b) Que se considere objetos de acción pública a quienes deberían ser sujetos de ella.
6.- No encontramos, en todo el documento estadístico, datos comparativos con poblaciones totales, lo que nos podría dar elementos de análisis para medir el alcance de las acciones.
7.- Durante el mensaje del Ejecutivo se escucharon lamentaciones que permiten entrever conflictos inherentes al ejercicio de gobierno. Sin embargo en el documento de información no se hace referencia a esos rubros detectados ni a las acciones que se han implementado para revertir los efectos. No encontramos ningún trabajo de autocrítica a la propia gestión y a los errores que se han cometido.
9.- Con respecto al mismo mensaje referido, nos sigue pareciendo inadmisible que se adjudique como elemento para el reconocimiento el que no se apliquen la represión y el espionaje contra los críticos de la actual administración, lo que constituiría un delito y, por otra parte, se omita dar los datos de quienes incurrían en esos delitos en el pasado.
10.- Consideramos que los indicadores que se reportan en el informe no permiten medir el impacto del trabajo de la presente administración en las áreas informadas.
Observaciones específicas
Recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos y acciones contra la tortura
El Equipo Indignación reconoce y valora la aceptación de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo y a instancias dependientes de él, emitidas tanto por la Comisión Nacional como por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como la aportación de pruebas para garantizar el cumplimiento de las mismas.
Con respecto a la recomendación 10/2002 de la CNDH, referente a la Escuela de Menores Infractores del Estado de Yucatán, si bien este equipo había señalado dilación del gobierno del estado en la atención de estas recomendaciones durante los primeros meses posteriores a la emisión de la misma, actualmente se han cumplido seis de los siete puntos de la recomendación.
A este equipo, sin embargo, le preocupa de manera particular el punto de la recomendación que continúa sin cumplirse y que se refiere a la exigencia de que la Procuraduría General del Estado y el DIF cuenten con lugares para albergar a menores víctimas de delitos, de violencia familiar y desamparados, respectivamente.
La ausencia de estos lugares originó violaciones a derechos humanos de menores en el pasado. El Equipo Indignación formuló al Ejecutivo esta pregunta específica algunas semanas antes del Informe, sin embargo, hasta donde hemos podido revisar, el Gobierno no reporta qué atención le ha dado específicamente al punto cuatro de la recomendación referida.
A esta preocupación hay que añadir el riesgo de que en el caso de la Escuela Social de Menores Infractores prevalezca la impunidad de funcionarios de alto rango que tuvieron responsabilidad en las violaciones a derechos humanos de menores por omisiones en la integración de la averiguación previa. El peso de la investigación recayó en trabajadores y trabajadoras de la Escuela acusados de “encubrimiento”, sin embargo, al menos una de las ex trabajadoras a quien se le sigue juicio por encubrimiento acudió a esta oficina a denunciar los hechos y testificó ante la C.N.D.H.
Lamentamos que en el Informe no se aporten datos para evaluar el trabajo del Gobierno con respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Únicamente en el anexo “Respuestas a las preguntas del poder legislativo” se encuentra información al respecto e, incluso ahí, de manera limitada.
Estas omisiones confirman la urgencia de crear un espacio al interior de la Secretaría de Gobierno para diseñar y dar seguimiento a la política de derechos humanos de la actual administración. Este Equipo de Derechos Humanos ha presentado ya dos propuestas al Gobierno del Estado en este sentido, la última de ellas en febrero pasado por medio de un documento con “Medidas urgentes para erradicar la tortura en el Estado de Yucatán”. Hasta la fecha, el Equipo Indignación no ha obtenido respuesta del Ejecutivo.
VIH/Sida
Con respecto al VIH/Sida, celebramos que la aportación del Gobierno Federal haya encontrado la contraparte necesaria en el Gobierno del Estado para la consecución de los medicamentos antirretrovirales necesarios para el tratamiento de las personas que viven con VIH/Sida y que no tienen ningún tipo de seguridad social. Sin embargo, siendo el VIH/Sida una enfermedad todavía incurable, no hay manera más eficaz de frenar la pandemia que la prevención. Por eso nos preocupa que no haya en el informe ningún dato acerca de campañas preventivas dirigidas a grupos específicos.
Género
Valoramos las acciones a favor de la equidad de género reportadas desde algunas dependencias de gobierno, sin embargo, el Informe no nos permite evaluar el trabajo del Instituto para la Equidad y el Género en Yucatán ni el resultado que sus gestiones podrían haber tenido para que las distintas instancias de la administración pública estatal diseñen, realicen y evalúen su trabajo con perspectiva de género. Tampoco nos permite conocer el impacto de las acciones reportadas.
Procuración de justicia
La dilación de la procuraduría en el desahogo de expedientes provoca desánimo en las personas que acuden a ella y puede ser causa, incluso, de evasión de la justicia. Nos preocupa el gran rezago en las Averiguaciones Previas que señala el informe y el número de órdenes de aprehensión no cumplidas sin explicar las razones por las cuales no se ejecutaron.
Celebramos la inversión en “tecnología de punta” que se reporta para combatir la delincuencia, aunque esto todavía no reporta resultados en el combate a la impunidad.
Defensoría legal.
No se ha logrado garantizar plenamente los derechos de las personas procesadas en materia penal procurándoles una defensa eficaz. Se sigue constatando la falta de defensores de oficio y que éstos sean eficientes en la defensa y bilingües.
No se reporta la existencia de mecanismos para detectar fallas o irregularidades en el trabajo de los defensores de oficio y, de ser el caso, sancionarlos.
La Readaptación Social.
Reconocemos los esfuerzos realizados por la actual administración, reportados en su II informe de gobierno, para lograr que las personas internas en los Centros de Rehabilitación Social de nuestro Estado vean sus derechos reconocidos y respetados. Consideramos, sin embargo, aun incompleto este esfuerzo porque no se mencionan las medidas adoptadas para revertir el problema, ya señalado por la CNDH, del autogobierno en el CERESO de Mérida. Tampoco encontramos información alguna acerca de la construcción de locutorios en los CERESOS del interior del Estado. No conocemos reforma alguna a los reglamentos internos de los CERESOS que incluya un pleno reconocimiento de los derechos de las personas internas y de sus visitantes.
Pueblo Maya
En relación con los derechos de los mayas yucatecos no encontramos en este II Informe el señalamiento de acciones eficaces para combatir a fondo los problemas que enfrenta la etnia. Reconocemos que, en cierta medida, la actual administración ha incorporado a su discurso demandas planteadas por organizaciones indígenas del país; sin embargo, es evidente que el válido objetivo de generar una nueva relación entre el pueblo maya, el gobierno del Estado y la sociedad civil no se alcanzará mediante las pocas acciones reportadas por el Indemaya (14 recitales en maya, algunos servicios de traducción, impresión de un libro bilingüe, etc.).
Consideramos que el Gobierno del Estado no está impulsando todavía políticas para garantizar la participación del pueblo maya en las decisiones que le afectan. Aunque en este informe se expresa que se promueve la participación de los mayas en la administración pública mediante la detección de organizaciones en municipios indígenas para que participen en la formulación de algunos proyectos, la ambigüedad de la redacción no permite saber si esto se está haciendo ya o va a realizarse todavía.
La meta que se trazó el gobierno del estado de establecer canales para una mayor comunicación con el pueblo maya para que éstos, a su vez, tuvieran una mejor atención en las diferentes dependencias, tanto del gobierno municipal como del estatal y federal, no se ha cumplido. La lengua es un elemento importante, pero no creemos que los problemas de los indígenas mayas se solucionen con sólo tener personas maya hablantes en el mostrador de atención al público. Probablemente esto haga que la comunicación sea más fácil para el interesado, pero la problemática seguirá siendo la misma si en el fondo se sigue pasando por encima de los derechos de las personas.
Aunque valoramos el esfuerzo realizado por el Gobierno para que las leyes y los códigos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas sean traducidos a su propia lengua, creemos que todavía se siguen menospreciando las formas de impartir justicia propias de las comunidades mayas y se les imponen las leyes occidentales. No es, pues, solamente asunto de traducir leyes y códigos, sino de iniciar un proceso de diálogo entre dos formas de impartir justicia. Esto se refleja de manera clara en la defensoría de oficio. Aun cuando los defensores de oficio sepan hablar la lengua maya, objetivo que no se ha logrado, las leyes actuales siguen siendo ajenas a la cultura propia de las comunidades. El indígena no puede entender, en la mayoría de los casos, cuál es su posición frente a la ley por la cual va a ser juzgado, dado que estas leyes son totalmente ajenas a las maneras tradicionales como los indígenas resuelven sus conflictos. Recalcamos que no es suficiente la puesta en marcha del programa interinstitucional de cursos en lengua maya para servidores públicos. Aquí el problema es mucho mayor: la discriminación que sufren los indígenas ha de cortarse de raíz y eso no se logrará solamente con traductores. Nos parece más urgentes reconocer derechos del pueblo maya, como lo establecen los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
La impartición de justicia en las comunidades mayas a cargo de los jueces de paz tiene, sin duda, un papel muy importante porque es la que más se acerca a las tradiciones de cada comunidad. Estas formas de impartición de justicia son calificadas como “usos y costumbres” y se les niega valor jurídico real. A la meta de lograr que, cuando menos el 80% de los jueces de paz sean maya hablantes, ha de añadirse el reconocimiento del pueblo maya a sus formas de impartir justicia.
Lo mismo afirmamos en el terreno de la educación indígena: no puede reducirse al aprendizaje de la lengua maya, es necesaria la interculturalidad, el respeto a la cultura de los estudiantes y que la Secretaría de Educación sea capaz de reglamentar las disciplinas de las escuelas sin menosprecio de la cultura, como ocurre con las mujeres que deben renunciar al hipil para vestir el uniforme establecido. Es necesaria una revisión de los contenidos de la enseñanza en la que intervenga gente indígena que quiera cooperar para ajustar contenidos y programas con respeto a la cultura.
Reconocemos los esfuerzos por incluir programación en lengua maya en los medios oficiales de comunicación. Es necesario también elaborar programas que difundan el derecho del pueblo maya a su propia identidad. Es necesario no confundir cultura con folklore. Desconocemos si la actual administración ha realizado alguna gestión para garantizar que los indígenas puedan administrar sus propios medios, como por derecho corresponde.
