Golpes, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometida por distintos cuerpos policíacos de Yucatán, municipales y estatal, así como la frecuente práctica de exhibir a personas detenidas exhiben un deterioro de los derechos humanos en Yucatán y son permanente preocupación del equipo Indignación.
A los reportes que nos han llegado recientemente de Ticul, Tekax e Izamal, entre otros, se suma la información obtenida por distintos medios, como la nota que divulga hoy golpes y tratos crueles contra menores de edad cometidos por la Policía Municipal de Progreso. Habrían incluso obligado a desnudarse a una menor de edad, lo que constituye un trato degradante inaceptable y hace incurrir al policía o los policías responsables en un delito.
En Ticul, la semana pasada una familia denunció golpes y abuso de autoridad de la Policía Municipal al detener a un menor de edad.
En los casos de los que Indignación ha tenido conocimiento directo se han interpuesto quejas en la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
Los alcaldes suelen contribuir a la impunidad negando los hechos u omitiendo investigaciones que debieran iniciar de inmediato y sancionar a los responsables.
La Fiscalía, los ministerios públicos que se encuentran en los municipios, encubren a su vez o dilatan de tal manera la investigación que no se llega a juzgar a los responsables.
La tolerancia hacia quienes incurren en tratos degradantes, golpes o incluso tortura; el encubrimiento, la impunidad, perpetúan esta aberrante práctica.
El caso de Roberth Tzab, quien falleció en agosto de 2010 en Tekax en condiciones que nos obligan a sospechar tortura, continúa impune.
Lamentablemente el Ombudsman local carece de interés y compromiso con la vigencia de los derechos humanos y se preocupa únicamente de hacer declaraciones inocuas que le eviten roces con cualquier autoridad o institución.
Su función, que es precisamente enfrentar los abusos del Estado, sus instituciones, sus agentes, se encuentra pervertida y en Yucatán se deteriora cada día la vigencia de los derechos humanos.
Su inacción ha contribuido a la invisibilizacion de la exigencia de respeto a derechos humanos. La frívola e ineficaz “formacion a policias”, la distante y burocrocratica relación con las víctimas y la cercanía con personajes del poder es evidente, tanto como su alejamiento de las causas y las agendas ciudadanas.
Sus recomendaciones son inocuas y no las publicita. No se divulga la reflexión desde los derechos humanos que sustente las recomendaciones y haga intolerables las violaciones.
Un juicio político contra el Ombudsman local ha sido desatendido por dos legislaturas. Ni siquiera se han molestado en calificar la procedencia incumpliendo con su elemental obligación.
Exhibición de personas detenidas atenta contra los derechos humanos
La exhibición de personas detenidas y la divulgación de sus datos personales atenta contra los derechos humanos y, lamentablemente, es una práctica común de la Fiscalía del estado de Yucatán y de algunas policías municipales, incluida la de Mérida.
Dicha práctica propicia la condena social de personas que son presuntamente responsables de cometer un delito, que aun no han sido juzgadas y lleva a prejuzgar sobre su culpabilidad. Estos hechos con frecuencia pueden viciar todo el proceso y afectar los juicios y siempre lesionan la reputación de personas cuya culpabilidad aún está por probarse.
Dicha práctica ha ameritado una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal —la recomendación 0312— y una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el más reciente período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano fue duramente cuestionado por Rodrigo Escobar Gil, Relator para México de la CIDH, quien señaló que: “La práctica de presentar ante los medios de comunicación a personas bajo responsabilidad del Ministerio Público, es violatoria a los derechos humanos, inadmisible, y “un rezago de políticas absolutistas”
Lamentablemente, la Fiscalía de Yucatán persiste en dicha conducta.
Uno de los hechos que muestran la continuación de dicha práctica fue la detención, realizada por la Policía Municipal de Mérida, de más de 50 personas que se encontraban en una casa del centro de la ciudad.
Independientemente de que se pruebe la presunta venta ilegal de bebidas alcohólicas o el funcionamiento clandestino de un bar, la Fiscalía nuevamente dio a conocer los nombres de todas las personas detenidas y proporcionó detalles de la fiesta que pueden propiciar conductas discriminatorias hacia los detenidos, así como prejuzgarlos y condenarlos.
Esa información fue divulgada por medios de comunicación que explotan situaciones de esa naturaleza y que, dados sus intereses comerciales, no tienen reparos en los daños que se pueda ocasionar a personas que aún no han sido juzgadas.
Otros medios, desde una posición moral, propician condena, discriminación y un linchamiento moral contra las y los detenidos.
Lamentablemente en Yucatán no se cuenta con un ombudsman de medios. Instituciones que tiene entre sus funciones cumplir dicha labor, como el IEGY en materia de información que promueva la violencia de género, no la cumplen.
El equipo Indignación hace un firme llamado a la Fiscalía para terminar con dicha práctica y a la Codhey, para iniciar de oficio la queja correspondiente que conozca dicho caso y establezca las violaciones a los derecho humanos, incluyendo determinar si las detenciones realizadas por la Policía Municipal de Mérida estuvieron justificadas y apegadas a derecho, así como la responsabilidad de las distintas autoridades.
