Tortura, encubrimiento e impunidad, el otro “escudo” del gobierno de Yucatán

Comunicado del equipo Indignación A.C.

 

La administración de Rolando Zapata Bello deja una enorme deuda en materia de derechos humanos y, en particular, en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Al conmemorarse hoy el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura, Indignación deplora la persistencia de la tortura. Su encubrimiento, también persistente, significan seis años perdidos en el combate de este crimen y esta administración, lejos de construir los mecanismos para erradicarlo y sancionarlo, ha propiciado que continúen y se arraiguen estas prácticas criminales perpetradas por distintos cuerpos policíacos de Yucatán.

El publicitado y costoso programa “Escudo Yucatán” olvidó establecer los mecanismos para proteger a la ciudadanía de los abusos policíacos y del extremo criminal de estos abusos: la tortura.

No solamente permanecieron impunes, durante su mandato, casos como el de Roberth Tzab Ek, quien murió en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura,  sino que en esta administración continuó cometiéndose tortura de manera sistemática y generalizada mientras que el gobierno encubrió a los responsables y la fiscalía omitió investigar.

Así lo muestran todos los casos perpetrados tanto por policías estatales como municipales e incluso federales que se han dado en Yucatán en esta administración, algunos de los cuales, han podido constituir asesinatos. Estamos obligadas a sospecharlo aunque no se hayan investigado como tales las muertes ocurridas en cárceles de Yucatán.

En agosto de 2013 una persona falleció en los separos de la S.S.P. mientras era torturada, de acuerdo con la recomendación 7/2014 de la Codhey. Un entrevistado y testigo, que también fue golpeado en esa ocasión, incluso narra que escuchó los golpes, ruido de agua y escuchó cuando los policías dijeron: “ya se te felpó uno.” En la recomendación se puede leer: “luego mi entrevistado al pasar unos 30 segundos escuchó unos ruidos muy parecidos a la máquina que se usa para reanimar a las personas mediante electroshocks que escuchó que la usen en 2 ocasiones y a la segunda, escuchó que una persona vomitaba y otra decía “Esta vomitando agua, hay que ingresarlo porque esta vomitando mucha agua y no tiene pulso”.

A pesar del fuerte testimonio recogido, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) es tibia y temerosa. Reconoce que se violó el derecho a la vida, recomienda sanciones administrativas para los responsables y apenas menciona “la probable responsabilidad civil o penal”. La Codhey merece un capítulo aparte por contribuir al encubrimiento y la impunidad de este crimen.

Edwin Canché Pech, periodista del Diario de Yucatán, fue torturado el 1 de enero de 2014 por policías de Seyé y por el propio alcalde de ese municipio.

Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policías sé que no voy a vivir, son palabras dichas por William Roberto Chan Cob a sus familiares que lo visitaron en la cárcel municipal de Temax el 22 de mayo de 2016. Falleció horas después. El servicio médico forense de la fiscalía determinó parasitosis.

Ese mismo año se hicieron públicos otros casos de tortura, como el de José Adrían, adolescente torturado por policías de Chemax y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.

Ese fatídico año 2016 no pudimos evitar pensar en tortura cuando los medios de comunicación divulgaron el fallecimiento de una persona en los separos de la S.S.P. el 27 de mayo por “infarto agudo al miocardio” y, de igual forma, cuando se reportó el fallecimiento de otro detenido en diciembre y se determinó infarto.

Indignación ha escuchado el testimonio de una persona que, en octubre de 2017 fue sacada de su hogar por policías estatales y secuestrada. Con los ojos vendados fue trasladada a un cuarto en el que le estuvieron golpeando y dando toque eléctricos durante horas y abandonado después a la orilla de una carretera. Esta persona interpuso la denuncia penal correspondiente así como la queja ante la Codhey y, a pesar de eso, el caso continúa impune.

En febrero de este año una persona de Tunkás detenida junto con otras dos personas que denunciaron tortura, estuvo desaparecida. El sigilo alrededor del caso, la aparición días después de la persona detenida y desaparecida, la sospecha y la denuncia de tortura y el reciente retiro de dicha denuncia, apenas en mayo pasado, es una alerta de la presión a la que podrían estar siendo sometidas víctimas de tortura para retirar sus denuncias y garantizar encubrimiento e impunidad, lo que por supuesto tiene un impacto brutal en las personas agraviadas y en la persistencia del crimen.

En mayo de este año José Nery falleció en la cárcel de Teabo, después de ser detenido por policías municipales. A pesar de los testimonios de quienes escucharon que lo golpearan y de quienes escucharon a los policías decir “ya se te pasó la mano”, las autoridades han insistido en determinar suicidio.

Que una persona fallezca en un centro de detención obliga a sospechar e investigar tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, publicado con motivo de su visita a México en el año 2008.

En vez de eso, las autoridades ministeriales parecen apresurarse en determinar que no hubo tortura sin que medie una investigación, lo cual de inicio les haría incurrir en responsabilidad si han omitido acciones sensibles para una correcta investigación.

El gobierno del estado ha omitido establecer un protocolo para investigar o descartar tortura siempre que una persona fallezca en un centro de detención. Dicho protocolo tendría que investigar minuciosamente la responsabilidad de quienes tenían a una persona detenida bajo su custodia, garantizar la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos para asegurar su independencia e imparcialidad y asegurar que los peritajes forenses practicados por particulares sean admitidos como pruebas y valorados en iguales términos que los peritajes oficiales, tal como ha señalado el relator para la tortura al presentar su informe sobre la visita a nuestro país en 2014.

El único caso de Tortura que ha sido llevado a juicio en Yucatán ha sido el que se filmó y divulgó en mayo de 2016 en Tekax. Sin embargo, el policía que exhibió el caso al grabarlo y difundirlo fue a su vez torturado y ese crimen, como todos los demás, continúa impune.

Son las víctimas de este crimen quienes mejor pueden juzgar la administración de Rolando Zapata Bello, un gobierno que desdeñó los derechos humanos, incurrió en el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, como el 3 de mayo de 2016 en Chablekal, torturó y garantizó impunidad a quienes perpetraron este crimen.

*Imagen modificada con autorización del autor

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