Tortura: el saldo rojo del 2002

27 de diciembre de 2002

Al menos cuatro denuncias en los últimos meses por presuntos casos de tortura, la impunidad de quienes violaron derechos humanos, ausencias legislativas y rezagos en los asuntos que atiende el Poder Judicial son indicios suficientes para declararse en estado de alerta: El año 2002 arroja un saldo desfavorable en materia de derechos humanos.
La persistencia de la tortura, la ausencia de acciones para combatirla y la impunidad de los ejecutores resulta tan grave que hemos decidido evaluar, desde esta ominosa práctica, el desempeño de los tres poderes del Estado al concluir este año.
Las recomendaciones hechas por la CNDH al gobierno del Estado y la impunidad de quienes violaron derechos humanos evalúan también el desempeño del Gobierno y son casos sobre los cuales continuaremos insistiendo, pero concluir el 2002 con aumento en las denuncias de tortura, sin ley y sin acciones contra ella es, desde cualquier perspectiva, inadmisible.
Con respecto a la procuración de justicia el actual gobierno no ha podido garantizar aún el respeto pleno a las garantí­as de los ciudadanos y ciudadanas del Estado y ni siquiera puede asegurar que, quienes los violen, serán procesados y sancionados, con lo que incumple una de sus funciones principales.
Las cuatro denuncias por tortura, hechas públicas a través de medios de comunicación, refieren el caso de un joven de Valladolid, presuntamente torturado en septiembre pasado; el caso de un vecino de Kanasí­n, en cuya muerte se presumí­a la participación de agentes de la policí­a municipal; el caso de dos menores presuntamente torturados por un comandante de la Policí­a Judicial asignada a Tekax y el caso de un joven que quedó³ inválido por los golpes que presuntamente le infligieron agentes de la Policía Municipal de Oxkutzcab.
Un gobierno que se presuma democrático serí­a intolerante frente a la tortura y los distintos abusos de los servidores públicos. Dicha intolerancia no estaría en el discurso, sino en las acciones que se ejercieran para desterrar esa ominosa práctica.
Un gobierno preocupado por los derechos humanos hubiera advertido que requiere de una ley para combatir y sancionar la tortura y hubiera hecho llegar al Congreso una iniciativa de ley para tipificarla como delito.
El aumento en las denuncias es comprensible: en el pasado esta práctica no se denunciaba por temor. La inacción, la lentitud en la investigación, la tolerancia ante este delito aún no tipificado, además de hacer incurrir en graves responsabilidades a los funcionarios públicos, desalientan el esfuerzo y el valor de los sobrevivientes de la tortura que se arriesgan a iniciar procesos judiciales.
A la persistencia de la tortura y la impunidad habrí­a que añadir el fallecimiento en circunstancias aún no esclarecidas de un policía en las instalaciones de la S.P.V.
Un gobierno que no puede garantizar la seguridad de las personas detenidas en sus propias instalaciones y que no toma todas las medidas para esclarecer un hecho de esta naturaleza, para sancionar a quienes pudieran haber tenido alguna responsabilidad y para garantizar que no vuelva a ocurrir es un gobierno que incumple su principal función: proteger las garantías de los habitantes.
Un gobierno que tolera la impunidad de quienes violaron los derechos humanos es cómplice de los ilí­citos y responsable de violar el derecho a la justicia.
En materia de tortura, los tres poderes actúan como uno solo: con indolencia.
El Poder Judicial de Yucatán no es capaz de dar cuentas claras de sus actos: magistrados nombrados en circunstancias cuestionadas, incapaces de rendir informes públicos y con un gran rezago en la atención de expedientes mantienen sin resolución, hasta donde sabemos, desde hace más de dos años, el caso del joven de Ticul que sufrió severas quemaduras a manos de policí­as de ese municipio. En primera instancia se sancionó sólo a uno de los responsables con una pena menor. No tenemos noticias de que hayan ya resuelto este expediente.
Yucatán carece de una instancia que pueda evaluar el desempeño de los jueces y sancionarlos, como podrí­a ser un Consejo de la Judicatura. Esta carencia hace incumplir a México recomendaciones formuladas por organismos internacionales, como la ONU. El encargado de este organismos sobre la independencia de jueces y abogados conoció algunas circunstancias que cuestionan la independencia del poder judicial de Yucatán. En su informe, rendido en mayo del año pasado, recomienda que todos los estados cuenten con un Consejo de la Judicatura o una instancia que cumpla con la función de investigar y, en su caso, sancionar a los jueces.
En Yucatán todavía hay permiso para torturar: ninguna ley condena esa ominosa práctica. El excesivo tiempo que los diputados se han tomado para tipificar la tortura permite que hoy haya presuntos torturadores que se encuentran libres, gozando de la impunidad que la ausencia de ley y la tardanza de los legisladores les regala.
Hay información en el sentido de que los diputados trabajan ya un proyecto de ley contra la tortura. Sin embargo, hasta el dí­a de hoy, un año y medio después de que entraron en funciones, no lo han hecho. Con esto evaluamos sus urgencias.
Al concluir un año más, el Equipo INDIGNACIÓN se ve obligado a señalar que los y las habitantes de Yucatán no cuentan todavía con una ley que los proteja de una de una de las formas más aberrantes del abuso de poder: la tortura.
El 2002 fue un año difícil para todos, pero lo fue más para aquellos o aquellas sobrevivientes de tortura que no pueden ver a sus agresores juzgados precisamente por ese delito, sancionados y obligados a repararles los daños que les han ocasionado. Algo tan elemental que avergüenza el hecho de reclamarlo hoy.
La persistencia de la tortura y de la impunidad en el 2002 recuerda que la construcción de un estado y de un país en el que se respeten plenamente los derechos humanos es aún tarea pendiente.

INDIGNACIÓN A.C.

Diciembre de 2002.

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