Indignación » Impunidad

Encadenada a CNDH, familia yucateca exige justicia

Indignacion — Wed, 25 Apr 2012 20:30:34 +0000

Fiscalía, CODHEY y CNDH vulneran derechos de agraviados

Comunicado del equipo Indignación

Al extremo de encadenarse ante la CNDH ha tenido que llegar una familia yucateca que perdió a su hijo para ser atendidos por esa instancia nacional después de meses de inacción de la Codhey que con su dilación ha protegido la negligente actuación de la fiscalía estatal y del gobierno de Ivonne Ortega.

José Felipe Castillo Tzec fue encontrado sin vida en julio de 2011. Un expediente que exhibe un manejo poco escrupuloso de la fiscalía yucateca en el que no coinciden fechas ni horas y ni siquiera nombres de envío y recepción de la necropsia, por mencionar algunas irregularidades, concluye que José Felipe Castillo Tzec se suicidó.

A pesar de las evidentes irregularidades que a simple vista indican que se han vulnerado derechos de la víctima y de sus familiares, a pesar de los nueve meses transcurridos, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán no ha emitido la recomendación correspondiente.

La CNDH, por su parte, recibió el caso y la expresa petición de intervenir desde hace tres meses, pero fue hasta el lunes 23 de abril, cuando Marco Antonio Castillo y Rosario Tzec —papá y mamá de José Felipe— se encadenaron, cuando decidió atraer el expediente.

Marco Antonio y Rosario han comenzado a participar junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Este caso exhibe a la fiscalía yucateca, a la Codhey y a la propia CNDH. El equipo Indignación deplora la persistente negligencia que exhiben estas instancias que desprotegen y agravian a la sociedad y dejan constantemente en la indefensión a quienes ven vulnerados sus derechos. Deploramos que una familia tenga que llegar a extremos como encadenarse para ser atendida.

Un caso tan grave como es el de Roberth Tzab Ek, quien falleció en la cárcel de Tekax en agosto de 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, se ha enfrentado también a la corrupción y/o actuación negligente de Ministerio Público, Fiscalía, Codhey y CNDH por acciones u omisiones.

En el caso de Roberth Tzab Ek la entonces procuraduría, sin media investigación, descartó la participación de elementos policíacos y únicamente investigó al médico. La Codhey se tomó más de un año en emitir una inocua recomendación que el hijo de Roberth Tzab impugnó ante la CNDH desde hace casi siete meses, sin que hasta la fecha se tenga una respuesta.

En el caso de José Felipe, al desaseado manejo del expediente, a la vulneración al derecho a la seguridad jurídica y a la justicia, a la negligente actuación de la fiscalía y de la Codhey se suman, de acuerdo con Marco Antonio Castillo y Rosario Tzec, amenazas y hostigamiento contra la familia, lo cual preocupa a este equipo de derechos humanos.

El equipo Indignación se suma a la justa indignación de los padres de José Felipe y exige a la CNDH emitir las medidas cautelares que protejan a la familia y les permitan retornar a un Estado que les ha negado justicia y los ha agraviado.

25 de abril de 2012

Foto tomada de la página de feisbuk de Marco Antonio Castillo Castillo

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Inocua recomendación en grave caso que ocasionó muerte de Robert Tzab

Indignacion — Mon, 05 Sep 2011 21:45:55 +0000

El Ombudsman yucateco esperó hasta después de su informe anual para emitir una inocua y superficial recomendación más de un año después de los hechos que privaron de la vida a Roberth Tzab Ek en condiciones que obligan a sospechar tortura y en un contexto alarmante por el número de muertos en centros de reclusión en Yucatán.
Roberth falleció el 19 de agosto de 2010 mientras se encontraba en la cárcel de la entonces Procuraduría en Tekax, detenido por agredir a su esposa.
Fechada el 29 de agosto, un día después del informe que rinde ante el Congreso, el día 31 hizo llegar al hijo de Robert Tzab Ek la recomendación 18/2009, dirigida al Fiscal General del Estado y al Secretario de Salud.
Como en casi todos los demás casos, además de la intrascendencia de las recomendaciones, el ombudsman omitió publicitar la recomendación para señalar a los responsables de violentar los derechos de Robert Tzab Ek, al grado de causarle la muerte sea por acción o por omisión.
La actuación del ombudsman en este caso resulta ominosa. El ombudsman tuvo el pasado 28 de agosto la oportunidad de usar la tribuna para señalar no sólo este caso en lo particular, sino aquellos que impliquen tortura así como las deplorables condiciones de las cárceles que han ocasionado la muerte de al menos 13 personas de 2006 a la fecha. Sin embargo, ese día prefirió agradecer a la gobernadora su “compromiso irrestricto” con las garantías individuales, con lo que exhibe la ominosa sumisión que lesiona la figura del ombudsman al referirse así a la gobernadora en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
La recomendación resulta un agravio más debido a que en ella, la Codhey:
a) Omitió referirse a tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, a pesar de que cuenta con evidencias de que la muerte de Robert Tzab Ek pudo haber sido resultado de los golpes recibidos por los policías judiciales (hoy policía ministerial) que lo tuvieron a su disposición, tal como se exhibe en las propias evidencias de la recomendación de la Codhey.
b) En sus recomendaciones no existe señalamiento alguno sobre el actuar de los cuerpos policíacos, a pesar de que de los hechos y pruebas existen elementos para determinar que los mismos incurrieron en acciones de tortura y/o malos tratos crueles, inhumanos o degradantes.
c) Insiste en limitar sus recomendaciones a sanciones de carácter administrativo —las cuales ya prescribieron, de acuerdo con la Ley de Responsabildades de los Servidores Públicos—, con lo cual, no sólo minimiza la gravedad de la conducta cometida, la privación de la vida de una persona, sino deja en la impunidad a los servidores públicos que debieran ser investigados penalmente por ese fallecimiento. No señalar la necesidad de sancionar con rigor muertes sucedidas en contextos de detención, permite que éstas se naturalicen, se reduzcan a meras conductas administrativas, cuando en realidad estamos frente a graves hechos que debieran ser sancionados penalmente.
d) Nuevamente omite establecer medidas y garantías de no repetición, así como criterios de reparación del daño. Sus recomendaciones, al reducir la solicitud de investigación y sanción al ámbito administrativo, limitan, por no decir que impiden cualquier posibilidad de reparación de acuerdo a los más altos estándares en la materia. Obligación que debiera ser fundamental cuando de graves violaciones a derechos humanos se trata.
e) Omite señalar las graves carencias en la investigación ministerial, empezando por el hecho de que fue la misma agencia investigadora responsable del fallecimiento de Tzab Ek, quien realizó las investigaciones, violándose con ello una premisa fundamental en toda indagatoria por violaciones a derechos humanos, que es la imparcialidad del ente que investigue.
f) Omite pronunciarse sobre la violación al derecho de acceso a la justicia cometida en perjuicio de los familiares de Tzab Ek, a quienes en múltiples ocasiones se les negó el acceso al expediente y la información en torno a los avances de la investigación.
Resulta lamentable que habiendo entrado en vigor hace dos meses la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sea el Ombudsman local el primero que se aparte de los estándares de protección a los que dicha reforma obliga a todas y todos los servidores públicos. La futilidad de sus recomendaciones, carentes de contenido, sustento y contundencia, es tan evidente que, a pesar de que la mayoría de las recomendaciones emitidas por la propia Codhey son por violaciones a derechos humanos cometidas en el ámbito de la prevención del delito y la procuración de justicia, éstas siguen dándose con total impunidad.
Nos parece pertinente recordar que legisladores del PAN, PRI y de otros partidos ratificaron el año pasado a Jorge Victoria como presidente de la Codhey, a pesar de que contaban con toda la documentación acerca de su impericia, de su falta de independencia y de su sumisión al gobierno en turno.
Patricia Gamboa Wong, del PAN; Jorge Carlos Berlín, del PRI; Doris Candila, de Todos Somos Yucatán y actualmente con un cargo en el Ayuntamiento de Mérida, entre otr@s, lo ratificaron a pesar de contar con el Análisis de Gestión del Ombudsman elaborado por Indignación (2007), a pesar de la renuncia de 3 de 4 consejer@s de la codhey (2008), a pesar del juicio político presentado contra el presidente de la Codhey por 12 organizaciones (febrero 2009).
El caso de Robert Tzab es particularmente grave, por lo que Indignación promoverá la impugnación de esta recomendación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Codhey: lamentable deterioro de una institución Ratificado hace poco más de un año por el Congreso...

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Codhey: lamentable deterioro de una institución

Indignacion — Tue, 30 Aug 2011 20:13:18 +0000

Ratificado hace poco más de un año por el Congreso del estado, a pesar de existir doce demandas de juicio político en su contra que evidenciaban deficiencias en su labor, encubrimiento de autoridades y violaciones sistemáticas a su normatividad, hoy rinde su segundo informe el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, sin que en los hechos exista avance en materia de defensa y promoción de los derechos humanos en la entidad, ni mucho menos una comisión crítica que se erija como una verdadera defensoría del pueblo.

El trabajo del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido complaciente y cómplice del poder. Sus omisiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos han permitido que éstas ocurran de manera sistemática, pues no sólo es ineficaz para documentarlos, sino que es nula la sanción pública hacia las autoridades violadoras de derechos humanos, sanción que debiera ser impulsada por el titular del organismo público defensor de derechos humanos. También ha desprotegido, y en consecuencia permitido, que persistan las situaciones se segregación y exclusión en cuanto a derechos de grupos sociales discriminados.

En el primer caso, la negligencia para intervenir, documentar y exhibir casos de graves violaciones a derechos humanos, su silencio al momento de emitir sus recomendaciones y la inocuidad de las mismas, han permitido que persistan prácticas que son incompatibles con los derechos humanos, fundamentalmente en el ámbito de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia. La demanda de juicio político presentada en febrero de 2009 por doce organizaciones civiles documentaba graves inacciones, inocuas recomendaciones e impericia del ombudsman en varios casos, entre otros el de la razia en la que se detuvo ilegalmente y con violencia a 48 jóvenes en el contexto de la visita de George Bush a Yucatán.

El deterioro de la Codhey ha continuado. El caso de Robert Tzab es actualmente uno de los ejemplos más graves de la inacción cómplice del ombudsman. A más de un año de haber perdido la vida en instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia en Tekax, en condiciones que obligan a sospechar tortura, la Codhey no ha emitido recomendación alguna, a pesar de que su propia ley la obliga a hacerlo en un plazo no mayor de 4 meses cuando de graves violaciones a derechos humanos se trate. La omisión en el caso de Robert ilustra la docilidad de un organismo que debiera ser implacable en casos como el de Tzab Ek, más aún cuando esa misma institución ha documentado más de 13 fallecimientos en cárceles del estado de Yucatán, muchas de ellas en contextos de detenciones por parte de cuerpos policíacos.

El abstenerse de ejercer las facultades con las que cuenta el organismo para proteger derechos, como hizo al negarse a presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de las dos reformas a la Constitución del estado discriminatorias que fueron aprobadas en julio de 2009 por el Congreso de estado y publicadas por el ejecutivo: la se hizo para prohibir expresamente que parejas del mismo sexo puedan ser protegidas a través de las figuras del matrimonio o concubinato, así como aquella que vulneró derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dan cuenta de la ausencia de criterios de derechos humanos y del sesgo discriminatorio de su administración. La evidencia de ello es que estas negativas por parte de la Codhey se dieron en contraste con el avance que a nivel internacional e incluso nacional se ha generado en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de las mujeres. Su argumentación para negar ejercer dicha facultad violentó el estado laico y exhibió sumisión a poderes instituidos y fácticos.

Recientemente, su tibia respuesta ante los hechos ocurridos el día 4 de julio, cuando la policía del estado se negó a intervenir durante la agresión que sufrió un grupo de manifestantes que se oponían a la construcción del paso deprimido, exhibió que, lejos de erigirse como un defensor del pueblo, prefiere no confrontarse con el gobierno en turno. La actitud en este caso, contrasta con la acción que otras comisiones públicas de derechos humanos han tenido ante hechos similares. En el caso de la Supervía Poniente, en el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad no sólo se ha pronunciado por el derecho de las y los inconformes a la libre manifestación y documentado las represalias de la policía capitalina, sino también ha defendido la imperiosa necesidad de que las obras públicas sean sujetas a consulta de la ciudadanía, transparentadas por cuanto hace a su presupuesto y respetuosas con relación al medioambiente, criterios ausentes en los llamados de la Codhey.

Lamentable es también la actitud del Congreso del estado cuya anterior legislatura no sólo se negó a responder a las demandas de juicio político presentadas por diversas organizaciones, sino que lo ratificó para un período más, a pesar de que incluso antes de la demanda de juicio político 3 de los 4 entonces consejeros ciudadanos de la Codhey renunciaron ante las reiteradas omisiones y violaciones a su reglamente en las que incurría el ombubusman.

Las diputadas y diputados de la presente legislatura también se han negado a analizar las demandas de juicio político presentadas hace más de dos años, contribuyendo con ello a cerrar los espacios de escrutinio al que todo funcionario público tendría que someterse y negando un derecho básico que tiene la ciudadanía para someter a juicio a aquellos servidores públicos que incumplan con las funciones para las cuales fueron electos. En los hechos, el Presidente de la Codhey y diputados locales han establecido un círculo de impunidad mediante el cual el primero encubre al poder, mientras el segundo protege a éste.

Indignación nuevamente exige a las diputadas y diputados de la actual legislatura que admitan las demandas de juicio político presentadas hace dos años y medio, y que ni siquiera han sido admitidas. Es inaceptable que se corrompan y se permita el deterioro de las instituciones que tiene al país en este lamentable estado. Precisamente por eso insistimos en la necesidad de contar con un Ombudsman que sea un verdadero defensor del pueblo, independiente del poder. Reiteramos, después de seis años de gestión del ombudsman, que ante la evidencia de la incapacidad para cuestionar y documentar adecuadamente las violaciones a derechos humanos, el actual presidente de la comisión de derechos humanos debe renunciar.

Equipo Indignación

30 de agosto de 2011

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Ciberacción: justicia para Ebulá

Indignacion — Sat, 13 Aug 2011 03:25:24 +0000

Dos años después del violento ataque contra el pueblo de San Antonio Ebulá, en Campeche, por órdenes del Empresario Eduardo Escalante, persiste la impunidad en este grave caso que, el 13 agosto de 2009 golpeó, destruyó las propiedades y desplazó a más de 70 familias.

Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción.

A partir de las primeras horas de este 13 de agosto, al cumplirse precisamente dos años del violento desalojo cometido ilegalmente por órdenes del empresario Eduardo Escalante, se podrá sumar quien lo desee a esta exigencia de justicia en la dirección http://indignacion.org.mx/ebula/ donde se encuentra el texto de una carta dirigida al Gobierno de Campeche, al Procurador de Justicia de Campeche y al Secretario de la Reforma Agraria.

Al final del texto basta con poner el nombre y dirección electrónica de quien suscribe y apretar el botón “enviar” para que la carta llegue a sus destinatarios. Una copia llegará a Indignación para conservar registro de los envíos.

También se podrá encontrar y acceder a la acción en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

En www.indignacion.org.mx está disponible más información sobre el caso.

A continuación el texto de la carta:

Secretario de la Reforma Agraria

Agr. Abelardo Escobar Prieto

Gobernador del estado de Campeche

Fernando Ortega Bernés

Procurador General de Justicia del estado de Campeche

Lic. Renato Sales Heredia

Me dirijo a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche y agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace ya dos años.

El 13 de agosto de 2009 cerca de cien personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y contratadas por el empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras, a pesar de que estas se encuentran aun en litigo ante las autoridades agrarias, llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá agrediendo a la gente y destruyendo todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de las y los habitantes. Dos ataques anteriores contra Ebulá, pueblo que se fundó hace más de cuarenta años, permanecían impunes.

Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.

Después de mes y medio de vivir en la terraza del Palacio de Gobierno en condiciones críticas, representantes de las y los pobladores y el Gobierno de Campeche firmaron un convenio con el ejecutivo campechano que les garantizaba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado, comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y a asegurarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.

El convenio establecía expresamente que de ningún modo dicho acuerdo implicaba la suspensión del juicio agrario que las y los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continuaba en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal.

A pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, a pesar de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó -fallidamente gracias a la impugnación de las y los pobladores- concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha consignado.

Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a las y los pobladores agraviados el acceso a la justicia.

El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señala que si bien no le mostraron orden de desalojo el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina al señor Escalante y a la policía del estado de Campeche -que observó pasivamente la destrucción- no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se ha valido de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

Por lo anteriormente señalado les expreso mi más alta exigencia de justicia y solicito:

A) A la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche:

Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

B) A la Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal. Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la Justicia Federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantizando el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.

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Gobierno de Yucatán, responsable de feminicidio en San José Tzal

Indignacion — Thu, 04 Aug 2011 19:02:20 +0000

La violencia feminicida de fatales consecuencias para integrantes de una familia en San José Tzal, colonia de Mérida, Yucatán, exhibe, en medio del horror, la persistencia de agresiones de género y obliga a investigar la negligencia, incumplimiento e impericia de autoridades e instituciones de Yucatán cuyas omisiones hubiesen desprotegido y causado la muerte de 4 integrantes de una familia, incluyendo al agresor que se suicidó, y lesiones graves a tres niñas.

El 31 de julio del presente año, Gregorio Hidalgo Magaña, ex militar de 40 años, asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.

El presente caso ilustra cuando menos en dos aspectos graves cuya responsabilidad es atribuible al Estado.

a) La situación de violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres yucatecas al interior del hogar. Al respecto es preciso destacar la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el Estado.

Dicha información permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.

b) La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del estado.

Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez, ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido Salazar Pérez a manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.

Al respecto, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia.

Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas.

La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo. El presente caso, exhibe que la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es letra muerta en la entidad.

Indignación ha documentado la práctica imposibilidad de las mujeres de Yucatán de acceder a la justicia en casos de violencia de género: los juzgados de paz que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito.

Incluso el Tribunal Superior de Justicia que al carecer de formación en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.

Otros dos casos que Indignación acompaña y que ilustran el informe “Náach Yano’on (Qué lejos estamos) presentado en 2009 continúan sin sentencia contra los agresores. Dicho informe, sobre acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán, señala el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual está obligado el Ministerio Público y que propician la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.

Este grave caso feminicida, multihomicida, que puede también presentar elementos de lesbofobia no está concluido, como sostiene el procurador aduciendo que “el agresor se suicidó”, pues resulta indispensable determinar si existe responsabilidad de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y proteger la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamente peligroso.

Este caso también exhibe que en Yucatán las condiciones que permiten la violencia de género no han sido erradicadas por la falta de políticas públicas efectivas que prevengan y combatan este fenómeno, de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Clausura_IEGY

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Medidas cautelares para defensoras/es de Migrantes en Tenosique

Indignacion — Tue, 26 Jul 2011 01:21:51 +0000

Organizaciones de derechos humanos solicitan medidas cautelares para defensoras/es de Migrantes en Tenosique, Tabasco

Comunicado Conjunto

En el marco de la visita del Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los Trabajadores Migrantes, Dr. Felipe González, varias organizaciones de derechos humanos han solicitado a la CIDH la implementación de medidas cautelares a favor de integrantes de

La 72, Casa refugio del Migrante (la 72) y el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta

(CDHU), miembros de organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en la zona de Tenosique, Tabasco, una de las puertas principales de acceso de las personas migrantes a México, donde inician su tránsito hacia el norte.

Ambas organizaciones tienen como objetivo brindar ayuda humanitaria a las miles de personas migrantes, provenientes en la mayoría de los casos de Centroamérica, que transitan por la ciudad de Tenosique, rumbo a los Estados Unidos de América. La ayuda humanitaria se ofrece a través de hospedaje, alimentación y un espacio para descansar; asimismo brindan asesoría a las personas migrantes y han denunciado en múltiples ocasiones casos de corrupción de funcionarios gubernamentales municipales, estatales y federales; así como la práctica sistemática del delito de secuestro de las personas migrantes.

A raíz de su labor han sufrido distintos tipos de amenazas provenientes tanto de funcionarios municipales y federales, como de grupos que podrían estar ligados a la delincuencia organizada. Ejemplo de ello es la amenaza de secuestro masivo de migrantes del 05 de julio del presente año. En las primeras horas de la mañana del 6 de julio, tres camionetas se estacionaron frente al refugio de donde salieron varias personas que trataron de entrar en el refugio. Ante estos hechos, Amnistía Internacional emitió una acción urgente solicitando se salvaguardara la integridad física de los migrantes y los integrantes de la 72 y del CDHU. En el mismo sentido, tres de los integrantes del CDHU han sufrido de manera reciente distintos tipos de ataques que han puesto en riesgo su integridad física y psicológica.

Fredi Flores Mecia fue detenido el 19 de junio de 2011, sin mediar ninguna orden, por policías de seguridad pública municipal de Tenosique. Los policías, a bordo de la patrulla 012 se encontraban encapuchados. Lo bajaron de su camioneta con lujo de violencia y lo trasladaron a las instalaciones de seguridad pública del municipio. Posteriormente lo dejaron esposado en el atrio de esa dependencia dentro de la patrulla.

El día 14 de julio de 2011, Minelia Aguilar May, responsable de los derechos de las personas migrantes del CDHU, se percató de que en la puerta de su domicilio estaba estacionado un vehículo color verde bandera con vidrios polarizados en una manera sospechosa; 20 minutos después, al salir de su domicilio notó que el vehículo iniciaba su marcha, pasando a un costado, con la intención de atropellarla. Minelia Aguilar ha denunciado haber observado repetidamente unas furgonetas con los cristales tintados aparcadas ante la entrada de su casa.

Ezequiel Serafín Esteban, Director del CDHU, el día 14 de julio de 2011, al estar en la carretera rumbo a Tenosique en su motocicleta se percató que se acercaba una camioneta de color verde oscuro o negra, dándole alcance y obligándolo a orillarse hasta hacerle perder el control de la moto. Ezequiel Serafín Esteban se cayó de la motocicleta y resultó herido a consecuencia de la caída.

No obstante, a pesar de los referidos hechos, las y los defensores de los derechos humanos de los migrantes continuarán con su labor y estarán participando además en la Segunda Caravana paso a paso hacia la paz que inicia el día de hoy en Tenosique, Tabasco y continuarán su trayecto por Oaxaca y Veracruz para encontrararse con el Relator de Migrantes de la CIDH.

Por lo anterior, y ante el clima de riesgo creciente de agresiones y la impunidad que prevalece en los ataques defensoras y defensores de derechos humanos, solicitamos a la CIDH que, a la brevedad posible exija al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para resguardar su vida e integridad personal de los integrantes de ambas organizaciones y se realice una investigación pronta, efectiva e imparcial a fin de esclarecer los hechos derivados de las distintas agresiones sufridas hacia integrantes del CDHU y la 72, en Tenosique, Tabasco.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos del Usumacinta (CDHU)

Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB)

Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH)

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (la 72)

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Gobierno de Yucatán y Alcaldesa de Mérida atentaron contra derechos de manifestantes

Indignacion — Tue, 05 Jul 2011 21:29:27 +0000

El día de ayer, alertada sobre hechos violentos, Indignación acudió a la recientemente nombrada glorieta de la paz y obtuvo testimonios acerca de la brutal agresión de la que fueron objeto decenas de personas que se manifestaban pacíficamente contra el proyecto conocido como “paso deprimido”.

Con los testimonios, las imágenes, audios y videos que nos fueron proporcionadas y la observación, Indignación documentó la violencia (perpetrada por “civiles”) contra manifestantes, las omisiones y el autoritarismo del actual Ayuntamiento de Mérida. La inacción de la policía y la impericia de gobierno municipal, estatal y de los agentes de las corporaciones policíacas pusieron en riesgo a los manifestantes y ocasionaron que se afectara la integridad física y el derecho a la manifestación.

De acuerdo con la información recabada por este equipo la policía, al llegar tardíamente, permitió que los agresores se fueran del lugar.

Esa misma inacción fortalece la versión de que las personas que llegaron a golpear lo hicieron con algún grado de acuerdo de alguna instancia de gobierno o directamente bajo su encargo.

El recurso de contratar civiles para agredir a manifestantes mientras la policía parece no ver y omite intervenir ha sido una vieja táctica de los gobiernos autoritarios para violentar derechos e intentar evadir su responsabilidad.

Las autoridades tienen ahora la obligación de investigar con prontitud, identificar a los responsables de las agresiones y llevarlos ante la justicia.

El gobierno municipal y el estatal están obligados a rendir un informe pormenorizado de sus actuaciones el día de ayer cuyas omisiones y acciones pusieron en riesgo la integridad física y la vida de decenas de manifestantes.

El ayuntamiento de Mérida y el gobierno del Estado tienen que explicar la ausencia de la policía en el momento de la agresión y su tardanza en llegar cuando su presencia fue solicitada a pesar de que se encontraban cerca del área elementos policíacos.

Además el Ayuntamiento de Mérida tiene la obligación de atender las manifestaciones de inconformidad que fueron acalladas con violencia.

El equipo Indignación no tiene una posición acerca del paso deprimido, su conveniencia o inconveniencia, su pertinencia o impertinencia. No obstante constatamos que el proyecto no ha sido sometido a consulta a pesar de la petición que diversos ciudadanos y ciudadanas han hecho en ese sentido. Constatamos una vez más la imposición como mecanismo de un gobierno que incumple así obligaciones democráticas.

Indignación no pudo evitar sorprenderse al ver en la manifestación a autoridades que reprimieron manifestaciones cuando ejercieron el poder. Indignación lamenta la impunidad persistente en la que se arropan.

5 de julio de 2011

Tortura e impunidad cobran otra vida en Yucatán El asesinato cometido por policías municipales contra una persona, Rafael...

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Tortura e impunidad cobran otra vida en Yucatán

Indignacion — Tue, 05 Jul 2011 21:07:50 +0000

El asesinato cometido por policías municipales contra una persona, Rafael Pérez García, detenida en el municipio de Tizimín nos enfrenta nuevamente a la brutalidad policíaca, la tortura y las condiciones de las cárceles en el estado que han cobrado más de trece vidas en los últimos cinco años[1]

La impunidad que ha cubierto los anteriores casos y ha protegido a los responsables, la falta de investigación y sanción por parte de la Procuraduría de Justicia (hoy Fiscalía General del estado), el incumplimiento de estándares de organismos internacionales en esta materia que recomiendan investigaciones independientes, la ausencia de medidas concretas que garanticen la no repetición de estos hechos y la inacción de la Comisión de Derechos Humanos, su imperdonable tolerancia y la dilación ante casos extremadamente graves constituyen un aliciente y ocasionan que en la práctica se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos en contextos de detención, que lamentablemente han cobrado la vida de personas, como en el presente caso.

Inevitablemente, esta nueva pérdida humana nos remite al caso de Roberth Tzab EK el cual, a pesar de su gravedad y a pesar de las evidencias y de la información sensible con la que cuenta la Comisión de Derechos Humanos, continúa sin recomendación a casi un año de los hechos en los que perdió la vida Roberth.

En este caso, también es preciso recordar que la Fiscalía General del estado no garantizó condiciones mínimas de independencia e imparcialidad en las investigaciones, pues éstas fueron efectuadas por la misma agencia del Ministerio Público que tenía en su custodia a Roberth y que en consecuencia fue responsable de su fallecimiento. Todo lo anterior ha significado que, a casi un año de los hechos, exista impunidad en torno a su muerte, pues ningún policía ni funcionario público ministerial ha sido sancionado ni inhabilitado por el fallecimiento de Tzab Ek. La impunidad alienta la repetición de graves violaciones a derechos humanos.

En Indignación consideramos que la institución encargada de investigar y perseguir los delitos tiene la obligación, y debiera ser la primera interesada en depurar sus instituciones e investigar y sancionar a los funcionarios públicos que cometen violaciones a derechos humanos.

El encubrimiento y la impunidad pervierten la garantía de acceso a la justicia que debiera ser garantizada por la Fiscalía General. Pero también insistimos en que una comisión de derechos humanos puede y debe inhibir y evitar la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos señalando a los responsables, interponiendo en su caso las denuncias correspondientes, especificando las medidas con las que el gobierno garantizará la no repetición de hechos y, por supuesto, supervisando el cumplimiento de estas medidas y de sus recomendaciones. Al no hacerlo, la Codhey tiene una gran responsabilidad en estos hechos.

[1] A las persistentes quejas de tortura se suma una alarmante situación en las cárceles de Yucatán: Durante el año de 2010 murieron al menos siete personas en penitenciarías estatales o municipales de Yucatán y son al menos 13 las fallecidas en centros de detención desde el 2006, casos en los que, a pesar de la evidente responsabilidad del Estado, prevalece la impunidad. La Codhey únicamente ha enunciado el hecho y no se han establecido medidas de no repetición. Informe de Indignación sobre el casod e Roberth Tzab. Marzo de 2011

Basilia Ucán, libre • Centro ProDH e Indignación celebramos su liberación después de...

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Basilia Ucán, libre

Indignacion — Wed, 25 May 2011 21:46:31 +0000

• Centro ProDH e Indignación celebramos su liberación después de más de tres años de injusta reclusión
• Persisten en México situaciones similares a causa de las deficiencias estructurales del sistema de justicia. ¿Cuántas injusticias más hacen falta?

Después de tres años y dos meses de permanecer injustamente en prisión, el día de ayer el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo ordenó la liberación inmediata de Basilia Ucán Nah, indígena maya de Quintana Roo. Su reclusión fue producto de un juicio penal carente de las mínimas garantías procesales, iniciado el 18 de marzo de 2008, tras la falsa acusación de haber cometido los delitos de lenocinio y corrupción de menores.

Durante la conferencia de prensa realizada el día de hoy en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, Basilia Ucán Nah expresó su beneplácito por la decisión al mismo tiempo que llamó a evitar la repetición de hechos similares: “Estoy muy contenta porque por fin estoy con mi familia. Se demostró lo que yo siempre había dicho, que mi conciencia está limpia. Espero que mi salida de la cárcel sirva para que otros inocentes salgan libres”.

Basilia se encontraba esperando la resolución del recurso de apelación interpuesto el 12 de octubre de 2010 fecha en la que se dictó la sentencia de primera instancia. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Equipo Indignación, que asumieron su defensa, celebran su liberación.

La sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Quintana Roo, bajo el toca penal 458/2010, en la que se absuelve a Basilia, es un acto de justicia que pone en evidencia que en el presente caso se violaron derechos fundamentales por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. Sin duda los argumentos jurídicos esgrimidos por la defensa de Basilia Ucán exhibieron las irregularidades del expediente penal, el uso faccioso del sistema de justicia por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo y la falta de un verdadero control judicial garantista de los derechos fundamentales. Todo esto fue tomado en cuenta para que se ordenara su liberación.

En la misma conferencia de prensa, Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el caso de Basilia “evidencia no sólo las fallas estructurales del sistema de justicia penal, sino la particular situación de vulnerabilidad en que se encuentran ante éste los pueblos indígenas”. Llamó a las autoridades del estado de Quintana Roo, donde hubo recientes cambios en el gobierno, a manifestar con acciones un compromiso decidido a favor de los derechos humanos, “específicamente a garantizar el debido proceso y los derechos del pueblo maya”.

Jorge Fernández, abogado del Equipo Indignación, señaló que “al haber absuelto a Basilia, se evidencia que las violaciones a derechos humanos que habíamos denunciado reiteradamente están plenamente acreditadas”. Y en sentido similar a lo expresado por Jaqueline Sáenz afirmó: “Esperamos que el nuevo gobierno de Quintana Roo aproveche esta oportunidad para establecer políticas públicas que favorezcan el acceso a la justicia de los indígenas mayas, que representan el 30% de la población de Quintana Roo y el 70% en la península”.

El Centro Prodh y el Equipo Indignación consideran, sin embargo, que la excarcelación de Basilia es sólo un componente de la justicia. Ésta debe incluir también la reparación integral del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables del injusto encarcelamiento.

Imagen: Centro Prodh/ADF

Fotografía de la conferencia. De izquierda a derecha Jorge Fernández, abogado del Equipo Indignación, Jaqueline Sáenz, Abogada del Centro ProdhY Basilia Ucán Nah (Contamos con mayor resolución si las necesitan, agradeceremos agregar el siguiente crédito. Imagen: Centro Prodh/ADF).

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Fiscalía yucateca, obligada a responder ante justicia federal por caso de Robert Tzab: se admite un amparo

Indignacion — Tue, 17 May 2011 23:07:35 +0000

Indignación Clausura la Procuraduría de Justicia

Nueve meses después de la fatal detención de Robert Tzab Ek, quien falleció en la cárcel de la Procuraduría General de Justicia de Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura, la ahora Fiscalía General del estado tendrá que responder ante la justicia federal.

El Juzgado Tercero de Distrito con sede en el estado de Yucatán admitió una demanda de amparo presentada precisamente por las graves omisiones en las que ha incurrido la Fiscalía, que ha incumplido su obligación de garantizar una investigación independiente, efectiva e imparcial. Los representantes legales de los familiares de Robert Tzab presentaron dicho amparo por la violación al derecho de acceso a la justicia.

Robert Tzab fue detenido en Oxkutzkab en la madrugada del día 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado. Distintos medios de prensa publicaron una fotografía en la que se ve de pie al señor Tzab, cuyo aspecto no es de gravedad o debilidad.

Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en los separos de la Policía Judicial del estado con sede en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que de manera indudable implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de las y los detenidos, en este caso, las funcionarias y funcionarios de la citada agencia décimo segunda del ministerio público con sede en Tekax.

La muerte de Roberth Tzab, a pesar de que hoy se cumplen nueve meses de su fatal detención, permanece impune.

El día 21 de agosto de 2010, familiares de Robert Tzab presentaron la formal denuncia contra quien resulte responsable. Dos meses después, el expediente no mostraba avances en la investigación para determinar la participación de quienes, por acción o por omisión, fuesen responsables.

A partir de entonces la representación social ha impedido el acceso al expediente a los familiares y sus representantes legales.

Por su parte, y a pesar de que se le ha solicitado expresamente, el hoy Fiscal General del estado ha omitido atraer la investigación a una agencia del Ministerio Público de la ciudad de Mérida, ante la evidente falta de independencia e imparcialidad que representa el hecho de que esté investigando la misma agencia donde sucedieron los hechos.

Ante la insistencia, tanto del equipo Indignación, como de vecinas y vecinos de Ticul que han exigido justicia por el fallecimiento de Robert, el gobierno del estado ha respondido con el silencio.

Fundamentalmente son dos las violaciones que se reclaman en el amparo:

A) La dilación en la investigación de los hechos por parte de la agencia décimo segunda con sede en Tekax, Yucatán, pues hasta donde este Equipo de Derechos Humanos pudo verificar antes de la sistemática negativa del Ministerio Público para dar acceso al expediente, la fiscalía había omitido actuaciones indispensables para acreditar los hechos, como la declaración de los agentes que participaron en su detención, traslado o custodia. Los nueve meses que ya han transcurrido implican dilación en la procuración de justicia, dilación particularmente grave cuando se trata de casos en los que, como el de Robert Tzab, pudiesen haberse cometido actos de tortura que le causaron la muerte;

B) La violación a los principios de imparcialidad e independencia que una investigación por hechos tan graves debe contener. El hecho de que sea la misma agencia del Ministerio Público con sede en Tekax, en cuyos separos murió Robert Tzab, la misma que esté realizando las investigaciones por dicho fallecimiento, contradice las mínimas garantías de acceso a la justicia que establece la Constitución y los Principales Tratados para prevenir, sancionar, investigar y erradicar la tortura.

Cabe resaltar que, entre otras tantas obligaciones y directrices que el Estado debe seguir para la investigación de casos en los que hay indicios de tortura y/o en aquellos fallecimientos ocurridos en cárceles o separos, existe una fundamental: que la investigación la efectúe un órgano independiente e imparcial. Así nos lo recuerda el informe Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, que, en su informe sobre su visita a México, hecho público el 31 de mayo de 2010, entre otras cosas recomendó:

“Los Estados velarán porque se investigue con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de tortura o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo a que estos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales médicos o de otro tipo. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas”

La falta de imparcialidad en la investigación por parte de la Fiscalía General en un caso tan grave, en el que existe responsabilidad directa de funcionarios públicos adscritos a esa dependencia, ahonda el clima de impunidad que se vive en la entidad en casos similares.

Esta impunidad se refuerza también por la pasividad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, que a 9 meses de sucedidos los hechos, no ha emitido la recomendación correspondiente, a pesar de que su propia ley la obliga a investigar y emitir una resolución en un plazo no mayor de 4 meses cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos.

Sin lugar a duda, Yucatán carece de condiciones adecuadas para garantizar el acceso a la justicia en casos de presunta tortura, obligación que es todavía mayor cuando los presuntos responsables, por acción u omisión, son quienes en la práctica tendrían la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos.

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