Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción.

A partir de las primeras horas de este 13 de agosto, al cumplirse precisamente dos años del violento desalojo cometido ilegalmente por órdenes del empresario Eduardo Escalante, se podrá sumar quien lo desee a esta exigencia de justicia en la dirección http://indignacion.org.mx/ebula/ donde se encuentra el texto de una carta dirigida al Gobierno de Campeche, al Procurador de Justicia de Campeche y al Secretario de la Reforma Agraria.

Al final del texto basta con poner el nombre y dirección electrónica de quien suscribe y apretar el botón “enviar” para que la carta llegue a sus destinatarios. Una copia llegará a Indignación para conservar registro de los envíos.

También se podrá encontrar y acceder a la acción en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

En www.indignacion.org.mx está disponible más información sobre el caso.

A continuación el texto de la carta:

Secretario de la Reforma Agraria

Agr. Abelardo Escobar Prieto

Gobernador del estado de Campeche

Fernando Ortega Bernés

Procurador General de Justicia del estado de Campeche

Lic. Renato Sales Heredia

Me dirijo a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche y agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace ya dos años.

El 13 de agosto de 2009 cerca de cien personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y contratadas por el empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras, a pesar de que estas se encuentran aun en litigo ante las autoridades agrarias, llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá agrediendo a la gente y destruyendo todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de las y los habitantes. Dos ataques anteriores contra Ebulá, pueblo que se fundó hace más de cuarenta años, permanecían impunes.

Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.

Después de mes y medio de vivir en la terraza del Palacio de Gobierno en condiciones críticas, representantes de las y los pobladores y el Gobierno de Campeche firmaron un convenio con el ejecutivo campechano que les garantizaba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado, comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y a asegurarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.

El convenio establecía expresamente que de ningún modo dicho acuerdo implicaba la suspensión del juicio agrario que las y los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continuaba en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal.

A pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, a pesar de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó -fallidamente gracias a la impugnación de las y los pobladores- concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha  consignado.

Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a las y los pobladores agraviados el acceso a la justicia.

El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señala que si bien no le mostraron orden de desalojo el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina al señor Escalante y a la policía del estado de Campeche -que observó pasivamente la destrucción- no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se ha valido de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

Por lo anteriormente señalado les expreso mi más alta exigencia de justicia y solicito:

A) A la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche:

Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

B) A la Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal. Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la Justicia Federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantizando el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Más de 26 pruebas acreditan formalmente ante el Ministerio Público de Campeche que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo que el 13 de agosto de 2009 dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas.

Fotografías, recortes periodísticos, resolución de un amparo sobre el juico agrario que prueba que éste se encontraba aún en litigio,  documentación de la Escuela del CONAFE que funcionaba en el poblado, registro ante programas oficiales como Oportunidades, el propio convenio en el que el Gobierno de Campeche reconoce a las y los pobladores su calidad de desplazados como consecuencia del “desalojo cometido por un particular”, entre otros elementos probatorios, se presentaron formalmente ayer ante el Ministerio Público de Campeche.

También se presentó el informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá, compuesta por más 24 organizaciones y que documentó diversas violaciones a derechos humanos cometidas antes, durante y después del ilegal desalojo; dicho informe, a pesar de que se hizo llegar a la procuraduría desde septiembre de 2009, no se había agregado al expediente.

Las pruebas presentadas también acreditan la existencia de cuando menos dos ataques anteriores a la población, que no fueron investigados ni sancionados por las autoridades campechanas. La impunidad de los ataques previos, sin lugar a dudas, ha sido un factor que alentó la destrucción del poblado en agosto de 2009.

Estas pruebas se suman a decenas de testimonios ofrecidos por las y los pobladores en un expediente que, a pesar de referirse a un caso tan grave y de consecuencias tan devastadoras, que es seguido por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la ONU,  fue cerrado por un Ministerio Público que prácticamente no había realizado ninguna acción para investigar los hechos. El caso fue reabierto en diciembre, después de que los propios pobladores impugnaron su cierre ante la Procuraduría.

Con las pruebas antes señalada, se refuerza la acusación realizada por los pobladores de San Antonio Ebulá, acreditándose, entre otras cosas:

A)   Que el poblado de San Antonio Ebulá ha existido desde, cuando menos, el año de 1968.

B)   Que San Antonio Ebulá vivía como pueblo, pues sus habitantes contaban con servicios públicos, tales como Luz, agua, una escuela del CONAFE, templo religioso, y que además recibían diversos servicios sociales como “oportunidades”.

C)   Que el poblado de San Antonio Ebulá, así como los terrenos circundantes, utilizados para diversas actividades agrícolas, se encuentra aún en litigio ante las autoridades agrarias, lo que invalida la presunta propiedad que pretende arrogarse el señor Escalante, quien por supuesto como particular no tiene facultades para realizar un desalojo aunque lograra obtener un título de propiedad.

D)   Que el desalojo y destrucción del pueblo fue efectuado por elementos de seguridad privada al servicio de constructora Escalante, hecho que incluso ha sido admitido públicamente por los representantes legales de la empresa, y que implica la comisión de flagrantes delitos establecidos en el Código Penal de la entidad, pues ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano ni sustituir a las autoridades encargadas de administrar justicia.

La Procuraduría General de Justicia del estado está obligada a proceder legalmente contra los autores materiales e intelectuales de un hecho que, además de ser ilegal y delictivo, tuvo como consecuencia dejar a más de 70 familias desplazadas y sin pertenencias, hecho que significó que muchos de ellos tuvieran que vivir en condiciones críticas y sin recibir asistencia humanitaria a pesar de que se instalaron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Campeche durante más de un mes.

Indignación expresa nuevamente su preocupación por la parcialidad con la que la Procuraduría pudiese actuar en la investigación del presente caso que exhibe la responsabilidad directa de Constructura Escalante, cuyos dueños son familiares del extinto Secretario de Gobernación Federal, Juan Camilo Mouriño y de personas que actualmente tienen un alto cargo en el gobierno de Campeche y también de una diputada local.

La Procuraduría no sólo ha dejado impunes agresiones anteriores, sino que recientemente el Ministerio Público determinó establecer el no ejercicio de la acción penal por los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2009, determinación que fue revocada a partir el recurso de revisión interpuesto por los propios Ebuleños.

Indignación exige que la Procuraduría estatal realice una labor apegada a los más altos estándares en materia de derechos humanos, garantizando los derechos de las víctimas, solicitando la sanción para los responsables, así como adecuadas medidas de reparación del daño.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

El Ministerio Público de Campeche consideró que no hay delito qué perseguir en la denuncia interpuesta por el ataque a San Antonio Ebulá, la agresión a los pobladores y la destrucción de las viviendas de más de 70 familias en agosto de 2009, a pesar de que fue un hecho público que lo obligaba a actuar inmediatamente.

El ataque y la destrucción de San Antonio Ebulá fue cometido por civiles contratados por el empresario Eduardo Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, bajo la mirada de la policía estatal que omitió intervenir para salvaguardar la integridad física y la propiedad de los pobladores.

Ya antes la Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que el caso de Ebulá no es un asunto de derechos humanos y hace unas semanas la Comisión Nacional avaló su resolución. En aberrante complicidad, la CNDH omitió considerar extenso informe que se le hizo llegar en tiempo y forma y dio la razón a su homóloga estatal por considerar resuelto el asunto y por supuesto desinterés de los afectados en el seguimiento.

El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.

En el recurso de revisión presentado hoy 10 de noviembre ante la Procuraduría, las y los pobladores acusan al Ministerio Público de omitir investigar y limitarse a desacreditar los ilícitos denunciados en franca protección a la familia Escalante.

Más de cuarenta personas de San Antonio Ebulá acudieron en distintas fechas a declarar, pero el Ministerio Público no investigó ni se allegó de pruebas para integrar debidamente la averiguación previa.

El gobierno de Campeche, en un convenio firmado con los pobladores el 24 de septiembre de 2009, condicionó la reparación de los daños al procedimiento penal, pero ahora determina el no ejercicio de la Acción Penal.

El caso de San Antonio Ebulá fue seguido por decenas de organizaciones de la Sociedad Civil que acompañaron al pueblo de Ebulá en sus demandas de reparación, justicia y paz y en un intento de retorno impedido por personas al servicio del empresario Escalante.

El caso también fue seguido por Amnistía Internacional y por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También fue mencionado en el informe de la relatora de vivienda de Naciones Unidas.

Indignación deplora la impunidad que prevalece en este caso y la determinación del gobierno de Campeche de proteger al empresario Eduardo Escalante. Uno de sus hijos tiene un puesto de alto nivel en el actual gobierno de Campeche.

El recurso de revisión presentado obliga al procurador a ordenar la reapertura del expediente, la debida integración del expediente de acuerdo a los más altos estándares y, en su momento, a ejercitar la acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables en un hecho que fue público y documentado por diversos medios de comunicación de la entidad cuyos representantes también fueron amenazos por los parapolicías sin que los elementos de seguridad pública interviniesen para protegerlos y garantizarles el ejercicio su labor.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Indignación impugna la resolución

La ombudsman de Campeche consideró que el violento e ilegal desalojo forzoso que dejó en situación de desplazamiento a más de setenta familias de San Antonio Ebulá no es materia de derechos humanos y cerró el expediente, casi un año después de los hechos, a pesar de las graves acciones y omisiones en las que incurrió el gobierno de esa entidad.

La Comisión de Derechos Humanos de Campeche decidió concluir el expediente 219/2009-VG “por haber quedado sin materia los hechos que motivaron la queja, por falta de interés de los presuntos agraviados, y por haberse resuelto durante el trámite del expediente el conflicto medular…” (resaltado en el original).

El equipo de derechos humanos Indignación, quien presentó la queja ante ese organismo el 13 de agosto de 2009, interpuso un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que la inacción de la CDHEC denota una grave negligencia que, en los hechos, permite que violaciones a los derechos humanos tan graves como las sucedidas en Ebulá queden en la impunidad y los agraviados en desprotección.

San Antonio Ebulá, fundado hace más de 40 años en Campeche, fue arrasado y completamente destruido el 13 de agosto de 2009 por cerca de cien civiles protegidos por la Policía Estatal de Campeche y contratados por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien se arroga la propiedad de las tierras.

Varias personas de Ebulá recibieron golpes, seis resultaron lesionadas, dos fueron detenidas (y liberadas esa misma tarde, sin cargos), todas las viviendas de la población fueron destruidas y algunas, además, fueron quemadas; todos los árboles frutales fueron tumbados y los pobladores perdieron también a sus animales.

Todos esos ilícitos se cometieron ante la presencia de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, encabezados por el Comandante Samuel Salgado, que omitieron cumplir su obligación de proteger la integridad física y patrimonial de los pobladores de Ebulá y protegieron a los agresores.

En el documento de impugnación dirigido a la CNDH, Indignación demuestra que la falsedad de los tres argumentos esgrimidos por la CDHEC en el documento en el que cierra el expediente. Argumenta la CDEHC que “quedaron sin materia los hechos que motivaron la queja”, sosteniendo que todo fue un conflicto entre particulares.

En San Antonio Ebulá no solamente se llevó a cabo un desalojo forzoso y se dejó en situación de desplazamiento interno a más de cien familias, sino que en dicho desalojo la policía protegió a los agresores y omitió intervenir para proteger la integridad física y las propiedades de los ebuleños. Posteriormente, incumplió su obligación de proporcionar asistencia humanitaria a la población desplazada.

Argumenta también la CDHEC que hubo “falta de interés de los presuntos agraviados”. Indignación demuestra en su impugnación que la desinteresada fue siempre la CDHEC, que entabló contacto con los agraviados hasta 15 días después de pasado el desalojo, a pesar de que las familias desplazadas estuvieron instaladas en la terraza de la sede del Ejecutivo.

Declara, finalmente, la CDHEC que se resolvió “durante el trámite del expediente, el conflicto medular”, refiriéndose al convenio mediante el cual recuperan los ebuleños recuperan 31 hectáreas de su territorio.

Indignación demuestra que con esta declaración, la CDHEC renuncia a su función primordial: determinar violaciones a los derechos humanos, identificar a los responsables y emitir recomendaciones para detener, revertir y/o resarcir los daños.

El caso no se ha resuelto. Permanece impune el violento desalojo del 13 de agosto de 2009 y permanecen impunes también anteriores ataques que el empresario dirigió contra el poblado San Antonio Ebulá, contra sus habitantes y contra sus pertenencias. Permanecen impunes las acciones y omisiones del gobierno y no se les ha garantizado a los agraviados el resarcimiento de los daños.

El expediente abierto en el Ministerio Público no registra avances, a pesar de que los pobladores ya han acudido a declarar. Con esta inacción la procuraduría de Campeche protege al empresario y al anterior gobierno.

Estas y otras consideraciones, acompañadas de seis documentos probatorios, fueron presentadas por el equipo Indignación ante la CNDH en el recurso de impugnación presentado ayer, 16 de julio.

La inacción de la CDHEC denota una grave negligencia, patente a lo largo de todo el proceso, que ha permitido que violaciones a los derechos humanos tan graves como las sucedidas en Ebulá queden en la impunidad y los agraviados en desprotección: no realizó ninguna investigación, ni mucho menos documentó graves violaciones a derechos humanos, justificando una acción que es a todas luces contraria a derechos fundamentales básicos.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Uso discrecional de los recursos públicos, sabotaje a los organismos ciudadanos, graves incumplimientos de un ombudsman protegido por el Congreso, persistencia de la impunidad, tolerancia del poder judicial hacia los tratos crueles cometidos contra la infancia, mínima reparación del daño, ruptura del Estado laico, homofobia legislativa, ausencia de medidas que hagan plenamente efectivos el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, despojos a pueblos enteros e invisibilización de la etnia maya son algunos de los hechos que contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Sureste de México.

En Yucatán la frivolidad esconde el desgobierno; un “set” como sede del ejecutivo, una telenovela como política pública y el teletón como programa social son las pantallas regionales para ocultar que los tres poderes, aquí nuevamente sometidos a uno solo, se han rendido ante el dinero.

El dinero gobierna. El dinero legisla. El dinero decide de quién son las tierras y quién es culpable en un juicio. El dinero determina a quién se le respetan los derechos y a quién no: quién puede concluir la escuela, quién tiene acceso a los servicios de salud, quién tiene derecho a la alimentación y quién tiene derecho a vivir… y cada vez son menos en el país de América Latina donde más ha crecido la pobreza y la desigualdad (CEPAL. Noviembre de 2009).

El Estado que se desdibuja en todo México en Yucatán muestra la perversión de doble rostro que abajo quiere comprar votos con zapatos y cobertores mientras en San Lázaro paga lealtades con camionetas.

El gobierno se empeña en incumplir sus obligaciones, aquí oculta información, miente en Washington sobre don Ricardo Ucán y se sabotea a sí mismo destruyendo a sus instituciones, pervirtiendo a los organismos autónomos y “ciudadanizados”.

2009 ha exhibido a los tres poderes de Yucatán y a los poderes fácticos:

Inició 2009 con una demanda de juicio político contra el ombudsman local, que incumple su función protegiendo a las autoridades, y concluye este año sin que el Congreso haya admitido o rechazado la demanda, aunque estaba obligado a hacerlo “a la brevedad”.

Inició 2009 con una intensa campaña para perpetuar la discriminación por orientación sexual que terminó elevando la homofobia a rango constitucional, atentando contra los principios del Estado laico y enarbolando una defensa de la vida que se traduce en muerte para las mujeres que intenten interrumpir su embarazo pues nadie les garantiza hacerlo en condiciones adecuadas de salud.

Avanzó 2009 sin resolver y sin siquiera consignar a los responsables de violencia contra doña Rafa, doña Tere y tantas mujeres más, a pesar de que cumplió un año de vigencia la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia en Yucatán. El informe de Indignación en la materia exhibe qué lejos estamos las mujeres de la justicia y cómo se ignora la ley aprobada.

En abril de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tardíamente resolvió el caso de los abusos y tratos crueles en la antigua Escuela Social de Menores Infractores y determinó una mínima reparación del daño a las y los agraviados, casi nueve años después de los hechos.

Llegamos al 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin ley contra la discriminación en Yucatán.

Concluye otro año con la persistencia de la exclusión de derechos para personas que viven con VIH/Sida a quienes se les niega la posibilidad de acceder al matrimonio y construir una familia.

Termina 2009 con la criminalización de la protesta en Candelaria que mantiene en la cárcel a quienes luchan por justas tarifas de luz; termina 2009 premiando con un puesto en el gobierno de Campeche a uno de los responsables del ataque y desalojo que desplazó a un pueblo en San Antonio Ebulá, Campeche.

Concluimos 2009 observando al Estado mexicano, por voz de los representantes del gobierno de Yucatán, mentir en Washington ante la CIDH, insistir en su incapacidad de reconocer los derechos del pueblo maya y de resarcir agravios a don Ricardo Ucán.

En México, atentados y asesinatos contra defensores de derechos humanos; la impunidad de Acteal, decretada por la Suprema Corte; el aumento de la pobreza y la desigualdad; despojo de tierras y desalojos que se repiten por todo el país impunemente parecen mostrar el límite de un Estado que se niega a serlo, que sabotea la democracia al negarse a respetar derechos humanos.

Desalojados de los medios que se suman a la apuesta por la frivolidad, los derechos humanos son todavía privilegio para unos cuantos en este país… y son también utopía para quienes, desde abajo, desde la defensa de la tierra, desde los márgenes se empeñan en hacerlos una realidad para todas y todos.

Pero 2009 es, también, un año tremendamente significativo para la historia de los derechos humanos en la península de Yucatán:

A 61 años de la Declaración Universal Doña Rafa y Doña Tere son mujeres que mantienen sus denuncias y la batalla contra la impunidad, a pesar de todos los obstáculos que mantiene el Ministerio Público de un gobierno que se niega a asegurar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Dos parejas que con una demanda de amparo continúan la batalla contra la discriminación para que el beso ya no sea forzosamente clandestino.

Tazmania, esa tierna furia, nos mostró el rostro de la indignación que, armada de paciente y amorosa rabia, mantuvo hasta el final el juicio por los tratos crueles e inhumanos en la antigua Escuela Social para Menores Infractores. Una sola que resistió amenazas y los defendió a todos.

El albergue Oasis de San Juan de Dios, con todo en contra, moderno quijote, se enfrenta a los molinos de viento de la discriminación y ahora exhibe a un gobierno que encubre a un funcionario acusado de despojo.

Los presos de Candelaria, Campeche, encarcelados por levantar un movimiento contra un pago injusto que es otra forma de despojo.

El pueblo de San Antonio Ebulá representa, para todos los pueblos de la península de Yucatán, un gran aprendizaje para la cada vez más necesaria defensa de la tierra y del territorio frente al dinero, la especulación o los megaproyectos.

Las más de veinte organizaciones de todo el país que acompañaron al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza, justicia y paz anuncian que desde abajo y desde las autonomías, avanza la construcción de un mundo en el que los derechos humanos sean ciertos para todas las personas.

2009 exhibe a un Estado que fracasó en derechos humanos y, al mismo tiempo, muestra el mundo que nace desde abajo, desde la periferia, desde los márgenes, desde los límites. Por ese mundo apostamos.

Cada batalla que este 2009 nos permitió acompañar honra nuestra Indignación y hace crecer nuestra esperanza.

Por eso este 10 de diciembre de 2009 San Antonio Ebulá, doña Trini y doña Rosa, don Ricardo Ucán, el Oasis de San Juan de Dios, los dos amores amparados contra la homofobia son sólo algunos de los nombres que nombran el sentido de nuestra Indignación y la llenan de Esperanza. En ellos queremos reconocer a todos y a todas las que construyen un mundo en el que los derechos humanos sean para todas y todos.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Las y los pobladores de San Antonio Ebulá recuperaron las primeras treinta y un hectáreas de su territorio, después de 42 días del violento desalojo cometido ilegalmente por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien contó con la protección de la Policía Estatal de Campeche.
La comisión encargada del diálogo con las autoridades firmó un convenio con el Gobierno de Campeche a través del cual éste les garantiza la inmediata posesión de 31 hectáreas ubicadas en el mismo polígono en el que estaban establecidos y la propiedad legal sobre esa superficie.
De acuerdo con las y los pobladores, con este acto recuperan de inmediato las primeras 31 hectáreas y confían en recuperar todo su territorio, puesto que unos días antes fueron informados de que el Juez primero de distrito de Campeche les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y ordenó la reposición del procedimiento de dotación de tierras a favor de los pobladores.
En una reunión informativa realizada jueves 24 de septiembre por la tarde, las y los pobladores celebraron el haber logrado ese acuerdo con la fuerza del pueblo, con la solidaridad de otras organizaciones y de manera pacífica, a pesar de todas las provocaciones que sufrieron. Anunciaron que éste es un primer logro, puesto que continuarán su batalla por la justicia, la reparación de daños y la recuperación total de sus tierras.
El equipo Indignación reconoce y se alegra por el logro de las y los pobladores, que en condiciones tan críticas se ha mantenido en la exigencia de sus derechos.
Asimismo tomamos nota y expresamos nuestra preocupación acerca del hecho de que en el convenio firmado, el Gobierno de Campeche no garantiza la reparación de los daños, a pesar de que la Policía Estatal Preventiva protegió a quienes agredieron y desalojaron a los pobladores el 13 de agosto y a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños.
El convenio establece que los pobladores se encuentran en situación de desplazados debido a un desalojo cometido por un particular y el gobierno se compromete a dotar al poblado de todos los servicios necesarios para una vida digna; sin embargo, las acciones de gobierno quedan sujetas a una mesa de trabajo con las y los pobladores que irá determinando dichas acciones.
Otra gran preocupación para el equipo Indignación la constituye el riesgo de que delitos tan graves como el ataque a una población, y de consecuencias tan devastadoras como la destrucción de todo el pueblo que ha mantenido a los pobladores en situación de desplazados, queden impunes.
A la vez que reconocemos y celebramos un logro para los pobladores obtenido en condiciones tan adversas, incluyendo la escandalosa ausencia de la comisión pública de derechos humanos de Campeche, y enfrentando a gobiernos que se resisten a cumplir cabalmente sus obligaciones, reiteramos las recomendaciones contenidas en el Informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá.
Sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones el equipo Indignación se mantendrá atento e informando a las organizaciones locales, nacionales e internacionales que se encuentran siguiendo este caso.
La Misión Civil de Paz determinó acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Comunicado de la Misión Civil de Paz, que presenta informe de observación

INFORME_MISION_PAZ_EBULA_VF

El Gobierno del estado de Campeche es responsable de la situación de desplazamiento y de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños, quienes fueron desalojados violenta e ilegalmente de la tierra que han habitado durante más de cuarenta años, concluye la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá al presentar su informe de observación.
El informe, presentado tres días después de iniciar un nuevo Gobierno en Campeche, anota que la nueva administración es responsable de investigar dichas violaciones, sancionar a los responsables y garantizar a los pobladores de San Antonio Ebulá el pleno respeto a sus derechos, lo que incluye la restitución de sus tierras, la reparación del daño y el acceso a la justicia.
La Misión Civil de Paz, conformada por 23 organizaciones de derechos humanos, movimientos y agrupaciones del país, se propuso acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.
Entre las acciones que ha realizado esta Misión se encuentra una “visita in situ” a Campeche, entrevistas con las y los pobladores desplazados, visita al lugar de los hechos y el acompañamiento al retorno decidido por los pobladores el 8 de septiembre, el cual fue impedido por empleados del empresario que se arroga la propiedad de las tierras y por la inacción del gobierno de Campeche, que incumplió su obligación de garantizar condiciones de seguridad para el retorno.
Empleados del empresario, después de atacar y destruir el poblado, bloquearon el camino de acceso con zanjas y montículos de tierra y escombros, según pudo constatar la Misión. Además enterraron trampas de maderas con clavos en los costados de dichos montículos. Un integrante de la Misión resultó lesionado con una de esas trampas.
La Misión también se entrevistó con el ex Secretario de Gobierno, quien admitió que el desalojo del 13 de agosto lo realizó un particular, el empresario Eduardo Escalante, sin orden legal y sin facultades para realizarla, y que la policía no acudió a desalojar sino a atender una llamada de auxilio por un enfrentamiento. En dicha entrevista el ex Secretario de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, se negó a proporcionar condiciones de seguridad para el Retorno y advirtió que el ingreso a una propiedad privada se consideraría una violación al estado de derecho.
Lo anterior es motivo de alarma para la Misión. La violación a los derechos humanos y la impunidad constituyen siempre un riesgo para la paz.
La elaboración y presentación del informe de observación, que se está haciendo llegar a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a instancias de gobierno estatal y federal, es una de las acciones que la Misión realiza para contribuir a lograr una solución justa para San Antonio Ebulá.
El día de hoy, mientras se presenta el informe, una comisión está entregando un ejemplar al representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La Misión concluye que el caso de San Antonio Ebulá exhibió la sujeción del Gobierno de Campeche, de la administración que concluyó el 15 de septiembre pasado, a intereses empresariales y particulares. El empresario que contrató a civiles para agredir a los ebuleños y desalojarlos ilegalmente es suegro del extinto Secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño, y su familia es de tradición priísta en Campeche.
De hecho una de sus hijas, Ana Martha Escalante, será diputada local del Congreso del estado de Campeche a partir del primero de octubre próximo.
Un delito tan grave, como lo es el ataque a una población, no ha sido investigado ni sancionado a pesar de haberse cometido en tres ocasiones contra los ebuleños, la última con consecuencias tan devastadoras como la destrucción total del pueblo y la situación de desplazamiento de sus habitantes.
La Misión encuentra que el Gobierno de Campeche, particularmente servidores públicos de la administración que concluyó recientemente, violaron el derecho de los ebuleños a no ser desplazados, a la integridad física, a la vivienda, a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y a la justicia, además de violentar derechos que tienen como pueblo maya y el derecho a la asistencia humanitaria por su condición de desplazados.
El gobierno que inicia tiene la obligación de investigar estas violaciones, sancionar a los responsables y garantizarles a los ebuleños el respeto pleno a todos sus derechos, lo que incluye el derecho a la tierra y a ser reconocidos como pueblo en todas las instancias pertinentes.

Las organizaciones que conformaron la Misión Civil de Paz por una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche, son:

SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA” * ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS * INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

Quienes presentamos el presente informe como un paso más para lograr que el pueblo de San Antonio Ebulá consiga retornar a su pueblo y acceda a la restitución, la certeza, la justicia y la paz a la que tiene derecho.
El informe de la Misión incluye siete conclusiones y nueve recomendaciones dirigidas al gobierno de Campeche y al gobierno federal, las cuales anexamos a este comunicado.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

El retorno pacífico encuentra bloqueo en el gobierno
de Campeche y solidaridad en la sociedad civil

El acto pacífico de retorno a San Antonio Ebulá, que incluyó una emotiva oración en el borde de una entrada alternativa al destruido poblado, se encontró con el bloqueo y la persistente parcialidad del gobierno del estado de Campeche a favor del empresario Eduardo Escalante, que se arroga la propiedad de las tierras.
Con ese acto, los pobladores de San Antonio Ebulá enviaron un claro mensaje acerca de su determinación de continuar la defensa de sus derechos por vías pacíficas y a través de acciones no violentas.
Al mismo tiempo evitaron, como habían anunciado, cualquier confrontación que pusiera en riesgo la integridad física de las familias y de los acompañantes de la misión y garantizaron la seguridad que el gobierno no ofreció.
La Misión Civil de Paz, conformada por más de quince organizaciones de derechos humanos de distintos estados de México y por organizaciones solidarias de Campeche, desde el día anterior encontró condiciones que significaban un alto riesgo para la integridad física de las y los pobladores, ya lesionada impunemente en la expulsión y violento desalojo del 13 de agosto.
El gobierno de Campeche expresamente negó a la Misión Civil de Paz, de manera verbal, las condiciones de seguridad solicitadas para el retorno. Expresamente afirmó que no garantizaba la seguridad de las personas que intentaran ingresar al lugar que, según sus propias y parciales determinaciones, se trata de una propiedad privada y enfatizó que haría prevalecer a toda costa el estado de Derecho.
Esta Misión Civil de Paz se muestra alarmada de la reacción del Secretario de Gobierno que, cuestionado expresamente sobre los hechos del 13 de agosto, admitió que el desalojo cometido por el particular, con apoyo de la policía, no contó con una orden legal, al mismo tiempo que reiteraba que ahora sí aplicaría el estado de derecho para proteger esa propiedad.
Adicionalmente la Misión, en un recorrido previo, encontró el camino hacia el poblado bloqueado con montañas de tierra, zanjas, trampas de maderas con clavos, la amenaza que implicaron los desplegados del gobierno y el anuncio de no garantizar la seguridad de quienes retornarían a su pueblo.
Un integrante de la Misión Civil de Paz resultó lesionado con una de las trampas de madera con clavos.
El gobierno del estado de Campeche se mostró insensible ante la posibilidad de que nuevamente fuesen agredidos por grupos parapolicíacos contratados por el empresario.
Con esa información, la Misión Civil de Paz determinó acompañar el retorno por un camino alternativo, por Castamay, única vía por la que el gobierno del Estado de Campeche ofrecía cierta seguridad.
Esa vía adicionalmente permitiría a la Misión conocer los terrenos alternativos que se ofrecen además del ofrecimiento del gobierno que por ese camino se contaba con seguridad.
La solicitud de seguridad pública que solicitó la misión civil de paz, que fue mínimo e insuficiente durante el trayecto, se pervirtió y se convirtió en un operativo intimidatorio para los pobladores que acudieron en un acto pacífico, que ostensiblemente mostró la intención de proteger la propiedad privada.
El secretario de gobierno, al igual que la representante del empresario Escalante, insistieron en todo momento que únicamente podría entrar una comisión de cinco personas.
Los pobladores, al encontrar el impedimento de que todas las familias entraran a conocer los terrenos y la propuesta, que en una nueva muestra de buena voluntad los ebuleños accedían a escuchar, decidieron retornar al Plantón que mantienen frente al Palacio de Gobierno.
La Misión Civil de Paz, alarmada y preocupada por la parcialidad del gobierno de Campeche, por las condiciones en las que se encuentran los desplazados, por el hostigamiento que sufren y por la negativa del gobierno a garantizar condiciones de seguridad para el retorno al que tienen derecho, ha determinado elaborar un informe sobre todo lo observado para hacerlo llegar a todas las instancias competentes.
En una evaluación posterior al acto, las familias desplazadas de Ebulá y las organizaciones que conformamos la misión civil de paz, identificaron como importantes logros la acción pacífica, evitar confrontaciones y el encuentro que crea puentes entre las organizaciones participantes y hace crecer la lucha.
Las y los participantes en la Misión Civil de Paz se comprometieron a difundir en sus distintos estados el caso de San Antonio Ebulá, así como las persistentes e impunes violaciones a los derechos humanos de los pobladores.
Organizaciones integrantes de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá
SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA”* ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS *INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Organismos internacionales de derechos humanos fueron informados de la violenta expulsión de los pobladores de San Antonio Ebulá, de la destrucción de todas sus viviendas, sus pertenencias y sus recursos forestales por parte de cuerpos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, protegidos por el Gobierno de Campeche.
El Relator de pueblos indígenas, la relatora sobre vivienda, así como el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, todos de Naciones Unidas, recibieron el informe preliminar elaborado por el equipo Indignación –una versión actualizada al 17 de agosto–, que da cuenta de los hechos, de algunos antecedentes, de los derechos violados y de la responsabilidad del gobierno del estado de Campeche.
El equipo Indignación informó lo anterior hoy a las y los pobladores de San Antonio Ebulá, que se mantienen en plantón permanente en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche, durante un taller con los agraviados para conocer y comentar el informe elaborado por Indignación. Además se informó que el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos acusó recibo inmediatamente del documento enviado y expresó que le estará dando seguimiento.
Amnistía Internacional y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a más de 60 organizaciones de derechos humanos, también han sido informadas del caso de San Antonio Ebulá.
El gobierno del estado de Campeche, en distintas reuniones celebradas con representantes de los agraviados, continúa sin admitir la comisión de delitos contra las y los pobladores e insiste en su incompetencia bajo el argumento de que es un problema entre particulares.
En el taller realizado en la explanada en los bajos de la sede del ejecutivo campechano, las y los pobladores informaron que el gobierno ofrece apoyos en forma de láminas en lugar de reparación y resarcimiento de los daños ocasionados por el particular y por la inacción del gobierno.
El Estado es responsable de violar los derechos humanos por acción y por omisión, ya que tiene obligación de intervenir ante la comisión de ilícitos para proteger la integridad física y la propiedad de las personas y para garantizarles justicia mediante la sanción a los responsables y la reparación del daño.
La inacción del Gobierno en el caso de San Antonio Ebulá es aún más grave puesto que es un pueblo maya que tiene derecho a decidir sobre su territorio y que fue agredido, expulsado, despojado de todas sus pertenencias y, por lo tanto, de sus medios de subsistencia.
109 familias se encuentran actualmente desplazadas, con el riesgo que eso implica para la vida y la salud de los pobladores y, en particular, de los niños y niñas y de las personas mayores. El pueblo se mantiene ocupado y sitiado por los parapolicías al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de los terrenos en los que se encuentra San Antonio Ebulá, fundado desde hace más de 40 años.
Los pobladores han iniciado, desde entonces, innumerables recursos para obtener certeza legal sobre sus tierras y han enfrentado juicios agrarios, civiles y penales. Es atribuible al Estado mexicano, y no a los pobladores, la responsabilidad de no haber atendido cabalmente los distintos recursos legales presentados.
Ante las muestras que ha dado el gobierno del estado de Campeche de uso parcial de los recursos del Estado para proteger al agresor, el equipo Indignación TEME POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA de los pobladores de Ebulá y de las personas que los acompañan en la exigencia de sus derechos, quienes además están siendo hostigados mediante vigilancia permanente, seguimiento continuo y amenazas.
Indignación considera que el gobierno de Campeche está obligado a garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, iniciar una investigación de los hechos para sancionar tanto a los particulares como a funcionarios de gobierno responsables y a garantizar la reparación de los daños ocasionados.
Las omisiones del gobierno de Campeche sitúan a los pobladores, privados de su hogar, sus pertenencias y sus medios de subsistencia, en condiciones de emergencia que agravan la responsabilidad del gobierno en los hechos.
Este caso implica múltiples y graves delitos, algunos de ellos federales, como la destrucción de recursos forestales, así como la destrucción de una escuela perteneciente a la CONAFE con clave OHKPR0244Y, por lo que también deploramos la inacción del gobierno federal.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

En el informe, el equipo Indignación denuncia que el gobierno del estado de Campeche, al proteger a grupos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de las tierras en las que está asentado el pueblo de San Antonio Ebulá, viola gravemente por acción y por omisión los derechos a la integridad física, a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la vivienda de los integrantes de ese pueblo maya, a quienes también conculca su derecho como pueblo indígena a decidir sobre su territorio.

A un día de los hechos, los pobladores de San Antonio Ebulá se encuentran en situación de desplazados, sin lugar dónde estar y sin poder acceder a la población, que está tomada por los cuerpos parapolicíacos contratados por una empresa de seguridad privada al Servicio del empresario Eduardo Escalante, suegro del fallecido ex secretario de gobernación federal Juan Camilo Muriño.

El gobierno del estado de Campeche está obligado a garantizar y proteger el reingreso de los ebulenses a su pueblo, a quienes deben restituírseles los daños materiales y morales que se les ha ocasionado, concluye Indignación en este informe preliminar de observación.

El gobierno del estado de Campeche también debe ofrecer garantías de no repetición de los hechos, lo que implica sancionar a los particulares que cometieron este ilícito y a los servidores públicos que los protegieron, incluyendo altos mandos de la policía y funcionarios del gobierno estatal.

Seis personas lesionadas, dos detenidas que fueron liberadas el mismo día y la pérdida completa de las viviendas y propiedades de los pobladores, incluyendo a sus animales, son algunos de los agravios cometidos ayer 13 de agosto contra los pobladores de Ebulá por cerca de cien parapolicías custodiados por alrededor de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva, al mando del comandante Samuel Salgado, de acuerdo con testimonios de los pobladores.

El pueblo de San Antonio Ebulá se fundó desde 1968 y desde esa fecha los pobladores han estado realizando todas las gestiones necesarias para regularizar y tener certeza legal sobre sus tierras, sin haber sido atendidos cabalmente por las autoridades estatales y federales, quienes incluso han obstaculizado el proceso y los han amenazado.

Aunque oficialmente aparece como “predio conocido como San Antonio Ebulá”, se trata de un pueblo, con todos los derechos que eso implica.

Tan ha sido reconocido como pueblo por el propio gobierno, que al lugar acude regularmente una promotora de salud, algunos habitantes cuentan con programa de oportunidades, recientemente acudió Sedesol a ofrecerles pisos de cemento a 50 familias y sus habitantes tienen credencial de elector que exhiben como domicilio San Antonio Ebulá al menos desde 1991.

En 2007 se dio un operativo similar, en el que se destruyeron más de 20 casas de la población. Hubo un acuerdo de reubicación, pero los pobladores de Ebulá fueron trasladados a una tierra que no cumplía con lo que les habían ofrecido, lo que también implica discriminación, y decidieron ante la humillación retornar a su pueblo, en el que viven desde hace más de cuarenta años.

A los agravios y las violaciones a sus derechos, se suma la inacción de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, que desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto recibió información del operativo y a la que Indignación solicitó su intervención inmediata desde esa hora.

Hasta las dos de la tarde de ese día no se había presentado a la población y los habitantes dijeron que no recibieron visita de ninguna persona de dicho organismo, a pesar de que esa comisión tiene un expediente sobre Ebulá desde mayo pasado, cuando se dio otro operativo en el que se destruyeron seis casas y se detuvo a siete pobladores, cuatro de los cuales fueron liberados al día siguiente y, los demás, bajo fianza unas semanas después.

Los pobladores de San Antonio Ebulá se han adherido a La Otra Campaña y a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, por lo que este evento está enmarcado también en el patrón de represión contra adherentes de esta iniciativa.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.