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Informe_Roberth_Tzab_Marzo2011

Comunicado del equipo Indignación

506 vecinos y vecinas de Ticul exigen al ahora Fiscal General del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán justicia en el caso de Roberth Tzab, quien falleció hace ya siete meses en la cárcel del Ministerio Público de Tekax dos días después de su detención.

Las más de 500 firmas, estampadas en igual número de cartas, se entregaron el día de hoy, por conducto del equipo Indignación, organización que, al mismo tiempo, hizo llegar un informe del caso a Amnistía Internacional, a la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) y a la Organización Mundial contra la Tortura, así como a los relatores especiales contra la tortura de la ONU. Dicho informe puede descargarse en el portal www.indignacion.org.mx

Vecinas y vecinos de Ticul iniciaron la campaña de recolección de firmas hace casi un mes, cuando se cumplieron seis meses del fallecimiento y realizaron una manifestación en las sedes de Tekax de ambas instancias.

La carta a modo de postal, que en la carátula tiene el nombre de Robert Tzab y la leyenda “Gobierno, asesino impune | Negligencia, Tortura o encubrimiento”, exige al Procurador ordenar la remisión de la averiguación previa a una agencia investigadora distinta e independiente de aquella en la que sucedieron los hechos, que cuente con las capacidades técnicas necesarias para efectuar una investigación por tortura.

También le exige suspender de manera preventiva, y en tanto se efectúan las indagatorias correspondientes, a los agentes que tuvieron a su resguardo a Robert Tzab Ek.

Por su parte, en las 506 postales dirigidas al Ombudsman se lee: Lic. Jorge Victoria Maldonado, Codhey: Le exijo que emita usted la recomendación respectiva a la brevedad posible, en la cual, basándose en estándares internacionales en la materia, establezca con claridad las violaciones a los derechos humanos que derivaron en la muerte, en los separos de la Policía Judicial en Tekax, Yucatán, del C. Robert Tzab.

También le exige que, de contar con indicios de tortura, garantice que la averiguación previa se integre precisamente por ese delito.

Roberth Tzab falleció hace ya siete meses. Fiscalía, Gobierno y Codhey han incumplido sus obligaciones frente a un caso tan grave y han respondido únicamente con silencio frente a las múltiples y reiteradas demandas de justicia.

Sistemáticamente se ha negado a integrantes de Indignación, representantes de la coadyuvancia, acceso al expediente, negativa que se ha extendido también al abogado del médico externo a la procuraduría que valoró a Roberth Tzab antes de su fallecimiento.

Equipo Indignación A.C.

Tel/Fax: (999) 9137021

www.indignacion.org.mx

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Comunicado del equipo Indignación A.C.

Un año y tres meses después de que una integrante del equipo Indignación interpuso una queja contra personal del CERESO de Mérida por diversas violaciones a los derechos de los internos y de quienes los visitan, la Codhey emitió la recomendación 10/2008.

La ilegal detención de jóvenes durante la redada cometida en el marco de las manifestaciones contra George Bush en Yucatán en marzo de 2007 exhibió violaciones a derechos humanos que ocurren cotidianamente en el Centro de Readaptación Social de Mérida en los procesos de visitas: Negación del acceso a personas que pretendían visitar a las y los internos, revisiones lentas, molestas y arbitrarias, requisitos para ingresar que no tienen sustento y son discriminatorios como el llevar el pelo corto y no usar aretes para los varones, prohibición de introducir periódicos, entre otras violaciones.

La queja se originó debido a que personal del Cereso impidió a una integrante de Indignación visitar a uno de los jóvenes detenidos durante la redada  cometida en el marco de las manifestaciones  contra George Bush a Yucatán.

Personal del Cereso alegó que la negativa se debió a que ella era “abogada” de algunos internos. En un intento de conciliación promovido por la Codhey, que Indignación rechazó, personal del Cereso se quejó de las “malas” intenciones de integrantes de Indignación al pretender visitar a los internos, puesto que seguramente lo que pretendían era observar y denunciar las condiciones que imperan en ese centro de reclusión.

También alegaron que la negativa a entrar se debió a que no se encontraba en la lista de visitas del interno a quien la integrante de Indignación pretendía visitar, práctica que ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como violatoria de los derechos de los internos.

En el escrito de queja, una integrante de Indignación citó las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos aprobadas por la ONU, que en su numeral 37 establecen que “Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con familiares y amigos tanto por correspondencia como mediante visitas”. El Cereso también vulneró el principio de igualdad que establece que “las medidas de revisión deben aplicarse en forma imparcial y sin discriminación” y contravino el numeral 90 de las Reglas Mínimas ya citadas que establecen el derecho de los internos a recibir libros, periódicos así como otros medios de ocupación”.

La Codhey demoró un año y tres meses en concluir el caso. Recomienda al Director de Prevención y Readaptación Social de Yucatán iniciar procedimiento administrativo contra el director del Cereso, elaborar y proponer de manera inmediata al Ejecutivo del Estado un Reglamento Interno por cada Centro penitenciario existente en el Estado de acuerdo a las directrices establecidas en los instrumentos internacionales y regionales que nuestro país ha firmado, dotar a los CERESOS del Estado de sistemas computarizados para agilizar los trámites de registro de las visitas y ordenar a través de un oficio dirigido a los directores de los centros de reclusión que los procedimientos de revisión se lleven a cabo con pleno respeto de la dignidad de quiens acuden.

Asimismo, recomienda al director del Cereso de Mérida abstenerse de aplicar criterios arbitrarios en la atención de los asuntos del Centro así como delimintar en el Centro áreas dignas, suficientes y plenamente identificables para que las y los internos reciban a familiares, amigos y abogados.

La recomendación es tardía e incompleta. Durante todo el tiempo que las personas ilegalmente detenidas en la redada cometida por policías estatales y municipales en el marco de las manifestaciones contra Bush estuvieron internas en el Cereso, fue continuada la violación a sus derechos y a los derechos de quienes intentaron visitarlas.

La queja interpuesta y lo evidente de las acciones denunciadas ameritaba medidas cautelares por parte de la Codhey para que cesaran de inmediato violaciones cometidas en el proceso de ingreso de las visitas y para que a los internos se les garantizara plenamente el acceso a prensa, libros y todos sus derechos.

Las violaciones documentadas por la Codhey en la recomendación 10/2008 son sólo la punta del iceberg de la situación que priva en los Centros de Readaptación Social del estado de Yucatán. Cabe recordar que en días recientes 50 reclusos del Cereso de Mérida denunciaron la comisión de diversas violaciones a sus derechos humanos durante un cateo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado con la anuencia del Director de ese Centro de Reclusión.

De 2001 a la fecha se han emitido 5 recomendaciones con motivo de diversas violaciones a derechos humanos documentadas en el Cereso de Mérida (4 de la Codhey y 1 de la Comisión Nacional), otras dos por vulneraciones cometidas en el Cereso de Tekax y una derivada de violaciones cometidas por autoridades del Cereso de Ebtún, Valladolid.

Lo anterior viola principios básicos establecidos por Naciones Unidas para Centros de Reclusión, empezando por el más elemental que es la debida separación entre personas que están siendo procesadas y aquellas a quienes ya les fue dictada sentencia condenatoria. A pesar de ello ni la administración anterior ni la actual han tomado medidas para  revertir el deterioro que impera en los Centros de Reclusión del estado y las violaciones cometidas permanecen en la impunidad; como ejemplo de lo anterior está la permanencia de  Francisco Brito Herrera como Director del Cereso de Mérida, responsable, según las recomendaciones arriba mencionadas, de graves violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de internos, familiares y visitas.

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