Uso discrecional de los recursos públicos, sabotaje a los organismos ciudadanos, graves incumplimientos de un ombudsman protegido por el Congreso, persistencia de la impunidad, tolerancia del poder judicial hacia los tratos crueles cometidos contra la infancia, mínima reparación del daño, ruptura del Estado laico, homofobia legislativa, ausencia de medidas que hagan plenamente efectivos el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, despojos a pueblos enteros e invisibilización de la etnia maya son algunos de los hechos que contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Sureste de México.

En Yucatán la frivolidad esconde el desgobierno; un “set” como sede del ejecutivo, una telenovela como política pública y el teletón como programa social son las pantallas regionales para ocultar que los tres poderes, aquí nuevamente sometidos a uno solo, se han rendido ante el dinero.

El dinero gobierna. El dinero legisla. El dinero decide de quién son las tierras y quién es culpable en un juicio. El dinero determina a quién se le respetan los derechos y a quién no: quién puede concluir la escuela, quién tiene acceso a los servicios de salud, quién tiene derecho a la alimentación y quién tiene derecho a vivir… y cada vez son menos en el país de América Latina donde más ha crecido la pobreza y la desigualdad (CEPAL. Noviembre de 2009).

El Estado que se desdibuja en todo México en Yucatán muestra la perversión de doble rostro que abajo quiere comprar votos con zapatos y cobertores mientras en San Lázaro paga lealtades con camionetas.

El gobierno se empeña en incumplir sus obligaciones, aquí oculta información, miente en Washington sobre don Ricardo Ucán y se sabotea a sí mismo destruyendo a sus instituciones, pervirtiendo a los organismos autónomos y “ciudadanizados”.

2009 ha exhibido a los tres poderes de Yucatán y a los poderes fácticos:

Inició 2009 con una demanda de juicio político contra el ombudsman local, que incumple su función protegiendo a las autoridades, y concluye este año sin que el Congreso haya admitido o rechazado la demanda, aunque estaba obligado a hacerlo “a la brevedad”.

Inició 2009 con una intensa campaña para perpetuar la discriminación por orientación sexual que terminó elevando la homofobia a rango constitucional, atentando contra los principios del Estado laico y enarbolando una defensa de la vida que se traduce en muerte para las mujeres que intenten interrumpir su embarazo pues nadie les garantiza hacerlo en condiciones adecuadas de salud.

Avanzó 2009 sin resolver y sin siquiera consignar a los responsables de violencia contra doña Rafa, doña Tere y tantas mujeres más, a pesar de que cumplió un año de vigencia la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia en Yucatán. El informe de Indignación en la materia exhibe qué lejos estamos las mujeres de la justicia y cómo se ignora la ley aprobada.

En abril de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tardíamente resolvió el caso de los abusos y tratos crueles en la antigua Escuela Social de Menores Infractores y determinó una mínima reparación del daño a las y los agraviados, casi nueve años después de los hechos.

Llegamos al 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin ley contra la discriminación en Yucatán.

Concluye otro año con la persistencia de la exclusión de derechos para personas que viven con VIH/Sida a quienes se les niega la posibilidad de acceder al matrimonio y construir una familia.

Termina 2009 con la criminalización de la protesta en Candelaria que mantiene en la cárcel a quienes luchan por justas tarifas de luz; termina 2009 premiando con un puesto en el gobierno de Campeche a uno de los responsables del ataque y desalojo que desplazó a un pueblo en San Antonio Ebulá, Campeche.

Concluimos 2009 observando al Estado mexicano, por voz de los representantes del gobierno de Yucatán, mentir en Washington ante la CIDH, insistir en su incapacidad de reconocer los derechos del pueblo maya y de resarcir agravios a don Ricardo Ucán.

En México, atentados y asesinatos contra defensores de derechos humanos; la impunidad de Acteal, decretada por la Suprema Corte; el aumento de la pobreza y la desigualdad; despojo de tierras y desalojos que se repiten por todo el país impunemente parecen mostrar el límite de un Estado que se niega a serlo, que sabotea la democracia al negarse a respetar derechos humanos.

Desalojados de los medios que se suman a la apuesta por la frivolidad, los derechos humanos son todavía privilegio para unos cuantos en este país… y son también utopía para quienes, desde abajo, desde la defensa de la tierra, desde los márgenes se empeñan en hacerlos una realidad para todas y todos.

Pero 2009 es, también, un año tremendamente significativo para la historia de los derechos humanos en la península de Yucatán:

A 61 años de la Declaración Universal Doña Rafa y Doña Tere son mujeres que mantienen sus denuncias y la batalla contra la impunidad, a pesar de todos los obstáculos que mantiene el Ministerio Público de un gobierno que se niega a asegurar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Dos parejas que con una demanda de amparo continúan la batalla contra la discriminación para que el beso ya no sea forzosamente clandestino.

Tazmania, esa tierna furia, nos mostró el rostro de la indignación que, armada de paciente y amorosa rabia, mantuvo hasta el final el juicio por los tratos crueles e inhumanos en la antigua Escuela Social para Menores Infractores. Una sola que resistió amenazas y los defendió a todos.

El albergue Oasis de San Juan de Dios, con todo en contra, moderno quijote, se enfrenta a los molinos de viento de la discriminación y ahora exhibe a un gobierno que encubre a un funcionario acusado de despojo.

Los presos de Candelaria, Campeche, encarcelados por levantar un movimiento contra un pago injusto que es otra forma de despojo.

El pueblo de San Antonio Ebulá representa, para todos los pueblos de la península de Yucatán, un gran aprendizaje para la cada vez más necesaria defensa de la tierra y del territorio frente al dinero, la especulación o los megaproyectos.

Las más de veinte organizaciones de todo el país que acompañaron al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza, justicia y paz anuncian que desde abajo y desde las autonomías, avanza la construcción de un mundo en el que los derechos humanos sean ciertos para todas las personas.

2009 exhibe a un Estado que fracasó en derechos humanos y, al mismo tiempo, muestra el mundo que nace desde abajo, desde la periferia, desde los márgenes, desde los límites. Por ese mundo apostamos.

Cada batalla que este 2009 nos permitió acompañar honra nuestra Indignación y hace crecer nuestra esperanza.

Por eso este 10 de diciembre de 2009 San Antonio Ebulá, doña Trini y doña Rosa, don Ricardo Ucán, el Oasis de San Juan de Dios, los dos amores amparados contra la homofobia son sólo algunos de los nombres que nombran el sentido de nuestra Indignación y la llenan de Esperanza. En ellos queremos reconocer a todos y a todas las que construyen un mundo en el que los derechos humanos sean para todas y todos.

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Descarga aquí el cuaderno

Propuesta pedagógica para recuperar la historia, analizar las distintas
violencias contra las mujeres y articular experiencias

El equipo Indignación presentó un “cuaderno para comadrear”, material que incluye 28 programas de audio y textos con biografías de mujeres que han participado en la transformación de su entorno y con situaciones que retratan distintas violencias contra las mujeres.

“A partir de las biografías de algunas mujeres, cuyas historias se mantienen al margen de la historia oficial, aprendemos sobre distintos países y realidades de tal forma que el cuaderno puede resultar un curso sobre geopolítica y feminismo”, afirmó el equipo Indignación durante la presentación del libro a integrantes de organizaciones comunitarias y populares.

“Amadrinó” la presentación del libro la doctora Doris Ruiz Galindo, mujer pionera en el trabajo de educación popular en México que, junto con otras personas, fundó el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) en la Sierra de Puebla y que continúa impulsando propuestas educativas en los pueblos indígenas, como la Universidad Mixe en Oaxaca, la cual asesora, y una preparatoria en Chiapas.

Doris dijo que en los programas del cuaderno para comadrear encuentra tres enseñanzas o “consejos sabios” que le interesó destacar: la historia de nuestro pueblo y de otras mujeres es un camino liberador que proyecta un futuro lleno de esperanza y de vida buena (lekil kuxlejalil) para los pueblos. Añadió, sobre este primer eje, que el desconocimiento de la historia va borrando significados y deja crecer la desesperanza y propuso preguntarse cómo hicieron las mujeres cuyas biografías se presentan para cambiar su dolor en rabia que les dio energía para una vida nueva.

El segundo consejo es “júntense” y citó a Don Helder Cámara para decir que los sueños individuales se quedan en sueños y que son los sueños colectivos los que se hacen realidad.

Doris dijo que lo tercero que aprendió a partir del cuaderno es que no se nace luchadora ni sabia, sino que una se hace sabia y luchadora como respuesta a su historia.

Los programas de radio que incluye el “cuaderno para comadrear” se tomaron del portal electrónico de radialistas apasionadas y apasionados. A los textos el equipo Indignación les añadió un vocabulario redactado por sus integrantes así como preguntas que son una guía para comadrear.

El comadreo, actividad tan cotidiana y placentera, se recupera y se presenta como propuesta pedagógica que se inscribe en la lógica del “diálogo de saberes” y de la construcción colectiva del conocimiento.

La presentación se hizo en el Centro Loyola el lunes 10 de diciembre, que es el último de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y es el día en el que se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En la presentación Raúl Lugo Rodríguez destacó la efeméride señalando que la declaración nació con un sesgo de género contrario a la igualdad, puesto que el antecedente inmediato fue la “Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano”, en el marco de la revolución francesa.

Jorge Fernández Mendiburu se refirió a los incumplimientos del Estado mexicano de las recomendaciones derivadas del capítulo 5 del Diagnóstico de la ONU en materia de derechos humanos, capítulo que se refiere a las garantías fundamentales de las mujeres. Asimismo, deploró la resolución de la Suprema Corte de Justicia que desdeñó las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho y favoreció la impunidad de las autoridades involucradas.

Cristina Muñoz, Silvia Chalé y Martha Capetillo ejemplificaron cómo puede llevarse una reunión a partir de uno de los programas de audio y contaron la experiencia del diálogo en las reuniones comunitarias que llevó a hacer la propuesta del cuaderno para comadrear.

Entre las biografías se incluyen las de Rigoberta Menchú, la comandanta Ramona, las abuelas de la Plaza de Mayo, Gladis Marín y Olimpia de Gouges, entre otras. Los programas sobre situaciones de violencia abordan temas como la violencia física, la violencia verbal, el acoso laboral, la violencia patrimonial, entre otras.

En un ambiente fraternal, de confianza, entre “comadres” y algunos compadres dispuestos a “comadrear” y a aprender, se realizó la presentación del cuaderno. Previendo que el “comadreo” que se realizó en la presentación pudiera propiciar el compartir historias personales que requiriesen confianza y discreción de las y los asistentes, el equipo Indignación decidió comunicar el evento a los medios posteriormente y a través de este comunicado.

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El 10 de diciembre es el día en el que en todos lados se recuerdan los derechos humanos
y es también el último de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.
Por eso escogimos ese día para juntarnos a comadrear.
Si tú animas un grupo de mujeres, así como comadres, o si eres facilitadora de procesos comunitarios
o si eres catequista o si sólo eres una comadre con dudas y ganas de hacer algo,
te invitamos a conocer el nuevo material que preparamos para conversar chévere y aprender más.

Ese día, el 10 de diciembre a las 7:30 p.m. en el Centro Loyola, en Mérida,
nos reuniremos para oír también a una gran comadre que nos quiere un montón, Doris Ruiz Galindo,
a ver qué dice del trabajo que le dimos y nos cuenta cómo se puede usar mejor, porque ella ha trabajado hace un chorro de tiempo
y tiene mucha experiencia en educación popular.

También invitamos a un hombre del equipo Indignación, Jorge Fernández Mendiburu, feminista,
para que nos ponga al día de la situación de los derechos humanos en Yucatán, así como quien no quiere la cosa.

¡Ojalá y que puedas venir, nos va dar un gustazo!
Si quieres invitar a tus comadres o a tus amigas, serán también muy bienvenidas.

Bety, Martha y Cristina
Comadres Indignadas

Si quieres saber más háblanos al teléfono 913-70-21.

El Centro Loyola AC está en la calle 21 #74k x 12
de la colonia Chuburná de Hidalgo
(atrás del Colegio Mérida)

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Vida Digna
Todos los seres humanos, incluidos los 202,938 yucatecos y yucatecas que forman parte de la población ocupada que no recibe ingresos o recibe menos de un salario mínimo mensual , tienen derecho a una vida digna.

Artículos 3 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
________________________________________

Salud
Todas las mujeres tienen derecho a una buena atención durante el embarazo y el parto, incluidas las 14 que han muerto en Yucatán de enero a agosto de 2005, registradas como muertes maternas.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 30 de la Declaración de Beijing.
Artículos 10.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
________________________________________

Salud
Todas las personas tiene derecho a la salud e, incluso, a la seguridad social, incluyendo a las 882,602 personas de Yucatán que no son derechohabientes de ninguna institución de salud. La mayor parte de estas personas acude al Hospital O’Horán, que se encuentra en condiciones deplorables y sin capacidad para garantizar servicios médicos de calidad a quienes ingresan.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículos 9 y12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
________________________________________

VIH
Todos los seres humanos afectados por el SIDA, incluidos los 3,811 que se encuentran en Yucatán, tienen derecho a recibir medicamentos de forma gratuita y permanente, y a que este derecho se encuentre garantizado en la ley.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 12 c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
________________________________________
Salario Justo
Todas las personas, incluidas las 15,156 desocupadas en 2004 en Yucatán, tienen derecho a un trabajo justo y bien remunerado.

Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
________________________________________
Explotación Infantil
Todos los niños y niñas del mundo, incluidos los 8,825 niños y niñas entre 12 y 14 años que trabajan en Yucatán (más los que no aparecen en el Censo por ser menores de 12 años), tienen derecho a jugar, a reír, a estudiar, a una infancia protegida y feliz.
Artículo 32 de la Convención sobre los derechos de la niñez
Artículo 3.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

________________________________________

Identidad cultural y Lengua Materna
Todos los seres humanos, incluidos los 981,064 mayas yucatecos y yucatecas, tienen derecho a su identidad cultural, a su lengua materna y a que se reconozcan y respeten todos sus derechos como pueblo.

Artículos 2, 3 y 4 del Convenio 169 de la OIT
________________________________________
Juicios Justos
Todas las personas, incluyendo a don Ricardo Ucán Ceca, tienen derecho a un juicio justo e imparcial y tienen derecho a ser juzgados en su propia lengua y de acuerdo a sus propios sistemas normativos como parte de un pueblo indígena.

Artículos 8 y 10 de la Declaración universal de los derechos humanos
Artículo 9 y 10 del Convencio 169 de la O.I.T.
________________________________________
Sin discriminación
Todos los seres humanos, incluidos los 5,839 yucatecos y yucatecas que han emigrado hacia Estados Unidos, tienen derecho a un estatus legal que les permita vivir y trabajar sin discriminación de ninguna clase.

Artículo 7 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
________________________________________
Alimentación
Todos los seres humanos, incluido el 85 por ciento de la población maya que padece algún grado de desnutrición , tienen derecho a comer.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 1 de la Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición
Artículo 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

________________________________________
Vida sin violencia
Todas las mujeres del mundo, incluidas las 128,602 yucatecas mayores de 15 años con pareja en su hogar que declaran haber tenido al menos un incidente de violencia, tienen derecho a una vida libre de violencia.

Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer

________________________________________
Diversidad sexual
Todos los seres humanos, incluidos los gays y lesbianas, bisexuales y transexuales, tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos plenos ante la ley y ante la sociedad.

Artículo 2.2 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales

________________________________________
Alimentación
Todos los niños y niñas del mundo, incluidos los 40 que mueren en Yucatán cada mes por cada mil nacidos vivos , tienen derecho a alimentarse y crecer saludablemente.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 11.2 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
________________________________________
Agua
Todos los seres humanos, incluidas los 666,729 personas que viven en hogares de Yucatán sin agua entubada adentro de la vivienda, tienen derecho a disfrutar de este bien común no privatizable.

Artículo 1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

________________________________________
Educación
Todos los seres humanos, incluidos las 135,581 personas yucatecas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas.

Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 13.2.d) del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
________________________________________
Educación
Todos los seres humanos, incluidos los 18,205 mayas de 6 a 14 años que no asisten a la escuela, tiene derecho a la educación, incluyendo la educación superior.

Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 13.2.d) del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
________________________________________
Vida digna
Todos los seres humanos, incluida la mitad de la población latinoamericana bajo la línea de pobreza, tienen derecho a disfrutar de condiciones dignas de vida.

Artículo 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 11 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales

________________________________________

TODAS LAS PERSONA TENEMOS DERECHO A QUE SE ESTABLEZCA UN ORDEN SOCIAL E INTERNACIONAL EN EL QUE LOS DERECHOS Y LIBERTADES PROCLAMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SE HAGAN PLENAMENTE EFECTIVOS
Artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Todas las personas tenemos derecho a contar con legisladores y legisladoras que conozcan y entiendan nuestros derechos y que sean capaces de adecuar nuestra legislación a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Formato tomado de Radialistas apasionadas y apasionados

INEGI. XII Censo General de población y vivienda. México, 2000.
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Notificación de defunciones maternas por entidad federativa.
INEGI. XII Censo General de población y vivienda. México, 2000. (En Yucatán el 10 por ciento de quienes no son derechohabientes se ha afiliado al Seguro Popular).
Fuente: Departamento de Vigilancia epidemiológica del VIH/Sida e ITS de los Servicios de Salud de Yucatán. Junio de 2005.
FUENTE: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda. México, 2000
59.2% de la población es indígena maya. Fuente: Indicadores Socioeconómicos de los pueblos indígenas de México. Estimaciones de la población indígena, a partir de la base de datos del XII Censo general de población y vivienda 2000, INEGI.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000
Gilberto Balam Pereira citado por José Palacios/Proceso, 11 de octubre de 2004.
XII Censo General de población y vivienda. INEGI, 2000
Gilberto Balam Pereira citado por José Palacios/Proceso, 11 de octubre de 2004.
Fernández, Patricia. Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas. CDI e Inmujeres, México, 2005.
XII Censo de población y vivienda. INEGI, 2000.
XII Censo de población y vivienda. INEGI, 2000.

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Al Concluir el año 2004, y en el marco del 56 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Equipo Indignación advierte la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Yucatán y la incapacidad de los poderes del Estado para asegurar el pleno respeto y protección de estos derechos.
A partir de algunos casos que hemos acompañado y de las áreas a las que el Equipo le ha dedicado mayor atención durante 2004, ofrecemos un recuento de hechos que son motivo de alerta en esta materia y que requieren la atención inmediata por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

El caso de Don Ricardo Ucán: conjugación de violaciones
Don Ricardo Ucán Ceca, indígena maya sentenciado a 22 años de prisión por un homicidio que cometió en defensa de su vida y la de su familia, es ejemplo de diversas violaciones a los derechos humanos cometidas contra él en diferentes instancias y es ahora, sobre todo, ejemplo de la incapacidad de los poderes de Yucatán por asegurarle el nivel máximo de protección a sus derechos humanos que implicaría resarcirle los daños que se le han ocasionado.
Durante el juicio, a Don Ricardo se le violaron sus derechos a contar con traductor y con una defensa adecuada. La ausencia de una defensa adecuada fue a tal grado ignominiosa que Blanca Segovia Ruiz, su “defensora de oficio”, no estuvo presente en la declaración de don Ricardo ante el Ministerio Público y, ya en el juzgado, ni siquiera presentó conclusiones finales a favor de su defendido. El juez, de manera indebida y sin pronunciarse en torno a la ausencia de defensa del procesado, únicamente tomó como válidos los argumentos del órgano acusador, es decir, el Ministerio Público, para sentenciar a 22 años de prisión a Ricardo Ucán. Esto ha sido ampliamente documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en su recomendación número 40/2003.
Además, la defensora de oficio no ofreció ninguna prueba de descargo, ni siquiera la pericial, para determinar que el arma del occiso había sido disparada. Los magistrados que integran la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán convalidaron todas las violaciones al debido proceso cometidas en perjuicio de don Ricardo Ucán y confirmaron en segunda instancia la pena de 22 años de prisión. Nuevamente don Ricardo estuvo sin defensa. Aunque la defensora de oficio fue apercibida por ese Tribunal para presentar agravios, no lo hizo.
Cuando se presentó el amparo directo, el Equipo Indignación ya tenía conocimiento de este caso y solicitó a Defensoría Legal acceso al caso para contribuir en la presentación de los alegatos. Este escrito ni siquiera nos fue respondido. La sentencia se dictó sin que pudiésemos intervenir en el caso.
La obligación que los Estados tienen de garantizar los derechos humanos implica, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.
El Ejecutivo tardó casi tres meses en responder negativamente la petición de indulto que le formuló don Ricardo Ucán, sin ofrecer alguna vía para resarcirle los daños.
Por otro lado, el proceso administrativo en contra de la abogada de oficio ha terminado en su inhabilitación por un año en la función pública. Pero la impunidad campea: hasta el momento en que este informe se escribe, la multicitada funcionaria continúa prestando sus servicios en el Juzgado de Tekax.
El caso de don Ricardo implica a todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, por la deficiente procuración de justicia y la negligencia de la defensoría legal que de él depende; el Legislativo, porque Yucatán no cuenta con la figura del indulto que podría contribuir a resarcirle los daños y por no proporcionar el marco legal necesario para la defensa de los derechos del pueblo maya; el Judicial, por no contar don Ricardo con la defensa adecuada en el proceso judicial, no resguardar debidamente el expediente judicial y no contar con traductores oficiales.
No se ha encontrado la manera de resarcir a don Ricardo los daños que la negligencia de los tres poderes del Estado le ha causado. Don Ricardo sigue en la cárcel como doloroso testimonio de las condiciones estructurales que impiden el respeto a los derechos humanos en Yucatán.

Violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales
Una de las violaciones sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales sigue siendo, en nuestro estado, la persistencia de la pobreza extrema, especialmente en la población indígena del campo y las ciudades. Sigue habiendo una marcada ausencia de acciones que reviertan las profundas inequidades que caracterizan la convivencia social de los yucatecos y yucatecas. Más allá de acciones asistenciales, no existe una política estatal que esté enfrentando de manera eficaz el problema de la pobreza y la grave situación que revelan los altos índices de desnutrición en nuestro estado.
Al Equipo Indignación le preocupa la incapacidad de los poderes ejecutivo y legislativo para entender los derechos elementales precisamente como derechos que deben ser protegidos y tutelados por el Estado.
Existen acuerdos internacionales, firmados y ratificados por México, como el Protocolo de San Salvador, que exigen una orientación de la inversión y el gasto públicos para combatir la pobreza, una atención progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, con diseños cuantificables y sistemas evaluativos. Los tres poderes del Estado deberían ser conscientes de estas obligaciones.
El gobierno de Yucatán, por otra parte, continúa incumpliendo la obligación de contar con lugares adecuados para albergar a los menores víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y desamparados, respectivamente.

Violaciones al derecho a la equidad
En Yucatán persiste la discriminación por motivos de género, de orientación sexual o de condición étnica. Sin embargo, este delito no está tipificado en el código penal, lo que propicia que se violen derechos humanos y que estas violaciones queden impunes. El Estado incumple su obligación de brindar protección eficaz a los derechos de todas las personas mientras continúe sin tipificarse la discriminación.
Equidad de género
La violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo es la manifestación más dramática de la inequidad en las relaciones de género. No advertimos en Yucatán una acción integral de los poderes del Estado para revertirla y garantizarnos el derecho a la justicia y a la equidad.
“La violencia, además de ser delito que requiere prevenirse, combatirse y sancionarse, es también resultado, efecto de una sociedad que subordina y excluye a la mujer” . Frente a esto, el Estado tiene obligaciones precisas que cumplir.
Es por eso que el plan para erradicar la violencia contra la mujer requiere enmarcarse en un proyecto integral, que permita combatir todas las formas de violencia así como las causas que la generan, y que esté sustentado en leyes hechas con perspectiva de género.
En este año electoral ha quedado de manifiesto la inequidad en el ámbito político. A pesar de la obligación que tienen los partidos de postular mujeres en un 30% de las candidaturas a puestos públicos, la realidad es que, terminado este año electoral, contamos en Yucatán con muy poca presencia de mujeres en la Cámara de Diputados (el 20%), una presencia casi nula de presidentas municipales y una representación mínima en el cabildo de la capital del Estado: una sola regidora en un cuerpo edilicio de 20 componentes.
Pueblo maya
La población maya yucateca es, por su parte, el grupo social más afectado por la pobreza, pero no solamente eso: sino que sus derechos como pueblo no son reconocidos en nuestras leyes y no son ni siquiera nombrados en ninguna de ellas. Aun cuando se ha creado ya una Comisión de Asuntos Étnicos en el Congreso del Estado y a pesar de que algunos legisladores se comprometieron, desde su campaña, a legislar en materia indígena, el equipo Indignación advierte la pertinencia de reflexiones expresadas por algunos grupos mayas que se pronuncian en contra de reformas o leyes locales en esta materia mientras no se cumplan los acuerdos de san Andrés.

Instituciones ciudadanas y derecho a la participación
Los esfuerzos de la sociedad civil por impulsar instituciones ciudadanas y autónomas, indispensables en un estado democrático, se han visto empañados por leyes deficientes o por una cuestionable actuación de los legisladores al elegir a los integrantes de estos organismos.
Es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Consejo ciudadano del Instituto Electoral del Estado y del Instituto Estatal de Acceso a la información pública, organismos cuya legislación tiene que revisarse y reformularse para garantizar la independencia y pericia de sus integrantes.
Reconocemos, por otra parte, que ha aumentado participación de la sociedad en instancias gubernamentales a través de consejos ciudadanos. Estos consejos, sin embargo, requieren una normatividad que otorgue garantías a su existencia y funcionamiento y que ofrezca mayor transparencia sobre la elección de quienes participan en ellos. Es el caso del Consejo Municipal de la Mujer, del Consejo del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán y del Coesida. Sobre este último, a pesar de contar, finalmente, con reglamentación que lo oficializara, la dirección del Coesida contravino su propia reglamentación al aceptar a organizaciones que no cumplían con los requisitos y ocasionó que se retiraran de este órgano consultivo las pocas organizaciones civiles con experiencia y trabajo en la materia.

Violaciones al derecho a la justicia
La Procuraduría de Justicia del Estado es la institución pública que mayor número de recomendaciones por violación a los derechos humanos ha recibido.
La dilación, el soborno, los privilegios, las omisiones, la falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas, la prepotencia, son actitudes que siguen generando una cultura de impunidad hacia los servidores públicos que tienen la delicada encomienda, irrenunciable en un estado auténticamente democrático, de ofrecer a todos y a todas, la seguridad del derecho a la justicia.
El mismo caso de don Ricardo Ucán revela la persistencia de violaciones a las garantías individuales en los Ministerios Públicos y la deficiencia de los defensores de oficio, que redunda en reiteradas violaciones al derecho constitucional y humano a una defensa adecuada.
El Poder Judicial ha sido cuestionado por la dilación de sus procesos y por la falta de independencia de sus integrantes. Reiteramos que Yucatán no cuenta aún con un órgano de vigilancia de los jueces, como podría ser el Consejo de la Judicatura.
Todos estos problemas, ya de por sí graves, cobran una relevancia mayor cuando constatamos la profunda inequidad que existe entre la capital del estado y los demás municipios en cuestiones de procuración y administración de justicia. Esta inequidad, creada por múltiples acciones y omisiones a lo largo de muchos años, es a la vez causa de otros abusos de poder, de abandono institucional y de saqueo a los bolsillos de los más pobres.

El derecho a la Salud y la Codhey
En fechas recientes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) realizó un diagnóstico de la situación de los centros hospitalarios dependientes de la Secretaría de Salud y de los centros de reclusión carcelaria. La Codhey, renunciando a usar el arma que la ley le proporciona para conminar al Estado a cumplir con sus deberes, que es la recomendación, se limitó a hacer algunas “propuestas”.
Así, aunque quedó en evidencia la deplorable situación de los servicios de salud y del sistema carcelario en el estado, de manera especial de aquellos centros rurales que atienden, precisamente, a los grupos sociales en pobreza extrema, el diagnóstico no pasó de ser una medida publicitaria de la Codhey, que desperdició una oportunidad de hacerle recomendaciones al Ejecutivo del estado.
El Secretario de Salud, por su parte, más que aplicarse al reconocimiento y solución de las deficiencias señaladas en el informe de la Codhey, reaccionó solicitando el reconocimiento por algunos logros de su gestión.

Conclusión
La falta de conocimiento y la inexperiencia en legislación y compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la descomposición política, la ineptitud en los procesos de procuración e impartición de justicia que provocan serias violaciones a las garantías jurídicas e impunidad en las autoridades, las limitaciones de la institución estatal de defensa de los derechos humanos, son algunos de los más visibles rasgos que dificultan la plena vigencia de los derechos humanos en Yucatán.
Exhortamos a la actual legislatura a revisar de manera integral la legislación local de forma tal que proteja y garantice eficazmente los derechos humanos y esté de acuerdo con los compromisos internacionales que México ha signado.
Al poder Ejecutivo la reiteramos la necesidad de establecer una instancia encargada de la política estatal de respeto y promoción de los derechos humanos, que le permita cumplir su obligación de garantizar y proteger de forma eficaz, con pericia y conocimiento, los derechos humanos, propuesta presentada desde octubre de 2002 que, hasta la fecha, no ha tenido respuesta.

1. Recomendación 10/2002 de la CNDH.
2. Carlos Rodríguez. Presentación de la guía para elaborar presupuestos municipales con enfoque de equidad de género. Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara.

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A 55 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al celebrarse en Yucatán la cumbre anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, el Equipo Indignación emite esta Declaración Local de los Derechos Humanos.

Considerando que Yucatán es uno de los estados más pobres de la República mexicana y que tal condición lo convierte en un territorio representativo de la incapacidad del Estado mexicano para procurar la plena vigencia de los derechos humanos,
Considerando que, debido a esa profunda pobreza, Yucatán es también uno de los estados de la República mexicana con mayor índice de desnutrición infantil,
Considerando que Yucatán es un estado mayoritariamente indígena cuyos habitantes mayas no encuentran reconocidos sus derechos en la legislación local,
Considerando que la población maya yucateca no sólo no ve reconocidos sus derechos en tanto pueblo indio, sino que ni siquiera ve respetado su derecho a juicios justos realizados en su propia lengua, como demuestra el caso de Don Ricardo Ucán Ceca*,
Considerando que tanto los integrantes del Poder Legislativo, como los del Poder Judicial y Ejecutivo de Yucatán desconocen la mayor parte de los convenios firmados por México ante la ONU, lo que representa un serio obstáculo para promover su cumplimiento,
Considerando que en Yucatán no hay una instancia para evaluar el desempeño de los jueces y sancionarlos por posibles actos de corrupción,
Considerando que hace sólo una semana que la tortura es considerada delito en Yucatán,
Teniendo en cuenta que en Yucatán no está tipificada la discriminación como delito,
Considerando el enorme trabajo que costó a la sociedad civil contar con una Comisión Estatal de Derechos Humanos independiente y autónoma y teniendo en cuenta la reiterada negativa del actual Procurador de Justicia del Estado de Yucatán a aceptar las recomendaciones que esta Comisión ha emitido,
Considerando que en Yucatán persiste la impunidad de las autoridades que en el pasado reciente cometieron o permitieron violaciones a los derechos humanos, como la escandalosa tolerancia del ex gobernador y el ex secretario de gobierno que supieron de los tratos crueles y torturas que sufrieron infantes internos en la Escuela Social de Menores Infractores,
Teniendo en cuenta que el estado ha sido incapaz de garantizar el respeto a los derechos laborales, especialmente de las personas empleadas en maquiladoras en Yucatán, a quienes se impide organizarse en sindicatos,
Considerando que continúa, especialmente en las maquiladoras, la práctica de solicitar exámenes de no gravidez a las mujeres que solicitan empleo y que esto no es sancionado por el gobierno,
Teniendo en cuenta que persiste la inequidad de género en Yucatán y que las acciones de gobierno distan mucho de mostrar su eficacia para lograrla,
Considerando que Yucatán es uno de los estados de la república más afectados por la pandemia del Sida y que no contamos aún con campañas de prevención, eficaces y dirigidas a los grupos de población más afectados.

Reconociendo que el actual gobierno estatal ha disminuido sensiblemente su participación activa en algunos casos de violaciones a los derechos civiles y políticos, pero advirtiendo que continúa la violación a derechos humanos fundamentales por omisión del Estado, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales,
Teniendo en cuenta que las anteriores consideraciones convierten a Yucatán en un lugar representativo de cualquier territorio empobrecido de América Latina, para cuyos habitantes no ha sido posible encontrar reflejados en su vida cotidiana los esfuerzos de quienes impulsan, desde la ONU, el respeto a los derechos humanos,
Considerando el riesgo de que se debilite la ONU, cuya autoridad ignoró Estados Unidos al declarar y ejecutar la guerra contra Irak, guerra que continúa y ante la que expresamos nuestra más profunda condena.
Celebrando la mundialización de la indignación ética que deploró la guerra contra Irak, que advierte los riesgos de una globalización neoliberal, que aumentaría la pobreza y profundizaría la desigualdad,

el Equipo Indignación se pronuncia públicamente y proclama que

OTRO MUNDO ES POSIBLE

Un mundo en el que don Ricardo Ucán vea garantizado su derecho a una defensa efectiva y a un juicio en su propia lengua;
un mundo en el que el pueblo maya de Yucatán encuentre reconocidos sus derechos en la constitución local y nacional, y cuente con los instrumentos jurídicos necesarios para reproducir, con dignidad y respeto, su diversidad y riqueza cultural;
un mundo en el que las mujeres puedan denunciar la violencia con la certeza de que no habrá impunidad;
un mundo en el que el Estado reconozca y asuma su obligación de destinar todos los recursos posibles para que sean respetados los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas;
un mundo en el que la justicia pronta y expedita no sea mercancía ofrecida al mejor postor, sino un derecho garantizado para todos y todas;
un mundo en el que las diversidades sean respetadas y en el que los núcleos más vulnerables de la población ven sus demandas atendidas;
un mundo, en fin, donde no haya cabida para la impunidad y los derechos humanos de todos y todas sean reconocidos y respetados.

La vigencia de los derechos humanos es hoy, la medida definitiva para juzgar la calidad de los gobiernos. En el 55º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos instamos a los gobiernos reunidos en esta cumbre de la ONU, particularmente al gobierno de México, a redoblar esfuerzos para que tal Declaración deje de ser solamente un puñado de buenas intenciones y se convierta en la posibilidad cierta de un mundo cortado a la medida de la dignidad y el bienestar de todos y todas.

*Don Ricardo Ucán fue condenado a 22 años de prisión por el delito de homicidio calificado. En el juicio la defensora de oficio no usó pruebas que demostraban que don Ricardo actuó en defensa propia. El juicio se llevó en español a pesar de que don Ricardo es mayahablante. La Codhey emitió la recomendación 40/2003.

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Al conmemorarse el 54º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Equipo INDIGNACIÓN lamenta que Yucatán continúe padeciendo un grave rezago en este campo.
Yucatán, como parte de México, sufre la continuación de un modelo económico que profundiza la pobreza y la violación de los derechos más elementales.
A este desastre económico hay que añadir que, en Yucatán, continúan violándose los derechos individuales de los ciudadanos y ciudadanas, tanto por acciones y omisiones de las autoridades, como por la ausencia de leyes que garanticen la vigencia de estos derechos.
Incumplimiento de recomendaciones, impunidad de quienes violaron los derechos humanos, ausencia de ley contra la tortura y contra la discriminación, serios cuestionamientos al Poder Judicial, ausencia de un consejo de la judicatura, entre otras graves situaciones, ponen en evidencia el rezago que Yucatán padece en materia de Derechos Humanos, rezago imputable a los tres poderes del Estado.
La permanencia, en la actual administración, de personas que en el pasado fueron cuestionadas por su responsabilidad en violaciones a derechos humanos o por su participación en actos de corrupción, la ausencia de una política de promoción y respeto de los derechos humanos, la incapacidad de ofrecer información a la ciudadanía sobre asuntos relacionados con los derechos humanos cuestionan el compromiso del poder ejecutivo en la construcción de un estado democrático, que implica la creación y consolidación de instituciones que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos, que contemplen la existencia de mecanismos de revisión y sanción de la actuación de las autoridades y que sean un contrapeso al ejercicio del poder.

IMPUNIDAD E INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

El gobierno del estado de Yucatán recibió, durante este año y parte del anterior, tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: la 24/2001, referente a violaciones a los derechos humanos de internos en el Centro de Readaptación Social del Estado; la 9/2002, relativa al fallecimiento de dos personas seropositivas como consecuencia del trato discriminatorio que sufrieron en el Hospital O’Horán, y la recomendación 10/2002, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra niños y niñas internos en la Escuela Social de Menores Infractores. Ninguna autoridad ha sido sancionada por su responsabilidad en dichas violaciones a los derechos humanos.
A la ausencia de sanciones se suma la permanencia en el cargo de quienes fueron responsables de las violaciones a derechos humanos. Quien fuera director del Centro de Readaptación Social de Estado cuando se cometieron las irregularidades que la CNDH señala en la recomedación 24/2001, el prof. Francisco Brito, continúa en el mismo cargo.
Continúan también impunes quienes participaron en el desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fueron responsables de obstaculizar el derecho de yucatecos y yucatecas a elegir autoridades.
La incapacidad, dilación e ineficacia de la Procuraduría estatal para investigar y fincar responsabilidades se extiende también a otros casos, lo que deja en situación de indefensión a las víctimas de delitos en Yucatán y entorpece el acceso a la justicia.

TRES PRESUNTOS CASOS DE TORTURA

En los últimos meses hemos sabido, a través de los medios de comunicación, de al menos tres presuntos casos de tortura atribuibles a elementos de la Policía Judicial del Estado: uno en Valladolid, otro en Kanasín y uno más en Tekax.
En el primer caso se sabe que los agentes presuntamente responsables de tortura fueron suspendidos y se sabe también que se presentó una denuncia contra ellos. Sin embargo, se desconoce si a dichos agentes o a los de los otros dos casos se les sigue un juicio o si han recibido alguna sanción.
A estos casos se suma la muerte de un policía en los separos de la S.P.V. en circunstancias aún no esclarecidas.
El hecho se agrava debido a que Yucatán todavía no cuenta todavía con una ley contra la tortura, a pesar de que reiteradamente este Equipo ha insistido ante el Congreso en la urgencia de legislar al respecto.

SIDA Y DERECHOS HUMANOS

Este año fue uno de los más álgidos en la batalla de las personas que viven con VIH/Sida por el respeto a sus derechos humanos, particularmente el derecho a la salud. A pesar de haber conseguido que el Gobierno Federal, en obediencia a tratados internacionales que nuestro país había firmado, destinara un presupuesto especial a ampliar la cobertura de medicación a más pacientes sin seguridad social, los derechos de las personas infectadas están lejos de verse reconocidos y respetados. Recientemente la desincorporación de 177 pacientes que recibían atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha venido a agravar el problema del desabasto de medicamentos y de la asistencia médica y hospitalaria en los Servicios de Salud de Yucatán (SSY). No obstante que los SSY han solicitado y conseguido un presupuesto de emergencia para resolver esta situación, no se ha podido atender a los pacientes debido a la reticencia del IMSS para entregar los expedientes clínicos de los pacientes y la negativa de avisarles de manera formal y personal a los hoy ex derechohabientes, tanto de su baja del IMSS, como del lugar al que ahora deberán dirigirse para recibir la atención médica que necesitan.
A ello se suma la falta de cumplimiento total de la recomendación 9/2002 que sancionó al gobierno de Yucatán por la discriminación cometida contra enfermos de VIH en el Hospital O’Horán. Las acciones discriminatorias contra las personas seropositivas se ven acentuadas por la ausencia de una ley en contra de la discriminación que permita denunciar esta práctica y sancionar a quienes la ejerciten.

EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial opera en medio de serios cuestionamientos acerca de su independencia. Recientemente una jueza se negó reiteradamente y sin fundamento a permitir una inspección solicitada por la procuraduría a raíz de la denuncia presentada por el señor Armando Medina Millet, quien denunció falsificación de pruebas en su contra. Finalmente la jueza accedió a la solicitud de la procuraduría. El caso, sin embargo, pone de relieve la frágil independencia del Poder Judicial y el desprestigio de sus integrantes.
La ausencia de un Consejo de la Judicatura que permita revisar la actuación de los jueces y sancionar a quienes incurran en actos de corrupción o de parcialidad es hoy una circunstancia que permite a quienes integran el Poder Judicial actuar sin un órgano de vigilancia que frene abusos e impida la impunidad.

AUSENCIAS LEGISLATIVAS

El Poder Legislativo del Estado se ha caracterizado por su inacción. Una sola ley se ha aprobado en todo el tiempo que lleva en funciones la actual legislatura, ley que fue obstaculizada por la bancada priísta del Congreso.
Las ausencias legislativas en materia de derechos humanos son muchas: ley contra la tortura, ley contra la discriminación, creación del Consejo de la Judicatura, reformas a la ley orgánica de municipios para garantizar del derecho de habitantes de comisarías a elegir a sus autoridades, revisión de la legislación estatal para proteger a las mujeres, ausencias a las que hay que añadir la omisión de la legislatura estatal durante el proceso de reformas a la Constitución Federal con motivo de la ley sobre derecho y cultura indígena.

LLAMADO

El Equipo Indignación considera que el gobierno del Estado carece de una visión integral en materia de derechos humanos y de una política capaz de garantizar la plena vigencia de estos derechos.
Considerando todo lo expuesto en este documento, proponemos al Gobierno del Estado que, respondiendo a la naturaleza del mandato de la Secretaría de Gobierno, ésta cuente con una instancia del más alto nivel que sea la encargada de diseñar, implementar y dar seguimiento a la política interna de respeto y promoción de los derechos humanos Yucatán, basada en los estándares internacionales a los que México está obligado a responder. Esta instancia deberá estar también capacitada para ofrecer a la ciudadanía información precisa sobre los avances del gobierno en esta materia.
El Equipo Indignación exhorta al Congreso del Estado a tomar conciencia de su responsabilidad en el rezago legislativo que padece Yucatán en materia de derechos humanos, rezago que se traduce en una gran vulnerabilidad de la ciudadanía frente a los casos de abusos de autoridad y le reitera el llamado a atender este rezago homologando la legislación local a los estándares internacionales que, como parte de México, Yucatán está obligado a cumplir.

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En Yucatán persiste un grave rezago en materia de derechos humanos, que se advierte en la ausencia de ordenamientos legales y en la persistencia de leyes que vulneran derechos fundamentales, por una parte y, por otra, en la falta de acciones que corresponden al Ejecutivo, como el combate a la impunidad. La celebración del 53º. Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos es ocasión propicia para señalar este rezago e insistir en la responsabilidad que tienen los poderes Legislativo y Ejecutivo para atenderlos.
El incumplimiento en esta materia o la dilación para atenderla acentúa el rezago, afecta a la población y retarda la posibilidad de vivir en un estado democrático, respetuoso de los derechos humanos.
De acuerdo con las áreas en las que el Equipo Indignación trabaja, las urgencias son:

I. EN EL COMBATE AL AUTORITARISMO

a) Los derechos políticos
El reciente cambio en la administración estatal genera la percepción de que la batalla por garantizar el derecho a elegir autoridades comienza a rendir frutos en Yucatán. Sin embargo, este derecho fundamental aún requiere fortalecerse. En nuestro Estado continúa pendiente la reforma electoral. El reciente proceso mostró debilidades en la legislación, que impidieron la participación en condiciones de equidad, e incongruencias entre los ámbitos federal y estatal en materia electoral que requieren revisarse.

b) La batalla contra la impunidad
Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, que queden en la impunidad los presuntos delitos cometidos por servidores públicos durante el período del desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras estos hechos no sean investigados y, en su caso, sancionados, el desacato será un capítulo abierto en Yucatán que invitará permanentemente a reincidir.
Incluso en un caso tan delicado por incluir presuntos delitos cometidos contra menores infractores, el Gobierno del Estado y la Procuraduría de Justicia del Estado han omitido iniciar averiguaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionarlas.
La omisión del Ejecutivo en la batalla contra la impunidad se ve agravada por la permanencia de algunas personas en cargos de responsabilidad, así como por cuestionables nombramientos, como el del actual titular de la Subprocuraduría de Prevención del Delito, que se le otorgó a una persona contra la cual hay una denuncia penal reciente, aún no resuelta.

c) Sobre la ley Orgánica de los municipios del Estado de Yucatán.
El derecho a elegir autoridades se ve continuamente amenazado para los habitantes de las comisarías y subcomisarías del Estado de Yucatán, quienes se encuentran en condiciones de indefensión jurídica frente a los y las presidentes municipales que intentan usurpar este derecho a los vecinos y vecinas de estas poblaciones. La Constitución del Estado debe amparar este elemental derecho y reglamentarlo de acuerdo con las expectativas de los propios habitantes de las comisarías.

d) La re creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
La actual legislatura se ha demorado frente a la impostergable demanda ciudadana de reformar la comisión de derechos humanos. La dilación de esta legislatura afecta profundamente la situación de los derechos humanos en el Estado y cuestiona sus prioridades.
Continúa a cargo de la Comisión un presidente interino o sustituto, que lleva ya 9 meses en esta irregular situación. No podemos menos que deplorar la tardanza del Congreso en este delicado y urgente campo.
Aún no se ha iniciado una investigación sobre la gestión de Rafael Cebada como Presidente de la Codhey. En 1999 el Equipo Indignación presentó ante el Congreso una demanda de Juicio Político. Si bien esta demanda no prosperó bajo la figura del juicio político, hay hechos que debieran ser investigados y sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exigiendo la rendición de cuentas de su ex titular.

e) La tortura
Yucatán es el único estado de la República Mexicana que no cuenta con una legislación para prevenir y sancionar la tortura, ausencia grave que es ahora responsabilidad de la actual legislatura. Los ciudadanos y ciudadanas de Yucatán estamos jurídicamente indefensos frente a actos de Tortura. Este delito no se puede denunciar como tal y mucho menos exigir la reparación del daño.

II. DERECHOS INDÍGENAS

Yucatán es un estado multiétnico y pluricultural, que se niega a reconocerse como tal. El pueblo maya posee enormes riquezas culturales y conserva, en algunos casos, sus propios sistemas normativos y de elección de autoridades. Sin embargo, sus derechos como pueblo no están reconocidos en la Constitución del Estado.
Sin el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios, difícilmente cambiará la relación entre los pueblos mayas y las instituciones del Estado, que ha sido de dependencia, discriminación y violación cotidiana de derechos.
Exigimos una búsqueda legislativa que respete lo pactado en San Andrés, y reconozca los derechos de los pueblos indios de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa.
El Congreso del Estado de Yucatán no ha votado dicha ley —lo hemos llamado a rechazarla—, incumpliendo su obligación. La reforma estatal en esta materia está pendiente, pero tendrá poca eficacia sin el amparo que proporciona el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios en la Carta Magna.

III.- DIVERSIDAD, TOLERANCIA Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN

a) Los seropositivos
Con respecto a las personas que viven con VIH/SIDA, los problemas detectados en Yucatán son: la falta de servicios médicos adecuados, especialmente en el área rural; respuestas limitadas ante quejas de violación a los derechos humanos; incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM 010-SSA2-1993), particularmente en lo que toca a la confidencialidad y no obligatoriedad de la prueba de detección del VIH, situación agravada en el sector laboral, sea por negativa a admitir en los centros de trabajo a personas seropositivas, como por despidos injustificados; falta de información pública suficiente y escasa labor de prevención de parte del Estado.
Por eso proponemos:
Garantizar a todos y todas el derecho a una información completa y veraz sobre la prevención de esta enfermedad y sobre los derechos sexuales y reproductivos, respetando la capacidad del hombre y la mujer para tomar decisiones.
Incorporar al código penal del Estado el delito de discriminación.
Vigilar que las empresas no apliquen la prueba de VIH a quienes solicitan empleo o realizan otros trámites administrativos, en cumplimiento de la Norma Oficial, en su párrafo 6.3 y sancionar a las que lo hagan.
Reglamentar el derecho de las personas infectadas a casarse y formar una familia, salvando el derecho al conocimiento informado de la futura pareja.
Crear programas de cobertura total y permanente de medicamentos al 100% de los infectados de población abierta, garantizando que el presupuesto asegure la atención de este sector vulnerable de la población.

b) Perspectiva de género
La actual legislatura no ha concretado el compromiso de crear la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
Al constatar que en algunos centros de trabajo persisten prácticas violatorias de los derechos humanos, como la aplicación de la prueba de embarazo para solicitar empleo, advertimos que el Gobierno del Estado está incumpliendo la obligación de vigilar que las empresas funcionen con apego a las leyes. El Congreso del Estado debe tomar esto en cuenta a la hora de revisar los informes que el Ejecutivo rinda.
Celebramos las acciones que tanto en el gobierno estatal como en el municipio de Mérida se han emprendido para dar atención integral a las mujeres que sufren violencia o cuya integridad está en riesgo.
Alertamos, sin embargo, sobre la urgencia de hacer una revisión de los ordenamientos legales con perspectiva de género, para lo cual se requiere de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
En la procuración de justicia el Estado dista mucho de garantizar la atención eficaz y respetuosa de las mujeres víctimas de violencia, para lo cual debe capacitar a su personal y eliminar las dificultades que pone el Ministerio Público en las denuncias por violación o abuso sexual.

IV.- PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

a)Sobre la procuración de justicia
No existe la garantía de la tutela efectiva de los derechos de la víctima, incluyendo aspectos como reparación del daño.
En el pasado la dependencia del Ministerio Público con respecto al Ejecutivo impidió la eficaz procuración de justicia, especialmente en los delitos atribuidos a servidores públicos, por lo que deben buscarse los mecanismos adecuados para garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público.
Revisar el código penal y homologar la edad penal a los 18 años, respetando los tratados internacionales firmados por México. La disminución de la edad penal no es un factor de disminución de los índices de inseguridad pública. Es necesario establecer sistemas eficaces de prevención del delito entre los menores, garantizando el respeto a los derechos humanos.
Urge reestructurar integralmente el sistema penitenciario y las leyes que lo rigen.

b)Impartición de justicia
La persistencia de actitudes negligentes o dilación en el proceso, por el que los plazos dentro de los procedimientos duran más tiempo que el permitido por la ley; la extorsión; la falsificación de documentos; la negativa a la reparación del daño por parte del Estado; el tráfico de influencias y la negativa al derecho de petición son ejes del diagnóstico de la violación al derecho a juicios justos.
Se requiere un órgano de vigilancia y disciplina para el poder judicial, como puede ser un Consejo Estatal de la Judicatura, análogo al federal. Deberá garantizarse que este órgano actúe con autonomía e independencia.

c)Las cárceles
Aun cuando la actual administración haya heredado cárceles en condiciones inhumanas gestadas desde gobiernos anteriores, todavía desconocemos qué acciones ha emprendido para garantizar los derechos humanos de los internos e internas de los Centros de Readaptación Social del Estado.
Tenemos conocimiento de que este gobierno recibió ya una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero desconocemos hasta qué punto la ha cumplido.
Es pertinente señalar que diferentes administraciones priístas recibieron, continuamente, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 1993 por las condiciones violatorias a los derechos humanos en que se encontraban las cárceles del Estado. Esas recomendaciones se mantuvieron durante mucho tiempo como “parcialmente cumplidas.”. Es obligación del Ejecutivo garantizar que se cumplan en su totalidad e investigar a los responsables de las graves irregularidades que se encontraron en esos centros de readaptación.

V.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Hay indicadores que colocan a Yucatán en el cuarto Estado del país en nivel de pobreza. Están en riesgo para un amplio sector de la población los derechos más elementales que garantizan una vida digna. Sin atender las causas que dan origen a esta situación, difícilmente podremos aspirar a vivir en un estado democrático y difícilmente las autoridades podrán decir que cumplieron con su encomienda.
La actual situación económica pone en riesgo derechos laborales, que deben ser protegidos por el Estado.
Los derechos humanos, su pleno reconocimiento y respeto, será la medida para evaluar el trabajo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Yucatán.

Indignación A.C.
Promoción y defensa de los derechos humanos

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2001

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