Situación de la libertad de expresión y derecho a la información de comunidades indígenas en México, requiere posicionamiento del relator de derechos indígenas de la ONU

Comunicado Conjunto

 Artículo 19 | Indignación | Maderas del pueblo del Sureste

Situación de la libertad de expresión y derecho a la información de comunidades indígenas en México, requiere posicionamiento del relator de derechos indígenas de la ONU

  • Se hace un llamado al Relator de Derechos Humanos, Francisco Calí Tzay, a instar al Estado mexicano a garantizar de manera urgente el derecho a la información de los pueblos indígenas sobre la COVID 19
  • Asimismo, se pronuncie sobre la situación de los megaproyectos y el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas en el país.
  • Además, ponga especial atención a las agresiones perpetradas en contra de personas comunicadoras y periodistas indígenas, debido a su labor periodística y a su pertenencia étnica.

 

Ciudad de México 24 de septiembre de 2020.- En el marco del 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se está celebrando del 14 de septiembre al 7 de octubre de 2020, las organizaciones abajo firmantes llamamos al Relator de Derechos Humanos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, a fin de que exhorte al Estado mexicano para atender de manera urgente la situación de la libertad de expresión y el derecho de acceso de información de los pueblos indígenas, particularmente en el marco de la pandemia de COVID-19 y del desarrollo de megaproyectos.

Durante la actual contingencia sanitaria, ARTICLE 19 realizó entrevistas a nueve personas indígenas de comunidades en Yucatán y Chiapas, en las cuales se pone en evidencia la falta de información clara, oportuna y culturalmente pertinente para las personas hablantes de Ch´ol y Tseltal (Chiapas) y Maya (Yucatán); que trajo como consecuencia temor, la prevalencia de mitos e incertidumbre en relación a las medidas de prevención y los efectos de la enfermedad, tal es el caso de la comunidad zoque de Santa María de Chimalapas en Oaxaca, sobre la cual ARTICLE 19, se pronunció debido a la carencia de información sobre los efectos de la enfermedad, la falta de personal médico y de herramientas básicas para la detección de la COVID-19, que provocó el desconocimiento sobre el aumento de probables contagios y muertes en la comunidad, que pudieran estar asociadas con la presencia del virus.

De igual forma, a cinco meses del inicio de la pandemia en México, de acuerdo con datos del INPI el estado de Yucatán se ubicó como primer lugar con el mayor número de decesos de población indígena maya. Esto como consecuencia de la ausencia de información adecuada, así como el exceso de desinformación presente en diversas plataformas sociales. La desinformación también derivó en estigmatización hacia las personas contagiadas por COVID-19 y sus familias, como sucedió en la comisaría de Xoy, ubicada en Peto, en el cual la familia de la primera persona fallecida, al parecer por causas vinculadas con el virus, fue estigmatizada durante la conferencia de prensa del Presidente municipal de Peto, Edgar Calderón Sosa.

La situación de los megaproyectos y el derecho a la consulta previa, libre e informada

Durante la pandemia, las prácticas que excluyen en la toma de decisiones a los pueblos originarios, sigue presente, lo cual favorece el desarrollo de megaproyectos impuestos a las comunidades indígenas, violando el derecho a la información, al consentimiento, a una consulta previa, libre e informada, así como a la libre determinación de las comunidades indígenas.

Ante esta situación, algunas organizaciones dedicadas a la defensa del territorio y de derechos humanos, como Indignación A.C, han acompañado y documentado casos en la península de Yucatán donde se denuncia la práctica de violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de la implementación de megaproyectos, como la instalación de granjas porcícolas, parques de energías renovables, monocultivos, despojo de tierra de los ejidos, proyectos turísticos y “Tren Maya”.

Respecto a este último, las comunidades indígenas afectadas y las organizaciones civiles que las acompañan han denunciado que, desde que el Gobierno federal anunció su decisión de implementar este proyecto, se ha carecido de información sobre las posibles afectaciones al Corredor Biológico Mesoamericano, que conforma veintitrés áreas protegidas a nivel estatal y federal que tienen gran relevancia ambiental.

Por el contrario, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha emitido declaraciones estigmatizantes en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que pretenden deslegitimar y criminalizar públicamente su labor. Durante la conferencia matutina del 28 de agosto de 2020, el mandatario federal presentó una investigación donde expuso los nombres de algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación, que han recibido fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras supuestamente “para oponerse a la construcción del Tren Maya”.

La práctica de no garantizar, ni respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de sus comunidades se replica, por ejemplo, en el caso del corredor Interoceánico en Oaxaca y en Veracruz, el cual plantea el desarrollo de megaproyectos en la región del Istmo de Tehuantepec; entre los cuales se incluye la minería a cielo abierto, que la actual administración, por medio de una concesión, cedió a una empresa canadiense.

En este sentido, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas y la organización Maderas del Pueblo, A.C. han documentado el caso de minería en el territorio comunal y municipal de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Tanto los pobladores y autoridades indígenas zoques han denunciado y rechazado el proyecto de “Santa Martha”, promovido por la empresa canadiense Minaurum Gold Coper, que pretende otorgar permisos de exploración de minas a cielo abierto en un total de 30 mil hectáreas en toda la región.

Ante esta situación, también señalan que la minería es sólo el inicio de una serie de megaproyectos, que se pretenden imponer, tales como: extracción petrolera, refinerías, gasoductos, oleoductos, instalación de más parques eólicos, un tren interoceánico rápido de carga, una autopista paralela, la modernización de los puertos y parques industriales en las 10 principales ciudades del Istmo de Tehuantepec, las cuales incluyen maquiladoras, armadoras y beneficiadoras[1].

Por su parte, en el estado Chiapas, ARTICLE 19 ha monitoreado las protestas del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), con presencia en 11 municipios del norte y los altos de Chiapas. Dicho movimiento exige que pare la imposición de la militarización de la “Guardia Nacional” en comunidades indígenas, ya que ha sido impuesto como un instrumento de represión a la libertad y autonomía de los pueblos. Denuncian también la imposición del proyecto de carretera Palenque- San Cristóbal, así como la presión política y amenazas a las autoridades comunitarias para el consentimiento del “Tren Maya”.

La situación de comunicadores y periodistas indígenas         

En México, las y los periodistas indígenas se enfrentan a un doble riesgo, debido a su labor periodística y a su pertenencia a un grupo indígena. En el primer semestre de 2020, Artículo 19 registró 8 ataques contra radios indígenas y 9 agresiones contra periodistas indígenas. Los ataques más comunes contra periodistas indígenas son las amenazas de muerte, la intimidación y el hostigamiento, detenciones arbitrarias y el bloqueo de información.

Un ejemplo es el periodista maya Ricardo Cárdenas, quien ha sufrido ataques desde 2017 debido a su cobertura enfocada principalmente en corrupción y política. Los ataques han consistido en amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, acceso ilegal a sus cuentas en plataformas sociales y a la página web de su medio. El ataque más reciente se produjo en mayo, cuando un funcionario público amenazó con denunciarlo por «información falsa». Esto después de que Cárdenas publicó una investigación sobre la entrega discriminatoria de alimentos durante la pandemia.

La gravedad de los ataques contra periodistas indígenas aumentó a causa de la pandemia. Por ejemplo, el 22 de junio, desconocidos amenazaron con quemar las instalaciones de la estación de radio indígena Radio Ayuuk 99.1 FM en San Juan Guichicovi, Oaxaca, esto si seguían informando sobre temas relacionados con COVID-19.

Las organizaciones firmantes están preocupadas por las políticas económicas del Gobierno Federal que se centran en megaproyectos que ponen en riesgo los derechos de las comunidades indígenas, como la libertad de expresión, el derecho a la información y la autonomía. Históricamente, los megaproyectos en México han desplazado a comunidades indígenas de sus tierras, además de ser sujetas a otros tipos de violencia por parte de las autoridades federales y locales.

En ese contexto, las y los periodistas y personas comunicadoras indígenas son más vulnerables debido a su labor periodística. Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos el apoyo de la Relatoría para que exhorte al Estado Mexicano, a fin de que garantice:

  1. El derecho a la información clara, oportuna y culturalmente apropiada en lenguas indígenas sobre todos los aspectos de la COVID 19 que permita a las comunidades indígenas prevenir y hacer frente a la pandemia.
  2. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la consulta indígena, previa, libre e informada, tomando en cuenta que el consentimiento es un requisito necesario para la implementación y ejecución de dichos proyectos y la responsabilidad del Estado de hacer valer estos derechos firmados en convenciones internacionales.
  3. La implementación de manera urgente de estrategias y políticas públicas de participación ciudadana para que las comunidades indígenas puedan superar las brechas de desigualdad existentes y que contemplen un enfoque de género e interculturalidad para que las mujeres indígenas no queden excluidas.

[1] ídem.

Comunicado. Relator PI ONU

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