Se confirma tortura en edificio de la SPV

27 de julio de 2007

  •  La Codhey demoró 17 meses en emitir recomendación y desprotegió al denunciante, quien fue despedido de su trabajo, como represalia
  • Al menos tres personas habrí­an sido torturadas el día de los hechos

17 meses después de que se interpuso una queja por presunta tortura en el edificio de la S.P.V., la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la recomendación 11/2007 dirigida al M.V.Z Javier Medina Torre, quien dejará el cargo dentro de cinco días.

La recomendación, omisa y tardía, es resultado de la queja interpuesta por integrantes de Indignación y por Luis Fernando Peniche Novelo, quien es nombrado por las siglas de su nombre a pesar de que personal de la Codhey lo identificó ante sus superiores durante las primeras diligencias que realizó ese organismo, lo que ocasionó el despido de este servidor público.

El texto de la recomendación da cuenta de las actuaciones de la Codhey, las cuales incluyen la identificación de dos personas que afirman haber sido torturadas el día de los hechos en el edificio de la SPV, una de las cuales señala que otro compañero suyo también fue torturado con toques eléctricos en diversas partes del cuerpo, incluyendo los testículos y lo identifica como el de la voz que recoge la grabación aportada por Luis Peniche.

Sin embargo la Codhey, a pesar de los 17 meses transcurridos -su reglamento establece que, en casos de violaciones graves, las quejas deberán concluirse en cuatro meses-, a pesar del testimonio de dos personas torturadas que describen a sus victimarios, no logró la identificación de quienes directamente infligieron tratos crueles y tortura en contra de al menos tres personas el 30 de enero de 2006 ni la identificación de los cómplices ni señala la responsabilidad del titular de la S.P.V., Javier Medina Torre, a quien únicamente dirige la recomendación.

Más lamentable resulta el hecho cuando el tiempo que señala la ley para que el titular de la SPV acepte la recomendación se cumplirá cuando él ya no esté en funciones, lo que, en la práctica, devendrá en impunidad y podría implicar complicidad de la Codhey con los responsables de actos que podrían constituir tortura.

Esta preocupación del equipo se refuerza con el hecho de que la última actuación de la Codhey con respecto a este caso data de octubre de 2006, según el texto de la propia recomendación. Los 9 meses transcurridos desde entonces no parecen tener justificación y, por lo tanto, parecen indicar la intención de dilatar la emisión de la recomendación, lo que redunda en protección del gobierno que concluirá en unos días.

Por otra parte, la Codhey desprotegió a quien denunció los hecho y aportó como prueba una grabación que registra la tortura. Luis Peniche Novelo, quien laboraba en la dirección de desarrollo institucional de la oficialí­a mayor del gobierno del estado, cuyas oficinas están ubicadas en el mismo edificio en el que se encuentra la S.P.V., escuchó gritos, quejas y ruidos “como de toques eléctricos” el 30 de enero de 2006, los grabó e hizo llegar a la Codhey. A partir de entonces fue visible la molestia de sus superiores. Luis Peniche también documentó la represión a Caucel en julio de 2006. En septiembre de ese mismo año, fue despedido de su trabajo.

El caso se denunció ante la Codhey como represalia que constituye violación del derecho de defender los derechos humanos. Sin embargo, la Codhey se declaró incompetente en el caso por considerarlo laboral, a pesar de que la represalia se originó por casos que la misma Codhey ha conocido y, en el caso de la tortura, por impericia de personal de la Codhey, que no supo proteger la identidad del denunciante ante sus superiores, como ella misma ofreció que harí­a.

En el colmo del cinismo, ante la junta de conciliación y arbitraje, donde también se conoce el caso del despido injustificado, el gobierno ha dicho que Luis Peniche renunció voluntariamente a su trabajo, a pesar de que incluso públicamente el oficial mayor del gobierno del estado, Raúl Arceo Alonzo, habí­a admitido el despido (Diario de Yucatán. 17 de septiembre de 2006).

El equipo Indignación también lamenta que la Codhey omitiera interponer la denuncia penal correspondiente por los hechos de tortura, a pesar de que está entre sus facultades. Fue la S.P.V. quien interpuso la denuncia penal cuyo número de expediente es 245/3ª/2006 hace ya también 17 meses.

La recomendación de la Codhey, con todo y sus graves omisiones, prueba que la tortura continuó siendo una práctica sistemática durante el sexenio que concluirá el 31 de julio próximo. La inacción de las autoridades frente a un hecho de tortura, su tolerancia frente a tratos crueles cometidos por sus propios agentes, permite calificar a este gobierno de torturador.

El expediente exhibe también la incompetencia de la propia Codhey, favorecedora de impunidad, que concluye con tres vagas e inocuas recomendaciones y pasa por alto situaciones descritas en el propio cuerpo de la recomendación y que debieran preocuparle.

Un ejemplo de lo anterior es el testimonio recogido a partir de entrevistas a agentes de la SPV que señalan una celda de la cárcel preventiva de esa corporación que es “para personas detenidas que padecen VIH/Sida” Más allá de la tan absurda como arbitraria segregación que este hecho implica, es obligado preguntarse cómo llegan a saber los agentes de la SPV que un detenido es seropositivo.

Por otra parte, este equipo manifiesta su preocupación por el hecho de que la Codhey señale que no fue posible localizar a una de las personas torturadas el día señalado, precisamente la persona cuya voz aparece en la grabación que se aportó como prueba según el testimonio de otro torturado.

La Codhey únicamente indica que “por más gestiones que realizó este organismo para su localización no fue posible”, sin explicitar si esto es motivo de inquietud o no lo es. Únicamente lo señala para establecer que “en nada afecta para que esta Comisión llegue a la conclusión de las violaciones que a derechos humanos incurrieron los elementos policíacos”.

Este equipo considera que la Codhey debe especificar si tiene motivos para preocuparse por la situación actual de esta persona o no y actuar en consecuencia, además de vigilar que les sean resarcidos los daños a los agraviados.

Indignación hará llegar la documentación de este caso al relator de las Naciones Unidas contra la tortura y a la representante especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

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