26 de septiembre de 2009
Las y los pobladores de San Antonio Ebulá recuperaron las primeras treinta y un hectáreas de su territorio, después de 42 días del violento desalojo cometido ilegalmente por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien contí³ con la protección de la Policía Estatal de Campeche.
La Comisión encargada del diálogo con las autoridades firmó un convenio con el Gobierno de Campeche a través del cual éste les garantiza la inmediata posesión de 31 hectáreas ubicadas en el mismo polígono en el que estaban establecidos y la propiedad legal sobre esa superficie.
De acuerdo con las y los pobladores, con este acto recuperan de inmediato las primeras 31 hectáreas y confían en recuperar todo su territorio, puesto que unos días antes fueron informados de que el Juez primero de distrito de Campeche les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y ordenó la reposición del procedimiento de dotación de tierras a favor de los pobladores.
En una reunión informativa realizada jueves 24 de septiembre por la tarde, las y los pobladores celebraron el haber logrado ese acuerdo con la fuerza del pueblo, con la solidaridad de otras organizaciones y de manera pacífica, a pesar de todas las provocaciones que sufrieron. Anunciaron que éste es un primer logro, puesto que continuarán su batalla por la justicia, la reparación de daños y la recuperación total de sus tierras.
El equipo Indignación reconoce y se alegra por el logro de las y los pobladores, que en condiciones tan críticas se ha mantenido en la exigencia de sus derechos.
Asimismo tomamos nota y expresamos nuestra preocupación acerca del hecho de que en el convenio firmado, el Gobierno de Campeche no garantiza la reparación de los daños, a pesar de que la Policía Estatal Preventiva protegiÓ a quienes agredieron y desalojaron a los pobladores el 13 de agosto y a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños.
El convenio establece que los pobladores se encuentran en situación de desplazados debido a un desalojo cometido por un particular y el gobierno se compromete a dotar al poblado de todos los servicios necesarios para una vida digna; sin embargo, las acciones de gobierno quedan sujetas a una mesa de trabajo con las y los pobladores que irá determinando dichas acciones.
Otra gran preocupación para el equipo Indignación la constituye el riesgo de que delitos tan graves como el ataque a una población, y de consecuencias tan devastadoras como la destrucción de todo el pueblo que ha mantenido a los pobladores en situación de desplazados, queden impunes.
A la vez que reconocemos y celebramos un logro para los pobladores obtenido en condiciones tan adversas, incluyendo la escandalosa ausencia de la Comisión Pública de derechos humanos de Campeche, y enfrentando a gobiernos que se resisten a cumplir cabalmente sus obligaciones, reiteramos las recomendaciones contenidas en el Informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá.
Sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones el equipo Indignación se mantendrá atento e informando a las organizaciones locales, nacionales e internacionales que se encuentran siguiendo este caso.
La Misión Civil de Paz determinó acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.
