Obligaciones incumplidas
Equipo Indignación A.C.
Acciones de beneficencia en vez del reconocimiento de derechos, en detrimento de la igualdad y del fortalecimiento de la ciudadanía marcan el gobierno de Rolando Zapata Bello, de acuerdo a los parámetros del Equipo Indignación.
Sin perspectiva de derechos humanos y, en particular, de los derechos económicos, sociales y culturales en el diseño de la política pública, el anuncio de regalos que profundizan una relación de desigualdad, junto con la persistencia de la tortura, el desconocimiento de los derechos del pueblo maya, la debilidad para hacer frente a la violencia de género nos llevan a cuestionar severamente al gobierno y el informe con el que pretendió hacer propaganda.
Desde 1993, en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada entre el 14 y el 25 de junio de 1993 en Viena, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció los primeros criterios para desarrollar una política pública desde la perspectiva de los derechos humanos, de manera que hoy puede evaluarse cuándo una política pública tiene impacto en el respeto, promoción y ampliación de los derechos humanos.
Siguiendo los dictados de la política económica capitalista que rige los mercados internacionales, la gestión de los gobiernos en México ha venido convirtiendo la política pública en una imitación del modelo empresarial. Esta pérdida de rumbo ha tratado de mantenerse a pesar de las sucesivas crisis que, aquí y allá, han estallado en el mundo: el efecto tequila en 1995, la crisis asiática de 1997, la crisis rusa de 1998, el efecto samba de 1999, el efecto tango de 2001 y, de manera patente, la crisis económica global iniciada en Wall Street en diciembre del 2008 y que continúa hasta nuestros días.
Todos entendemos que las acciones del Estado deben estar guiadas por el bienestar público, puesto que se trata de acciones públicas que se realizan con recursos que también son públicos. De ahí se desprende que, tanto los objetivos como los mecanismos o procedimientos a través de los cuáles se concreta la acción gubernamental, deben lograr obtener el mayor bienestar posible de la forma más eficiente. Pero esta eficiencia encuentra en la plataforma de los derechos humanos un punto de referencia que puede reconducir al Estado al cumplimiento de sus objetivos fundamentales.
Más allá de criterios empresariales de productividad y eficacia, es indispensable que la política pública tenga una perspectiva de derechos humanos y cuente con mecanismos de evaluación en su implementación, gestión, resultados e impacto.
Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán, ha ofrecido un mensaje con los datos más relevantes del informe que presentó en días pasados ante la Cámara de Diputados local. Dos de los criterios básicos para saber si las acciones de su gobierno responden a una perspectiva de derechos humanos son: que dichas acciones fortalezcan a las personas, concebidas éstas no como beneficiarios de la acción gubernamental, sino como sujetos de derechos con poder de decisión, y también que dichas acciones estén en la línea de lograr los más altos estándares en materia de derechos humanos. Sólo así la política pública de un gobierno estará a la altura de la dignidad de las ciudadanas y ciudadanos a quienes está llamado a servir.
Las acciones enlistadas por el gobernador en su informe no contribuye a ese fortalecimiento. Las acciones plasmadas en el II Informe de Gobierno de Rolando Zapata Bello evidencian el trato de súbditos que el gobierno del estado sigue dando a las y los ciudadanos, como si las acciones de gobierno fueran un beneficio concedido por la magnanimidad del monarca: ningún proyecto para fortalecer al ciudadano/a como sujeto de derechos, a los grupos y comunidades como actores y protagonistas de sus propios proyectos; ningún mecanismo de exigibilidad de derechos que supervise la acción gubernamental. Hoy se decide que, para lograr frenar la deserción escolar, la medida será… ¡la repartición de zapatos! Ningún mecanismo participativo donde la opinión de los gobernados pueda expresarse. Y, en año de elecciones, con el agravio de que las medidas sean interpretadas como clientelismo electoral.
Toda acción gubernamental tiene que estar encaminada a respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, creando las medidas que permitan el acceso al máximo nivel de disfrute de dichos derechos. De nada sirve, por ejemplo, que se construyan “220 espacios educativos” si el derecho a la educación no cumple con los estándares de calidad, disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, como lo exige el derecho internacional aceptado y ratificado por el Estado mexicano.
Una herramienta importante para verificar si la perspectiva de los derechos humanos rige la acción gubernamental es el máximo uso de los recursos disponibles. La atención al campo, por ejemplo, tal como es descrita en el discurso gubernamental de Zapata Bello, muestra la adjudicación de créditos y prebendas a los empresarios del campo y no a las familias productoras. A la falacia de un gobierno que “genera” empleos se añade el desdén gubernamental por las acciones que favorezcan una producción inocua y sana, que apunte hacia la soberanía alimentaria.
Si a estos criterios derivados del derecho internacional de los derechos humanos aunamos la perspectiva transversal recomendada a toda acción gubernamental, esto es, el derecho a la igualdad y la no discriminación, la participación pública en la construcción de los políticas gubernamentales, la coordinación (que no competencia) entre los diversos niveles y órdenes de gobierno, el derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas, todo ello reprueba la acción gubernamental de Rolando Zapata Bello desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos: ninguna acción eficaz dirigida a la superación, por ejemplo, del modelo de discriminación y exclusión que priva hacia el pueblo maya concebido solamente como ocasión para la realización de pomposos festivales, o como mercancía de atracción para el capital turístico.
Puede ser que el Poder Legislativo, a quien le corresponde la tarea de supervisar y vigilar el estado de la gestión pública, quede conforme con las acciones planteadas en el II Informe de Gobierno. Muchos ciudadanos y ciudadanas, no. Exigimos que el gobierno del estado y los gobiernos de todos los municipios elaboren su agenda pública desde los más altos estándares de derechos humanos y con criterios de impacto que sean estructurales, procesuales y verificables. No nos conformamos con menos. La repartición de tinacos, chamarras y zapatos revelan la pobreza de miras del gobierno de Zapata Bello y desmienten la pretensión de que su gobierno sea distinto de los que lo han precedido.
El gobierno de Rolando Zapata está muy lejos de cumplir con los estándares en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales. Evaluar al gobierno desde estos estándares no es optativo. Es ineludible. Para la administración que encabeza Rolando Zapata Bello, por el contrario, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos son obligaciones incumplidas.
Equipo Indignación
20 de enero de 2015
