Queja ante la CNDH por actuación del Ejército, PGR y AFI en el caso de Xaya

27 de junio de 2005

 

Al considerar que elementos del ejército, de la delegación estatal de la PGR y de la AFI, entre otras autoridades, incurrieron en violaciones a los derechos humanos de una familia de Xaya, comisaría de Tekax, Yucatán, en cuyo domicilio se encontraron escopetas, el Equipo Indignación solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La casa de don Pedro Collí­, indígena maya que ocasionalmente repara escopetas, fue allanada por integrantes del Ejército el viernes 17 de junio pasado.
Ese día, los militares retuvieron en la vivienda y privaron de su libertad durante aproximadamente diez horas a dos jóvenes, ayudantes de don Pedro Collí­, sin permitirles salir en ningún momento y sin proporcionarles alimento alguno, relató la familia al Equipo Indignación, que acudió mediante escrito de queja a la CNDH para denunciar los hechos.
Los dos jóvenes, ayudantes de don Pedro Collí, quien no se encontraba en la vivienda ese dí­a debido a que uno de sus hijos se encontraba en el hospital, fueron trasladados a Mérida después de diez horas de permanecer retenidos en la casa de Xaya, sin comer.
Posteriormente, los militares trasladaron a los jóvenes a Mérida, a la delegación local de la PGR, para declarar, lo que hicieron sin que estuviese presente algún abogado, algún traductor y sin ser informados de sus derechos. Los dejaron libres ya entrada la noche, después de advertirles que continuarían investigando.
El domingo 19 de junio regresaron los militares a Xaya junto con personal de la AFI. Entraron de nuevo a casa de doña Nicolasa Dzul, mayahablante monolingüe que se encontraba sola en su domicilio y “aunque ese día sí hicieron como que mostraron una orden de cateo”, comenzaron a interrogarla.
Los militares y los de la AFI amenazaron a doña Nicolasa con detener a toda la familia y enviar a los niños a la correccional de menores infractores, haciendo énfasis en que son delincuentes, por lo que doña Nicolasa aceptó ser trasladada a Mérida, por salvar a su hijo.
A la delegación de la PGR en Mérida llegó un representante de la delegación estatal de la CDI, a quien los familiares de doña Nicolasa identifican con el nombre de “Eymer”. “Eymer” les ofreció un abogado y poco después llegó el señor Jorge May, aparentemente también de parte de la CDI. Entró y, al salir, les dijo que no podía llevar el caso por ser un “nojoch delito” y porque era parte de una institución. Que no hicieran escándalo. Les dijo que llamaría a un amigo que podía llevar de forma particular el caso, a quien habló por su celular. Al llegar el licenciado Soberanis les solicitó 15 mil pesos de entrada. A través de la familia lograron reunir el dinero y se lo dieron al abogado Soberanis, quien no les entregó ningún recibo.
El licenciado Soberanis les pidió 25 mil pesos más. Relatan que el abogado les dijo que es para pagar la fianza y que aún faltarían los honorarios. Según cuentan, el abogado les explicó que el tanto dinero es porque son “como ocho AFIS”. Y también les dijo que “esto es bajo el agua”.
Pudieron reunir y entregar 20 mil, de nuevo sin ningún recibo. Poco después de entregar el dinero al abogado, Doña Nicolasa fue dejada en libertad “bajo las reservas de ley”. El licenciado les dijo que ese dinero no fue para la fianza pero que no lo devolverá porque puede servir para otras diligencias, como algún amparo.
En todo caso, ella y sus familiares no comprendieron por qué razón se les impuso este abogado, por qué les cobró; tampoco entendieron si doña Nicolasa estuvo como testigo o como responsable de algún delito, lo que exhibe que, aunque contó con traductor, las autoridades no garantizaron que ella comprendiera el proceso que se le siguió.
En el escrito de queja dirigido a la CNDH a partir de la narración de doña Nicolasa y sus familiares, el Equipo Indignación incluyó observaciones, como el hecho de que los indígenas mayas acostumbran tener escopetas y transportarlas de manera cotidiana cuando van a la milpa, al monte o a cazar.
A petición de la familia, una copia del escrito se hizo llegar también al Gobernador del estado de Yucatán.

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