2 de febrero de 2006
El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. ha tenido conocimiento de hechos QUE PODRÍAN CONSTITUIR EL DELITO DE TORTURA ocurridos en el interior del edificio que ocupa la Secretaría de Protección y Vialidad en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Una persona que se encontraba el lunes 30 de Enero de 2006 en el interior del edificio que ocupa la SPV entre Reforma y calle 66 escuchó, poco antes de las dos de la tarde, gritos provenientes de una de las áreas ocupadas por la Secretaría de Protección y Vialidad. La persona que escuchó esos gritos ha narrado al Equipo Indignación que eran precedidos por sonidos que identificó como descargas y golpes.
Unos minutos después de estar escuchando, dicha persona acertó a sacar una cámara fotográfica que tiene también funciones de grabación de audio, grabó y dejó a este equipo un archivo de audio de 2 minutos y 26 segundos de duración en el que, si bien hay mucho ruido, se distinguen frases como “…por favor, por favor…”, “…comandante…”, “…por favor, por favor…”, “…acepto los cargos…”, “…como treinta kilos…”, entre otras.
Ante la presunción de un hecho que podría constituir el delito de tortura ocurrido al interior del edificio de la S.P.V., al no contar con el testimonio de quien pudiera ser el sobreviviente de tortura y como medida de protección a quien escuchó estos hechos, el Equipo Indignación solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que sea la propia Codhey quien interponga la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ya que la ley la faculta para eso.
Este equipo manifiesta su más honda preocupación ante estos hechos. Las distintas autoridades del Estado tienen responsabilidades precisas y tienen la obligación de realizar la investigación que lleve al absoluto esclarecimiento y, en su caso, a la sanción de los responsables.
El conocimiento de este ominoso hecho que se presume como tortura fue posible gracias a la persona que tuvo el valor de denunciarlo y ha ofrecido su testimonio. El Equipo Indignación se mantendrá atento a la forma como las distintas autoridades cumplan con su responsabilidad en la investigación. Particularmente vigilaremos que no haya represalias para el denunciante.
El intento de cualquier autoridad por encubrir el hecho u obstaculizar la indagación configuraría un delito y agravaría el hecho que se investiga.
Comprobar la persistencia de la tortura incriminaría gravemente al poder ejecutivo del Estado. La tortura es una grave violación al derecho a la integridad física y sicológica de quien la padece y tiene, además, consecuencias sociales y políticas severas: lesiona gravemente la vida democrática y vulnera la confianza en las instituciones. Soslayarlo, ocultarlo o favorecer la impunidad no haría sino acrecentar las dimensiones de estas consecuencias.
Yucatán fue uno de los Últimos estados de la república mexicana en tipificar la tortura como delito. La ley en la materia, fruto de una larga exigencia ciudadana, es todavía reciente. El sistema de procuración e impartición de justicia de Yucatán tiene la obligación de atender las recomendaciones internacionales en esta materia, actuar con pericia y hacer uso de los recursos a su alcance para cumplir la exigencia primordial ante un hecho de esta naturaleza: esclarecerlo y, en su caso, sancionar a los responsables y lograr la reparación del daño.
La Comisión de derechos humanos de Yucatán, por su parte, ha hecho uso de la facultad que tiene de interponer la denuncia correspondiente. Los organismos públicos de defensa de los derechos humanos están también obligados a ejercer plenamente sus facultades para erradicar la tortura, combatir y evitar la impunidad.
Atentamente,
INDIGNACIÓN A.C.
