Presentan informe sobre las responsabilidades ambientales del gobierno y las empresas sobre el acuífero maya

 

Yucatán, 15 de junio de 2021.- El informe fue elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) junto con Indignación y busca determinar las responsabilidades de las autoridades de los diversos niveles, principalmente las que derivan del principio precautorio, más aún, si consideramos que la mayor parte de estos proyectos se encuentran en territorios indígenas que forman parte del Acuífero Maya.

 

El Acuífero Maya es una de las reservas de agua dulce más importantes del continente, sin embargo, debido al tipo de suelo, kárstico, éste es sumamente vulnerable a la contaminación, particularmente frente a los megaproyectos industriales y extractivos que afectan y ponen en peligro la reserva hídrica de la Península de Yucatán.

 

Frente al potencial de contaminación de dicho acuífero, el principio precautorio representa un eje rector para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano y al agua. El derecho al medio ambiente sano, más allá de su relación o utilidad con los seres humanos, debe entenderse como autónomo ya que protege los diferentes componentes del medio ambiente, como bosques, ríos, mares, por lo cual se protege en sí a la naturaleza y al medio ambiente y su relación con las otras especies no humanas.

 

Por su parte el agua es un derecho eje ya que de él depende el acceso a otros derechos como la vida, el medio ambiente sano, la salud, la alimentación, el territorio, la cultura, entre otros. El principio precautorio entonces es una herramienta auxiliar para los operados jurisdiccionales para proteger al medio ambiente ante cualquier riesgo de contaminación.

 

Durante la presentación se contó con los autores del informe: Lourdes Medina Carrillo, Jorge Fernández Mendiburu y José Orvelín Montiel Cortés, quienes presentaron los objetivos y aportes de dicho informe en cuanto al principio precautorio y la protección al medio ambiente.

 

En el informe sobre la Contaminación del Acuífero Maya, se presentan algunas acciones dirigidas a salvaguardar el medio ambiente sano, entre las que se encuentran:

  1. Que las autoridades lleven a cabo consultas previas en las comunidades indígenas potencialmente afectadas, antes de otorgar permisos a los megaproyectos industrias y extractivos.
  2. Realizar estudios y monitoreo para determinar potenciales riesgos de contaminación y en su caso, adoptar las medidas necesarias para revertirlo o evitarlo (por ejemplo, no autorizar su funcionamiento).
  3. Las autoridades deberían elaborar un plan nacional de reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos y de apoyo a alternativas agroecológicas.
  4. Adoptar un modelo armónico con la naturaleza y acorde con los compromisos internacionales adquiridos que permita transitar hacia un modelo agroecológico, sustentable y saludable.
  5. El Poder Judicial debe garantizar el acceso a la justicia ambiental, aplicando por ejemplo el principio precautorio (entre otras medidas) para proteger el acuífero maya.
  6. La sustitución de la actual Ley de Aguas Nacionales por una nueva Ley General de Aguas que establezca las bases sobre el acceso y el uso de los recursos hídricos, pero poniendo en el centro el Derecho Humano al Agua y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

 

También se contó con la participación de Leidy Pech, defensora maya quien recibió el premio Goldman en 2020 por la lucha contra los transgénicos de la empresa Monsanto. Ella ha sido una de las principales denunciantes sobre las afectaciones por fumigaciones y agrotóxicos, las cuales ponen en peligro los cuerpos de agua en la Península de Yucatán. Ella señaló que “hoy en día el agua es considerada una fuente de riqueza capitalista, se ha privatizado, se ha contaminado y se está decidiendo sobre el uso y el acceso sin tomar en cuenta a nuestros derechos. Es un bien colectivo, nos corresponde defenderla entre todos, es necesario tomar acciones urgentes para garantizar nuestra autonomía y libre determinación”.

 

Estuvo presente igual, Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) quien recalcó la obligación que tienen las autoridades de proteger las fuentes de agua frente a la sobre explotación y frente a diferentes proyectos como la agroindustria. Señaló que la Oficina ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo investigaciones en México sobre el tema del agua. Además de recalcar la obligación del estado de garantizar los derechos de los pueblos indígenas como el de la consulta, sobre todo al considerar que el Estado mexicano no ha querido reconocer las propias autoconsultas que han realizado las comunidades mayas. Finalmente reconoció el importante papel que han jugado las mujeres de la Península de Yucatán en la defensa del agua y de los derechos indígenas.

 

Por último, se contó con la participación de Alejandra Garduño, quien es la directora de la fundación Kellogg en México, quien señala que “los casos de Homun y Kinchil, descritos en este reporte han abierto la puerta para un análisis de las consecuencias diferenciadas que tienen los modos de producción vigentes para los pueblos indígenas; y, sobre todo, la escala que las decisiones públicas y los megaproyectos tienen para con la generación presente y las futuras”.

 

Finalmente, como parte del informe, se hace un llamado a las autoridades y dependencias gubernamentales para que no sigan autorizando este tipo de proyectos en la Península de Yucatán, tomando como eje fundamental el principio de precaución y prevención, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al agua.

 

“El agua permite la existencia de nuestra cultura, ancestralmente nos enseñaron sobre su importancia y el respeto a nuestras fuentes de abastecimiento. Por ello le hemos dado un manejo sustentable a nuestros cuerpos de agua para garantizar el futuro y el pleno desarrollo de las generaciones venideras.”, añadió Pech.

 

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