24 de agosto de 2009
Al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Procurador de Campeche
¿Por qué no está en la cárcel el señor Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de todas las viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulí¡, en Campeche, además de agredir a los pobladores y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?
¿Por qué la policía, que llegÓ al lugar de los hechos el 13 de agosto, en vez de proteger la integridad fÃsica de los pobladores y su patrimonio, protegiÓ a los parapolicías contratados para destruir al pueblo?
¿Por qué la policía no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los pobladores de San Antonio Ebulá y destruyeron todas las viviendas, los animales, los árboles y todo el patrimonio de los habitantes de un pueblo que su fundó desde hace más de cuarenta años?
¿Por qué el gobierno del estado de Campeche no usa la fuerza Pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, habitadas desde hace más de cuarenta años?
¿Por qué en todos estos años de realizar todas las gestiones ante las instancias competentes las y los pobladores de San Antonio Ebulá no han podido obtener certeza legal sobre sus tierras?
¿Por qué permanece impune el violento y por supuesto ilegal intento de desalojo de 2007, en el que se destruyeron más de 20 casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, además de la Escuela del CONAFE y del templo de la Iglesia católica de la comunidad?
¿Por qué quedó impune el violento y por supuesto ilegal intento de desalojo del 26 de mayo de 2009, en el que se destruyeron seis casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, además de que se agredió a los pobladores y se les fabricaron delitos?
¿Por qué el pueblo de Ebulá fue arrasado impunemente?
¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares?
¿Por qué el subsecretario de gobierno ofrece «apoyos a la gente en forma de ‘láminas”, en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de todos los daños que se les han ocasionado?
¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante ofreciendo a las y los pobladores de San Antonio Ebulá una reubicación en vez de garantizarles el retorno a su propio pueblo, que fue arrasado por órdenes de un particular?
¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?
¿Por qué a pesar de que el pueblo de San Antonio Ebulá es reconocido como población por el IFE, que asienta como domicilio de los pobladores San Antonio Ebulá; por el Ejecutivo federal que ahí ha enviado cartas a los pobladores; por la SEP, que ahí mantenía una escuela del CONAFE; por el Congreso, gobierno y municipio de Campeche, que lo señalan en la ley orgánica de municipios, ahora el gobierno de Campeche le niega su carácter de pueblo y se niega a proteger los derechos de los pobladores?
Al Congreso de Campeche
¿Por qué el Congreso de Campeche no ha citado a las autoridades responsables para que den cuenta de las acciones y omisiones que agravian al pueblo de San Antonio Ebulá?
¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las y los pobladores de San Antonio Ebulá?
A la Comisión de Derechos Humanos de Campeche
¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, a pesar de haber sido informada de los hechos y haberse solicitado su intervención desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto y reiteradamente durante todo el día, no acudió al lugar de los hechos (dice que lo hizo hasta la tarde de ese día) NI HA ACUDIDO A ENTREVISTAR A NINGUNO DE LOS POBLADORES que se mantienen en plantí³n permanente frente a la sede del poder ejecutivo desde la expulsión?
¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche no ha dictado medidas cautelares que garanticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá medidas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitución de sus bienes?
Al Presidente de la República
¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá no ha podido obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 años que lleva interponiendo todos los recursos necesarios? ¿Por qué el Sr. Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, se arroga la posesión de esas tierras?
A la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
¿Por qué no ha acudido la CDI a proteger los derechos de los habitantes de un pueblo maya golpeados y expulsados de su comunidad y privados de sus medios de subsistencia ya que sus viviendas fueron destruidas, sus pertenencias robadas o destruidas y sus animales asesinados?
¿Por qué, a pesar de que han sufrido diversos intentos de desalojo, la CDI no ha acudido para proteger el derecho del pueblo de Ebulá a su tierra y su derecho a decidir sobre su territorio y sobre cualquier proyecto que se quiera realizar en él?
¿Por qué la CDI no ha acudido a hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresamente señala en su artículo 17 que:
“Debería impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” y que además establece en su artículo 18 que «La ley debería prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberían tomar medidas para impedir tales infracciones.”
Al titular de la PROFEPA
¿Por qué la PROFEPA no ha iniciado un procedimiento por la destrucción de los recursos forestales que se encontraban en San Antonio Ebulá?
A quien pueda responder
¿Por qué en Campeche un particular puede cometer un crimen de esta gravedad y continuar impune? ¿Por qué las autoridades lo protegen? ¿Por qué las autoridades que lo protegen no son sancionadas?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
