14 de julio de 2009
Las denuncias contra integrantes del movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, así como el violento operativo mediante el cual elementos de la PGR detuvieron el 10 de julio pasado a cinco activistas de Candelaria, Campeche, responde a una deplorable práctica de criminalización de la protesta y de los movimientos sociales y conlleva violaciones a los derechos humanos, concluye el equipo Indignación en un primer reporte de observación.
Las y los detenidos son Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borjas, Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano, adherentes de La Otra Campaña, quienes iniciaron una huelga de hambre desde el Centro de Readaptación Social de Kobén, Campeche, donde están recluidos.
El documento, que incluye el testimonio de una de las personas detenidas así como antecedentes y contexto del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, exige investigar y sancionar a los agentes de la PGR que el pasado 10 de julio cometieron violaciones a las garantías individuales así¬ como a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que se han negado a atender las demandas de los habitantes de Candelaria y han obstaculizado la construcción de acuerdos con los integrantes del Movimiento.
Indignación considera que los delitos atribuidos a los integrantes del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica “privación ilegal de la libertad de un funcionario público e impedimento para la prestación de un servicio público” no responden a hechos verificables sino al objetivo de criminalizar a los activistas y encarcelarlos, sujetándolos a un proceso penal en el que son acusados de delitos graves.
Durante el operativo elementos de la antigua AFI (hoy Policía Ministerial Federal), dependiente de la PGR, actuaron con violencia y vulnerando derechos humanos al entrar a la fuerza a los domicilios, sin identificarse “los familiares de los detenidos no sabí¬an con certeza quiénes ni a dónde se los llevaron” sin mostrar órdenes de aprehensión, insultando y humillando a las personas detenidas, hostigándolas durante el trayecto y sin informar a sus familiares a dónde serían trasladadas.
Todo ello violó los derechos a la libertad y a la seguridad personales establecidos en el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues estos derechos requieren que las detenciones se realicen en estricto apego a procedimientos precisos establecidos en las constituciones.
A juicio del equipo Indignación esta actuación confirma que el proceso judicial responde a una estrategia para intimidar y reprimir al movimiento, por lo que también afecta el derecho de organización y manifestación de los habitantes de Candelaria y de otros municipios del país que participan en el movimiento contra la Altas Tarifas de Energía Eléctrica.
En documento adjunto se incluye el reporte de observación elaborado por el equipo de derechos humanos Indignación A.C.
1erReporteCandelaria
