Monumentos: una palabra desde los derechos humanos

Carta que el equipo Indignación entregó hoy 6 de agosto, momentos antes de la sesión de Cabildo, a la Presidenta Municipal y a regidoras y regidores del Ayuntamiento de Mérida

Chablekal, Mérida, Yucatán, a 6 de agosto de 2010

C. Angélica Araujo Lara

Presidenta Municipal de Mérida

CC Regidores y regidoras

del Cabildo de la ciudad de Mérida

 

El equipo de Derechos Humanos Indignación es una organización que promueve y defiende los Derechos Humanos en la península de Yucatán desde 1991. Nos dirigimos a ustedes para aportar una reflexión, precisamente desde el Ámbito de nuestro trabajo, al debate que se ha generado a raíz de la reciente instalación de un monumento a los Montejo en la principal avenida de esta ciudad.

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el establecimiento de monumentos tiene como objetivo recordar y honrar a quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Las sentencias que han emitido Tribunales Internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han ordenado a los Estados señalados como responsables de violar derechos humanos el establecimiento de efigies o parques para recordar a las víctimas.

Las recientes sentencias emitidas por violaciones cometidas por el Estado mexicano relativas a los casos Rosendo Radilla y Campo Algodonero no han sido la excepción, y establecen lineamientos para conmemorar a quienes han sufrido los abusos y omisiones del poder pues, a criterio de la Corte, hay que recordar para prevenir, pero también hay que recordar para detener. Son esos lineamientos los que deberían seguirse y no aquellos que hacen apología del abuso del poder.

Consideramos que las ciudades, su semiótica, sus expresiones, con sentido de responsabilidad histórica, deben contribuir a honrar la memoria de quienes han sufrido actos de barbarie y deben evitar realizar propaganda a favor de actos racistas, discriminatorios o a honrar la memoria de quienes los cometieron.

En los años recientes en ciudades de Alemania se han levantado monumentos a las víctimas del holocausto, mientras que en ciudades de Argentina se han levantado monumentos a las madres de la Plaza de Mayo; en la capital de El Salvador un monumento honra la memoria de las víctimas de la guerra civil. España tiene una ley de memoria histórica y una parte de esa ley regula precisamente los monumentos y símbolos para prohibir que ensalcen el horror.

Las estatuas de los Montejo, instaladas en esta ciudad sorpresivamente, sin información y sin consulta, constituyen un monumento que honra a quienes invadieron estas tierras hace quinientos años y cometieron crímenes que hoy serían catalogados como de lesa humanidad: genocidio y etnocidio contra el pueblo maya peninsular.

El racismo y la discriminación que hoy enfrenta el pueblo maya, que significa también despojo e impide el acceso al disfrute pleno de los derechos, tiene profundas raíces históricas que se remontan a la Época de la invasión española y a los posteriores proceso históricos: sometimiento, intentos de exterminio, esclavitud, colonización. Esos hechos históricos no deben ser exaltados ni ocultados.

Esos brutales acontecimientos fueron de tal magnitud que hasta hoy Yucatán, como México y América Latina, continúa enfrentando las consecuencias del despojo, el racismo y la discriminación que generaron y que se reflejan también en los altos Í­ndices de marginación, pobreza, inacceso a la justicia y discriminación que vive el pueblo maya en la península.

Ni siquiera importantes procesos sociales como la Independencia y la Revolución, que precisamente se recuerdan en este 2010 por la fuerza simbólica del centenario y el bicentenario, han resuelto la asimétrica relación que desde entonces lesiona los derechos de los pueblos originarios.

De hecho nuestro país se constituyó sin considerar a los pueblos indígenas hasta que en el año 1992 la Carta Magna admitió que la nación mexicana es pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas. En 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés, en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas; en el año 2001 se traicionaron dichos acuerdos con una contrareforma. Yucatán apenas hace tres años reconoció en su Constitución la existencia del pueblo maya.

Las estatuas a los Montejo no contribuyen a conocer la historia sino a desvirtuarla y ocultan la barbarie al homenajear a los responsables de un doloroso proceso de exterminio y posterior sometimiento de un pueblo cuyas impresionantes manifestaciones culturales, religiosas artísticas y científicas fueron brutalmente atacadas y en gran parte destruidas.

Resulta deplorable que, mientras en diversos lugares de América “”y México no es la excepción””, avanza la lucha de los pueblos originarios por la autonomía y por el reconocimiento pleno de sus derechos, la ciudad de Mérida levante un monumento para homenajear a quienes, hace quinientos años, llegaron a estas tierras a despojar, destruir y esclavizar. ¿O es quizá la anacrónica instalación de esa estatua una respuesta a la actual lucha de los pueblos indígenas?

La lucha de los pueblos originarios por su autonomía ha significado una reconceptualización de los Estados mismos, la mayoría de los cuales se constituyó, precisamente como resultado de la invasión y del sometimiento y esclavización de los pueblos indígenas, bajo una mentalidad racista que los excluyó tanto en las leyes como en los hechos y los hizo extranjeros en su propia tierra.

Sabemos que la estatua en comento no fue un acto proveniente de la actual administración municipal, pero Ésta está obligada, en el marco de sus atribuciones y competencias, a realizar todas aquellas acciones que hagan efectivo el derecho a no ser discriminado por ningún motivo, así­ como a fomentar el respeto a los derechos humanos en general.

Mantener la efigie exhibiría nula sensibilidad y desinterés hacia los principios generales de los derechos fundamentales, pero también implicaría perpetuar un agravio, no sólo para los mayas que habitan en la ciudad, en sus comisarías y en el estado, sino también para quienes, siendo mayas o mestizos, consideramos que ningún abuso del poder debe ser motivo de homenaje.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 8° constitucional, solicitamos:

PRIMERO. Acordar y ejecutar el retiro de las estatuas de Francisco de Montejo, padre e hijo, de la principal avenida de esta ciudad de Mérida.

SEGUNDO. Iniciar un proceso de revisión para que se garantice que las calles, colonias, fraccionamientos y monumentos de la ciudad de Mérida no exalten situaciones o personajes que representen cualquier tipo de abuso de poder o violación a los derechos humanos y sÍ­ expresen la diversidad cultural que nos constituye.