Jorge Fernández Mendiburu *
No, la exigencia por el reconocimiento del matrimonio y concubinato para las parejas del mismo sexo no es una demanda reciente en Yucatán. En noviembre de 2008, diversas organizaciones y colectivos de derechos humanos lanzaron una convocatoria para presentar una iniciativa popular que reconociera la posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran acceder estas dos figuras y en consecuencia a los derechos que de ahí se derivan (ya definidos claramente por la Suprema Corte). Era la primera vez que, a nivel nacional, se hacía un planteamiento de esa naturaleza, en un contexto donde lo más que se había logrado era el reconocimiento de las sociedades de convivencia en la Ciudad de México y el Pacto Civil en Coahuila.
La respuesta de los grupos conservadores fue demoledora y en una coyuntura como la yucateca en donde el debate público sobre los derechos de la diversidad sexual había estado prácticamente ausente, impusieron (copiando la idea de la iniciativa popular), con el aval y la complicidad del Congreso del estado, de la ex gobernadora Ivonne Ortega y del entonces ombudsman estatal Jorge Victoria Maldonado (quien se negó a presentar la acción de inconstitucionalidad y avaló la modificación legislativa) una reforma que definía, en la Constitución estatal, el matrimonio y el concubinato como la unión entre un hombre y una mujer. (Por cierto, en esa misma sesión y con las mismas complicidades, también se aprobó la reforma que establecía la protección de la vida desde la concepción). Sin embargo frente a la aparente derrota total de quienes impulsaban el reconocimiento igualitario de derechos, quedó sembrada una semilla que ha perdurado, se ha fortalecido y ha germinado desde entonces. Nunca como antes en la entidad los derechos humanos de la población LGBTTTI se habían discutido públicamente desde una perspectiva de derechos humanos.
Han pasado casi 11 años desde aquel primer intento organizado. En 2013 se ganó el primer amparo de una pareja del mismo sexo a quien el registro civil yucateco le negó la posibilidad de casarse. A partir de entonces decenas de amparos han sido promovidos y muchas parejas gays y lesbianas han podido casarse en la entidad. Hay cuando menos dos casos en donde jueces locales han reconocido el concubinato de parejas del mismo sexo y a partir del 2015 diversos Juzgados de Distrito han obligado al registro civil de la entidad a reconocer la doble filiación de matrimonios homoparentales sobre hijos e hijas nacidas a través de técnicas de reproducción asistida (las primeras sentencias a nivel nacional).
Dos resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestran que Yucatán ha sido punta de lanza en batallas legales por el reconocimiento del derecho de las personas LGBTTTI: el amparo directo en revisión 5459/2016 mediante el cual el Máximo Tribunal, por mayoría de 3 votos contra 2 determinó que, si bien no había omisión legislativa del Congreso del estado al no legislar para reconocer el matrimonio y concubinato igualitarios sí reiteraba que negar esa posibilidad a parejas del mismo sexo era inconstitucional, y el amparo en revisión 553/2018 en donde la Primera Sala, por unanimidad, estableció que se debía reconocer la doble filiación de una pareja de hombres que tuvieron un hijo bajo la técnica de gestación subrogada
En todo ese lapso de 11 años han habido múltiples avances a nivel nacional e internacional: la Suprema Corte ha sentado jurisprudencia sobre lo inconstitucional que resulta no reconocer el derecho de parejas del mismo sexo a fundar una familia, la Corte Interamericana ha emitido una opinión consultiva (24/17) conminando a los Estados Parte (México entre ellos) a reconocer las uniones del mismo sexo y facilitar el cambio de documentos para personas transgénero, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido una recomendación general (la 23) manifestándose a favor del reconocimiento legal del matrimonio de parejas del mismo sexo en el país y pidiendo se aprobaran las reformas legales para el reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales, entre otras resoluciones de trascendencia.
No, el reconocimiento del matrimonio y el concubinato igualitarios no es una dádiva, es un simple acto de justicia que, en caso de no concretarse, dejaría en ridículo una vez más a un Congreso yucateco que en este tema se ha quedado a la zaga de otros poderes legislativos del país y parece empeñado en querer agradar a los sectores más conservadores de la sociedad (curiosamente algunos de ellos también ligados a grupos económicamente influyentes en la entidad). Cada amparo que una pareja del mismo sexo gana para poder casarse, es un recordatorio de que los poderes públicos colocan en distintas categorías a sus ciudadanas/os a partir de su orientación sexual y una muestra de violencia simbólica en una entidad que presume de ser la menos violenta del país.
Finalmente es preciso recordar que, como diría el filósofo español Joaquín Herrera Flores, los derechos humanos son procesos, el resultado siempre provisional de la luchas por alcanzar la dignidad. Y, en el caso de los derechos de la disidencia sexual, existe todavía una larga deuda que los poderes públicos tienen que cubrir. La tipificación, prevención, investigación y sanción de los crímenes de odio (en donde Yucatán ocupa primeros lugares), las necesarias reformas legislativas para reconocer derechos de las personas transgénero (las más excluidas dentro de las excluidas), y un largo etcétera. La exigencia es larga y los obstáculos mayores. Lo anterior también es un recordatorio para el movimiento LGBTTTI de la entidad: las acciones jurídicas tienen alcances limitados, mientras no exista una organización y sobre todo un proceso de politización, el objetivo de alcanzar igualdad real para un colectivo históricamente discriminado estará todavía muy lejano. No hay que dejar las redes sociales, pero si hay que tomar las calles.
Abogado. Coordinador del Área Jurídica del Equipo Indignación A.C.
Correo: jofeme@hotmail.com
