La Codhey alienta la tortura en Yucatán

Carta pública a Jorge Victoria Maldonado: Renuncie

Indignación Clausura Procuraduría de Justicia | Foto Malena López

Chablekal, Yucatán, en vísperas del 17 de diciembre de 2010
A 4 meses de la detención de Roberth Tzab Ek
(quien falleció en los “˜separos”™ de la Procuraduría de Justicia Tekax
horas después de ser detenido)

Lic. Jorge Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del estado de Yucatán

Con profunda preocupación hemos visto transcurrir el tiempo desde el fallecimiento de Roberth Tzab Ek en una cárcel de la Procuraduría de Justicia con sede en Tekax, Yucatán, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que sin lugar a dudas exhiben negligencia, sin que las autoridades señalen a algún responsable ni indiquen los avances en la investigación ni hagan públicas determinaciones para evitar que un hecho tan grave como Éste ocurra de nuevo.

Con estupor hemos constatado que el caso, contra toda lógica y sentido común, continúa investigándose precisamente en la misma agencia del Ministerio Público en la que están por lo menos algunos de los responsables del fallecimiento de Roberth Tzab, que son quienes lo custodiaban en la sede de la Procuraduría en Tekax, a pesar de que expresamente le hemos solicitado al procurador que centralice la investigación, como correspondería como mínima garantía de imparcialidad.

Hemos constatado también que hay graves omisiones en la integración de la averiguación previa 1049/12ª/2010 abierta con motivo de los hechos pues, al menos hasta hace unas semanas, cuando integrantes de Indignación revisamos el expediente, no se había interrogado ni a los agentes que participaron en la detención de Roberth la madrugada del 17 de agosto, ni a quienes lo trasladaron ni a quienes lo tuvieron bajo su custodia.

Con profunda rabia nos enteramos del caso de Roberth Tzab, pues en los meses recientes hemos conocido también otras situaciones que refieren tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uno de esos casos es el de un señor que incluso estuvo hospitalizado en el hospital O’Horán, según supimos como consecuencia de las lesiones, y aun así­ la Codhey demoró tres días en acudir a ver al agraviado y sólo lo hizo después de una llamada del equipo Indignación cuestionando su ausencia.

En Indignación consideramos que una comisión de derechos humanos puede inhibir y evitar la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos señalando a los responsables, interponiendo en su caso las denuncias correspondientes, especificando las medidas con las que el gobierno garantizará la no repetición de hechos y, por supuesto, supervisando el cumplimiento de estas medidas y de sus recomendaciones. Al no hacerlo, la Codhey tiene una gran responsabilidad en estos hechos.

Las omisiones de la Codhey, junto con sus tardías, vagas e inocuas recomendaciones, constituyen un aliciente para quienes cometen actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, incluyendo a los responsables de investigar que, en vez de hacerlo, encubren a torturadores.

Hemos constatado que la Codhey cuenta con información sumamente relevante en el caso de Roberth Tzab y con elementos que podrían resultar determinantes. A pesar de esto, hemos visto transcurrir ya prácticamente cuatro meses desde el fallecimiento de Roberth Tzab. Nos preocupa la trayectoria de encubrimientos de la Codhey y la impericia de gran parte de su personal.

Con estupor le escuchamos en una entrevista radiofónica el sábado 11 de diciembre sostener que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco es muy sensible a los derechos humanos y que la Secretaría de Seguridad Pública atiende y cumple sus recomendaciones en un alto porcentaje. En esa misma entrevista, le escuchamos evadir una respuesta cuando le preguntaron si en Yucatán hay tortura.

Indignación considera que en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco ha sido sistemática la utilización de prácticas policíacas incompatibles con los derechos humanos, como lo es la tortura, situación que se exhibe, también, con la reciente detención arbitraria, incomunicación y tortura del activista José Ricardo Maldonado Arroyo, por parte de policías judiciales, situación ante la cual, por cierto, usted tampoco se ha pronunciado enérgicamente. Consideramos que la Codhey ha contribuido a la persistencia de estas prácticas pues, a pesar de que de sus propias recomendaciones se deriva que, un alto porcentaje de las quejas presentadas por la ciudadanía tiene que ver con situaciones de arbitrariedad policíaca, la Codhey no ha realizado ninguna recomendación general ni hecho pública ninguna situación expresando su postura sobre la gravedad de estos hechos.

Ya desde el sexenio de Patricio Patrón Laviada alertábamos sobre la existencia de prácticas de brutalidad policíaca que ameritaban medidas contundentes por la parte de la Codhey, como en el caso de las personas detenidas y torturadas por policías municipales y estatales durante el operativo derivado de la visita de George Bush a Mérida.

Al respecto, es preciso recordarle que, una de las primeras medidas para prevenir y erradicar esta práctica, es señalar que existe. Los casos de tortura que ha documentado la Codhey, los ha catalogado como “violaciones al derecho a la integridad personal”, sin hacer alusión a la gravedad del hecho que implica que esa violación a la integridad consista en tortura. Esta situación alienta a que los Órganos encargados de investigar los delitos minimicen los hechos. Más cuando son sus propios funcionarios los responsables de cometerlos, hecho que resulta incompatible con los estándares básicos que en materia de derechos humanos se han establecido para casos de tortura.

En esa, tesitura, le recordamos que la tortura, según la definición de la Convención Interamericana respectiva, consiste en:

“Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

Que una persona fallezca en un centro de detención en condiciones similares a las que vivió Roberth Tzab hace presumir la comisión de tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes publicado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura en mayo del presente año con motivo de su visita a México en el año 2008.

También existen otros documentos que son indispensables para establecer medidas eficaces para la prevención, investigación y sanción de actos de tortura y que, si los conociera, podrían serle de utilidad para mejor catalogar situaciones de posible tortura. Así­ por ejemplo, los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000, establecen claramente la necesidad de que toda investigación relativa a hechos de tortura sea realizada por autoridades independientes a las involucradas en los hechos:

  1. Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que Éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas.

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán tiene la obligación impostergable de:

Primero. Emitir la recomendación respectiva a la brevedad posible, en la cual, basándose en estándares internacionales, establezca con claridad las violaciones a los derechos humanos que derivaron en la muerte, en los separos de la Policía Judicial en Tekax, Yucatán, del C. Robert Tzab. De contar con indicios de tortura, la Codhey tendría que, a través de acto propio o de la recomendación, garantizar que la averiguación previa se integre precisamente por ese delito. La recomendación, por su parte, tiene que salvaguardar la identidad de aquellas personas que podrían correr algún riesgo, de acuerdo con lo establecido en la propia normatividad de la Codhey.

Segundo. Como parte de las recomendaciones, exigir al Procurador General de Justicia del estado que ordene la remisión de la averiguación previa 1049/12ª/2010 a una agencia investigadora distinta a la que era responsable de la custodia del C. Robert Tzab al momento de su fallecimiento, y que cuente con las capacidades técnicas necesarias para efectuar una investigación por tortura.

Indignación considera que, bajo su conducción, la Codhey no está en condiciones de cumplir con las exigencias señaladas en los puntos anteriores, que son los mínimos que desde la perspectiva del derecho internacional y los Principios de París tendría que exigir una comisión pública de derechos humanos, por lo que le exigimos que, en un acto de responsabilidad, renuncie al cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, pues este caso se suma a otros en los cuales su silencio, su impericia, su sometimiento y sus limitaciones técnicas y/o políticas han tenido como consecuencia reforzar los patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos y la impunidad que prevalece en casos que nos agravian a todas y todos, en particular a hombres y mujeres que han sido víctimas de graves violaciones a esos derechos humanos.

Atentamente,
Por Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Martha Capetillo Pasos