La CNDH y el Gobierno del Estado de Yucatán en riesgo de avalar violaciones a los derechos humanos

30 de noviembre de 2001

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C., perteneciente a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, manifiesta su extrañamiento y preocupación ante la posibilidad de que la Dra. Rocí­o Marthell López, cuya gestión en la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán está siendo investigada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los menores infractores, se haga cargo de la clí­nica de Conkal, Yucatán, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según testimonios de varias personas (padres de familia y trabajadores de la institución) que acudieron a este Equipo de Derechos Humanos para denunciar la situación imperante en la Escuela de Menores Infractores, la ex directora de dicha Escuela, imponí­a castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistí­an en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigí­a a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raí­z de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

No obstante, y a pesar de que desde julio pasado, el Equipo de derechos humanos Indignación alertó a la CNDH sobre la grave situación que imperaba en la Escuela de Menores y aportó los testimonios de personas cercanas a la Escuela que denunciaron hechos que, de comprobarse, implicarí­an graves violaciones a los derechos de los niños y niñas internos en dicha escuela social, hasta la fecha dicha institución gubernamental de derechos humanos no ha emitido su postura al respecto, a pesar de que desde un principio abrió el expediente 2001/19/26.

Por cuanto hace a la responsabilidad del gobierno estatal, es preciso mencionar que ya desde 1999 los denunciantes hicieron del conocimiento del entonces Secretario de Gobierno del Estado, Cleominio Zoreda, las condiciones inhumanas que viví­an los menores internos en la referida Escuela Social, pero sin obtener ningún resultado por parte de la administración de Cervera Pacheco.

En este mismo tenor, y a pesar de que la Dra. Martell fue removida de su puesto por la administración que encabeza Patricio Patrón Laviada, es incuestionable la responsabilidad que pesa sobre el actual Ejecutivo Estatal, toda vez que los actos presuntamente desplegados por la Dra. Martell durante su administración al frente de la Escuela de menores infractores, pueden configurar a su vez una serie de conductas delictivas que la Procuraduría de Justicia del Estado está en obligación de investigar, independientemente de que la CNDH haya conocido del asunto. La obligación de la Procuradurí­a de Justicia del estado y por lo tanto del gobierno estatal, se fundamenta en el hecho de que quienes han sido agraviados con los supuestos actos cometidos por la Dra. Martell, han sido justamente un amplio sector de la sociedad como lo son en este caso los niños y niñas yucatecos que se encuentran en la escuela. No sólo eso, con sus acciones la Dra. Martell también puede incurrir en los supuestos que, bajo el tí­tulo de delitos cometidos por servidores públicos establece el Código Penal del Estado de Yucatán. En tal virtud, es incuestionable la responsabilidad que tiene la Procuradurí­a para iniciar las investigaciones correspondientes y evitar que estos abusos denunciados queden en la impunidad.

Cabe señalar que ha sido justamente la omisión para iniciar la averiguación previa por parte de la Procuradurí­a de Justicia del Estado y la dilación en las investigaciones que efectúa la CNDH, lo que permitirí­a a la Dra. Marthell acceder nuevamente a un puesto público de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural, en donde la sensibilidad y la honestidad son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

La dilación de la CNDH en este caso tiene serias consecuencias. Por una parte, si la doctora es responsable de las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen, la CNDH está contribuyendo, con su inacción o tardanza, a la impunidad de la que goza actualmente la ex directora de la Escuela Social de Menores Infractores. Por otra parte, si la investigación concluyera que la doctora Marthell no tiene responsabilidad en las violaciones que se le atribuyen, la tardanza de la CNDH está permitiendo que se lesione el prestigio de una persona.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. hace un atento llamado a la CNDH, para que se atienda el caso con la urgencia que amerita, concluya la investigación iniciada y, de encontrar violaciones a los derechos humanos, emita la recomendación correspondiente.

Del mismo modo, hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Estatal para que cumpla con el compromiso de velar por los intereses de la sociedad y de combatir la impunidad, e inicie la investigación penal que corresponde en este caso.

Finalmente instamos a los directivos del Seguro Social a revisar la decisión de nombrar como responsable de la clí­nica a una persona que, actualmente, está siendo investigada como responsable de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños internos de la Escuela Social de Menores Infractores.

Para mayor información, favor de comunicarse a Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, en Mérida, Yuc, al teléfono (01 999) 9-25-27-59 con Cristina Muñoz o Martha Capetillo.

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