3 de febrero de 2006

Equipo INDIGNACIÓN A.C.

La conformación de organismos públicos ciudadanizados ha sido, desde hace muchos años, uno de los objetivos perseguidos por numerosas organizaciones civiles en todo el país. Un paso indispensable en el proceso de transición democrática que vivimos en nuestro país ha sido la laboriosa construcción de instituciones que, operadas y supervisadas por gente ajena al poder público y a los partidos políticos, ofrecieran a los ciudadanos y ciudadanas vigilancia puntual e imparcial de las acciones del gobierno y contribuyeran a la consolidación de la democracia.
Tres instituciones ciudadanas han surgido en el país como fruto de ese esfuerzo: las comisiones públicas de derechos humanos, los consejos electorales y, la más reciente, los institutos de acceso a la información pública.
Constatamos que, tanto en el Ámbito federal, como en el estatal, las instituciones ciudadanizadas están todavía en proceso de construir, fortalecer y defender la autonomía e independencia que requieren para su desempeño. En la elaboración del marco legal que rige a estas instituciones y en su conformación han pesado más los intereses de los partidos políticos que las propuestas ciudadanas.
La CNDH no cuenta con una reconocida independencia y su ineficiencia y dispendio de recursos públicos ha sido ampliamente documentada.
El Instituto Federal Electoral, a pesar de que logró construir una cuota significativa de independencia e imparcialidad, ha resentido en su renovación negociaciones de los partidos ajenas a los intereses de la ciudadanía.
El Instituto Federal de Acceso a la Información es todavía muy joven para poder tener una idea clara de los aspectos positivos y negativos de su funcionamiento.
Los tropiezos encontrados en la conformación de este tipo de organismos a nivel federal, se repiten en los estados de la república. En el caso de Yucatán, el equipo de derechos humanos Indignación A.C. ha hecho públicas sus opiniones con respecto a la actuación de la Codhey y de las modificaciones que todavía se necesitan hacer a la ley del ramo para garantizar que a la presidencia de ese organismo llegue una persona con trayectoria probada y experiencia para defender los derechos de las y los yucatecos.
La conformación del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán (INAIP) fue cuestionado por el Equipo Indignación al incluir entre sus integrantes a una personas vinculada con el partido Acción Nacional .
Pero quizá el organismo que ha sido más cuestionado públicamente en los Últimos meses ha sido el Consejo Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Yucatán (IEEY). Surgidos de un cuestionado proceso de insaculación que reveló la incapacidad de los diputados y diputadas de llegar a acuerdos para procurar a la ciudadanía un instrumento confiable para la organización de las elecciones, los Consejeros Electorales así­ electos han sido acusados, a través de medios de comunicación, de realizar gastos indebidos; algunos actores políticos subrayan, a través de la prensa, las diferencias existentes entre dichos servidores públicos y su incapacidad para llegar a acuerdos como causa de parálisis o inactividad de ese instituto.

Nuestra opinión
1. La ciudadanización de los organismos autónomos ha sido saboteada por los partidos políticos al interior del Congreso y fuera de él. Centrados solamente en sus intereses, los partidos políticos han mostrado falta de voluntad política en el proceso de democratización de las instituciones, lo que ha obstaculizado el fortalecimiento del marco legal que las rige y ha impedido que lleguen a dichos organismo personas con amplia trayectoria ciudadana. En algunas organizaciones de la sociedad civil persiste la preocupación de que la conformación de esas instituciones, más que consolidar la democracia a través de los organismos ciudadanos, ha sido utilizada para legitimar al Estado.
2. El Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, asienta la necesidad de “fortalecer la imparcialidad de los consejeros electorales ciudadanos a todos los niveles a través de nuevas reglas de designación. Una posible solución es reforzar el “diseño público” del entramado institucional para evitar sesgos evidentes. Se deben establecer mecanismos legales para que no sean los partidos al interior del Congreso los que designen a las y los consejeros electorales. El proceso de selección debe favorecer la representación ciudadana, de género y de las regiones del país”

3. Los organismos ciudadanos tienen también la obligación de salvaguardar su autonomía. Creemos que, lo que señala Miguel Sarre sobre la CNDH, vale para el actual Instituto Electoral del Estado de Yucatán y su consejo ciudadano: “La autonomía de la CNDH no sólo debe ser respetada por los demás poderes públicos sino por el Ombudsman mismo. Si éste llega a comprobar que su autonomía se torna insuficiente o está en peligro por cualquier razón, tiene el deber de denunciarlo, rechazarlo y colocarse por encima de esos embates contra su independencia”.
   4. Sobre la autonomía, Sarre también apunta: “Debe estar sujeta al escrutinio social y de los representantes populares, porque la autonomía no significa escapar a todo control”. Reiteramos lo que hemos dicho antes: los consejeros ciudadanos, como todos los servidores públicos, están sujetos al escrutinio social y a la rendición de cuentas, la cual están obligados a favorecer y facilitar.
   5. Constatamos que ha habido muchas opiniones en contra de la actuación de los consejeros del Instituto Electoral del Estado, pero aún no han salido a la luz los resultados de las investigaciones a las que los Consejeros han sido sujetos. Sólo dichos resultados nos permitirán saber si han cometido alguna irregularidad.
   6. Las insistentes acusaciones por parte de distintos actores políticos, mientras no estén sustentadas en hechos comprobados, obligan al Consejo a tener especial cuidado en vigilar que no se vulnere su autonomía y a evitar intromisiones que podrían provenir de alguno de los otros poderes del Estado.
   7. Ante las voces que reclaman al Congreso destituir a los Consejeros, el Equipo Indignación alerta acerca del riesgo que implica para la democracia el recurrir a mecanismos extralegales para designar o destituir a cualquiera de sus integrantes. Este tiempo nos ha hecho recordar el tiempo del desacato, cuando se intentó imponer un consejo electoral al margen de la ley e, incluso, violentándola. El Congreso del Estado, entre cuyas funciones está precisamente la de revisar la actuación de otros organismos y sus cuentas, está obligado a ejercer esta facultad con absoluto apego a la ley.
   8. Indignación, como muchas otras organizaciones y personas, cuestionó el proceso de insaculación por medio del cual fueron designados los consejeros, pero es consciente de que sólo pueden ser removidos si incurren en ilí­citos y mediante un proceso legal.
   9. Aprovechamos el espacio de esta reflexión para hacer un reconocimiento a Pedro Uc Be, quien en diversas ocasiones ha dado a este equipo lecciones de independencia y autonomía. Su desempeño como consejero en este controvertido momento no hace sino acrecentar nuestra confianza en Él y sumar nuevas razones a las que ya tení­amos para considerarlo una persona idónea para este cargo.

Reiteramos la necesidad de fortalecer a las instituciones ciudadanas para garantizar con mejores leyes su autonomía y su conformación. El Congreso del estado de Yucatán tiene la obligación de construir el mejor marco legal posible para este objetivo, todavía inconcluso.

Atentamente,

Equipo INDIGNACIÓN A.C.