Juzgado federal revisará omisa indagatoria por tortura

Comunicado del equipo Indignación

El juzgado cuarto de distrito admitió una demanda de amparo ante la negligencia y la ausencia de investigación en una indagatoria abierta precisamente por tortura atribuible a servidores públicos, para esclarecer la muerte de Roberth Tzab Ek, quien falleció en una cárcel de Tekax en agosto de 2010.

Esta indagatoria es la segunda que se abre por el fallecimiento de Roberth Tzab Ek; sin embargo, al igual que la anterior, enfrenta omisiones y obstáculos a pesar de haberse remitido desde agosto de 2012 a la agencia del Ministerio Público de Ticul.

Robert Tzab Ek falleció el 19 de agosto de 2010 mientras se encontraba en los separos de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del estado) de Tekax, detenido por agredir a su esposa. La investigación y sanción de probables hechos en donde la muerte de una persona se da bajo la custodia del propio Estado, implica la sospecha de que antes o durante la detención, pudieron haberse cometido actos de tortura que causaron la muerte y genera una serie de responsabilidades inmediatas para el Estado mexicano y los órganos que la componen.

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes ha señalado que:

“Los Estados velarán porque se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de tortura o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo a que estos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales médicos o de otro tipo. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas”
La anterior indagatoria, iniciada en Tekax (en el lugar en donde falleció Roberth Tzab Ek, lo que ponía en entredicho la imparcialidad en la investigación), omitió investigar tortura e intentó fallidamente inculpar únicamente a un médico externo a la Agencia que revisó al detenido, exculpando a cualquier funcionario adscrito a dicha agencia. El juez negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público al considerar que no había elementos suficientes para proceder contra el médico, resolución que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia.

Ante la fallida estrategia de inculpar al médico y exculpar a los servidores públicos, en julio de 2012, a instancias de la familia, quien presentó nueva denuncia acompañada por el equipo Indignación, se abrió una nueva indagatoria, la cual se remitió a la Agencia del Ministerio Público con sede en Ticul toda vez que en esta indagatoria se inculpa a servidores públicos adscritos a la agencia del Ministerio Público de Tekax y a la policía judicial, pero han continuado los obstáculos y las omisiones por parte de las autoridades encargadas de investigar, como es el hecho de no desahogar ninguna diligencia ni responder a las solicitudes de ofrecimiento de pruebas de la familia.

Ante las omisiones persistentes y la negligencia, familiares de Roberth Tzab, acompañados por el equipo Indignación presentaron una demanda de amparo por denegación de justicia. El día de hoy, 3 de junio, el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Mérida notificó que fue admitida la demanda.

Cabe recordar que, el caso de Roberth Tzab ha sido motivo ya de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos humanos del estado de Yucatán, institución que, a pesar de la gravedad del caso se negó a catalogar la violación a derechos humanos como tortura, razón por la cual fue impugnada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ni la recomendación de la Codhey ha sido cumplida ni la CNDH ha resuelto la impugnación.

El caso de Roberth Tzab fue citado en un informe sobre la tortura en México que presentó en junio de 2012 la Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura en Francia (ACAT) en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).