El Ministerio Público de Campeche consideró que no hay delito qué perseguir en la denuncia interpuesta por el ataque a San Antonio Ebulá, la agresión a los pobladores y la destrucción de las viviendas de Más de 70 familias en agosto de 2009, a pesar de que fue un hecho público que lo obligaba a actuar inmediatamente.
El ataque y la destrucción de San Antonio Ebulá fue cometido por civiles contratados por el empresario Eduardo Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, bajo la mirada de la policía estatal que omitió intervenir para salvaguardar la integridad física y la propiedad de los pobladores.
Ya antes la Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que el caso de Ebulá no es un asunto de derechos humanos y hace unas semanas la Comisión Nacional avaló su resolución. En aberrante complicidad, la CNDH omitió considerar extenso informe que se le hizo llegar en tiempo y forma y dio la razón a su homóloga estatal por considerar resuelto el asunto y por supuesto desinterés de los afectados en el seguimiento.
El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche Más de un mes.
En el recurso de revisión presentado hoy 10 de noviembre ante la Procuraduría, las y los pobladores acusan al Ministerio Público de omitir investigar y limitarse a desacreditar los ilícitos denunciados en franca protección a la familia Escalante.
Más de cuarenta personas de San Antonio Ebulá acudieron en distintas fechas a declarar, pero el Ministerio Público no investigó ni se allegó de pruebas para integrar debidamente la averiguación previa.
El gobierno de Campeche, en un convenio firmado con los pobladores el 24 de septiembre de 2009, condicionó la reparación de los daños al procedimiento penal, pero ahora determina el no ejercicio de la Acción Penal.
El caso de San Antonio Ebulá fue seguido por decenas de organizaciones de la Sociedad Civil que acompañaron al pueblo de Ebulá en sus demandas de reparación, justicia y paz y en un intento de retorno impedido por personas al servicio del empresario Escalante.
El caso también fue seguido por Amnistía Internacional y por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También fue mencionado en el informe de la relatora de vivienda de Naciones Unidas.
Indignación deplora la impunidad que prevalece en este caso y la determinación del gobierno de Campeche de proteger al empresario Eduardo Escalante. Uno de sus hijos tiene un puesto de alto nivel en el actual gobierno de Campeche.
El recurso de revisión presentado obliga al procurador a ordenar la reapertura del expediente, la debida integración del expediente de acuerdo a los Más altos estándares y, en su momento, a ejercitar la acción penal y solicitar las Órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables en un hecho que fue público y documentado por diversos medios de comunicación de la entidad cuyos representantes también fueron amenazados por los parapolicías sin que los elementos de seguridad pública interviniesen para protegerlos y garantizarles el ejercicio su labor.
