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Feminicidio, al fin grave en Yucatán

Tardía reparación legislativa

Comunicado del equipo Indignación

 

 

Después de dos años, diversas comunicaciones de la sociedad civil, señalamientos de autoridades nacionales e internacionales, un juicio en su contra y al menos siete crímenes ocurridos en ese lapso, el Congreso del Estado al fin incluyó el feminicidio entre los delitos graves en el Código Penal del estado de Yucatán. Lo hizo al aprobar una iniciativa proveniente del Ejecutivo.

Cuando en septiembre de dos mil doce incluyó este delito en el Código Penal, omitió catalogarlo como un delito grave, generando diversos obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia.

Ayer, 19 de marzo, tardíamente, reparó la omisión al aprobar una iniciativa proveniente del Gobierno del Estado, ante quien también se insistió, reiteradamente, en la obligación de subsanar esta omisión y dejar de encubrir crímenes de odio por razones de género bajo el engañoso tipo de “crímenes pasionales” que justifica al agresor e impide establecer medidas de reparación y de no repetición.

Diversas organizaciones, entre ellas el Equipo Indignación, exigieron reiteradamente que se corrigiese la omisión legislativa. Por su parte, el Senado de la República emitió a mediados de dos mil trece un exhorto al Congreso del Estado de Yucatán en el mismo sentido. Asimismo, en el año dos mil trece, Magdy Martínez-Solimán, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, solicitó a las autoridades mexicanas tipificar el feminicidio en todo el territorio nacional como el delito agravado.

Ante la resistencia por parte del Poder Legislativo para reformar el Código Penal del Estado de Yucatán, el Equipo Indignación interpuso en noviembre del año pasado una demanda en contra del Congreso del Estado ante el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán por haber incurrido en una omisión legislativa, toda vez que las obligaciones en materia de derechos humanos contenidas en la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos exigían garantizar a todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencia a través de las reformas legislativas que fueran necesarias para ello. Al presentar su contestación a la demanda, el Congreso del Estado de Yucatán únicamente emitió señalamientos formalistas y erróneos, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto y limitándose a indicar falsamente que no se violaba la Constitución Política del Estado de Yucatán por dicha omisión.

Requerida en el juicio, la Fiscalía se pronunció en el mismo sentido: admitiendo la omisión y alegando que eso no violaba derechos ni la Constitución.

Fue justo en la etapa final de este juicio constitucional que el Gobierno del Estado de Yucatán presentó un paquete de reformas en materia penal que incluía, entre otras, la tipificación del delito de feminicidio como grave. El día de ayer, el Congreso del Estado de Yucatán, en un tiempo record, aprobó en pleno adoptar esta propuesta, a pesar de que una idéntica ya había sido presentada desde hace más de un año y se habían resistido siquiera a debatirla.

Era urgente y necesaria la tipificación del feminicidio como grave, como una de las condiciones para enfrentar adecuadamente la violencia contra las mujeres y erradicarla. Sin embargo, no podemos celebrar aún. Lejos de considerar esta reparación como una señal de compromiso con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, constituye un motivo de preocupación para este equipo la actuación del Poder Legislativo del estado de Yucatán, sus omisiones, su sometimiento, su indolencia.

En Yucatán, Ejecutivo y Legislativo han exhibido una gran tolerancia frente a la violencia de género, lo que constituye violencia institucional, favorece la revictimización y la impunidad.

Se requiere aún una diligente actuación de la Fiscalía, protección efectiva, estrategias de prevención, implementar y mantener el registro de casos de violencia de género sin lo cual difícilmente pueda diseñar una estrategia adecuada de prevención ni garantizar una justicia pronta y efectiva.

Jueces y magistrados tienen también que erradicar prejuicios de género que constituyen un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia.

La reparación legislativa, tardía, es necesaria. Falta la justicia. Nos mantendremos atentas de las acciones que los poderes ejecutivo y judicial implementen para erradicar la violencia contra las mujeres en Yucatán.

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