Mérida, Yucatán; 3 de diciembre de 2001

Sr. Patricio Patrón Laviada
Gobernador del Estado de Yucatán

Lic. Miguel Ángel Díaz Herrera
Procurador de Justicia del Estado de Yucatán

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C., perteneciente a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, manifiesta su extrañamiento y preocupación ante la inacción de la procuradurí­a del Estado de Yucatán frente a los presuntos hechos delictivos cometidos durante la gestión de la Dra. Rocío Marthell López como directora de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán en perjuicio de menores internos en esa escuela social.

Según testimonios de varias personas (padres de familia y trabajadores de la institución) que acudieron a este Equipo de Derechos Humanos para denunciar la situación imperante en la Escuela de Menores Infractores, la ex directora de dicha Escuela, imponí­a castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistí­an en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raí­z de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

El gobierno del Estado seguramente tiene conocimiento de que estos hechos están siendo investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha abierto el expediente 2001/1926. Sin embargo, esa investigación no exime al gobierno del Estado de la responsabilidad que tiene frente a la posible comisión de delitos.

Por cuanto hace a la responsabilidad del gobierno estatal, es preciso mencionar que ya desde 1999 los denunciantes hicieron del conocimiento del entonces Secretario de Gobierno del Estado, Cleominio Zoreda, las condiciones inhumanas que viví­an los menores internos en la referida Escuela Social, pero sin obtener ningún resultado por parte de la administración de Cervera Pacheco.

En este mismo tenor, y a pesar de que la Dra. Martell fue removida de su puesto por la actual administración, es incuestionable la responsabilidad que pesa sobre el actual Ejecutivo Estatal, toda vez que los actos presuntamente desplegados por la Dra. Martell durante su administración al frente de la Escuela de menores infractores, pueden configurar a su vez una serie de conductas delictivas que la Procuradurí­a de Justicia del Estado está en obligación de investigar, independientemente de que la CNDH haya conocido del asunto. La obligación de la Procuradurí­a de Justicia del estado y por lo tanto del gobierno estatal, se fundamenta en el hecho de que quienes han sido agraviados con los supuestos actos cometidos por la Dra. Martell, han sido justamente un amplio sector de la sociedad como lo son en este caso los niños y niñas yucatecos que se encuentran en la escuela. No sólo eso, con sus acciones la Dra. Martell también puede incurrir en los supuestos que, bajo el tí­tulo de delitos cometidos por servidores públicos establece el Código Penal del Estado de Yucatán. En tal virtud, es incuestionable la responsabilidad que tiene la Procuraduría para iniciar las investigaciones correspondientes y evitar que estos abusos denunciados queden en la impunidad.

Cabe señalar que ha sido justamente la omisión para iniciar la averiguación previa por parte de la Procuradurí­a de Justicia del Estado y la dilación en las investigaciones que efectúa la CNDH, lo que permitirí­a a la Dra. Marthell acceder nuevamente a un puesto público de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural (según información publicada en el Diario de Yucatán la Dra. Marthell serí­a directora de la clí­nica del Seguro Social en Conkal), en donde la sensibilidad y la honestidad son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. hace un enérgico llamado al Ejecutivo Estatal para que cumpla con el compromiso de velar por los intereses de la sociedad y de combatir la impunidad, e inicie la investigación penal que corresponde en este caso.

Atentamente,

Por INDIGNACIÓN,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 Ma. Cristina Muñoz Menéndez