Erradicar la tortura, exige Indignación a Gobierno de Yucatán

InformeTortura

* La celda de la amargura, se titula el informe que documenta este crimen y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

* La tortura en Yucatán, tolerada y encubierta por Gobierno y Codhey

* Policías estatales y municipales torturan sistemáticamente a detenidos

* Tortura contra periodistas y defensores en Yucatán, documenta el informe

Comunicado del equipo Indignación

Hacer efectiva la prohibición de la tortura en todo el estado de Yucatán y sancionar a quienes la cometen o encubren, exigió Indignación al gobernador Rolando Zapata al presentar el informe “La celda de la amargura” , publicación que documenta este ominoso crimen y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La tortura persiste en Yucatán, denunció Indignación y añadió que es una práctica recurrente, sistemática, extendida en el estado de Yucatán, cometida principalmente por agentes de policía estatales y municipales.

El informe incluye casos de tortura documentados por el equipo Indignación, casos que se han obtenido a través de la prensa y testimonios.

“Nos llevaron al monte. A mí me desnudaron y un policía gritó: úntale la mayonesa y simuló una violación, untando su cuerpo contra el mío. Me apretaron los pezones con unas pinzas”.

Este testimonio narra las agresiones cometidas por la policía estatal contra jóvenes detenidos con violencia, sin orden de aprehensión, en febrero de este año, acusados de robar un bulto de cemento.

Este caso es responsabilidad directa del actual director de la policía estatal, Luis Felipe Saidén, responsabilidad que aumenta por el tiempo que lleva al frente de una institución que es señalada, incluso por la complaciente Codhey, de cometer tortura y otros tratos crueles contra detenidos de manera sistemática.

Es una práctica sistemática la humillación de los detenidos y son una constante las vejaciones sexuales. Los casos, de acuerdo con el equipo Indignación, constituyen tortura. Sin embargo, a pesar de haber sido denunciados ante la Codhey desde el momento mismo en el que ocurrieron, esta institución ni siquiera los ha calificado, no aplicó el protocolo de Estambul, ni llevó de inmediato a un médico.

La fiscalía recibe detenidos sin cerciorarse de que no hayan sido torturados. Los exámenes médicos no son rigurosos y, muchas veces, se omiten y simplemente hacen pruebas para detectar sustancias ilegales.

El informe incluye un apartado sobre tortura y otros tratos crueles contra periodistas y defensores de derechos humanos, que documenta la agresión cometida por el alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, contra el corresponsal de megamedia en ese municipio, y la tortura cometida hace tres años contra un integrante de Repavih (Red de Personas Viviendo con VIH).

“La celda de la amargura” es el título del informe, que también actualiza el caso de Roberth Tzab, quien falleció en agosto de 2010 en una cárcel de la fiscalía en Tekax, en condiciones que obligan a sospechar tortura y en un contexto de alarma por la cantidad de personas fallecidas en cárceles y centros de detención en ese año. El caso continúa impune hasta la fecha. Han sido necesarios dos amparos contra la inacción para que se haga alguna diligencia en ese expediente.

Indignación recordó que Yucatán fue uno de los últimos estados en tipificar el delito de Tortura. Recordó la reticencia y el desconocimiento de diputadas y diputados que ignoraban el concepto mismo de tortura.

La ley estatal contra la tortura se aprobó hace diez años y, hasta la fecha, ningún funcionario, ningún agente ha sido sentenciado por tortura ni por encubrirla, a pesar de que la ley obliga a cualquier servidor público que tenga conocimiento de esta ominosa práctica a denunciarla de inmediato.

Al exigir al gobernador de Yucatán hacer efectiva en todo el estado la prohibición de la tortura y sancionar a quienes la cometen o encubren, Indignación también exigió hacer explícita esa prohibición y exhortar a cualquier servidor público que haya tenido conocimiento de un acto de tortura o de cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante cometido por un servidor público a denunciarlo de inmediato.

Indignación lamentó la actuación poco profesional, complaciente y tolerante de la Comisión estatal de Derechos Humanos y exigió al gobernador ser intolerante frente a la tortura, crimen ignominioso e inaceptable que degrada a la sociedad.

Mérida, Yucatán; 24 de marzo de 2014.

Día internacional del derecho a la verdad con relación a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, declarado por Naciones Unidas en memoria de Monseñor Oscar Romero

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