En Yucatán Congreso, Gobierno y Ombudsman sabotearon la igualdad

Indignación celebra la resolución de la SCJN sobre matrimonios homosexuales

El equipo Indignación celebra la igualdad jurídica para todas las familias reconocida en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.

La Suprema Corte también resolvió la validez de dichos matrimonios en toda la República y la posibilidad de adopción, considerando discriminatorio impedir la adopción basándose en la orientación o preferencia sexual de los cónyuges.

Si bien esta igualdad jurídica será disfrutada por quienes celebren su matrimonio en el DF, el reconocimiento de las otras familias y de sus iguales derechos significan para todo el país un referente en la batalla contra la discriminación por orientación sexual.

La resolución de la Suprema Corte exhibe las graves acciones y omisiones y la discriminación en las que incurrieron en Yucatán la anterior legislatura, la gobernadora e incluso el Ombudsman que obstaculizaron el reconocimiento de derechos a personas homosexuales.

El Congreso y la gobernadora de Yucatán elevaron a rango constitucional la exclusión y el rechazo, al aprobar y publicar un decreto con reformas a la Constitución local para proteger Única y exclusivamente uniones heterosexuales.

Efectivamente, en julio de 2009 el Congreso de Yucatán aprobó y la gobernadora publicó modificaciones a la constitución que tenían como fin: “evitar que otras formas de relaciones humanas o de convivencia quieran equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas”.

Así­ se asienta en la exposición de motivos de la iniciativa promovida por el abogado Jorge Carlos Estrada Avilés y por la organización Red Pro Yucatán.

A pesar de esa manifiesta intención de discriminar, el Congreso de Yucatán elevó a rango constitucional la exclusión y el rechazo y además modificó el código civil. Incluso prohibió a personas solteras la posibilidad de adoptar, lo que tuvo que corregirse poco tiempo después.

La gobernadora de Yucatán omitió ejercer facultades para proteger los derechos de toda la población al publicar las reformas mencionadas a pesar de que diversas personas y organizaciones le solicitamos devolverlas al Congreso con observaciones.

El Ombudsman de Yucatán, sobre quien ya pesaba desde febrero de 2009 una demanda de juicio político, omitió presentar una acción de inconstitucionalidad para proteger derechos de todas las personas.

Hoy vemos, en la resolución de la Suprema Corte, un aval a la denuncia de discriminación contenida en las solicitudes que presentamos para que gobernadora y Ombudsman ejercieran sus facultades para proteger derechos humanos.

En Yucatán las modificaciones a la constitución y las omisiones de la gobernadora y del Ombudsman exhiben lo que en la práctica fue un concierto de distintas instancias y poderes en detrimento de los derechos humanos y a favor de la discriminación. Congreso, gobierno y Ombudsman sabotearon la igualdad.

Particularmente grave nos resulta hoy lo omisión del Ombudsman y cómo se protegieron mutuamente Congreso y Codhey puesto que la anterior legislatura concluyó sus funciones sin atender la demanda de juicio político que presentamos 12 organizaciones contra el Ombudsman e incluso ratificándolo.

La demanda de juicio político documenta las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido su presidente, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades violadoras de los derechos humanos.

Hoy celebramos la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el disfrute de derechos que trae consigo y lo que significa esta resolución en la ardua batalla contra todas las formas de discriminación.