5 de agosto de 2008

La privatización de PEMEX profundizarí­a la desigualdad social
Comunicado del equipo Indignación

Ante la próxima consulta que se realizará en Yucatán sobre la iniciativa de reforma petrolera presentada por Felipe Calderón al Congreso de la Unión, este equipo de derechos humanos manifiesta lo siguiente:

1. La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que nos afectan a todas y todos es un derecho fundamental que debiera estar reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales. En países con democracias consolidadas la opinión ciudadana en temas que atañen a todo el país son un ejercicio recurrente, normado y realizado bajo estándares de imparcialidad, y con efectos vinculantes. Es urgente crear en el ámbito federal la figura del plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana y revocación del mandato. Precisamente la decisión en un tema trascendente, como el petróleo, tendría que tomarse obedeciendo un mandato ciudadano.

2. La consulta sobre el petróleo “que en Yucatán se realizará el próximo 10 de agosto” está siendo organizada por iniciativa de algunos partidos políticos integrados en el Frente Amplio Progresista y por el Frente Nacional por la Defensa del Petróleo, quienes han solicitado la participación de algunas personas y organizaciones en la observación del proceso, y de la sociedad en la implementación de la consulta. Aunque el equipo Indignación ha decidido no ser convocante ni participar en la organización, este equipo quiere destacar que la consulta es un derecho tanto de quienes lo organizan como de quienes decidan participar y dar su opinión en ella y es obligación de las autoridades otorgar todas las garantías para el ejercicio de este derecho, así­ como abstenerse de cualquier acción que pudiese obstaculizarlo o inhibirlo.

3. El equipo Indignación se manifiesta en contra de la propuesta de privatizar ciertas áreas de Petróleos Mexicanos; en contra de permitir la participación de capital privado en determinadas tareas de PEMEX. Como organización de derechos humanos enmarcamos esta propuesta privatizadora en el contexto de un país profundamente desigual que ha sido incapaz de garantizar a la población sus derechos más elementales y que, por otra parte, favorece el enriquecimiento de una minorí­a. Sin alimentación suficiente (Yucatán es uno de los estados con mayores í­ndices de desnutrición), sin acceso a servicios de salud de calidad, sin acceso a la educación media y superior, sin tierra, sin vivienda adecuada, sin trabajo digno, sin reconocimiento pleno de sus derechos laborales, las y los mexicanos padecemos graves carencias. El petróleo es un recurso estratégico, ciertamente, pero también las ganancias de PEMEX son requeridas como un recurso fundamental para que el Estado cumpla la obligación de garantizar a todas y todos alimentación, salud, vivienda y educación.

4.- En México existen antecedentes de sobra que exhiben que las privatizaciones han sido un fracaso, fuente de corrupción y tráfico de influencias y han tenido un alto costo para la sociedad mexicana. Basta recordar la privatización de la Banca, que tuvo como efecto fraudes monumentales de los empresarios y entes privados que las adquirieron, cuyo costo estamos y seguiremos pagando los mexicanos, a través del FOBAPROA y posteriormente del IPAB. Además, y siendo que los principales bancos establecidos en México son extranjeros, las utilidades generadas, producto de altas tasas de interés que no son reguladas por las autoridades, no se quedan en México, sino que paran en las arcas de los países de origen. No hay beneficio para los mexicanos y sí­ excesivas ganancias para los empresarios, que profundizan la desigualdad.

Otro ejemplo son las carreteras, que al dejarse en manos privadas se encarecieron, disminuyendo de tal manera su calidad que muchas tuvieron que ser rescatadas por el Estado, nuevamente con costo para la sociedad. Uno de los casos más graves fue la privatización del Ejido, producto de la reforma al artículo 27 constitucional, impulsada por Carlos Salinas, que generó que unos pocos acapararan grandes extensiones de tierra en detrimento de indígenas y campesinos. Teléfonos de México ha hecho el hombre más rico del mundo a Carlos Slim a costa del dinero de los mexicanos y de un servicio telefónico caro y deficiente.

Las privatizaciones en México no han sido benéficas, entre otras cosas, porque no existe un Estado dispuesto a regular la actividad privada, porque el tráfico de influencias ha permitido que se cometan fraudes y delitos en perjuicio de los mexicanos y porque los Últimos gobiernos se han aliado con grandes empresarios para establecer políticas públicas que mantienen en la pobreza y exclusión a miles de mexicanos y enriquecen a unos pocos, empresarios y funcionarios.

5. Consideramos que uno de los problemas principales de PEMEX no es la falta de recursos ni de capital, sino la mala administración que los distintos gobiernos han hecho de los excedentes y ganancias generadas por esa paraestatal. Por años los recursos derivados de PEMEX han servido para paliar las deficiencias fiscales del Estado, para financiar campañas políticas y para tapar los errores financieros y la mala y desigual recaudación de impuestos que han hecho las últimas administraciones.

6.- No puede haber credibilidad en un gobierno que, como el de Felipe Calderón, señala que sus propuestas legislativas son para mejorar Pemex cuando una de sus principales causas, la corrupción y la malversación de fondos, no es ni ha sido combatida. Claro ejemplo de lo anterior es que su actual Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se ha beneficiado de su carácter de funcionario público para firmar contratos entre PEMEX y las empresas de su familia. La actual administración tendrí­a que atacar todos aquellos actos de corrupción y tráfico de influencias que se han generado, empezando por la destitución e investigación de su Secretario de Gobernación. Pero también el gobierno federal debiera eliminar la impunidad de quienes han sido partí­cipes del dispendio de los recursos generados por PEMEX a través de actos delictivos, como es el caso del Secretario del Sindicato de la paraestatal, Carlos Romero Deschamps, quien se ha enriquecido a costa del dinero de los trabajadores de PEMEX y ha destinado grandes cantidades a campañas electorales.

7.- La tendencia de los países árabes y latinoamericanos ha sido a la inversa de lo que pretende la actual administración de Felipe Calderón. Esos países tratan de revertir justamente las consecuencias de haber dado a empresas privadas, cuyo único interés es la ganancia, sin importar el bienestar Común de las sociedades en donde se instalan, el manejo de sus más ricos recursos naturales.

8.- Sí­ es preciso reformar el marco jurí­dico de PEMEX, pero en un sentido inverso al propuesto por la administración de Felipe Calderón. Para empezar hay que garantizar que la función de Petróleos Mexicanos sea autónoma y no dependa de las administraciones y los vaivenes políticos.

9.- El argumento de que el Estado mexicano carece del dinero y la infraestructura para mejorar las condiciones de Petróleos Mexicanos sólo pretende justificar la privatización paulatina de la paraestatal. No es atendible la tesis de que ante una serie de dificultades en determinada empresa del Estado la única salida sea la privatización. Bajo ese mismo criterio entonces tendrí­a que privatizarse la seguridad pública ante el evidente fracaso de la lucha contra la delincuencia organizada. Existen diversas propuestas y soluciones que han sido manifestadas desde diversos ámbitos, como es el cambio del régimen fiscal de Pemex, que le permita destinar parte de sus recursos a su modernización y creación de infraestructura, así­ como destinar su producción para consumo interno, para garantizar el abasto nacional y un precio justo en gasolinas y productos derivados. Tampoco es creí­ble la falta de recursos por parte del Estado para modernizar la industria petrolera, más aún cuando el gobierno federal destina millones de pesos para contratar propaganda televisiva para convencer a la ciudadanía de las bondades de su reforma.

10. Finalmente, resulta preocupante que, en ninguna de las propuestas, se haga referencia a la necesidad de ir estableciendo fuentes alternativas de energí­a renovable como un medio para hacer frente a la segura extinción de los hidrocarburos. Lo anterior demuestra que la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal no es energética, pues sólo tiene un fin: iniciar un proceso de privatización de la industria petrolera nacional, sin preocuparse por el futuro energético del país.