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Ebulá demanda al Estado mexicano ante la CIDH

22 Ago, 2013 | Comunicados

A escrutinio internacional, un desalojo forzoso en Campeche

Equipo Indignación A.C.

San Antonio Ebulá demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el desalojo forzoso de que fue objeto en agosto de 2009, por la falta de acceso a la justicia tanto en materia agraria como penal, por la impunidad que protege al agresor y niega a las familias agraviadas la reparación del daño y por haber incumplido con sus obligaciones elementales en materia humanitaria en casos de desplazamientos.

Los desalojos forzosos son particularmente graves y representan una violación “prima facie” a los derechos humanos, además de que ponen en riesgo la vigencia de otros derechos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la vida, a la salud, a la educación, entre otros.

Para el equipo Indignación es indispensable que este caso siente un precedente y se otorguen garantías de no repetición de hechos tan graves y de efectos tan dramáticos para la vida de los pueblos y de las familias.

El responsable de desalojos forzosos, tal como establece la legislación internacional, es siempre el Estado, en este caso por haber permitido que un particular, el empresario Eduardo Escalante, lo llevara al cabo. Las autoridades de Campeche protegieron al agresor durante el desalojo y, posteriormente, al omitir investigar. El equipo Indignación considera que es alto el riesgo de que hechos como estos se repitan mientras persista la impunidad.

La procuraduría de Campeche, a cargo de Renato Sales, avaló el cierre de la averiguación previa sin siquiera citar a declarar a quien fuera suegro del extinto Juan Camilo Mouriño. Por el contrario, violentó el derecho de las y los agraviados a la justicia y a la reparación del daño, a pesar de que las y los pobladores presentaron la denuncia y aportaron numerosas pruebas que inculpaban a Eduardo Escalante y que demostraban que Ebulá estaba reconocido como Pueblo por diversas instancias estatales y federales.

La Secretaría de la Reforma Agraria, por su parte, no ha resuelto aún el litigio que las y los habitantes de San Antonio Ebulá mantienen desde hace más de 20 años, negándoles el acceso a la justicia y generando incertidumbre acerca de sus tierras.

El anterior gobierno de Campeche protegió al agresor y omitió intervenir para proteger la vida, la integridad física y las propiedades de las familias de San Antonio Ebulá. Además, omitió cumplir con asistir humanitariamente a la población desplazada que vivió durante mes y medio en la terraza del Palacio de Gobierno.

El actual gobierno, por su parte, ante la presión internacional, llegó a un acuerdo con la población desplazada en septiembre de 2009 otorgando 31 hectáreas para la inmediata ocupación de las familias desplazadas pero ha incumplido con garantizar los servicios necesarios para la vida de un pueblo.  Además, el actual gobierno es el responsable de no investigar el desalojo, de obsequiarle impunidad al agresor y de impedir así el acceso a la justicia a las y los agraviados.

Por estos hechos, y por la denegación de justicia en materia agraria, San Antonio Ebulá, junto con el equipo Indignación, demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ahora será el Estado mexicano quien tenga que responder ante un organismo internacional por graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras persista la impunidad, es alto el riesgo de que hechos como el desalojo que agravió a más de 70 familias en Ebulá se repitan, más aún en una zona que no ha reconocido el derecho al territorio del pueblo maya, en una región en la que la tierra se encuentra sujeta a la especulación y a la presión generada por inversionistas y proyectos de “desarrollo”, en una entidad en la que el gobierno se muestra tan sometido al poder económico.

Resulta elocuente que un hijo del agresor mantenga un importante cargo en el gobierno del estado de Campeche y que una de sus hijas haya sido diputada estatal y actualmente sea Presidenta Municipal de la ciudad de Campeche.

Esta es la primera demanda que se presenta ante el Sistema Interamericano contra el Estado mexicano por hechos ocurridos en Campeche.

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Campeche, 22 de agosto de 2013

Equipo Indignación A.C.

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