El Equipo Indignación,

Reafirmando la importancia del cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas en todos los países del mundo,

Tomando nota de los indicadores que exhiben la negación de los derechos humanos de la mayoría de la población en Yucatán

Destacando que la responsabilidad primordial y el deber de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales incumbe al Estado,

Y después de 66 años de haberse promulgado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 10 años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado mexicano, a través de acciones y omisiones del gobierno del estado de Yucatán, ha violado sistemáticamente los siguientes derechos de quienes habitan en Yucatán:

1.  Derecho a la igualdad. Ya que el Estado ES RESPONSABLE DE PROCURAR LA IGUALDAD, GARANTIZAR EL DISFRUTE DE TODOS LOS DERECHOS A TODAS LAS PERSONAS, PROMOVER EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, AL MÁS ALTO NIVEL DE SALUD FÍSICA Y MENTAL, A LA VIVIENDA, entre otros derechos, y toda vez que la mayoría de las y los yucatecos ven negados estos derechos al vivir en pobreza y pobreza extrema, urgimos a detener cualquier política pública de dádivas y administración de la pobreza, así como castigar su uso con fines político electorales y tutelares para detener el creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta a la mayoría de las personas que vivimos en el estado de Yucatán.
2.  Derecho a ser maya Ya que en la península de Yucatán las y los mayas son mayoría, exigimos el pleno respeto a la libre determinación y el reconocimiento de la autonomía de este pueblo originario. Queda prohibida toda forma de discriminación y exclusión de la etnia. El Estado en todos sus niveles tiene la obligación de respetar y garantizar todos los derechos del pueblo maya. La tierra, el territorio y los recursos naturales son elementos fundamentales para la reproducción de los pueblos, muchas comunidades enfrentan el riesgo de desaparecer como pueblos ante el despojo de sus tierras y amenazas a sus territorios a través, entre otras acciones, de la siembra de cultivos transgénicos que no sólo podrían acabar con las propias semillas nativas sino que se realizan sin autorización de los propios pueblos afectados. A eso hay que añadir formas de auto despojo por parte de los ejidatarios que ceden ante la presión de propietarios de los grandes capitales, que con dádivas y bajo el amparo de una ley agraria y de sus autoridades despojan a los pueblos de sus tierras.
3.  Derecho al disfrute de la cultura. Ya que el pueblo maya ha sido usado únicamente como objeto del comercio turístico sin el pleno reconocimiento de su autonomía y libre determinación, propiciando el etnocidio a través del desconocimiento de sus autoridades tradicionales, sus sistema de justicia y sus decisiones frente a la administración de la política pública,queda prohibido cualquier uso banal y frívolo en nombre de este pueblo incluyendo el mentado festival internacional.
4.  Derecho a vivir sin violencia Ya que los jueces no le creyeron a MAR, ni a DOÑA ROMINA*, NI A AMADA* cuando denunciaron violación y otras formas de violencia sexual; ya que en Yucatán el Estado se niega a enjuiciar feminicidios y continúa encubriéndolos como “crímenes pasionales”, exigimos enjuiciar a la fiscalía, a los jueces. Exigimos enjuiciar y sancionar a quienes aplican criterios que reproducen y fortalecen el sistema patriarcal que profundiza aún más la asimetría de género ya existente y perpetúa la exclusión de la mujer en espacios de decisión sobre asuntos públicos a la vez que mantiene el predominio de la mujer en los trabajos del ámbito privado y relacionados con el cuidado de otros, en condiciones de esclavitud.
5.  Derecho a la justicia . Ya que de nada han servido las leyes contra la discriminación y la tortura; ya que persiste la tortura y continúan sin sanción ni castigo policías, agentes municipales y estatales e incluso alcaldes que cometen este ominoso crimen, tal como lo demuestra el caso de Roberth Tzab, del periodista Edwin Canché, de Seyé, así como las agresiones cotidianas y sistemáticas contra personas detenidas por cualquier motivo, cometidas por agentes y solapadas por la Comisión de Derechos Humanos (Codhey), exigimos la revocación del mandato de quienes en complicidad con ellos han corrompido el sistema de justicia de Yucatán.
6.  Derecho al salario incluyente y digno. Ya que más de la mitad de las yucatecas y yucatecos tiene que vivir con un salario mínimo demandamos que todos los servidores públicos reciban únicamente esa cantidad para lograr la paridad con quienes exigen una revisión del sistema patrimonial del Estado que continúa depositando todas las políticas públicas en quienes han demostrado por siglos no distribuir pero sí adjudicarse o encubrir malos manejos de las migajas en el capitalismo.
7.  Derecho a la educación. Ya que solamente tres de quienes inician la primaria concluyen la preparatoria, demandamos frenar la deserción escolar en todo el estado, en particular en las zonas mayas y entre las niñas; acabar con el rezago en los adultos y asegurar la educación universal y de calidad construyendo las aulas y edificios que se requieran y otorgando recursos suficientes para tal fin, incluso para aumentar la planta docente, garantizando sus derechos. Así mismo exigimos de manera urgente invertir los recursos necesarios para asegurar el acceso a la educación superior a todas y todos los estudiantes que aprueben el examen, al menos y, en el mediano plazo, programar el crecimiento de la matrícula universitaria.
8.  Derecho a la vida Ya que el ombudsman ha permitido la discriminación y ha saboteado el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo y ha puesto en riesgo la vida de las mujeres al hacerse cómplice de una legislación que desconoce derechos sexuales y reproductivos, exigimos que su sucesor no tenga ninguna relación con el ejercicio del actual servidor público.
9.  Derecho a la verdad. Ya que después de dos años no se ha juzgado a nadie del gobierno anterior, nos reconocemos autorizados y facultados a afirmar que esta administración es cómplice de la anterior en la mentira y el mal manejo de los recursos públicos que constituye también robo.
10.  Derecho a la salud. Ya que las 3 cuartas partes de los habitantes de Yucatán solamente se pueden enfermar de aquellas enfermedades cubiertas por el seguro popular, y para lograr una mayor cobertura de éste, todos los funcionarios de los tres poderes, municipales, estatales y federales serán afiliados al seguro popular y los ahorros que esta acción genere serán destinados para los propósitos antes anunciados.

Declarado con toda la Indignación, desde Chablekal, Yucatán,

a 66 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Diciembre de 2014