Comunicado del Equipo Indignación

Fuera de tiempo, ya en pleno desacato, el Gobernador de Yucatán envió al Congreso del Estado su propuesta para el cargo de Vicefiscal Anticorrupción: el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, José Enrique Goff Ailloud. La propuesta resulta elocuente. Rolando Zapata, quizá sin proponérselo, califica el ejercicio del todavía Ombudsman.

Efectivamente, el titular de la Codhey no ha confrontado al gobernador de Yucatán a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas permanentemente en Yucatán.

Ambos, Gobernador y Ombudsman, uno al proponer y otro al aceptar, han mostrado poco respeto al cargo del Defensor del Pueblo, como si fuera un funcionario disponible para cualquier encomienda.

Quizá lo más grave en materia de derechos humanos en Yucatán gire en torno a los casos de tortura, ominosa práctica, recurrente y sistemática en nuestro Estado. El vocablo, sin embargo, parece prohibido en las recomendaciones que emite ese organismo, que sí cuenta con autonomía, al menos en el papel. (¡Qué le espera a cargo de una vicefiscalía anticorrupción que no cuenta con esa autonomía y cuyo titular es propuesto por el Gobernador!)
Uno de los casos más graves y recientes ocurrió ya durante la gestión del actual Presidente de la Codhey y tuvo consecuencias fatales.

“Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policía sé que no voy a vivir”, logró decir a sus familiares William Roberto, detenido en Temax en mayo de 2016. Después falleció. Más de un año después, la Codhey emitió la recomendación 7/2017 en la que únicamente reconoce la violación al derecho a la protección de la salud en su modalidad de omitir atención médica a personas privadas de su libertad.

A raíz de las agresiones contra Chablekal el 3 de mayo de 2016, la Codhey emitió una recomendación omisa y complaciente, que incluso podría justificar en un futuro actos de represión y que contraviene su propio reglamento.
En la recomendación 4/2017, la Comisión de Derechos Humanos no catalogó la tortura ni los tratos crueles, inhumanos y degradantes ni señaló a todos los responsables ni dirigió la recomendación al Gobernador del Estado. Tampoco se refirió adecuadamente a las detenciones arbitrarias ni calificó el ataque contra defensores e incluso parece atribuirse funciones que no le corresponden, casi como coadyuvante del Ministerio Público pero contra los agraviados al señalarlos como responsables de ilícitos, lo cual es además falso, e incluso llegó al extremo de justificar el uso de armas no letales. Esto último es particularmente grave pues una recomendación como la emitida por la Codhey podría justificar en el futuro operativos similares.}

La Codhey no califica las violaciones de acuerdo con los más altos estándares, sus recomendaciones son deficientes y no las publicita.

Un Ombudsman que se precie de serlo, ante un caso de graves violaciones a los derechos humanos —y, lamentablemente, no faltan— al emitir una recomendación tendría que darle la mayor publicidad posible, convocar a rueda de prensa, señalar claramente a los responsables de las violaciones, decir sus nombres y las responsabilidades en que incurrieron, exponer la sanción que deberían de tener, el mecanismo para lograrlo y, si es el caso, incluso denunciarlos penalmente; comunicar las garantías de no repetición y exigir mecanismos de reparación.

Cada emisión de una recomendación, además de una presión ética, tendría que ser una ocasión para el esclarecimiento de derechos. Vamos, sino un poema pedagógico —que bien podría serlo—, sí una oportunidad educativa.

En vez de eso las recomendaciones, deficientes, son colocadas discretamente en la página de internet de la Codhey y en el informe anual, disponibles únicamente para investigadores interesados, empeñados en hacer esa consulta. No se publicita, no se anuncia, no hay ningún proceso de comunicación para hacer uso de la herramienta con la que cuenta un organismo como la Codhey: la recomendación y la publicidad de esa recomendación.

Inició mal la gestión del actual ombudsman. La administración anterior a la suya, en la que tuvo un cargo de la mayor responsabilidad como Secretario Ejecutivo, se apresuró a cerrar expedientes antes de concluir la gestión. En la prisa, el visitador responsable falsificó la firma de expedientes de casos presentados por el Presidente del Albergue Oasis de San Juan de Dios. Ese caso se denunció penalmente pero aún no tiene sentencia. También cerró apresuradamente un expediente de tortura contra un joven a quien la policía le simuló una violación, satisfecha sólo con el cambio de ruta de los responsables.

¿Pedimos demasiado? Comparado con el primer director de la Codhey, quien al momento de ser propuesto por la entonces gobernadora Dulce María Sauri contaba en su trayectoria haber sido director del antiguo y siniestro Departamento de Averiguaciones Previas (D.A.P.), el actual Ombudsman puede parecer un ejemplo de autonomía, pero los estándares en los que nos basamos son otros y exigimos la mayor independencia y pericia.

Pudiera ser una oportunidad, el cambio de “encargo”, para elegir un mejor Ombudsman. Sin embargo, fue la actual legislatura la que eligió al actual Ombudsman a pesar de que recibió un informe de gestión de la Codhey que señalaba todas las irregularidades cometidas en la administración en la que tuvo un cargo importante José Enrique Goff Ailloud.

Pudiera ser una buena noticia que se presente la oportunidad de elegir a un ombudsman con habilidades y experiencia en la defensa y protección de los derechos humanos. Esa buena noticia se empaña al proponerse como Fiscal Anticorrupción a quien no ha demostrado el carácter para confrontar y denunciar con firmeza, no ya a quienes corrompen, sino a quienes atentan contra la vida, la dignidad y los derechos del pueblo.

18 de noviembre de 2017