Codhey confirma en sigilo ilegal y violenta actuación policiaca el 25N en Mérida

Equipo Indignación A.C.

 

Sin emitir un comunicado ni convocar a una conferencia de prensa, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) emitió desde hace más de siete meses una recomendación dirigida al Secretario de Seguridad Pública del estado de Yucatán por la detenciones ilegales, violentas y arbitrarias perpetradas por elementos de esa corporación estatal en agravio de jóvenes que se dirigían a una marcha contra la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre de 2019 en Mérida, Yucatán.

Se trata de la primera recomendación de este año (1_2021) y, aunque está fechada el 12 de enero, no ha sido publicitada por alguno de los medios idóneos para hacerlo, a pesar de que precisamente la fuerza de una recomendación de un organismo de derechos humanos consiste en hacerla pública y señalar a quienes violentan las garantías individuales. Al ocultarla y minimizar las recomendaciones, la Codhey renuncia al carácter pedagógico que debieran tener sus resoluciones, así como al carácter disuasivo, contribuyendo a que se mantengan impunes y en el ejercicio de sus funciones elementos perpetradores de violaciones a los derechos humanos, lo que pone en riesgo la integridad de la población.

“Detenciones arbitrarias, violentas e ilegales, insultos, amenazas, tocamientos en partes íntimas, jaloneos, burlas y golpes así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por elementos de la policía estatal contra 6 mujeres jóvenes y una adolescente en el contexto de la manifestación contra la violencia hacia las mujeres el pasado 25 de noviembre constituyen graves violaciones a los derechos humanos y constitucionales y se denunciaron hoy ante la Comisión de Derechos Humanos (Codhey), ante el órgano de control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y ante el Gobierno del Estado» señaló Indignación el 6 de diciembre de 2019, pocos días después de los hechos.

La recomendación, más de un año después, confirma las detenciones arbitrarias e ilegales de siete jóvenes (una de ellas menor de edad), la violencia ejercida contra las jóvenes manifestantes así como la vulneración del derecho a la intimidad personal, a la libertad personal,  a la libertad de expresión y manifestación, así como al derecho a la integridad y seguridad personal, al trato digno, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, derecho de niñas, niños y adolescentes y derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

La recomendación también establece que “no encontró sustento” lo dicho por la policía estatal al señalar en su informe que un negocio de impresiones les pidió entrar a su local porque las jóvenes estarían alterando el orden. El encargado de la empresa negó esa afirmación de la policía y señaló que ni les pidió entrar ni las jóvenes estaban alterando el orden:

“…la versión señalada por la Autoridad Responsable no encontró sustento con otros medios de probanza, siendo que por el contrario existieron otras que las desestimaban por completo, entre las que se encuentran la entrevista que personal de este Organismo le realizó al encargado de la negociación comercial (…), quien aseguró de manera categórica lo siguiente: “…nunca solicitó el apoyo de la policía, que las muchachas entraron de manera pacífica al establecimiento…”, lo anterior, deslegitima lo aseverado en el informe policial homologado levantado con motivo de los hechos analizados, ya que en el mismo aseguraba que el propio encargado fue quien solicitó el apoyo policial ya que habían varias personas del sexo femenino se encontraban escandalizando al interior del referido establecimiento.

Sin motivo, las detenciones son necesariamente arbitrarias e ilegales.

“Una menor de edad fue esposada a pesar de que la Ley Nacional del Sistema de Justicia para adolescentes expresamente indica a los cuerpos policíacos evitar hacerlo y a pesar de que ella señalaba que era menor de edad”, indicó Indignación hace más de un año.

La Codhey identifica y señala en la recomendación como responsables de las agresiones contra las jóvenes únicamente a mujeres policías, lo cual podría constituir discriminación y violencia institucional de parte de la corporación y de la propia Codhey. A los agresores masculinos no los identifica y, como ha hecho en otras resoluciones, en uno de los puntos recomienda iniciar una investigación ¡para identificar a los elementos responsables! Datos que sin duda debió obtener al iniciar la queja.

Indignación considera que la tolerancia de la Codhey frente a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contribuye a profundizar la crisis de derechos humanos que enfrenta Yucatán y, junto con el Ejecutivo, tiene una gran responsabilidad en los numerosos “fallecimientos” bajo custodia policial en el estado y en el reciente asesinato de José Eduardo Ravelo que ha conmocionado al país.

La recomendación está dirigida al Secretario de Seguridad Pública del estado de Yucatán pero ni el Gobernador ni el Congreso del estado han reaccionado ante la gran cantidad de recomendaciones dirigidas precisamente al jefe de la policía estatal, Luis Felipe Saidén Ojeda, justamente por (la innombrable) tortura y por detenciones arbitrarias, violentas e ilegales cometidas por elementos de esa corporación.

La Codhey recomienda iniciar procedimientos administrativos y dar cursos de capacitación a los propios responsables de haber violado derechos humanos. Las tibias e inocuas recomendaciones no responden a la gravedad de los hechos y perpetúan las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles en el estado cometidas tanto por policías estatales como municipales y a mantener en sus cargos a quienes cometen estos crímenes.

La recomendación está en el portal electrónico de la Codhey, aunque esta institución no quiso informar cuándo la subió a su sitio. Ahí también se encuentra la recomendación 4_2021, emitida en febrero de este año y también dirigida al Secretario de Seguridad Pública, con motivo de la violenta actuación policial, el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la violación al derecho a la manifestación en el contexto del informe del gobernador en enero de 2020.