Caucel: despojo y represión

20 de julio de 2006

Informe de observación de derechos humanos
Equipo Indignación A.C.

Durante la detención de 38 campesinos mayas en Caucel el pasado 13 de julio se cometieron detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso legal. Estas violaciones durante el desalojo y la detención, se suman a violaciones a los derechos del pueblo maya, particularmente al derecho a la tierra, territorio y a la consulta, que son resultado de una política gubernamental de privatización de tierras.
Sobre la documentación de estas violaciones se centra el presente informe. En este correo incluimos las conclusiones. El informe completo puede ser consultado en: www.indignacion.org.mx

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Conclusiones:

  1. El Equipo Indignación considera que la detención de campesinos mayas en Caucel el pasado 13 de junio constituyó un acto de represión en el que se cometieron detenciones arbitrarias y se violó el derecho a debido proceso legal de los detenidos.
    2. El titular del poder ejecutivo del estado de Yucatán; el titular de la Secretaría de protección y vialidad; el director de protección de dicha dependencia, que estuvo a cargo del operativo; la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo en Yucatán (COUSEY), el procurador de justicia del Estado y el titular de la Agencia Receptora número 1 del Ministerio Público incurrieron en violaciones a los derechos humanos durante la detención de campesinos mayas en caucel el pasado 13 de julio.
    3. Los tres niveles de gobierno tienen responsabilidades en las violaciones continuadas a los derechos del pueblo maya que están afectando la posesión sobre sus tierras y territorios, además de ser responsables de las condiciones de pobreza extrema y la violación a derechos económicos, sociales y culturales que impiden a los pueblos tomar decisiones libres e informadas sobre sus tierras y territorios. La política de privatización de tierras, alentada y ejercida por el propio gobierno del Estado, afecta de manera grave el derecho del pueblo maya a la tierra y territorio.
    4. En los proyectos de Ciudad Caucel, Metropolisur y la construcción de un nuevo aeropuerto, no se ha consultado a los pueblos que serí­an afectados, lo que viola el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT.

El Equipo Indignación considera que el gobierno del estado de Yucatán está obligado a:

  1. Realizar una investigación pronta de los hechos que lleve a deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de violar derechos humanos durante el operativo implementado el pasado 13 de julio en Caucel.
    2. Hacer público un informe detallado de los hechos
    3. Capacitar a todos los elementos policíacos, así­ como a los servidores públicos de la procuradurí­a y las agencias del ministerio público en derechos humanos y derechos indígenas.
    4. Implementar las acciones necesarias para proteger la tierra y territorio de los pueblos maya de Yucatán
    5. Detener los proyectos que se desarrollarán en tierras o territorios ocupados por el pueblo maya hasta obtener su consentimiento a través de un proceso que garantice una opinión libre e informada.

El Congreso del estado de Yucatán está obligado a:

En materia indígena, atenerse a lo que determinen los pueblos mayas a través de una consulta libre e informada.

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