Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción.

A partir de las primeras horas de este 13 de agosto, al cumplirse precisamente dos años del violento desalojo cometido ilegalmente por órdenes del empresario Eduardo Escalante, se podrá sumar quien lo desee a esta exigencia de justicia en la dirección http://indignacion.org.mx/ebula/ donde se encuentra el texto de una carta dirigida al Gobierno de Campeche, al Procurador de Justicia de Campeche y al Secretario de la Reforma Agraria.

Al final del texto basta con poner el nombre y dirección electrónica de quien suscribe y apretar el botón “enviar” para que la carta llegue a sus destinatarios. Una copia llegará a Indignación para conservar registro de los envíos.

También se podrá encontrar y acceder a la acción en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

En www.indignacion.org.mx está disponible más información sobre el caso.

A continuación el texto de la carta:

Secretario de la Reforma Agraria

Agr. Abelardo Escobar Prieto

Gobernador del estado de Campeche

Fernando Ortega Bernés

Procurador General de Justicia del estado de Campeche

Lic. Renato Sales Heredia

Me dirijo a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche y agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace ya dos años.

El 13 de agosto de 2009 cerca de cien personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y contratadas por el empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras, a pesar de que estas se encuentran aun en litigo ante las autoridades agrarias, llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá agrediendo a la gente y destruyendo todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de las y los habitantes. Dos ataques anteriores contra Ebulá, pueblo que se fundó hace más de cuarenta años, permanecían impunes.

Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.

Después de mes y medio de vivir en la terraza del Palacio de Gobierno en condiciones críticas, representantes de las y los pobladores y el Gobierno de Campeche firmaron un convenio con el ejecutivo campechano que les garantizaba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado, comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y a asegurarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.

El convenio establecía expresamente que de ningún modo dicho acuerdo implicaba la suspensión del juicio agrario que las y los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continuaba en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal.

A pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, a pesar de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó -fallidamente gracias a la impugnación de las y los pobladores- concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha  consignado.

Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a las y los pobladores agraviados el acceso a la justicia.

El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señala que si bien no le mostraron orden de desalojo el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina al señor Escalante y a la policía del estado de Campeche -que observó pasivamente la destrucción- no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se ha valido de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

Por lo anteriormente señalado les expreso mi más alta exigencia de justicia y solicito:

A) A la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche:

Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

B) A la Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal. Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la Justicia Federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantizando el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.

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Un cuaderno para comadrear la vida… y la biblia

¡Qué sabroso comadreo! Abrazadas con el rebozo de las mujeres de las comunidades eclesiales que abajo “comadrean” las luchas del pueblo, proponen, arman las estrategias y promueven la fraterna igualdad, Indignación presentó anoche, 8 de marzo, el segundo “cuaderno para comadrear” y este segundo cuaderno, para más desafío es ¡Neobíblico!

Reunidas “en algún lugar de la península”, presentamos el cuaderno precisamente en el espacio en el que fue concebido: las reuniones de las comunidades eclesiales de base, ese espacio al que cada semana acudimos para mirar la vida, pensarla y buscarle caminos al espíritu de igualdad, al evangelio.

Este segundo cuaderno propone un recorrido que, entre la biblia y la vida, revisa los textos que hablan sobre nosotras, las mujeres, textos que sostienen la mentalidad patriarcal, y se asoma a las mujeres del antiguo y del nuevo testamento entretejiendo esas historias con historias de tantas mujeres que hoy defienden y sostienen a sus pueblos.

Eva, la culpable; “nuestro lugar” en la iglesia y los deberes conyugales según Pedro y Pablo, forman junto con otras historias el primer capítulo que se pregunta ¿Santa Palabra?.

Los siguientes capítulos recorren el camino de las mujeres cuya historia fue tan fuerte en la memoria del pueblo que, a pesar de todo, no pudo ocultarse ni en el antiguo ni en el nuevo testamento, historias pronunciadas con nombres actuales: Rut, la refugiada; la Comandanta Judit, la resistencia; Doña Macabea, una madre coraje; María, el terror de los poderosos; Susana, de las primeras 72; la samaritana, el pozo y los templos; Magdalena, la endemoniada compañera, testiga de la resurrección; Marta, María y los platos; las mujeres que no huyeron a la peor hora; Tabita, la ministra; lidia, una casa de seguridad; Priscila, matriarca del Reino; las hijas de Felipe, profetisas de Cesárea; Guadalupe, las madres coraje y las parteras guatemaltecas… Una mirada desobediente que encuentra, entre otras cosas, lo que la jerarquía eclesial intenta ocultar: la participación de las mujeres en el movimiento de Jesús y en la historia de la iglesia.

Mujeres mayas de México y de Guatemala, comandantas de Nicaragua, abuelas de Argentina van acompañando las historias de una biblia que se hace así libro abierto, memoria y resistencia.

La Samaritana, por ejemplo, es introducida por una mujer comunista que trabaja con los pueblos indígenas, participa en todas las marchas, fuma un cigarro tras otro, es muy experimentada en lo sexual y, aunque es atea y nunca daría un quinto para el vaticano, se arrodilla con respeto frente al misterio de un pueblo que encuentra en su fe razones para sostener su lucha.

El último capítulo se abre hacia el libro de la vida que hoy continúan escribiendo las mujeres de los pueblos: Guadalupe, el nombre de mujer de Dios en nuestra tierra; las parteras guatemaltecas; las abuelas de la plaza de mayo, esas madres coraje.

Al iniciar la presentación recordamos a Rufina y doña María, abuelas y obispas de nuestros pueblos, que se fueron hace muy poco pero que nos dejaron su risa, su sentido del humor y la sabiduría que da el ritmo al caminar de abajo.

En el prólogo y en la presentación, las mujeres de Indignación confesamos nuestra deuda: ver a tantas mujeres sosteniendo la lucha por la igualdad que, en nuestras iglesias, tenemos que claudicar de nuestro corazón feminista.

Hecho como está el cuaderno, para favorecer la palabra compartida y el comadreo como propuesta pedagógica, pronto comenzaron a salir las historias: las mujeres de una comunidad recordaron a aquel padre que, molesto porque la palabra de una mujer contradecía su “autoridad” de sacerdote, le anunció: “pobre de tu marido que te tiene que escuchar siempre” y a otra mujer de la comunidad le advirtió: “no me vas a enseñar tú a mí cuáles son los problemas de la iglesia”.

¡Ja! ¡Apenas es la presentación y ya se ve que este cuaderno va a despertar comadreos… y tormentas!

En el prólogo las mujeres de Indignación anunciamos que este cuaderno tuvo partero: Raúl, compañero y cómplice que acompaña nuestras locuras y que le regaló al cuaderno las anotaciones bíblicas.

El cuaderno, anunciamos, está probado pero no “aprobado”. Nace sin permiso “eclesiástico” y nace bendecido por las mujeres de las comunidades eclesiales, esas que están hoy sosteniendo las luchas de sus pueblos, desafiando la historia y provocando la igualdad.

Esta edición del cuaderno contó con el solidario apoyo del Comité Alemán del Día Mundial de la Oración de las Mujeres.

Aquí puedes ver las fotos de la presentación:
http://www.facebook.com/album.php?aid=331332&l=70304368e3&id=339814451000

Aquí puedes leer el artículo de Raúl, el partero de este cuaderno:
www.raulugo.indignacion.org.mx

Pero puedes pedir la edición impresa al 9137021

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El día de hoy, martes 14 de diciembre de 2010 se presentó al público, en el Foro Amaro, la publicación “Todos/as diversos/as, iguales en derechos. Cuaderno sobre diversidad sexual y derechos humanos”, fruto de la colaboración de trece organizaciones de la sociedad civil yucateca que trabajan diversos temas de derechos humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

La idea de elaborar el presente material surge por las condiciones de discriminación que, sobre las personas con una preferencia u orientación no heterosexual, imperan en el estado Yucatán. Algunos datos que ilustran esta situación son: el cuarto lugar que esta entidad tiene a nivel nacional en crímenes de odio por homofobia[1], una de las más dolorosas consecuencias de la discriminación por preferencia u orientación sexual. En Yucatán también se ha elevado la exclusión de personas homosexuales a rango constitucional, pues en julio de 2009 el Congreso local aprobó una reforma a la Ley fundamental del estado que cierra la posibilidad de que hombres y mujeres homosexuales puedan acceder a figuras que les brindarían certeza jurídica en sus relaciones afectivas, como son el matrimonio y el concubinato, reforma que va en sentido contrario a los avances que en otras entidades se han dado, y que contó con la complicidad, también, del Ombudsman estatal, quien se negó a presentar la acción de inconstitucionalidad respectiva a pesar de existir una exclusión manifiesta.

Ante esta realidad, es indispensable dotar a la ciudadanía y a las y los servidores públicos, de una herramienta que establezca cuáles son los estándares internacionales que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos se han generado para clarificar las obligaciones que tiene cualquier estado en materia de combate a la discriminación y, concretamente aquella derivada de la preferencia u orientación sexual.

Sin lugar a duda, la discriminación por motivos de preferencia u orientación sexual es una de las más graves en nuestro país y una de las preocupaciones de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Ya en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, publicado en 2004, la OACNUDH se refería al tema señalando que:

“Las estimaciones sobre el número de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI) oscilan entre el 2.5 y el 8% de la población. Es una población que… enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos… A ello influye la estigmatización que viene de la intolerancia: cerca del 70% de la población no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo…”

También la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación (CCED) observaba, ya desde 2001, que:

“Si la discriminación se cultiva frecuentemente sobre la base de prejuicios valorativos que tienden a descalificar aquello que se considera inadmisible desde el punto de vista de los estereotipos convencionales, podrá entenderse entonces que el campo de la sexualidad sea uno de los terrenos privilegiados sobre los que opera la moral discriminatoria”.

El cuaderno está constituido por cinco capítulos que exponen con claridad qué son los derechos humanos, a qué se refiere el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, qué se entiende por diversidad sexual y los derechos sexuales, en qué consiste la discriminación por orientación sexual y cuáles son sus manifestaciones más comunes, terminando con una fundamentación en el derecho internacional de los derechos humanos. Su propósito es difundir información sobre los derechos humanos en relación con la diversidad sexual. Para ello se propone destacar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación como factores esenciales de una sociedad democrática, respetuosa de la pluralidad de todos y todas sus integrantes. Con ello busca contribuir a la comprensión del fenómeno de la discriminación, particularmente aquella vinculada a la orientación sexual o la identidad de género.

Las obligaciones establecidas desde el derecho internacional, planteadas en este cuaderno, son complementarias con los recientes precedentes judiciales que se han emitido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 y convalidar la constitucionalidad de los matrimonios de las personas en el mismo sexo en el Distrito Federal. Ambas fuentes obligan a las entidades federativas, Yucatán entre ellas, a hacer efectivo el derecho a la no discriminación por preferencia sexual, cuando menos desde dos perspectivas: a) evitar que persistan las condiciones de exclusión que históricamente ha sufrido este colectivo social debido a su condición específica, y b) impulsar todas las reformas para  lograr que las y los homosexuales se sitúen en igualdad de circunstancias ante el Estado y en su relación con las demás personas para ejercer plenamente sus derechos.

La publicación de este cuaderno va acompañada de la exigencia de las organizaciones yucatecas firmantes, para que el Congreso del estado y el poder ejecutivo homologuen a dichos estándares internacionales la normatividad estatal y eliminen de la práctica cotidiana del servicio público cualquier acción que implique una discriminación basada en preferencia u orientación sexual. Pero es, sobre todo, una invitación a la sociedad para hacerse de elementos que le permitan enmarcar el tema de la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de ir desmontando los prejuicios que sostienen este tipo de discriminaciones, pues una sociedad justa y democrática es aquella que no excluye, de ningún ámbito de la vida pública y privada, a sus ciudadanos.

Oasis de San Juan de Dios

Familias por la diversidad sexual – Grupo Yucatán

Equipo Indignación A.C.

Mango Malva

Red de Personas Afectadas por VIH A.C. (Repavih)

Ciencia Social Alternativa A.C.

Foro Cultural Amaro A.C.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C. (Ceprodehl)

Buenas Intenciones A.C.

Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH / Sida – Yucatán

Círculo Cultural de la Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy”

Yucatrans

Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida, en Yucatán

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Indignación, Oasis de San Juan de Dios y ciudadanas clausuraron hoy el gobierno de Yucatán por graves y reiterados ataques contra los derechos humanos y las garantías individuales. Se clausuraron las sedes del Ejecutivo, del Legislativo, de la Procuraduría, del Instituto para la Equidad de Género y Ayuntamiento de Mérida. También se declaró clausurada la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán.

La clausura se realizó hoy, 10 de diciembre, a 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A continuación la

Declaratoria de clausura

Por graves y reiterados ataques contra los derechos humanos y las garantías

Clausura de las sedes del Ejecutivo, Legislativo, Procuraduría, IEGY y CODHEY y del Ayuntamiento de Mérida

Ante reiteradas, graves e impunes violaciones a los derechos humanos en Yucatán, que incluyen actos de tortura.

Ante la detención arbitraria, tortura y amenazas contra nuestro compañero José Maldonado.

Ante la muerte impune de al menos siete personas en las cárceles de Yucatán  en lo que va de este año 2010 (13 desde el 2006), incluyendo la de Roberth Tzab en una celda de la Procuraduría de Justicia en Tekax, en un caso que nos obliga a sospechar tortura.

Ante la inmediata e irresponsable declaración del Procurador que, al día siguiente del fallecimiento de Roberth, exculpó a los policías sin mediar investigación alguna. Ante su negligencia al omitir atraer el expediente y evitar así que la investigación la realice el personal responsable de la cárcel en la que falleció Roberth. Ante el nulo avance en la integración de la averiguación previa en este caso.

Ante el asesinato de Jorge Antonio Contreras, golpeado salvajemente por policías de Oxkutzcab en noviembre pasado.

Ante los casos de tortura de los que tuvimos conocimiento en mayo pasado, en el contexto del proceso electoral.

Ante la continua negligencia para investigar, señalar y sancionar a los responsables de atentar contra la vida y la integridad física de tantas personas.

Ante la persistente impunidad.

Ante la permanente complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán cuyas tardías, vagas e inocuas recomendaciones constituyen un aliciente para los torturadores y otros violadores de derechos humanos y cuyo titular, a pesar de toda la evidencia proporcionada acerca de su impericia, fue ratificado por la anterior legislatura para premiar su posición contra los derechos de las personas homosexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.

Ante la negligencia de la actual legislatura que no ha atendido la demanda de juicio político interpuesta contra el Ombudsman ni ha corregido las leyes que constituyen un acto de discriminación contra personas homosexuales y que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Ante el horror que exhibe el caso MAR quien desde hace diez años intentó infructuosamente obtener justicia y ahora continúa intentándolo.

Ante las graves omisiones del Instituto para la Equidad de Género, incapaz siquiera de mantener un registro actualizado de datos (a lo cual está obligado por ley) y que desatendió un caso tan grave como el de MAR.

Ante la cantidad de personas que han muerto a las puertas o en urgencias del Hospital O’Horán, del Hospital San Carlos de Tizimín, esperando una atención que no llegó; ante la situación de los hospitales públicos del estado; ante la incapacidad del Estado de garantizar atención médica a la población.

Ante el persistente y escandaloso número de niños y niñas en grave desnutrición en Yucatán,

Indignación declara responsable a la Gobernadora de Yucatán, declara clausurada la sede el Ejecutivo, declara alerta y estado de emergencia en Yucatán.

Indignación también declaró clausuradas las sedes del Legislativo, Procuraduría, IEGY y CODHEY, instancias que han sido incapaces de garantizar los derechos humanos de las y los Yucatecos y que incluso han atentado contra las garantías individuales.

Clausura del Ayuntamiento de Mérida

Ante la negligencia de la actual administración que se ha negado a atender el reclamo popular y la solicitud de varias organizaciones que le exigen retirar un monumento que honra a genocidas y hace apología del racismo y de la discriminación también clausuramos el Ayuntamiento de Mérida.

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2010

A 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(nota: ve más fotos de las sedes clausuradas en http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000 )

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Campaña del equipo Indignación sobre el derecho del pueblo maya a elegir autoridades

El área maya del equipo Indignación inicia la campaña “En mi pueblo manda el pueblo” para promover en todo el estado el derecho del pueblo maya a elegir a sus propias autoridades.

La campaña inicia de manera simbólica en Kimbilá el miércoles 14 de julio, a las ocho de la noche, para conmemorar y reconocer la lucha de este pueblo que con determinación y creatividad logró hace tres años que se respete su derecho a elegir autoridades y derrotó la pretensión autoritaria de un Alcalde.

En septiembre de 2007 el entonces Alcalde de Izamal, Roberto Rodríguez Assaf, desconoció a la mujer que fue electa Comisaria de Kimbilá e intentó imponer a quien quedó en segundo lugar en las elecciones. Después de una larga batalla, las y los habitantes de Kimbilá lograron que se realicen nuevos comicios coordinados por el IPEPAC.

La constitución de Yucatán establece desde 2005 que las autoridades de las comisarías serán electas mediante voto universal, libre y secreto dentro de los primeros noventa días siguientes a la instalación de los Ayuntamientos (Artículo 77, fracción décimo sexta).

A pesar de esta disposición, tenemos conocimiento de que en algunos municipios los Alcaldes imponen a las autoridades de las comisarías, pasando sobre el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades e incurriendo en discriminación.

Las disposiciones que regulan las elecciones en las comisarías tienen limitaciones: no se inscribe dentro de los derechos del pueblo maya, no reconoce otras formas de elección y, lo que es más grave, la ley llama a las autoridades “auxiliares de los ayuntamientos”, desdeñándolas y sin reconocer el carácter de representantes de sus propios pueblos.

Otra observación que hacemos a la ley es la inconveniencia de que sea un ejecutivo, en este caso el alcalde, quien organice un proceso electoral. Sin embargo, aun con todas las limitaciones de la ley, de acuerdo con ésta los alcaldes ya no pueden imponer a las autoridades de las comisarías; están obligados a realizar elecciones.

Como parte de la campaña Indignación está distribuyendo el díptico “En mi pueblo manda el pueblo”, con información sobre el derecho de las comisarías a elegir a sus propias autoridades como parte de los derechos del pueblo maya.

Asimismo, dirigimos una carta a los cabildos del estado recordándoles la obligación de realizar elecciones y anunciándoles que el equipo Indignación está atento a este proceso.

Quienes integramos el área maya del equipo Indignación hemos luchado contra la imposición de autoridades en nuestra propia comisaría, por lo que esta campaña es también un intercambio de experiencias entre los pueblos.

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