Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción.

A partir de las primeras horas de este 13 de agosto, al cumplirse precisamente dos años del violento desalojo cometido ilegalmente por órdenes del empresario Eduardo Escalante, se podrá sumar quien lo desee a esta exigencia de justicia en la dirección http://indignacion.org.mx/ebula/ donde se encuentra el texto de una carta dirigida al Gobierno de Campeche, al Procurador de Justicia de Campeche y al Secretario de la Reforma Agraria.

Al final del texto basta con poner el nombre y dirección electrónica de quien suscribe y apretar el botón “enviar” para que la carta llegue a sus destinatarios. Una copia llegará a Indignación para conservar registro de los envíos.

También se podrá encontrar y acceder a la acción en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

En www.indignacion.org.mx está disponible más información sobre el caso.

A continuación el texto de la carta:

Secretario de la Reforma Agraria

Agr. Abelardo Escobar Prieto

Gobernador del estado de Campeche

Fernando Ortega Bernés

Procurador General de Justicia del estado de Campeche

Lic. Renato Sales Heredia

Me dirijo a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche y agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace ya dos años.

El 13 de agosto de 2009 cerca de cien personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y contratadas por el empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras, a pesar de que estas se encuentran aun en litigo ante las autoridades agrarias, llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá agrediendo a la gente y destruyendo todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de las y los habitantes. Dos ataques anteriores contra Ebulá, pueblo que se fundó hace más de cuarenta años, permanecían impunes.

Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.

Después de mes y medio de vivir en la terraza del Palacio de Gobierno en condiciones críticas, representantes de las y los pobladores y el Gobierno de Campeche firmaron un convenio con el ejecutivo campechano que les garantizaba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado, comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y a asegurarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.

El convenio establecía expresamente que de ningún modo dicho acuerdo implicaba la suspensión del juicio agrario que las y los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continuaba en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal.

A pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, a pesar de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó -fallidamente gracias a la impugnación de las y los pobladores- concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha  consignado.

Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a las y los pobladores agraviados el acceso a la justicia.

El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señala que si bien no le mostraron orden de desalojo el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina al señor Escalante y a la policía del estado de Campeche -que observó pasivamente la destrucción- no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se ha valido de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

Por lo anteriormente señalado les expreso mi más alta exigencia de justicia y solicito:

A) A la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche:

Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

B) A la Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal. Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la Justicia Federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantizando el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.

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Indignación, Oasis de San Juan de Dios y ciudadanas clausuraron hoy el gobierno de Yucatán por graves y reiterados ataques contra los derechos humanos y las garantías individuales. Se clausuraron las sedes del Ejecutivo, del Legislativo, de la Procuraduría, del Instituto para la Equidad de Género y Ayuntamiento de Mérida. También se declaró clausurada la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán.

La clausura se realizó hoy, 10 de diciembre, a 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A continuación la

Declaratoria de clausura

Por graves y reiterados ataques contra los derechos humanos y las garantías

Clausura de las sedes del Ejecutivo, Legislativo, Procuraduría, IEGY y CODHEY y del Ayuntamiento de Mérida

Ante reiteradas, graves e impunes violaciones a los derechos humanos en Yucatán, que incluyen actos de tortura.

Ante la detención arbitraria, tortura y amenazas contra nuestro compañero José Maldonado.

Ante la muerte impune de al menos siete personas en las cárceles de Yucatán  en lo que va de este año 2010 (13 desde el 2006), incluyendo la de Roberth Tzab en una celda de la Procuraduría de Justicia en Tekax, en un caso que nos obliga a sospechar tortura.

Ante la inmediata e irresponsable declaración del Procurador que, al día siguiente del fallecimiento de Roberth, exculpó a los policías sin mediar investigación alguna. Ante su negligencia al omitir atraer el expediente y evitar así que la investigación la realice el personal responsable de la cárcel en la que falleció Roberth. Ante el nulo avance en la integración de la averiguación previa en este caso.

Ante el asesinato de Jorge Antonio Contreras, golpeado salvajemente por policías de Oxkutzcab en noviembre pasado.

Ante los casos de tortura de los que tuvimos conocimiento en mayo pasado, en el contexto del proceso electoral.

Ante la continua negligencia para investigar, señalar y sancionar a los responsables de atentar contra la vida y la integridad física de tantas personas.

Ante la persistente impunidad.

Ante la permanente complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán cuyas tardías, vagas e inocuas recomendaciones constituyen un aliciente para los torturadores y otros violadores de derechos humanos y cuyo titular, a pesar de toda la evidencia proporcionada acerca de su impericia, fue ratificado por la anterior legislatura para premiar su posición contra los derechos de las personas homosexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.

Ante la negligencia de la actual legislatura que no ha atendido la demanda de juicio político interpuesta contra el Ombudsman ni ha corregido las leyes que constituyen un acto de discriminación contra personas homosexuales y que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Ante el horror que exhibe el caso MAR quien desde hace diez años intentó infructuosamente obtener justicia y ahora continúa intentándolo.

Ante las graves omisiones del Instituto para la Equidad de Género, incapaz siquiera de mantener un registro actualizado de datos (a lo cual está obligado por ley) y que desatendió un caso tan grave como el de MAR.

Ante la cantidad de personas que han muerto a las puertas o en urgencias del Hospital O’Horán, del Hospital San Carlos de Tizimín, esperando una atención que no llegó; ante la situación de los hospitales públicos del estado; ante la incapacidad del Estado de garantizar atención médica a la población.

Ante el persistente y escandaloso número de niños y niñas en grave desnutrición en Yucatán,

Indignación declara responsable a la Gobernadora de Yucatán, declara clausurada la sede el Ejecutivo, declara alerta y estado de emergencia en Yucatán.

Indignación también declaró clausuradas las sedes del Legislativo, Procuraduría, IEGY y CODHEY, instancias que han sido incapaces de garantizar los derechos humanos de las y los Yucatecos y que incluso han atentado contra las garantías individuales.

Clausura del Ayuntamiento de Mérida

Ante la negligencia de la actual administración que se ha negado a atender el reclamo popular y la solicitud de varias organizaciones que le exigen retirar un monumento que honra a genocidas y hace apología del racismo y de la discriminación también clausuramos el Ayuntamiento de Mérida.

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2010

A 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(nota: ve más fotos de las sedes clausuradas en http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000 )

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Campaña del equipo Indignación sobre el derecho del pueblo maya a elegir autoridades

El área maya del equipo Indignación inicia la campaña “En mi pueblo manda el pueblo” para promover en todo el estado el derecho del pueblo maya a elegir a sus propias autoridades.

La campaña inicia de manera simbólica en Kimbilá el miércoles 14 de julio, a las ocho de la noche, para conmemorar y reconocer la lucha de este pueblo que con determinación y creatividad logró hace tres años que se respete su derecho a elegir autoridades y derrotó la pretensión autoritaria de un Alcalde.

En septiembre de 2007 el entonces Alcalde de Izamal, Roberto Rodríguez Assaf, desconoció a la mujer que fue electa Comisaria de Kimbilá e intentó imponer a quien quedó en segundo lugar en las elecciones. Después de una larga batalla, las y los habitantes de Kimbilá lograron que se realicen nuevos comicios coordinados por el IPEPAC.

La constitución de Yucatán establece desde 2005 que las autoridades de las comisarías serán electas mediante voto universal, libre y secreto dentro de los primeros noventa días siguientes a la instalación de los Ayuntamientos (Artículo 77, fracción décimo sexta).

A pesar de esta disposición, tenemos conocimiento de que en algunos municipios los Alcaldes imponen a las autoridades de las comisarías, pasando sobre el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades e incurriendo en discriminación.

Las disposiciones que regulan las elecciones en las comisarías tienen limitaciones: no se inscribe dentro de los derechos del pueblo maya, no reconoce otras formas de elección y, lo que es más grave, la ley llama a las autoridades “auxiliares de los ayuntamientos”, desdeñándolas y sin reconocer el carácter de representantes de sus propios pueblos.

Otra observación que hacemos a la ley es la inconveniencia de que sea un ejecutivo, en este caso el alcalde, quien organice un proceso electoral. Sin embargo, aun con todas las limitaciones de la ley, de acuerdo con ésta los alcaldes ya no pueden imponer a las autoridades de las comisarías; están obligados a realizar elecciones.

Como parte de la campaña Indignación está distribuyendo el díptico “En mi pueblo manda el pueblo”, con información sobre el derecho de las comisarías a elegir a sus propias autoridades como parte de los derechos del pueblo maya.

Asimismo, dirigimos una carta a los cabildos del estado recordándoles la obligación de realizar elecciones y anunciándoles que el equipo Indignación está atento a este proceso.

Quienes integramos el área maya del equipo Indignación hemos luchado contra la imposición de autoridades en nuestra propia comisaría, por lo que esta campaña es también un intercambio de experiencias entre los pueblos.

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Please take action in the case of Ricardo Ucan following this link and joining the web-action/ Por favor actua en el caso de Ricardo Ucan, sigue este link y unete a la ciberaccion:

http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mexico-victima-juicio-injusto/

PS. For more information on this case see the document ‘Mexico: Appeal Cases, Laws without Justice’/ para mas informacion sobre este caso ver el documento ‘Mexico, Casos de Llamamiento, Leyes sin Justicia’: http://www.amnesty.org/fr/alfresco_asset/bba26b22-a2c6-11dc-8d74-6f45f39984e5/amr410152007en.html

Thank you/Gracias!

Equipo de México
Amnistía Internacional
Secretariado Internacional

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Les pedimos difundan y reenvíen el correo con la postal y su firma, a las direcciones del gobernador del Estado de Yucatán, Patricio Patrón Laviada : 

patricio.patron@yucatan.gob.mx
patricio@yucatan.gob.mx    

Para sumarse a la campaña pueden copiar el siguiente texto, pegarlo en un nuevo correo, añadir su nombre y dirigirlo a las direcciones anteriores. Favor de incluir copia a   indignacion@prodigy.net.mx

y poner en “asunto” Jáalk’ab u tia’al don Ricardo” o “libertad a don Ricardo”.

Sr. Gobernador:

 Por este medio me permito demandarle que asuma su responsabilidad en las graves violaciones cometidas contra don Ricardo Ucán Ceca y que:

 1. Implemente las medidas legales necesarias para reparar los daños que le ocasionó, otorgándole la libertad inmediata.

2. Sancione, en el ámbito de su competencia, a quienes vulneraron los derechos de don Ricardo, y

3. Garantice en todas las agencias del Ministerio Público del Estado el pleno respeto a los derechos de los indígenas mayas e inicie una amplia revisión de la actuación de los defensores y defensoras de oficio del Estado para garantizar a todas las personas el derecho a una defensa adecuada.

Atentamente,

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Libertad a don Ricardo Ucán Ceca

Don Ricardo Ucán Ceca, indígena maya condenado a 22 años de prisión por un homicidio que cometió en defensa de su vida y la de su familia, presentó hoy al Gobernador del estado de Yucatán formal petición de indulto, después de agotar todas las instancias de un proceso judicial que violó gravemente sus derechos humanos.

Durante el juicio se violaron sus derechos a contar con una defensa adecuada, a contar con traductor y se cometió contra él discriminación, lo que le impidió demostrar que disparó en defensa propia.

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. y la Red de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”  acompañaron la solicitud de don Ricardo con un escrito dirigido al titular del Ejecutivo mediante el cual le demandan que implemente las medidas legales necesarias a fin de reparar los daños ocasionados a don Ricardo Ucán Ceca, promoviendo su liberación .

Hoy mismo, en la ciudad de México, ambas organizaciones hacen entrega de una copia de este documento al Señor Ander Kompass, encargado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y al doctor Rodolfo Stavenhaguen, relator especial de las Naciones Unidas para los pueblos indios, y hacen del conocimiento de ambos especialistas las violaciones cometidas en agravio de don Ricardo Ucán.

Debido a que en la legislación de Yucatán no se contempla la figura del indulto, don Ricardo, en su escrito, solicita al Gobernador que aplique de manera supletoria la Constitución Federal.

Por su parte, el Equipo Indignación y la Red “Todos los Derechos para todos”, que agrupa a más de cincuenta organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos en México, le hacen notar al gobierno del estado su responsabilidad en las violaciones cometidas contra don Ricardo, toda vez que la defensoría de oficio y los ministerios públicos, dependen del Ejecutivo Estatal.

Asimismo le solicitan al Gobernador sancionar a quienes violentaron los derechos de don Ricardo Ucán, garantizar en todas las agencias del Ministerio Público el pleno respeto a los derechos de indígenas mayas e iniciar una amplia revisión de la actuación de defensores y defensoras de oficio del Estado para garantizar a todas las personas el derecho a una defensa adecuada.

Don Ricardo Ucán ha agotado ya todas las instancias del proceso judicial. El hecho de no contar con una defensa adecuada y de no poder expresarse en su lengua materna pervirtió el origen y el desarrollo del proceso que se le siguió.

Concurren, en este caso, violaciones atribuibles a los tres poderes de Yucatán, tanto por acciones como por omisiones.

En la recomendación 40/2003, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, se concluye que hubo violaciones graves en el juicio que se siguió contra don Ricardo Ucán. Esta recomendación incluso acusa a la defensora de oficio de alterar un documento una vez que estaba siendo investigada y señala la probable responsabilidad del juez por no resguardar debidamente el expediente.

Don Ricardo ya acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar su caso, acompañado por la Codhey y por el Equipo Indignación.

El Equipo Indignación inicia hoy la campaña “Jáalk’ab u tia’al don Ricardo”, que a través de un cartel y de tarjetas postales, demanda al gobierno del estado de Yucatán la liberación inmediata de don Ricardo Ucán Ceca.

En las próximas horas recibirán un correo con la invitación a sumarse a la campaña.

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El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. ha iniciado una “campaña postal contra la impunidad” que pretende difundir los casos de violaciones a derechos humanos pendientes de atenderse por el actual gobierno de Yucatán a través de tarjetas con información sobre estos casos.
La difusión de los casos que continúan impunes forma parte de los esfuerzos por exigir al Gobierno el cumplimiento de las recomendaciones que ha recibido de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la sanción de los responsables y el resarcimiento de los daños a las víctimas.
El actual gobierno de Yucatán ha recibido la recomendación 24/2001, sobre las condiciones del Centro de Readaptación Social del Estado; la recomendación 9/2002, por discriminación contra enfermos de VIH/Sida y la recomendación 10/2002, por tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a niños y niñas internas en la Escuela Social de Menores Infractores. Hasta la fecha no se ha sancionado a nadie. Incluso continúan en sus cargos algunas de las personas que participaron en dichas violaciones o fueron cómplices de ellas.
En esta misma campaña también se incluye una tarjeta postal en la que se denuncia que, a pesar de múltiples exigencias hechas ante distintas legislaturas, en Yucatán todavía no hay ley contra la tortura.
El Equipo Indignación pone estas tres tarjetas postales a disposición de las personas interesadas en colaborar con la campaña. Cada vez que se envíe esta tarjeta postal a algún amigo o amiga se extiende el mensaje y se colabora, así, con la campaña contra la impunidad.
Para recuperar los costos de impresión se solicita un donativo de $15.00 por las tres tarjetas. Por $10.00 más el paquete incluye también la ampliación de una de las postales en forma de póster.
Las tarjetas postales están disponibles en el local del Equipo Indignación, en la calle 14 #187 x 23 y 25 de la Colonia García Ginerés de esta ciudad de Mérida. También pueden solicitarse al teléfono 9252759 en horas de oficina.

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