Así empieza esta mirada-guión que repartimos anoche, viernes 27 de mayo, en La68, que quiso celebrar este primer Katún de Indignación con El Cielo Abierto, un documental sobre monseñor Romero.

Aprieta abajo para descargar esta mirada-guión:

La cuenta de los días desde el calendario de la indignación y los derechos humanos:

20 años de (documentar la) indignación

PrimerKatunElCalendarioDeLaIndignacion

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Informe_Roberth_Tzab_Marzo2011

Lee aquí el comunicado emitido hoy, 25 de marzo de 2011:

500 vecin@s de Ticul exigen justicia en el caso de Roberth Tzab

Related posts:

1. Roberth Tzab: Por tortura o por negligencia, el gobierno es responsable Roberth Tzab, fallecido en la cárcel preventiva de la Procuraduría...
2. 500 vecin@s de Ticul exigen justicia por Roberth Tzab Amnistía, OMCT y la ONU reciben informe sobre el caso...

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Yucatan_RelatoraJuecesONU_2010

Comunicado de Oasis de San Juan de Dios y Equipo Indignación A.C.
La dificultad que encuentran mujeres, mayas, jóvenes y homosexuales para acceder a la justicia, la criminalización de la protesta, así cómo la ineficiente actuación del Ombudsman local fueron expuestas a la relatora para la independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Sra. Gabriela Knaul.
En el marco de una reunión con organizaciones de la sociedad civil celebrada hoy, lunes 11 de octubre, por la tarde, Indignación y Oasis de San Juan de Dios entregaron a la relatora un informe conjunto sobre la situación de los derechos humanos en Yucatán que contiene casos que ponen en entredicho la procuración y administración de justicia en Yucatán y exhiben la impunidad persistente.
El mandato de la Relatoría sobre la independencia de jueces y abogados cubre todos los temas relativos a la independencia de jueces, abogados, defensores públicos, ministerios públicos y el acceso a la justicia.
El informe incluye la preocupación por las condiciones de las cárceles y diversos centros de detención y exhibe el caso de Roberth Tzab, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en los separos de la Procuraduría del estado con sede en Tekax dos días después de su detención y que compromete seriamente a los agentes que participaron en su detención, a los responsables de su custodia y al mismo procurador, que no ha señalado a ningún responsable.
En dicho documento y en la propia reunión, se puso en evidencia la dificultad de las mujeres para acceder a la justicia y los incumplimientos del Instituto para la Equidad de Género del estado de Yucatán (IEGY)
También se denunció  la discriminación que enfrenta el pueblo maya cuando se enfrenta a los órganos de justicia estatales, como ocurrió con don Ricardo Ucán Seca, quien está ya libre después de que la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos conoció su caso, aunque responsables de violaciones cometidas contra él no fueron sancionados.
El informe aborda, entre otros casos, la situación de las comisarías, poblaciones mayas cuyas autoridades más próximas son desdeñadas en la misma ley al considerárseles “auxiliares del Ayuntamiento” y carecer de facultades.
Las recientes elecciones realizadas en las comisarías exhiben esa y otras realidades de estos pueblos mayas que implican discriminación y ausencia de reconocimiento de sus derechos, como la nula participación de los pueblos en la organización del proceso electoral y el que sea el propio alcalde, un poder ejecutivo, quien las organice.
En el capítulo referente a mujeres y justicia, el informe relata el caso de MAR, mujer que desde su infancia fue agredida sexual y físicamente por su padrastro, con quien procreó una hija a los once años y que, al igual que su mamá, fue explotada sexualmente por el mismo padrastro desde que tuvo dieciséis años. Hace diez años la mamá de MAR intentó denunciar, sin éxito. Hace algunos meses Indignación acompañó la denuncia después de que un abogado del IEGY consideró que todos los delitos habían prescrito.
La relatora fue informada de que el Tribunal Superior de Justicia recientemente absolvió al padrastro del delito de violación. Aunque sigue el proceso por lenocinio, éste no es considerado grave. Como medida cautelar, la fiscalía ha solicitado que no se le fije fianza.
En el capítulo sobre la impunidad que prevalece en Yucatán, Indignación y Oasis expusieron el caso de los jóvenes detenidos ilegalmente mediante una razzia en el marco de las protestas contra George Bush, en 2007.
Ese caso exhibe la impunidad que premia a violadores de derechos humanos al mantenerlos en el cargo, como es el caso del director de la policía municipal de Mérida, ratificado por el anterior y el actual Ayuntamiento a pesar de haber sido señalado como responsable del operativo y de la actuación de la policía que agredió a los jóvenes.
También se expuso a la relatora la actuación de la juez que increpó a los jóvenes por su participación en las protestas y que exhibió prejuicios que marcaron su proceder en contra de las y los detenidos.
De igual manera se presentó el caso del despojo de tierras al Oasis de San Juan de Dios,  organización que alberga y protege los derechos de personas seropositivas.
El informe da cuenta de las reformas regresivas realizadas a la constitución por la anterior legislatura, que implican discriminación contra personas homosexuales y contra mujeres.
Asimismo, expusieron a la relatora que el Ombudsman omite ejercer facultades, viola reiteradamente su reglamente e incurre en acciones y omisiones que desprotegen a agraviados y protegen a las autoridades.
También se le informó que se presentó una demanda de juicio político contra el Ombudsman hace más de un año y el Congreso ni siquiera ha determinado su admisibilidad.
Como muestra del constante despojo de tierras y territorios que se comete contra el pueblo maya, el informe presentado por Oasis e Indignación expone el caso de Ebulá, en Campeche, que implicó el desalojo de más de setenta familias cometido por un particular protegido por la policía, la destrucción de sus viviendas y de sus propiedades.
La población, que quedó en situación de desplazamiento forzoso por violencia, no recibió la atención humanitaria a la que tiene derecho. El gobierno de Campeche incumplió las obligaciones que tiene ante una situación de desplazamiento y mantiene impune el caso ya que el Ministerio Público no ha integrado la averiguación previa, a pesar de que los agraviados han acudido a declarar.
Indignación y Oasis expresaron que la impunidad es una constante en los diversos casos que han acompañado.

El informe completo entregado a la relatora puede descargarse haciendo click en el siguiente vínculo:

Yucatan_RelatoraJuecesONU_2010

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Comunicado de la Misión Civil de Paz, que presenta informe de observación

INFORME_MISION_PAZ_EBULA_VF

El Gobierno del estado de Campeche es responsable de la situación de desplazamiento y de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños, quienes fueron desalojados violenta e ilegalmente de la tierra que han habitado durante más de cuarenta años, concluye la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá al presentar su informe de observación.
El informe, presentado tres días después de iniciar un nuevo Gobierno en Campeche, anota que la nueva administración es responsable de investigar dichas violaciones, sancionar a los responsables y garantizar a los pobladores de San Antonio Ebulá el pleno respeto a sus derechos, lo que incluye la restitución de sus tierras, la reparación del daño y el acceso a la justicia.
La Misión Civil de Paz, conformada por 23 organizaciones de derechos humanos, movimientos y agrupaciones del país, se propuso acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.
Entre las acciones que ha realizado esta Misión se encuentra una “visita in situ” a Campeche, entrevistas con las y los pobladores desplazados, visita al lugar de los hechos y el acompañamiento al retorno decidido por los pobladores el 8 de septiembre, el cual fue impedido por empleados del empresario que se arroga la propiedad de las tierras y por la inacción del gobierno de Campeche, que incumplió su obligación de garantizar condiciones de seguridad para el retorno.
Empleados del empresario, después de atacar y destruir el poblado, bloquearon el camino de acceso con zanjas y montículos de tierra y escombros, según pudo constatar la Misión. Además enterraron trampas de maderas con clavos en los costados de dichos montículos. Un integrante de la Misión resultó lesionado con una de esas trampas.
La Misión también se entrevistó con el ex Secretario de Gobierno, quien admitió que el desalojo del 13 de agosto lo realizó un particular, el empresario Eduardo Escalante, sin orden legal y sin facultades para realizarla, y que la policía no acudió a desalojar sino a atender una llamada de auxilio por un enfrentamiento. En dicha entrevista el ex Secretario de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, se negó a proporcionar condiciones de seguridad para el Retorno y advirtió que el ingreso a una propiedad privada se consideraría una violación al estado de derecho.
Lo anterior es motivo de alarma para la Misión. La violación a los derechos humanos y la impunidad constituyen siempre un riesgo para la paz.
La elaboración y presentación del informe de observación, que se está haciendo llegar a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a instancias de gobierno estatal y federal, es una de las acciones que la Misión realiza para contribuir a lograr una solución justa para San Antonio Ebulá.
El día de hoy, mientras se presenta el informe, una comisión está entregando un ejemplar al representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La Misión concluye que el caso de San Antonio Ebulá exhibió la sujeción del Gobierno de Campeche, de la administración que concluyó el 15 de septiembre pasado, a intereses empresariales y particulares. El empresario que contrató a civiles para agredir a los ebuleños y desalojarlos ilegalmente es suegro del extinto Secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño, y su familia es de tradición priísta en Campeche.
De hecho una de sus hijas, Ana Martha Escalante, será diputada local del Congreso del estado de Campeche a partir del primero de octubre próximo.
Un delito tan grave, como lo es el ataque a una población, no ha sido investigado ni sancionado a pesar de haberse cometido en tres ocasiones contra los ebuleños, la última con consecuencias tan devastadoras como la destrucción total del pueblo y la situación de desplazamiento de sus habitantes.
La Misión encuentra que el Gobierno de Campeche, particularmente servidores públicos de la administración que concluyó recientemente, violaron el derecho de los ebuleños a no ser desplazados, a la integridad física, a la vivienda, a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y a la justicia, además de violentar derechos que tienen como pueblo maya y el derecho a la asistencia humanitaria por su condición de desplazados.
El gobierno que inicia tiene la obligación de investigar estas violaciones, sancionar a los responsables y garantizarles a los ebuleños el respeto pleno a todos sus derechos, lo que incluye el derecho a la tierra y a ser reconocidos como pueblo en todas las instancias pertinentes.

Las organizaciones que conformaron la Misión Civil de Paz por una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche, son:

SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA” * ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS * INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

Quienes presentamos el presente informe como un paso más para lograr que el pueblo de San Antonio Ebulá consiga retornar a su pueblo y acceda a la restitución, la certeza, la justicia y la paz a la que tiene derecho.
El informe de la Misión incluye siete conclusiones y nueve recomendaciones dirigidas al gobierno de Campeche y al gobierno federal, las cuales anexamos a este comunicado.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Las y los detenidos son Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borjas, Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano, adherentes de La Otra Campa1er reporte de observación del equipo de derechos humanos indignacionña, quienes iniciaron una huelga de hambre desde el Centro de Readaptación Social de Kobén, Campeche, donde están recluidos.

El documento, que incluye el testimonio de una de las personas detenidas así como antecedentes y contexto del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, exige investigar y sancionar a los agentes de la PGR que el pasado 10 de julio cometieron violaciones a las garantías individuales así como a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que se han negado a atender las demandas de los habitantes de Candelaria y han obstaculizado la construcción de acuerdos con los integrantes del Movimiento.

Indignación considera que los delitos atribuidos a los integrantes del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica –privación ilegal de la libertad de un funcionario público e impedimento para la prestación de un servicio público– no responden a hechos verificables sino al objetivo de criminalizar a los activistas y encarcelarlos, sujetándolos a un proceso penal en el que son acusados de delitos graves.

Durante el operativo elementos de la antigua AFI (hoy Policía Ministerial Federal), dependiente de la PGR, actuaron con violencia y vulnerando derechos humanos al entrar a la fuerza a los domicilios, sin identificarse –los familiares de los detenidos no sabían con certeza quiénes ni a dónde se los llevaron– sin mostrar órdenes de aprehensión, insultando y humillando a las personas detenidas, hostigándolas durante el trayecto y sin informar a sus familiares a dónde serían trasladadas.

Todo ello violó los derechos a la libertad y a la seguridad personales establecidos en el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues estos derechos requieren que las detenciones se realicen en estricto apego a procedimientos precisos establecidos en las constituciones.

A juicio del equipo Indignación esta actuación confirma que el proceso judicial responde a una estrategia para intimidar y reprimir al movimiento, por lo que también afecta el derecho de organización y manifestación de los habitantes de Candelaria y de otros municipios del país que participan en el movimiento contra la Altas Tarifas de Energía Eléctrica.

En documento adjunto se incluye el reporte de observación elaborado por el equipo de derechos humanos Indignación A.C.

1erReporteCandelaria

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

A un año de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia en el estado de Yucatán, Indignación presenta el informe “Náach Yano’on” (Qué lejos estamos): Mujeres y justicia en Yucatán”, que documenta los obstáculos que persisten para enjuiciar a quienes cometen violencia contra las mujeres y para combatir la impunidad de autoridades que impiden a las mujeres acceder a la justicia y a la protección del Estado.

Los esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres han logrado en Yucatán tardía e incompleta legislación, pero persisten prácticas y vicios profundamente arraigados en los órganos de procuración e impartición de justicia que obstaculizan el efectivo acceso de las mujeres a una vida sin violencia, a la sanción de ésta y a la reparación del daño.

“Valorar las acciones del gobierno de Yucatán con respecto a las directrices mundiales y a las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia muestra qué lejos está la entidad de cumplir compromisos asumidos por el Estado mexicano, lo que se traduce en discriminación y otras violaciones a los derechos de las mujeres, particularmente de las mujeres mayas, y pone en riesgo permanente nuestra vida e integridad”, sostiene el equipo en el texto de presentación del informe.

El documento contrasta las obligaciones internacionales que México tiene en esta materia con testimonios de mujeres que han denunciado violencia y cuyos casos conoce el equipo Indignación.

Incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres; tipificación de “lesiones” en vez de violencia intrafamiliar; omisión del Ministerio Público de su deber de investigar, dejando la carga de la prueba en las mujeres que denuncian; inadecuadas y desaconsejadas conciliaciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres; negligencia y otras conductas que implican violencia institucional son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que acuden a denunciar violencia.

Un capítulo del informe está dedicado a las mujeres mayas. En Yucatán, donde el 60 por ciento de la población es indígena, las mujeres mayas constituyen el 30 por ciento. Además de la discriminación de género, se enfrentan a la discriminación por ser indígenas.

Ni México ni Yucatán han reconocido plenamente los derechos de los pueblos indígenas, lo que ha vulnerado sus instituciones para impartir justicia y limitado las facultades de sus autoridades. Esto significa, para las mujeres mayas, en muchos casos, revictimización al tener que reiterar sus testimonios ante distintas instancias, además de que el Ministerio Público no suele considerar las actas respectivas como prueba de violencia intrafamiliar ni averiguar por su cuenta si las hay.

En el informe también se reiteran algunas ausencias legislativas que obstaculizan a las mujeres el acceso a la justicia, como la inadecuada tipificación de la violencia intrafamiliar, que requiere ser reiterada, la baja condena a este delito, la omisión de condicionar la libertad a terapias especializadas para los agresores, la ausencia de armonización del código civil para incluir la violencia intrafamiliar como causal de divorcio y eliminar cualquier disposición discriminatoria.

Asimismo, la ausencia de una ley contra la discriminación y de su tipificación en el código penal, la revisión de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para incluir la obligación de respetar derechos humanos, de no discriminar y de no incurrir en violencia de género, entre otras urgencias no atendidas.

También se señalan incumplimientos de autoridades de Yucatán con relación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Todavía no se ha presentado el Programa Estatal para Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, aunque ya se instaló el Sistema Estatal. Todavía no se ofrece información estadística semestral sobre violencia contra las mujeres.

El 21 de marzo se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en Yucatán. Los esfuerzos han resultado insuficientes. Las mujeres en Yucatán no estamos seguras. En Yucatán, la violencia contra las mujeres tiene permiso, pretextos y cómplices entre las autoridades, a quienes se les garantiza impunidad.

Este informe pretende ser una herramienta para las mujeres y organizaciones que trabajan por la igualdad y los derechos humanos, una llamada de atención a todas las instancias obligadas a garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y una denuncia contra las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia en el estado de Yucatán, responsables de cometer violencia institucional contra las mujeres.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Comunicado del equipo Indignación A.C.

El derecho del pueblo de Kimbilá a elegir a sus autoridades está siendo vulnerado por la intervención ilegal del presidente municipal de Izamal, en tanto que omisiones y acciones de ese Ayuntamiento, del Gobierno del Estado, así como de la legislatura anterior y de la actual, ponen en riesgo la seguridad de las y los habitantes de esa comisaría.

El Alcalde de Izamal incurrió en diversas responsabilidades en la organización de las elecciones para comisario de Kimbilá ya que en éstas no garantizó la libertad ni la equidad en la contienda e hizo campaña a favor de uno de los candidatos. Posteriormente, al resultar ganadora una mujer, incurrió en acciones ilegales al quitarla e imponer al candidato que quedó en segundo lugar, lo que también podría configurar discriminación de género.

El 28 de septiembre del presente año se efectuaron elecciones para elegir comisario de Kimbilá, municipio de Izamal, Yucatán, en las cuales resultó ganadora Doña Feliciana Mex. A pesar de ello, el Presidente municipal de Izamal, Roberto Antonio Rodríguez Asaf, desconoció el proceso electoral e impuso al C. Rogelio Can bajo el argumento de que la candidata ganadora no estaba en el padrón electoral. A raíz de esta situación inició un conflicto post electoral que ha durado casi tres meses y en el cual se han generado situaciones que ponen en riesgo la integridad de las y los habitantes de Kimbilá.

La tensión que a lo largo de estos dos meses se ha vivido en Kimbilá se acentuó el día 12 de diciembre, cuando el comisario no electo intentó tomar posesión del palacio comisarial, generando una situación de enfrentamiento entre la mayoría de la población y la policía municipal de Izamal que protegía al candidato impuesto. Finalmente y después de un largo período de negociación, se acordó que nadie se quedaría en el palacio y que éste quedaría a resguardo de la policía del Estado, hasta en tanto no se resolviera el conflicto post-electoral. Este acuerdo estuvo a punto de fracasar el 14 de diciembre toda vez que la policía estatal se ausentó por un período que estuvo a punto de generar un nuevo enfrentamiento entre policía municipal y habitantes de Kimbilá.

La candidata ganadora, Doña Feliciana Mex, después de diversas agresiones, amenazas y ofertas, ha desistido de continuar exigiendo el respeto al resultado electoral, mientras que vecinas y vecinos de Kimbilá, independientemente del desistimiento de doña Feliciana, continúan exigiendo que sean los propios habitantes quienes elijan a su autoridad y que cesen los agravios hacia su pueblo.

El 13 de diciembre de 2007, una comisión de ciudadanos de la Comisaría de Kimbilá se reunió con una comisión plural de legisladores integrada por los Diputados Jorge Carlos Berlín Montero, Víctor Chi Trujeque y Elsa Sarabia Cruz, del PRI; Carlota Storey Montalvo, del PAN; Bertha Pérez Medina del PRD y Doris Candila Echeverría del PTSY, para plantearles nuevamente la urgente necesidad de establecer vías para resolver el conflicto generado por la ilegal intervención del alcalde de Izamal.

Hicieron entrega de un documento, avalado por aproximadamente mil firmas de habitantes de Kimbilá, en el cual solicitan: a) Nuevas elecciones, bajo los principios de equidad e imparcialidad, en las cuales se respete la voluntad popular; b) Que sea la policía del estado la que resguarde el palacio de la comisaría hasta en tanto se resuelva el conflicto; c) Que en el espacio de negociación que se genere estén presentes, además del presidente municipal de Izamal, diputados de todas las fracciones parlamentarias y funcionarios estatales para garantizar un mínimo de equidad. Durante la reunión también se exigió que las negociaciones se efectuaran en Kimbilá, de tal manera que las autoridades que participen en la mesa de negociación pudieran percatarse del clima que se vive en la entidad. Estas mismas peticiones fueron hechas, momentos antes, a la gobernadora del estado a través de la Oficialía de partes del ejecutivo.

Las y los diputados presentes en la reunión se comprometieron a establecer el próximo lunes 17 una mesa de diálogo para llegar a una solución pacífica.

El equipo Indignación considera que:

A. Existe violación a los derechos políticos de los habitantes de Kimbilá, puesto que el Presidente municipal desconoció a la candidata ganadora e impuso ilegalmente a quien quedó en segundo lugar sin tener atribuciones para ello, pasando por alto la voluntad del pueblo.

B. Existe violación al derecho que tienen los pueblos indígenas, en este caso el pueblo maya, a elegir a sus propias autoridades, derecho que se encuentra reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución del estado de Yucatán.

C. El alcalde de Izamal podría haber incurrido en discriminación de género, puesto que, además, se privó de manera arbitraria a una mujer que había ganado las elecciones para comisario/a.

Vemos con preocupación que ante el creciente descontento de la gente de Kimbilá, el presidente municipal de Izamal ha pretendido utilizar la provocación para generar una situación de mayor tensión y enfrentamiento en la población. Resulta urgente e indispensable que las y los diputados, así como las autoridades del Gobierno del Estado atiendan finalmente un conflicto en el que también tienen responsabilidad. El Gobierno del Estado incluso intervino en negociaciones que no sólo omitieron partir de las violaciones cometidas contra el pueblo de Kimbilá, sino que las avalaron.

El actual agravio contra el pueblo maya también se deriva de actuaciones de la legislatura anterior y de la actual por la creación de ordenamientos que no reconocen plenamente los derechos del pueblo maya o que dificultan el pleno ejercicio de estos derechos, así como por la ausencia de una normatividad que establezca un procedimiento claro en las elecciones para Comisaria/o

El derecho de los habitantes de las comisarías a elegir a sus propias autoridades se reconoció en la Constitución local a partir de la modificación derivada de las reformas al artículo 115 de la Constitución Federal. Sin embargo esta modificación exhibe graves limitaciones que ya antes había señalado este equipo puesto que continúa llamando autoridades auxiliares del municipio a los comisarios y deja a los Ayuntamientos la reglamentación que ampare el proceso de elección de las autoridades, con lo cual existe el riesgo de que los presidentes municipales manipulen las elecciones de comisarías, como ha sucedido en Kimbilá y en otras elecciones anteriores como en Libre Unión.

Es indispensable que el legislativo fortalezca la normatividad, cubra las lagunas existentes y dé a las elecciones de comisarios/as el rango que merecen, pues pareciera ser que las elecciones a comisarios son de segunda categoría, con lo cual también se evidencia discriminación hacia el pueblo maya.

Cualquier negociación que se realice para destrabar el conflicto tiene que partir del reconocimiento de las violaciones que diversas autoridades han cometido en este proceso y deslindar las responsabilidades de tal forma que se garantice que ninguna acción ilegal de algún funcionario público quedará impune.

Es obligación de las y los diputados y del Gobierno del Estado contribuir a la resolución de este conflicto reconociendo y resarciendo las violaciones generadas a la población. De no ser así, se sentaría un peligroso precedente que impulsaría a otros presidentes municipales a violar derechos del pueblo maya y derechos civiles y políticos de las y los habitantes de las comisarías yucatecas.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Descarga el documento completo 

“La Codhey avala violaciones a derechos humanos”, concluye el análisis sobre la gestión del actual ombudsman elaborado por el equipo Indignación.

Dilación en la tramitación de quejas, deficiencias en las investigaciones, ambigüedad en las recomendaciones emitidas, ausencia de criterios universales de derechos humanos, omisiones en el ejercicio de sus facultades y complacencia ante las autoridades son algunas de las reiteradas prácticas en las que incurre la Codhey, documentadas por Indignación.

Un extenso trabajo que analiza a detalle algunas de las recomendaciones emitidas por la Codhey se hizo llegar a cada uno de los consejeros ciudadanos de ese organismo público, al Congreso del Estado y a la Red “Vigía ciudadano del Ombudsman”, un observatorio nacional sobre los organismos públicos de derechos humanos.

Entre otros casos, Indignación analiza el de Caucel y Oxcum que dio origen a la recomendación 5/2007. La Codhey omitió hacer referencia a derechos de la infancia, a derechos del pueblo maya, a las obligaciones de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, entre otros instrumentos internacionales. En ese caso, además, la Codhey sólo documentó la detención arbitraria y, únicamente lo hizo en el caso de Caucel, considerando que en Oxcum no hubo violaciones.

Otro de los casos que analiza Indignación es el de la tortura cometida en el edificio de la SPV en enero de 2006, que dio como resultado una de las recomendaciones más absurdas y vagas de la Codhey.

Por otra parte, tanto en éste como en otros casos, a la Codhey le llevó más de un año concluir la investigación y emitir la recomendación correspondiente, dilación que favorece a las autoridades en detrimento de las personas agraviadas y de la protección efectiva de sus derechos.

El equipo Indignación considera que la Codhey ha incurrido en graves violaciones a su propio reglamento y que es responsable de minimizar graves violaciones a los derechos humanos y de soslayar otras.

Lamentablemente, el Congreso no ha hecho el trabajo de valorar la gestión del ombudsman y, precisamente, es responsable del nombramiento del actual presidente, que no contaba con una trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos desde la sociedad civil.

Indignación considera que el Consejo ciudadano es también responsable de la actuación de la Codhey y es por eso que se les ha hecho llegar una copia del informe.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

La Hacienda Restaurada es la imagen que utiliza el equipo Indignación para calificar un período de gobierno en el que se restauraron, no sólo los antiguos “cascos” de las haciendas para convertirlos en hoteles de lujo, sino un tipo de relaciones que genera dependencia y discriminación, expresó este organismo de derechos humanos al presentar el informe sobre derechos humanos en la administración 2001-2007, a la que llamó “el Patronato”.

“Evaluar a un gobierno desde sus obligaciones en materia de derechos humanos obliga a situarse en el lugar de quienes han sido dejados fuera, de quienes ven violados sus derechos más elementales, del pueblo maya, de las mujeres, de la infancia, de las personas homosexuales, de los jóvenes, de los agredidos por una policía impune, de las y los torturados, de quienes han sido despojados de sus tierras” indica Indignación en la introducción del informe.

El documento, comentado por Isela Rodríguez Alonzo* y por Juan Carlos Mijangos Noh**, evalúa las obligaciones del gobierno en materia de derechos económicos, sociales y culturales; derecho del pueblo maya, derecho a la justicia y derecho a la igualdad, entre otros, para concluir que, en Yucatán, los distintos ámbitos de gobierno han incumplido sus obligaciones en detrimento de los derechos de la población.

El informe recuerda el caso de la escuela social de menores infractores, el caso de don Ricardo Ucán Seca, se refiere a casos de tortura dados a conocer a través de la prensa y/o documentados por el equipo Indignación, destaca las represalias contra defensores de los derechos humanos y evalúa también el incumplimiento de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

“La Hacienda Restaurada” incluye también un capítulo sobre participación ciudadana y condiciones democráticas, en el que evalúa el desmantelamiento de los organismos ciudadanizados como la Codhey, el Instituto de Acceso a la Información y el Instituto Electoral del Estado. Se incluye también una evaluación sobre la labor de la LVII legislatura.

En el capítulo sobre derechos del pueblo maya el informe enfatiza el despojo de tierras y territorios mayas promovidos desde el Ejecutivo del Estado para concluir que “el gobierno de Patricio Patrón Laviada utilizó las instituciones del estado para privilegiar el desarrollo de proyectos de empresarios estatales y nacionales con nula repercusión en el bienestar común (…) ejemplo de lo anterior es el establecimiento de “megaproyectos” en comisarías y regiones campesinas mayas”.

La persistencia de la pobreza y la desigualdad, junto con la impunidad que prodigó la administración 2001-2007 a responsables de violar derechos humanos, constatan que la alternancia partidista en Yucatán y en México garantizó la continuación de un modelo económico que mantiene a la mayoría de la población empobrecida y al servicio de la minoría es otra de las conclusiones del informe que presenta el equipo Indigación.

El informe presenta un capítulo sobre “medidas urgentes y obligaciones del Estado en materia de derechos humanos” que incluyen responsabilidades para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El documento íntegro puede consultarse en www.indignacion.org, portal en el que también se encuentran disponibles todas las cartas y comunicados que este equipo emitió durante la administración 2001-2007.

Nota sobre los participantes en la presentación

*Isela Rodríguez Alonzo es activista social, economista, defensora de los derechos laborales e integrante del Movimiento de Cultura Popular A.C.

**Juan Carlos Mijangos Noh es antropólogo, doctor en educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de la Habana y promotor de desarrollo comunitario.

Pueden descargar el informe completo desde la sección de publicaciones:

http://indignacion.org.mx/publicaciones/

o diréctamente AQUÍ

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Informe Preliminar del Equipo Indignación sobre la actuación de elementos de seguridad en el contexto de las manifestaciones contra George Bush en Mérida

Ante la detención arbitraria de 48 jóvenes en el marco de una manifestación contra la presencia de George Bush en Mérida y ante diversas violaciones a los derechos humanos que incluyen golpes, malos tratos, retención ilegal e incomunicación, cometidas por instancias dependientes tanto del Gobierno del Estado como del municipio de Mérida el equipo Indignación emite un primer reporte de observación.

Daños registrados contra el edificio del Palacio Municipal, ocurridos en el marco de la manifestación contra Bush, motivaron un operativo policíaco. La documentación de este evento, así como la observación y seguimiento posterior, han llevado a este equipo a corroborar la persistencia de abusos por parte de elementos de la policía de Yucatán y de violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de las personas que son detenidas.

El martes trece de marzo, en el marco de una manifestación contra la presencia de George Bush en Mérida, 48 jóvenes fueron detenidos en la plaza principal de Mérida y en calles cercanas, entre ellos 9 menores de edad.

La gran mayoría de los participantes se manifestó de forma pacífica durante todo el tiempo de la protesta, con excepción de algunos asistentes. Cuando la marcha llegó al centro de la ciudad, algunas personas rompieron cristales, puertas y una maceta del Palacio Municipal.

Después de que se registraron estos actos, elementos de la policía estatal y municipal iniciaron un operativo, se desplegaron por el centro de la ciudad y detuvieron de forma arbitraria a decenas de jóvenes.

Golpes, malos tratos y abuso de autoridad

Un video de Indymedia-Yucatán registra la forma en que agentes golpean a personas ya detenidas en el interior del palacio municipal.

Uno de los escasos familiares que pudo entrar a ver a su hijo más de 20 horas después de estar detenido, indicó que éste se encontraba golpeado y que estaba siendo presionado para declarar. Por otra parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que entró a ver a los detenidos a los edificios de la SPV y de la policía municipal, reporta que sí vieron jóvenes golpeados aunque no han precisado cuántos ni en qué condiciones se encontraban.

Detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos

La actuación de los elementos policíacos debe estar regida por los principios de finalidad, necesidad, debida motivación, proporcionalidad, no discriminación y excepcionalidad del uso de la fuerza.

Detenciones basadas en el aspecto implican discriminación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y las autoridades tienen la obligación de investigar si la actuación de los cuerpos policíacos se ciñó a los principios que regulan su actuación o si, como indican los primeros testimonios, efectivamente se detuvo a personas únicamente por ser jóvenes, por su forma de vestir o por su participación previa en otros eventos.

Las autoridades tienen la obligación de garantizar que las manifestaciones se lleven a cabo respetando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Actos de violencia o ilícitos que pueden darse en el contexto de una manifestación no exime a las autoridades de la obligación de actuar en absoluto apego a la legalidad y respetando de forma irrestricta los derechos humanos.

En el marco de la manifestación del martes 13 se registraron actos que causaron daños en el edificio conocido como Palacio Municipal. Este equipo también tiene conocimiento de la sustracción de la memoria de la cámara fotográfica de un reportero. Las autoridades tienen la obligación de investigar y sancionar los hechos, pero es evidente que esa obligación debe realizarse en apego irrestricto a la legalidad y al respeto a las garantías individuales. En los hechos del martes 13 el equipo Indignación ha observado violaciones a las garantías individuales y a lo derechos humanos.

Flagrancia o redada

Al equipo Indignación le preocupa el abuso del concepto de flagrancia que pueda estarse usando para justificar el operativo realizado el pasado 13 de marzo: Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución contempla la flagrancia, también lo es que dicho precepto se refiere a alguien que haya sido plenamente identificado, situación que está cuestionada en el operativo realizado el pasado martes. Resulta inconstitucional que, sin previa identificación, se haya detenido a cuarenta y ocho personas bajo la figura de flagrancia, semejando más una razzia: en este caso en realidad se trató de una redada indiscriminada, en la cual los diversos cuerpos policíacos detuvieron a discreción a quienes todavía permanecían en el lugar de los hechos.

Resulta inaceptable que, ante un ilícito, los elementos policíacos incurran en abusos, malos tratos, conductas ilegales y violaciones a las garantías individuales. Deplorable resulta también el hecho de que se violen los derechos de cualquier persona detenida.

Continúan las detenciones

El equipo Indignación recibió reportes de que una persona fue detenida el miércoles por la mañana con relación a los hechos del martes por la noche, con lo que serían ya 49 las personas detenidas.

Retención ilegal

Una parte de los detenidos fue remitida al edificio de la policía municipal y otra al edificio de la S.P.V. y fueron retenidos ilegalmente en esos edificios más de ocho horas, contraviniendo el artículo 16 constitucional que obliga a poner de inmediato a los detenidos a disposición de una autoridad competente.

Con esa retención ilegal se violó también el derecho a la libertad personal establecido en el artículo 7, fracción 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos:Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales…”

En la práctica, el tiempo de retención ilegal en los edificios de las policías estatal y municipal está encubriendo otra ilegalidad, puesto que la obligación del Ministerio Público de poner a disposición del juez a más tardar en 48 horas a los detenidos comienza a contar hasta que el MP los recibe, lo que ocurrió más de ocho horas después de que fueron detenidos.

Incomunicación

El equipo Indignación pudo constatar que las personas detenidas se encontraron en una situación de incomunicación, toda vez que, hasta la tarde del miércoles, llevaban cerca de 20 horas detenidas sin que se les permitiera tener comunicación con sus familiares, a quienes se les negó el acceso con el argumento de que se encontraban declarando. Es evidente que a los familiares también les preocupa en qué condiciones se están realizando las declaraciones. A partir de la tarde del miércoles sólo algunos pocos familiares han podido tener comunicación con los detenidos.

La situación de incomunicación también la indica el hecho de que, según las entrevistas realizadas a familiares que se mantenían en la Procuraduría, ellos no recibieron llamada alguna de los detenidos, lo que hace suponer que no se les permitió realizar la llamada a la que tienen derecho. Un abogado que asiste a varios de los detenidos a petición de sus familiares interpuso un amparo por incomunicación.

Incertidumbre jurídica

Hasta la tarde del miércoles el Ministerio Público ni siquiera había puesto en algún lugar visible todos los nombres de los detenidos y hasta la tarde del jueves 15, más de 40 horas después de que fueron detenidos, todavía no ha informado qué delitos les imputa, manteniendo en la incertidumbre jurídica a los familiares y a los detenidos.

Adicionalmente, este equipo considera que podría estarse violando, en detrimento de los detenidos, el principio de presunción de inocencia que debe regir cualquier proceso judicial, máxime por la ya cuestionada flagrancia en la que ocurrió la detención.

La Codhey

Durante toda la mañana del miércoles 14 de marzo no se presentó al edificio de la procuraduría algún representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Uno de los visitadores llegó hasta cerca de las tres de la tarde, después de insistentes llamadas para reportarles que no se permitía a los familiares ver a los detenidos. Sin embargo, según reportó a este equipo el visitador, las autoridades de la procuraduría se negaban a atenderlo.

Al equipo Indignación le preocupa que la Codhey no utilice todas las facultades que tiene, que omita o retarde su presencia en momentos críticos y que no ponga en evidencia a las autoridades que obstaculizan su trabajo o no atienden sus requerimientos.

El hecho es todavía más grave ya que, tanto en la SPV como en la policía municipal, el argumento empleado para negar a los familiares ver a los detenidos fue que se encontraban adentro visitadores de la Codhey. A nuestro juicio la Codhey no puede tolerar que se use de pretexto su propio trabajo para negar un derecho elemental de los detenidos.

El equipo Indignación manifiesta particular preocupación debido a que la Codhey no cuenta con médicos capacitados para determinar la existencia de lesiones, tortura física o sicológica o cualquier otro tipo de lesión.

Integridad física

Una reportera resultó lesionada en las inmediaciones del hotel Fiesta Americana, lugar a donde llegó la manifestación de cerca de trescientas personas antes de regresar a Santa Ana, punto de partida, y de dirigirse a la plaza grande de Mérida.

Si bien la mayoría de los participantes se mantuvo manifestándose de forma pacífica, algunos asistentes tiraron piedras hacia el otro lado de una valla de tres metros de alto —acción que el equipo Indignación desaprueba y que pudo lesionar a algún agente— donde se encontraban elementos de seguridad con casco y escudos protectores.

Con gran preocupación este equipo expresa que del otro lado de la valla, donde únicamente podrían encontrarse elementos de seguridad ya que era una zona de acceso restringido, también se lanzaron piedras hacia el lugar en el que se encontraba la manifestación. Una de esas piedras hirió a una reportera que se encontraba entre los manifestantes.

Los elementos de seguridad que devolvieron las piedras ignoraron los principios que marcan su actuación, pusieron en riesgo la integridad física de los manifestantes —donde se encontraban únicamente civiles sin casco y sin escudo— e hirieron a una reportera.

Menores

Sobre los nueve menores detenidos, este equipo de derechos humanos hace notar el vacío legal en el que se encuentra en este momento el estado de Yucatán al no haber entrado en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes del estado de Yucatán.

Si bien es cierto que el día 1 de octubre de 2006 se publicó en el Diario Oficial del estado la Ley de Justicia para Adolescentes del estado de Yucatán, también lo es que dicho decreto, en su primer artículo transitorio, estableció un plazo de seis meses para su entrada en vigor, con lo cual, en la actualidad no existe un sistema integral de justicia para adolescentes, situación que viola lo establecido en el artículo 18 constitucional:

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, con excepción de lo preceptuado en el artículo 142 de esta ley. (publicado el 12 de diciembre de 2005).

Por lo tanto todos los adolescentes detenidos se encuentran sujetos a un procedimiento ilegal e inconstitucional, puesto que el Ministerio Público del fuero común no es la autoridad competente para, en el caso de los menores, determinar la existencia de elementos que puedan constituir alguna de las conductas señaladas como delito por el Código Penal del estado, en virtud de que dicha facultad debiera recaer en un órgano especializado en justicia para menores que es inexistente en Yucatán.

Debido a la peculiar situación en la que se encuentra Yucatán en este momento ocasionada por una falta atribuible a los legisladores con relación a la ley de justicia para adolescentes, todas las y los menores detenidos deben ser puestos inmediatamente en libertad.

Conclusiones y exigencias

La ciudad de Mérida estuvo, desde los días previos a la llegada de George Bush, en un virtual estado de excepción y de restricción de garantías, entre otras la de libre tránsito y manifestación.

Los eventos ocurridos en la plaza principal de Mérida el pasado martes 13 de octubre han llevado a este equipo a corroborar la persistencia de violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de las personas que son detenidas en Yucatán.

Ilícitos ocurridos en el marco de una manifestación no justifican la violación de los principios que deben regir la actuación de los cuerpos policíacos. Mucho menos justifican represalias contra participantes en la manifestación.

El equipo Indignación exige una investigación inmediata de la actuación de los elementos de seguridad del estado que participaron en el operativo del martes 13 así como la sanción a cualquier abuso en el que hubiesen incurrido.

Exigimos, asimismo, respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran actualmente detenidas.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.