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Comunicado del equipo Indignación

Al extremo de encadenarse ante la CNDH ha tenido que llegar una familia yucateca que perdió a su hijo para ser atendidos por esa instancia nacional después de meses de inacción de la Codhey que con su dilación ha protegido la negligente actuación de la fiscalía estatal y del gobierno de Ivonne Ortega.

José Felipe Castillo Tzec fue encontrado sin vida en julio de 2011. Un expediente que exhibe un manejo poco escrupuloso de la fiscalía yucateca en el que no coinciden fechas ni horas y ni siquiera nombres de envío y recepción de la necropsia, por mencionar algunas irregularidades, concluye que José Felipe Castillo Tzec se suicidó.

A pesar de las evidentes irregularidades que a simple vista indican que se han vulnerado derechos de la víctima y de sus familiares, a pesar de los nueve meses transcurridos, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán no ha emitido la recomendación correspondiente.

La CNDH, por su parte, recibió el caso y la expresa petición de intervenir desde hace tres meses, pero fue hasta el lunes 23 de abril, cuando Marco Antonio Castillo y Rosario Tzec —papá y mamá de José Felipe— se encadenaron, cuando decidió atraer el expediente.

Marco Antonio y Rosario han comenzado a participar junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Este caso exhibe a la fiscalía yucateca, a la Codhey y a la propia CNDH. El equipo Indignación deplora la persistente negligencia que exhiben estas instancias que desprotegen y agravian a la sociedad y dejan constantemente en la indefensión a quienes ven vulnerados sus derechos. Deploramos que una familia tenga que llegar a extremos como encadenarse para ser atendida.

Un caso tan grave como es el de Roberth Tzab Ek, quien falleció en la cárcel de Tekax en agosto de 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, se ha enfrentado también a la corrupción y/o actuación negligente de Ministerio Público, Fiscalía, Codhey y CNDH por acciones u omisiones.

En el caso de Roberth Tzab Ek la entonces procuraduría, sin media investigación, descartó la participación de elementos policíacos y únicamente investigó al médico. La Codhey se tomó más de un año en emitir una inocua recomendación que el hijo de Roberth Tzab impugnó ante la CNDH desde hace casi siete meses, sin que hasta la fecha se tenga una respuesta.

En el caso de José Felipe, al desaseado manejo del expediente, a la vulneración al derecho a la seguridad jurídica y a la justicia, a la negligente actuación de la fiscalía y de la Codhey se suman, de acuerdo con Marco Antonio Castillo y Rosario Tzec, amenazas y hostigamiento contra la familia, lo cual preocupa a este equipo de derechos humanos.

El equipo Indignación se suma a la justa indignación de los padres de José Felipe y exige a la CNDH emitir las medidas cautelares que protejan a la familia y les permitan retornar a un Estado que les ha negado justicia y los ha agraviado.

25 de abril de 2012

Foto tomada de la página de feisbuk de Marco Antonio Castillo Castillo

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-       Características homofóbicas del ataque

El equipo de derechos humanos Indignación A.C., junto con el Oasis de san Juan de Dios A.C., estamos acompañando el caso de R.C.R., joven agredido el pasado 11 de julio por un individuo que lo atacó debido a la orientación homosexual de la víctima.

R.C.R. fue abordado en la Plaza Grande por un individuo de sobrenombre “El Bebo” que lo invitó a tomar unas cervezas. A los pocos minutos salieron de la cantina para dirigirse a un céntrico hotel, una vez que acordaron sostener un encuentro sexual. Ya en el cuarto del hotel, R.C.R. fue víctima de graves heridas. Durante las agresiones, que le dejaron lesiones que duran más de quince días en sanar, el agresor le gritó: “¿te acuerdas que te dije en la cantina que había estado con otros dos homosexuales antes que tú? Pues a ellos los maté y tú vas a ser el tercero que mate, porque odio a los homosexuales, a maricones y putos”, para terminar estrellándole la cabeza contra el piso y dejando a R.C.R. inconsciente por unos minutos.

Cuando R.C.R. volvió en sí, escuchó al agresor decirle: “odio a los maricones y por eso les hago lo que te hice”. R.C.R. le suplicó que ya no lo golpeara más, a lo que el agresor respondió “no te voy a matar, me caíste bien, por eso no te mato… pero si me denuncias, ya sé tu dirección y te voy a buscar para matarte”.

Cuatro días después, mientras R.C.R. esperaba el autobús cerca de su casa para dirigirse a su trabajo, el agresor lo abordó de nuevo, amenazante, y le arrebató el teléfono celular que cargaba, llevándose también la cartera con sus documentos de identificación. Superando su miedo y una vez que su agresor se había alejado, R.C.R. llamó a una patrulla que circulaba por el entorno, la cual después de un rápido operativo alcanzó al agresor, deteniéndolo. El delincuente fue presentado ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público y posteriormente se consignó el expediente dando inicio a la causa penal 220/2011 radicada ante el Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del estado.

El ataque a R.C.R. se une a crímenes cometidos contra personas homosexuales en los últimos meses, que han sido reportados por los medios de comunicación locales. El reciente asesinato de José Remigio Pastelín Cuevas es una muestra más de la recurrencia de este tipo de delitos, tan es así que nuestro estado ocupa el cuarto lugar nacional en crímenes de odio por homofobia. Indignación A.C. y Oasis de san Juan de Dios A.C. deploran que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia no hayan evitado la impunidad en casos anteriores. Los crímenes por homofobia suelen ser silenciados o minimizados al calificárseles de “crímenes pasionales” o “pleitos entre homosexuales”. La falta de una legislación adecuada, que tipifique los crímenes de odio, es un elemento que perpetúa los abusos en contra de las personas de la diversidad sexual. El reporte prejuicioso que los medios de comunicación hacen de este tipo de delitos, contribuye también a mantener y propagar las ideas discriminatorias que subyacen a los ataques.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, señala que “los delitos y violaciones a los derechos humanos por orientación sexual, identidad o expresión de género no son hechos aislados, obedecen a patrones de conducta de algunos miembros de la sociedad y al proceder recurrente de ciertos servidores públicos, tales como prejuicios, aversiones y rechazos, lo que refleja la existencia de un problema estructural serio de intolerancia, y que requiere de su reconocimiento expreso y de una atención especial por parte de las autoridades encargadas de promover la educación, la cultura, el respeto a la legalidad y la no discriminación en el país …”

En relación con lo anterior, es urgente que la Fiscalía Especial consigne el expediente derivado de las agresiones por motivos de homofobia que recibió R.C.R., pues aunque el presunto responsable está siendo procesado en el Juzgado Sexto Penal, la causa penal es únicamente por el delito de robo, mas no por el ataque y las amenazas sufridas el día 11 de julio y existe la posibilidad de que pueda salir en libertad, con el consecuente riesgo que para la víctima conlleva esta situación.

Indignación A.C. y Oasis de san Juan de Dios A.C. exigen a la Fiscalía Especial realice una investigación pronta y eficaz de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad internacional y evitando incurrir en los vicios que ha señalado la CNDH. De igual manera resulta urgente que la legislatura local tipifique adecuadamente los crímenes de odio por homofobia y establezca criterios claros para prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de discriminación por preferencia u orientación sexual o genérica, como elementos mínimos para erradicar estos delitos que han adquirido carta de naturalización en el estado.

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Personas desplazadas, migrantes y defensoras en grave riesgo en Tenosique

• Concluye visita de la Misión Civil de Observación con exigencias a autoridades de México y Guatemala.

El día de hoy se cumplen 60 días del desalojo de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Libertad, departamento del Petén, Guatemala, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado y han improvisado un campamento en México, en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.

Las condiciones de vida de las y los desplazad@s constatadas por la Misión  Civil de Observación representan una crisis humanitaria, agravada por las condiciones climáticas y las inundaciones en la zona; casi 300 personas viven a la intemperie de las cuales 115 son niños, niñas o adolescentes quienes deberían gozar de una especial protección.

No obstante que en este conflicto bilateral ambos gobiernos tienen el deber de asistir humanitariamente a la población, lo cual representa un derecho para una población desplazada, y proveerles condiciones de vida digna, hasta este momento la comunidad de Nuevo Progreso es la que les ha acogido y la asistencia que reciben proviene principalmente de pobladores vecinos y de las iglesias tanto de México como de Guatemala.

Integrantes de la Misión  se entrevistaron con el cónsul de Guatemala en Tenosique. Para la Misión  Civil de Observación constituye un motivo de gran preocupación la intención de justificar el desplazamiento atribuyéndole a las y los desplazados la comisión  de ilícitos sin que haya alguna prueba contra ellos. Más grave resulta que dicho desalojo se haya efectuado mientras se llevaban a cabo las mesas de negociación entre la comunidad posteriormente desalojada y el gobierno de Guatemala.

Aunque hay mesas de diálogo y se han realizado cuatro reuniones, la percepción de las y los desplazados, de acuerdo con sus testimonios, el gobierno guatemalteco está  aplazando el conflicto con la finalidad de desgastar a la gente y evitar el retorno a sus tierras. Las mesas de negociación no han llevado a una solución viable a la crisis. La Misión Civil de Observación no desconoce que actualmente hay un contexto electoral en Guatemala y nos preocuparía que el gobierno estuviera privilegiando intereses relacionados con estos procesos antes que una solución a la crítica situación en la que están decenas de familias.

Las condiciones de desplazados, migrantes, defensoras y defensores han constituido la preocupación y la razón de esta Misión  Civil de Observación, que hoy concluye su visita in situ. De hecho esta Misión  se constituyó alarmada por diversos incidentes de hostigamiento y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y contra colaboradores de La 72, Hogar Refugio para personas migrantes, ambos en Tenosique.

La Misión, conformada por diez organizaciones de derechos humanos, se entrevistó con autoridades municipales, estatales, federales relacionadas con la migración y con los actos de hostigamiento contra defensores. Hoy, de manera preliminar, presentamos algunos puntos de gran preocupación. La Misión  presentará próximamente su informe.

Dentro de la Misión  de Observación se pudo constatar la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular aquellas que se encuentran trabajando a favor de las personas migrantes.

Como el propio relator de trabajadores migrantes y sus familias de la CIDH expresó en el informe preliminar publicado después de su reciente visita a México, los defensores de migrantes a sus tareas suman la de “combatir la negligencia de las autoridades al denunciar hechos en el ámbito penal y público asumiendo con ello las consecuentes amenazas y riesgos a la vida y a la integridad.”

La Misión  quiere recalcar que la mejor garantía y protección para las y los defensores la constituye el combate contra la impunidad.  Especial preocupación causa que la CNDH no haya concluido en recomendación ninguna de las quejas presentadas de 2010 a la fecha contra autoridades de migración, así como el hecho de que las autoridades estatales y municipales incumplan las medidas cautelares otorgadas por la CNDH a favor de los defensores, así como la pasividad del organismo público nacional de derechos humanos para exigir su cumplimiento.

Por su parte, el comandante de la 38 zona militar reconoció su responsabilidad en la reciente retención y hostigamiento contra Fray Tomás González, Rubén Figueroa y otras personas que los acompañaban, no obstante hasta la fecha no se ha castigado a ninguno de los responsables.

La Misión  exige a las autoridades actuar de acuerdo con la Declaración Sobre el Derecho de las Personas, los Grupos y las instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos, garantizando a las y los defensores las condiciones para desarrollar su trabajo.

No obstante la nueva ley de migración y la reciente depuración del Instituto Nacional de Migración, los testimonios de las y los migrantes reflejan la extorsión por parte de la policía municipal y autoridades de migración. La tolerancia de la explotación infantil pudo constatarse en la denuncia de varios actores.

Ante las críticas condiciones a las que se enfrentan desplazados, migrantes, defensoras y defensores en Tenosique, la Misión  Civil de Observación, al concluir su visita “in situ” hace las siguientes exigencias inmediatas, de manera preliminar.

a.- Al los gobierno de Guatemala y México:

Que establezcan las medidas necesarias, desde los estándares más altos en materia de derechos humanos de las personas desplazadas, para garantizar la vida digna de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza. En particular instamos al gobierno de Guatemala a establecer condiciones mínimas de retorno que garanticen a las y los desplazados poder regresar a su comunidad, así como adecuadas medidas de reparación del daño.

b. Al gobierno mexicano. Impulsar las medidas necesarias para reducir el riesgo que los migrantes viven al momento de ingresar a México. Urgimos en particular al Ejecutivo Federal y al  Congreso de la Unión para impulsar y legislar una visa temporal de trasmigrante que minimice los riesgos a los que se ven sometidas las personas migrantes en su trayecto por el país.

c. A los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal: que garanticen la integridad física y psicológica de las personas migrantes, así como la de aquellas personas que se dedican a su defensa. En particular, instamos  a los cuerpos policíacos a no obstaculizar la labor de las y los defensores y no criminalizar a las personas migrantes que transitan por la zona de Tenosique.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C. (conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República) | Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. | Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ) | Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. | Escuela de Agricultura Ecológica U Yiits Ka’an, Maní, Yucatán |  Proyecto de Violencia y Medios / Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. | Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Guatemala | Centro de Derechos Humanos del Usumacinta A.C. | La 72 – Hogar Refugio para personas migrantes | Movimiento Migrante Mesoamericano | Equipo Indignación A.C. | Estudiantes del tercer semestre de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de CEPHCIS-UNAM

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Familiares de Roberth Tzab Ek impugnaron la tardía y limitada recomendación de la Codhey por considerar que no contiene los estándares mínimos de protección en materia de derechos humanos, de acuerdo a la gravedad del caso.

En el escrito de impugnación se establecen las ausencias y debilidades de la recomendación de la Codhey en un caso que, además de los indicios de tortura, ocurre en un contexto de alarma por el número de fallecidos en cárceles de Yucatán: más de trece de 2006 a la fecha.

La recomendación de la Codhey se centra básicamente en la responsabilidad de los médicos que atendieron a Roberth Tzab después de su detención pero omite señalar críticas responsabilidades, de otros servidores públicos que derivaron en la muerte de Roberth Tzab.

Ausencia de una adecuada catalogación de las violaciones a los derechos humanos; deliberada aunsencia de investigación de presunta tortura, a pesar de contar con indicios sobre este crimen; silencio sobre las graves carencias de la investigación ministerial, que incumplen normas básicas cuando se trata de muertes ocurridas en el contexto de una detención, como lo es el mínimo requisito de que no sea investigada por la agencia responsable son algunas de las debilidades de la recomendación impugnada.

Grave omisión al no establecer medidas verificables como garantías de no repetición de estos hechos, más aún ante el alarmante contexto de muertes en centros de reclusión y denuncias recientes sobre hechos de tortura en el estado; ausencia de criterios de reparación del daño son también señalados como argumentos para impugnar una recomendación que exhibe a la Codhey nuevamente como protectora de autoridades.

La dilación en la conclusión del expediente también es expuesta ante la CNDH como parte de las acciones en las que la Codhey ha incurrido para evitar proteger a la víctima y a sus familiares agraviados, lo cual ha favorecido a las autoridades responsables.

En un hecho que pareciera exhibir mayor protección hacia las autoridades de parte de la Codhey, este organismo emitió la débil recomendación después de presentar su informe anual, con lo que omitió referirse a ella, y ha evitado divulgarla y publicitarla.

Contrario a las necesarias garantías de no repetición que debió exigir la Codhey, la impunidad garantiza la repetición de conductas que lesionan a la sociedad y vulneran derechos como en este caso, con fatales consecuencias.
En el escrito se mencionan indispensables instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que ni siquiera fueron considerados por la Codhey en su investigación y en su conclusión.

La CNDH contempla la posibilidad de conocer recursos de impugnación “… II. En contra de recomendaciones dictadas por organismos locales, cuando a juicio del quejoso éstas no tiendan a reparar debidamente la violación denunciada…”

Un caso extremadamente grave, que privó de la vida a una persona y que podría implicar tortura, obtuvo una recomendación tardía, emitida más de un año después de ocurridos los hechos, que desprotege a la víctima y a sus familiares, quienes también son agraviados en este caso y favorece la impunidad y la persistencia de condiciones que ponen en riesgo la vida de las personas que se encuentren detenidas en centros de reclusión en el Estado.

Encuéntranos también en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

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Tenosique, Tabasco, 18 de septiembre de 2011.

A las autoridades civiles de nuestro país

A la prensa nacional e internacional

A los defensores y defensoras de los derechos humanos

A la opinión pública

El día 17 de septiembre de 2011, varios defensores de derechos humanos sufrimos las vejaciones, abuso de autoridad, intimidación y amenazas por miembros del ejército mexicano, la Policía estatal de Tabasco, la Policía municipal, la dirección de Tránsito del Municipio de Tenosique.

Durante este evento se amenazó nuevamente a Fray Tomás González, presidente del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y director de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, quien la semana anterior recibió una amenaza de muerte por vía telefónica y quien el día anterior, en Palenque, participó en el evento de la Caravana Sur del Movimiento por la Paz y denunció públicamente los abusos que cometen diversas autoridades contra migrantes, en particular el Instituto Nacional de Migración.

Relato de los hechos

El 17 de septiembre, aproximadamente a las 5 de la tarde estábamos estacionados frente al campus de la UJAT en Tenosique cuando miembros del Ejército mexicano a bordo de una camioneta con número 0818304, se acercaron y nos dijeron que tenían que inspeccionar la unidad porque éramos sospechosos. Preguntamos de qué, no supieron contestar, exigimos que viniera Seguridad Pública del Municipio. Poco después llegaron dos patrullas de la Policía Estatal con números 332 y 278, sin decir nada, nos encañonaron y uno de los policías golpeó en el rostro a Rubén Figueroa, defensor de derechos humanos de migrantes. Esto nos preocupó mucho e hicimos contacto con otros defensores a nivel nacional.

Minutos después llegó un hombre a bordo de una camioneta Ford – Lobo, con placas RB – 94 – 861, de Nuevo León. Venía vestido de manera informal con playera y pantalones cortos de color verde (como los que usa el Ejército). Se dirigió a los miembros del Ejército y les dijo que revisaran la camioneta a la fuerza y que bajaran a la fuerza a la gente. Fr. Tomás González le tomó fotos y el hombre lo empezó a insultar verbalmente diciéndole: “Hijo de tu puta madre, te voy a romper todo lo que tienes de madre, pinche indio pendejo taimado no vales nada, hasta borracho estás cabrón” y amenazó con golpearlo. A lo que el fraile respondió que cuidara mucho sus palabras, que lo estaba amenazando y que había testigos (más de 20 policías estatales y más de 15 soldados). El hombre dijo nuevamente con insultos: “aquí nadie es testigo de nada, nadie vio ni escuchó nada”. Efectivamente ninguno de los presentes se movió para frenar la agresión. En ese momento entró al celular de fray Tomás una llamada de personal de la Quinta Visitaduría de la CNDH y, al ser informados de la situación, pidió que le comunicara a este personaje. Él con insultos expresó que no tenía nada que hablar con nadie, que los derechos humanos no valían para nada. Nuevamente Fr. Tomás fue amenazado por este hombre en presencia de la Policía y el Ejército. Cuando llegó al lugar el Presidente Municipal de Tenosique y señaló que ya había hablado con el Capitán Rodríguez, éste se acercó, se arrogó la responsabilidad del operativo pero no quiso dar su nombre completo. Al indicarle Fr. Tomás el incidente que había ocurrido y las amenazas del hombre de la camioneta lobo el “Capitán Rodríguez” dijo “aquí no ha pasado nada”.

Momentos más tarde elementos de Tránsito Municipal, tres patrullas de la Policía municipal, así como una tanqueta más del Ejército mexicano con alrededor de 20 soldados fuertemente armados y con pasamontañas se sumaron a la intimidación y retención, en repetidas ocasiones hicieron el intento de bajarnos del vehículo a lo cual nos oponíamos porque nuestras vidas corrían peligro.

Los que estábamos a bordo de la camioneta nos sentimos bastante intimidados y decidimos no bajar más del carro hasta que llegara la CNDH. La retención ilegal, el hostigamiento y la intimidación duraron cerca de cuatro horas. Alrededor de las nueve de la noche se retiraron las camionetas del ejército y de la policía y nos mantuvimos aún en el lugar por más de dos horas esperando al personal de la CNDH.

Frente a todo esto

declaramos:

Comprobamos que los cuerpos de seguridad ejercen de manera represiva e intimidatoria un brutal uso de su investidura.

Estos hechos ocurren en el contexto de frecuentes denuncias y acciones que defensores de derechos humanos hemos hecho; leemos estos acontecimientos como actos de intimidación que pretenden impedir nuestro trabajo y perpetuar abusos e impunidad, en este caso y de manera especial contra personas migrantes.

Ocurre también este hostigamiento en una jornada en la que ocurrieron diversos incidentes que afectaron de una u otra forma a la Caravana Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o a quienes participan en ella, lo cual deploramos enérgicamente.

Exigimos:

Garantizar la seguridad de quienes colaboran en La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes y en el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, ambos en Tenosique y garantizar que puedan desarrollar tanto la labor humanitaria como la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.

Investigar a los cuerpos de seguridad: Ejército; Policía Estatal, Policía Municipal y dirección de Tránsito que participaron en las agresiones hacia los defensores, amenazados e intimidados en Tenosique el día 17 de Septiembre de 2011.

Ante el aumento de agresiones y la participación en este incidente de la Policía estatal de Tabasco, cuerpo que está a cargo de la vigilancia del albergue como parte de las medidas precautorias solicitadas por la CNDH debido a anteriores amenazas, se hace indispensable que este organismo nacional dicte medidas de protección efectivas y acordes con la gravedad y el aumento de los incidentes y exija garantías de cumplimiento de dichas medidas.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos del Usumacinta A.C.

La 72 – Hogar Refugio para Personas Migrantes

Movimiento Migrante Mesoamericano

Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

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El trabajo del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido complaciente y cómplice del poder. Sus omisiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos han permitido que éstas ocurran de manera sistemática, pues no sólo es ineficaz para documentarlos, sino que es nula la sanción pública hacia las autoridades violadoras de derechos humanos, sanción que debiera ser impulsada por el titular del organismo público defensor de derechos humanos. También ha desprotegido, y en consecuencia permitido, que persistan las situaciones se segregación y exclusión en cuanto a derechos de grupos sociales discriminados.

En el primer caso, la negligencia para intervenir, documentar y exhibir casos de graves violaciones a derechos humanos, su silencio al momento de emitir sus recomendaciones y la inocuidad de las mismas, han permitido que persistan prácticas que son incompatibles con los derechos humanos, fundamentalmente en el ámbito de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia. La demanda de juicio político presentada en febrero de 2009 por doce organizaciones civiles documentaba graves inacciones, inocuas recomendaciones e impericia del ombudsman en varios casos, entre otros el de la razia en la que se detuvo ilegalmente y con violencia a 48 jóvenes en el contexto de la visita de George Bush a Yucatán.

El deterioro de la Codhey ha continuado. El caso de Robert Tzab es actualmente uno de los ejemplos más graves de la inacción cómplice del ombudsman. A más de un año de haber perdido la vida en instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia en Tekax, en condiciones que obligan a sospechar tortura, la Codhey no ha emitido recomendación alguna, a pesar de que su propia ley la obliga a hacerlo en un plazo no mayor de 4 meses cuando de graves violaciones a derechos humanos se trate. La omisión en el caso de Robert ilustra la docilidad de un organismo que debiera ser implacable en casos como el de Tzab Ek, más aún cuando esa misma institución ha documentado más de 13 fallecimientos en cárceles del estado de Yucatán, muchas de ellas en contextos de detenciones por parte de cuerpos policíacos.

El abstenerse de ejercer las facultades con las que cuenta el organismo para proteger derechos, como hizo al negarse a presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de las dos reformas a la Constitución del estado discriminatorias que fueron aprobadas en julio de 2009 por el Congreso de estado y publicadas por el ejecutivo: la se hizo para prohibir expresamente que parejas del mismo sexo puedan ser protegidas a través de las figuras del matrimonio o concubinato, así como aquella que vulneró derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dan cuenta de la ausencia de criterios de derechos humanos y del sesgo discriminatorio de su administración. La evidencia de ello es que estas negativas por parte de la Codhey se dieron en contraste con el avance que a nivel internacional e incluso nacional se ha generado en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de las mujeres. Su argumentación para negar ejercer dicha facultad violentó el estado laico y exhibió sumisión a poderes instituidos y fácticos.

Recientemente, su tibia respuesta ante los hechos ocurridos el día 4 de julio, cuando la policía del estado se negó a intervenir durante la agresión que sufrió un grupo de manifestantes que se oponían a la construcción del paso deprimido, exhibió que, lejos de erigirse como un defensor del pueblo, prefiere no confrontarse con el gobierno en turno. La actitud en este caso, contrasta con la acción que otras comisiones públicas de derechos humanos han tenido ante hechos similares. En el caso de la Supervía Poniente, en el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad no sólo se ha pronunciado por el derecho de las y los inconformes a la libre manifestación y documentado las represalias de la policía capitalina, sino también ha defendido la imperiosa necesidad de que las obras públicas sean sujetas a consulta de la ciudadanía, transparentadas por cuanto hace a su presupuesto y respetuosas con relación al medioambiente, criterios ausentes en los llamados de la Codhey.

Lamentable es también la actitud del Congreso del estado cuya anterior legislatura no sólo se negó a responder a las demandas de juicio político presentadas por diversas organizaciones, sino que lo ratificó para un período más, a pesar de que incluso antes de la demanda de juicio político 3 de los 4 entonces consejeros ciudadanos de la Codhey renunciaron ante las reiteradas omisiones y violaciones a su reglamente en las que incurría el ombubusman.

Las diputadas y diputados de la presente legislatura también se han negado a analizar las demandas de juicio político presentadas hace más de dos años, contribuyendo con ello a cerrar los espacios de escrutinio al que todo funcionario público tendría que someterse y negando un derecho básico que tiene la ciudadanía para someter a juicio a aquellos servidores públicos que incumplan con las funciones para las cuales fueron electos. En los hechos, el Presidente de la Codhey y diputados locales han establecido un círculo de impunidad mediante el cual el primero encubre al poder, mientras el segundo protege a éste.

Indignación nuevamente exige a las diputadas y diputados de la actual legislatura que admitan las demandas de juicio político presentadas hace dos años y medio, y que ni siquiera han sido admitidas. Es inaceptable que se corrompan y se permita el deterioro de las instituciones que tiene al país en este lamentable estado. Precisamente por eso insistimos en la necesidad de contar con un Ombudsman que sea un verdadero defensor del pueblo, independiente del poder. Reiteramos, después de seis años de gestión del ombudsman, que ante la evidencia de la incapacidad para cuestionar y documentar adecuadamente las violaciones a derechos humanos, el actual presidente de la comisión de derechos humanos debe renunciar.

Equipo Indignación

30 de agosto de 2011

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Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción.

A partir de las primeras horas de este 13 de agosto, al cumplirse precisamente dos años del violento desalojo cometido ilegalmente por órdenes del empresario Eduardo Escalante, se podrá sumar quien lo desee a esta exigencia de justicia en la dirección http://indignacion.org.mx/ebula/ donde se encuentra el texto de una carta dirigida al Gobierno de Campeche, al Procurador de Justicia de Campeche y al Secretario de la Reforma Agraria.

Al final del texto basta con poner el nombre y dirección electrónica de quien suscribe y apretar el botón “enviar” para que la carta llegue a sus destinatarios. Una copia llegará a Indignación para conservar registro de los envíos.

También se podrá encontrar y acceder a la acción en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

En www.indignacion.org.mx está disponible más información sobre el caso.

A continuación el texto de la carta:

Secretario de la Reforma Agraria

Agr. Abelardo Escobar Prieto

Gobernador del estado de Campeche

Fernando Ortega Bernés

Procurador General de Justicia del estado de Campeche

Lic. Renato Sales Heredia

Me dirijo a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche y agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace ya dos años.

El 13 de agosto de 2009 cerca de cien personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y contratadas por el empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras, a pesar de que estas se encuentran aun en litigo ante las autoridades agrarias, llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá agrediendo a la gente y destruyendo todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de las y los habitantes. Dos ataques anteriores contra Ebulá, pueblo que se fundó hace más de cuarenta años, permanecían impunes.

Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.

Después de mes y medio de vivir en la terraza del Palacio de Gobierno en condiciones críticas, representantes de las y los pobladores y el Gobierno de Campeche firmaron un convenio con el ejecutivo campechano que les garantizaba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado, comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y a asegurarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.

El convenio establecía expresamente que de ningún modo dicho acuerdo implicaba la suspensión del juicio agrario que las y los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continuaba en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal.

A pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, a pesar de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó -fallidamente gracias a la impugnación de las y los pobladores- concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha  consignado.

Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a las y los pobladores agraviados el acceso a la justicia.

El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señala que si bien no le mostraron orden de desalojo el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina al señor Escalante y a la policía del estado de Campeche -que observó pasivamente la destrucción- no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se ha valido de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

Por lo anteriormente señalado les expreso mi más alta exigencia de justicia y solicito:

A) A la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche:

Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

B) A la Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal. Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la Justicia Federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantizando el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.

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El 31 de julio del presente año, Gregorio Hidalgo Magaña, ex militar de 40 años, asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.

El presente caso ilustra cuando menos en dos aspectos graves cuya responsabilidad es atribuible al Estado.

a)     La situación de violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres yucatecas al interior del hogar. Al respecto es preciso destacar la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el Estado.

Dicha información permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.

b)    La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del estado.

Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez, ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido Salazar Pérez a manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.

Al respecto, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia.

Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas.

La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo. El presente caso, exhibe que la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es letra muerta en la entidad.

Indignación ha documentado la práctica imposibilidad de las mujeres de  Yucatán de acceder a la justicia en casos de violencia de género: los  juzgados de paz que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y   otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito.

Incluso el Tribunal Superior de Justicia que al carecer de formación en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.

Otros dos casos que Indignación acompaña y que ilustran el informe   “Náach Yano’on (Qué lejos estamos) presentado en 2009 continúan sin sentencia contra los agresores. Dicho informe, sobre acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán, señala el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual está obligado el Ministerio Público y que propician la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.

Este grave caso feminicida, multihomicida, que puede también presentar elementos de lesbofobia no está concluido, como sostiene el procurador aduciendo que  “el agresor se suicidó”, pues resulta indispensable determinar si existe responsabilidad de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y proteger  la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamente peligroso.

Este caso también exhibe que en Yucatán las condiciones que permiten la violencia de género no han sido erradicadas por la falta de políticas públicas efectivas que prevengan y combatan este fenómeno, de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Clausura_IEGY

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