Comienza la campaña “Otr@ Ombudsman para Yucatán”

Con postales para diputad/s y pancartas extendidas en la sesión del Congreso programada para ratificar al actual presidente de la Codhey, el equipo Indignación y Oasis San Juan de Dios comenzaron la campaña “Otr@ Ombudsman para Yucatán”.

Las postales, entregadas al iniciar la sesión y enviadas previamente por vía electrónica, muestran la leyenda de la campaña escrita sobre la letra de la canción que expone las razones por las que urge otr@ Ombudsman:

“Por los cuerpos torturados, por la rabia contenida, por el justo ajusticiado, por los golpes recibidos, por las tierras invadidas, por el verso censurado, por el beso clandestino, por mi amigo que está preso…”.

Y es que el “Ombudsman” ha exhibido su impericia y su negligencia con mayor notoriedad precisamente en casos de tortura. La sesión comenzó más de tres horas después de los programado. En los pasillos y en la terraza del Congreso ganaban los comentarios que se inclinaban a pensar que el retraso se debía a nuestra presencia. “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”, cantaba el “mero mero”. Nos armamos de paciencia y esperamos.

La mayor parte de la prensa no esperó. En los pasillos y en la terraza los comentarios se dividieron entre el “cansaron a la prensa” y “chayotearon a la prensa”. Las y los diputados quieren que la vergüenza de aprobar al Ombudsman pase desapercibida. Primero fue el retraso. Después trataron de impedir que pasaran las pancartas.

De la poca prensa que esperó, la mayoría se quedó con la primera foto y sin la música, por retirarse antes de tiempo.

La manifestación incluyó una versión de la postal gigante y musical: Al concluir la lectura del dictamen que propone la ratificación de Jorge Victoria, la voz de Nacha Guevara, potente, llenó el recinto: “Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por los cuerpos torturados…”.

Los guardias rodean el pequeño aparato de sonido y exigen que se baje el volumen. Pero Nacha es de voz potente y, por más que quien sostiene la bocina mueve los controles, su voz no cede a la exigencia del guardia. Quien porta la bocina decide, para no interrumpir a Nacha, salir y dar así tiempo para que en el trayecto termine la canción.

Comenzamos a dirigirnos a la puerta, rodeados por los guardias de seguridad, cuando uno de ellos alcanza desconectar el cable que une el reproductor con la potente bocinita. Interrumpen a Nacha. Qué desvergüenza. El Congreso ha ignorado los documentos, análisis, comunicados y escritos en los que Indignación expone minuciosamente la impericia, las irregularidades y la negligencia del Ombudsman, pero no puede escuchar una canción. ¡Una canción!

El Congreso ha ignorado la demanda de Juicio Político presentada hace un año y tres meses por 12 organizaciones, pero silencia a Nacha Guevara. ¡Qué desvergüenza!

Desde afuera, seguimos el desarrollo de la sesión a través de mensajes: “están nerviosos”, “les aguamos la fiesta”, “Bertha está argumentando en contra de la ratificación”, “En tribuna se exhibió carta de apoyo de los legionarios de Cristo a Jorge Victoria”, “Alguien gritó: Maciel para Ombudsman”, “Los del PAN están nerviosos: no sueltan sus teléfonos”, “Extraño receso: parece que no han logrado la mayoría calificada que se requiere”, “De verdad que les aguamos la fiesta”.

Parece un seguimiento vía tuiter. Debimos haber “retuiteado” esos mensajes y suplir la ausencia de la prensa, pero somos novatas en las “redes sociales”.

El receso se extendió hasta que trajeron “compulsivamente” al diputado que hacía falta para lograr la mayoría calificada. Con forzada mayoría, contra toda razón, contra toda sensatez, el Congreso del estado ratificó a Jorge Victoria como presidente de la Codhey.

La ratificación de Jorge Victoria Maldonado es una ignominia. El Congreso tiene conocimiento de su inacción frente a la tortura (le tomó 17 meses emitir una recomendación en un caso de tortura y omitió intervenir ante el despido del joven que la denunció, en tiempo de Patricio Patrón Laviada).

Es una ignominia también porque ahora el PAN ha denunciado tortura a militantes y simpatizantes suyos. Ha podido observar la impericia y negligencia del presidente de la Codhey y habrá podido notar su silencio, sus omisiones, incluso el incumplimiento de su obligación, como servidor público, de denunciar penalmente cualquier caso de tortura. Y sin embargo lo ratificó ¿Por qué?

Podemos ensayar opciones: “por evitarse el trabajo de emitir una convocatoria”, “por presiones” (¿de quién?), “por pago de favores” (¿Cuáles? ¿a quién?), “por agradecer el encubrimiento cuando el torturador fue del PAN”.

Alguien, molesto, sostiene que han pesado en la decisión las “organizaciones” que promovieron las reformas constitucionales discriminatorias contra las personas solteras, contra las personas homosexuales y contra las mujeres, reformas que los legisladores de PAN y PRI atendieron, solícitos, a pesar de ser violatorias.

Pero quienes integran esas organizaciones, aunque tengan gran poder económico, no son funcionarias ni funcionarios, no tienen responsabilidad en ese sentido; los diputados sí. Quienes integran esas organizaciones no conocen los derechos humanos; los diputados debieran conocerlos. Quienes integran esas organizaciones posiblemente desconozcan los casos de tortura, el negligente desempeño del Ombudsman, pero a las y los legisladores les hemos documentado la grave incompetencia del presidente de la Codhey.

¿Cómo opera el proceso de someter a legisladores? ¿son intercambios? ¿efectivo? ¿cómo se justifican frente a sí mismos?

Es mala noticia para Yucatán la persistencia de la tortura, el sometimiento de legisladores, la ratificación de un Ombudsman que encubre a los responsables de violaciones a los derechos humanos. A cambio tenemos las razones, la música, y el oasis de la indignación. Bastan para navegar, pero avizoramos tormentas. Martha Capetillo / Equipo Indignación A.C.

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CC. Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
Congreso del estado de Yucatán.

Quienes suscribimos la presente nos oponemos a la ratificación del C. Jorge Victoria en el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, pues su actuación al frente de dicho organismo público ha sido deplorable. Sus omisiones y su pésima actuación ha desprotegido a la ciudadanía cuyos derechos se ven afectados y ha protegido a las autoridades responsables.
Reiteradamente hemos hecho llegar al Congreso información que acredita la ineficiencia de la actual administración de la Codhey, así como de la impericia y negligencia de su presidente. Los derechos humanos de quienes habitamos en el estado de Yucatán se ven severamente amenazados al no existir una institución independiente e imparcial que los proteja y que exhiba y documente las violaciones y la responsabilidad de quienes los vulneran.
Esta información ha sido remitida en distintos momentos por organizaciones civiles de derechos humanos tanto estatales como nacionales. De hecho, existe una demanda de juicio político presentada por 12 organizaciones de la sociedad civil del estado de Yucatán, ante la cual el Congreso del Estado ha sido negligente y también ha incurrido en responsabilidad pues, más de un año después de presentada, no ha dictaminado sobre su procedencia.
El Equipo Indignación ha presentado un análisis de gestión del Ombudsman, documentando su impericia, su dilación y su permanente negligencia (2007).
Uno de los casos más escandalosos que prueba la negligente y criminal actuación del Ombudsman es un caso de tortura en el edificio de la SPV. Un joven obtuvo evidencias de tortura en enero de 2006. Junto con ese joven, Indignación presentó la queja ante la Codhey. Jorge Victoria laboraba ahí. Cinco meses después fue nombrado presidente. Diecisiete meses le tomó a la Codhey emitir una inocua recomendación. El actual ombudsman no tiene ningún respeto por la vida ni por la integridad física ni por los derechos humanos de las personas. El joven que documentó y denunció tortura trabajaba en el gobierno del Estado y fue despedido de su trabajo. La Codhey, con Jorge Victoria de presidente, adujo meses después que no podía intervenir en casos laborales.
Sólo puede ratificar al Ombudsman en su cargo quien esté interesado o interesada en proteger a las autoridades y garantizarles impunidad.
Incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil, desdeñar la documentación de las irregularidades en las que incurre cotidianamente el presidente de la Codhey hace incurrir al Congreso del Estado en graves responsabilidades. El Congreso estaba obligado, de acuerdo con su ley y con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, a dictaminar a la brevedad la demanda, a través de su Comisión de Puntos Constitucionales. Un año y tres meses después de presentado el Juicio, no lo ha hecho.
La demanda de Juicio Político se presentó “por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la Codhey, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos”, sostiene el comunicado emitido entonces.

Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:

1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.

“La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.”
La cuestionable y cuestionada actuación del Ombudsman incluso llevó a tres consejeros de la Codhey a renunciar, a fines de 2008. Antes de su renuncia, los ex Consejeros entregaron documentación a los integrantes de esta Comisión que exhibía irregularidades en la administración, funcionamiento y eficacia de la Institución Pública de Derechos Humanos. Ni siquiera esa renuncia colectiva ni lo documentado por los ex Consejeros, ha motivado al Congreso a realizar una revisión exhaustiva en el actuar del Lic. Jorge Victoria.
A la negligente actuación del titular de la Codhey documentada y presentada en la demanda de Juicio Político hace más de un año, se suman las omisiones en las que ha persistido de entonces a esta fecha, entre las que destaca su complicidad ante propuestas de ley que constituyeron discriminación contra mujeres, personas homosexuales e incluso contra personas solteras. Este último hecho fue exhibido por la UNICEF, quien señaló las graves implicaciones que la reforma que “protegía la familia” tenía, pues impedía que niños y niñas pudiesen tener la posibilidad de ser adoptados por hombres y mujeres solteras, afectando también el derecho de éstos a adoptar. La Codhey, ante la petición expresa de que presentase un recurso contra dicha ley, afirmó que no notaba discriminación en la reforma mencionada, lo cual exhibe el grave desconocimiento del Ombudsman en esta materia así como su ineficiencia y su incapacidad para proteger derechos humanos elementales.
De manera reciente, y tal como se dio a conocer públicamente, resulta lamentable el ominoso silencio que la Institución Pública de Derechos Humanos ha mantenido ante acusaciones de tortura denunciada por personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.
El Congreso no ha cumplido con su obligación de dictaminar la demanda de Juicio Político ni de revisar la actuación del Ombudsman. Ante esto, los suscritos advertimos el grave riesgo en el que se encuentra la institución pública de derechos humanos ante una posible ratificación de su actual Presidente e insistimos en que, de ratificarse para otro período de cuatro años, se exhibirá nuevamente el desprecio que las y los legisladores tienen para con los derechos humanos en la entidad y se afectarán los derechos de las y los habitantes del estado quienes debieran contar con una institución de derechos humanos independiente, imparcial y efectiva.
La determinación sobre quién ocupará la presidencia de la CODHEY debe sustentarse en un proceso abierto, plural y transparente, que garantice la participación de organizaciones vinculadas precisamente al tema, en el cual se elija a una persona con una trayectoria ciudadana, que tenga probada experiencia en el tema de los Derechos Humanos y clara independencia de los actores y partidos políticos, tal como lo establecen los Principios de París y la propia Ley de la CODHEY.
Atentamente,
Por Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Ma. Cristina Muñoz Menéndez Martha Capetillo Pasos

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La obstinada inacción del Congreso del Estado más de un año después de la demanda de Juicio Político presentada por 12 organizaciones civiles contra el Ombudsman local exhibe el grave riesgo que enfrenta la institución pública de protección de los derechos humanos en Yucatán ante el próximo proceso para elegir a su titular.

Incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil, desdeñar la documentación de las irregularidades en las que incurre cotidianamente el presidente de la Codhey hace incurrir al Congreso del Estado en graves responsabilidades.

El Congreso estaba obligado, de acuerdo con su ley y con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, a dictaminar a la brevedad la demanda, a través de su Comisión de Puntos Constitucionales. Un año y tres meses después de presentado el Juicio, no lo ha hecho.

La demanda de Juicio Político se presentó “por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la Codhey, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos”, sostiene el comunicado emitido entonces.

Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:

1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.

2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.

3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.

4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.

5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.

“La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que  redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.”

La cuestionable y cuestionada actuación del Ombudsman incluso llevó a tres consejeros de la Codhey a renunciar, a fines de 2008. Ni siquiera ante esa renuncia colectiva el Congreso revisó la actuación del Ombudsman.

A la negligente actuación del titular de la Codhey documentada y presentada en la demanda de Juicio Político hace más de un año, se suman las omisiones en las que ha persistido de entonces a esta fecha, entre las que destaca su complicidad ante propuestas de ley que constituyeron discriminación contra mujeres, personas homosexuales e incluso contra personas solteras.

De manera reciente, y tal como lo dio a conocer este Equipo de Derechos Humanos, resulta lamentable el ominoso silencio que la Institución Pública de Derechos Humanos ha mantenido ante acusaciones de tortura denunciada por personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.

El Congreso no cumplió su obligación de dictaminar la demanda de Juicio Político ni de revisar la actuación del Ombudsman. Ante esto, Indignación advierte el grave riesgo en el que se encuentra la institución pública de derechos humanos pues el Congreso podría incluso, en una muestra de mayor cinismo, reelegir al actual ombudsman que tan complaciente se ha mostrado con las autoridades.

Los legisladores, vergonzosamente, responden más a los intereses de los partidos de los que provienen que a sus obligaciones con la democracia, con los derechos humanos y con las instituciones ciudadanas. Es por eso que hay ex militantes de partidos en el Instituto de Acceso a la Información, un Ipepac incapaz y una Codhey que protege a las autoridades.

La determinación sobre quién ocupará la presidencia de la CODHEY debe sustentarse en un proceso abierto, plural y transparente, que garantice la participación de organizaciones vinculadas precisamente al tema, en el cual se elija a una persona con una trayectoria ciudadana, que tenga probada experiencia en el tema de los Derechos Humanos y clara independencia de los actores y partidos políticos,  tal como lo establecen los Principios de París y la propia Ley de la CODHEY.

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Uso discrecional de los recursos públicos, sabotaje a los organismos ciudadanos, graves incumplimientos de un ombudsman protegido por el Congreso, persistencia de la impunidad, tolerancia del poder judicial hacia los tratos crueles cometidos contra la infancia, mínima reparación del daño, ruptura del Estado laico, homofobia legislativa, ausencia de medidas que hagan plenamente efectivos el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, despojos a pueblos enteros e invisibilización de la etnia maya son algunos de los hechos que contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Sureste de México.

En Yucatán la frivolidad esconde el desgobierno; un “set” como sede del ejecutivo, una telenovela como política pública y el teletón como programa social son las pantallas regionales para ocultar que los tres poderes, aquí nuevamente sometidos a uno solo, se han rendido ante el dinero.

El dinero gobierna. El dinero legisla. El dinero decide de quién son las tierras y quién es culpable en un juicio. El dinero determina a quién se le respetan los derechos y a quién no: quién puede concluir la escuela, quién tiene acceso a los servicios de salud, quién tiene derecho a la alimentación y quién tiene derecho a vivir… y cada vez son menos en el país de América Latina donde más ha crecido la pobreza y la desigualdad (CEPAL. Noviembre de 2009).

El Estado que se desdibuja en todo México en Yucatán muestra la perversión de doble rostro que abajo quiere comprar votos con zapatos y cobertores mientras en San Lázaro paga lealtades con camionetas.

El gobierno se empeña en incumplir sus obligaciones, aquí oculta información, miente en Washington sobre don Ricardo Ucán y se sabotea a sí mismo destruyendo a sus instituciones, pervirtiendo a los organismos autónomos y “ciudadanizados”.

2009 ha exhibido a los tres poderes de Yucatán y a los poderes fácticos:

Inició 2009 con una demanda de juicio político contra el ombudsman local, que incumple su función protegiendo a las autoridades, y concluye este año sin que el Congreso haya admitido o rechazado la demanda, aunque estaba obligado a hacerlo “a la brevedad”.

Inició 2009 con una intensa campaña para perpetuar la discriminación por orientación sexual que terminó elevando la homofobia a rango constitucional, atentando contra los principios del Estado laico y enarbolando una defensa de la vida que se traduce en muerte para las mujeres que intenten interrumpir su embarazo pues nadie les garantiza hacerlo en condiciones adecuadas de salud.

Avanzó 2009 sin resolver y sin siquiera consignar a los responsables de violencia contra doña Rafa, doña Tere y tantas mujeres más, a pesar de que cumplió un año de vigencia la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia en Yucatán. El informe de Indignación en la materia exhibe qué lejos estamos las mujeres de la justicia y cómo se ignora la ley aprobada.

En abril de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tardíamente resolvió el caso de los abusos y tratos crueles en la antigua Escuela Social de Menores Infractores y determinó una mínima reparación del daño a las y los agraviados, casi nueve años después de los hechos.

Llegamos al 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin ley contra la discriminación en Yucatán.

Concluye otro año con la persistencia de la exclusión de derechos para personas que viven con VIH/Sida a quienes se les niega la posibilidad de acceder al matrimonio y construir una familia.

Termina 2009 con la criminalización de la protesta en Candelaria que mantiene en la cárcel a quienes luchan por justas tarifas de luz; termina 2009 premiando con un puesto en el gobierno de Campeche a uno de los responsables del ataque y desalojo que desplazó a un pueblo en San Antonio Ebulá, Campeche.

Concluimos 2009 observando al Estado mexicano, por voz de los representantes del gobierno de Yucatán, mentir en Washington ante la CIDH, insistir en su incapacidad de reconocer los derechos del pueblo maya y de resarcir agravios a don Ricardo Ucán.

En México, atentados y asesinatos contra defensores de derechos humanos; la impunidad de Acteal, decretada por la Suprema Corte; el aumento de la pobreza y la desigualdad; despojo de tierras y desalojos que se repiten por todo el país impunemente parecen mostrar el límite de un Estado que se niega a serlo, que sabotea la democracia al negarse a respetar derechos humanos.

Desalojados de los medios que se suman a la apuesta por la frivolidad, los derechos humanos son todavía privilegio para unos cuantos en este país… y son también utopía para quienes, desde abajo, desde la defensa de la tierra, desde los márgenes se empeñan en hacerlos una realidad para todas y todos.

Pero 2009 es, también, un año tremendamente significativo para la historia de los derechos humanos en la península de Yucatán:

A 61 años de la Declaración Universal Doña Rafa y Doña Tere son mujeres que mantienen sus denuncias y la batalla contra la impunidad, a pesar de todos los obstáculos que mantiene el Ministerio Público de un gobierno que se niega a asegurar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Dos parejas que con una demanda de amparo continúan la batalla contra la discriminación para que el beso ya no sea forzosamente clandestino.

Tazmania, esa tierna furia, nos mostró el rostro de la indignación que, armada de paciente y amorosa rabia, mantuvo hasta el final el juicio por los tratos crueles e inhumanos en la antigua Escuela Social para Menores Infractores. Una sola que resistió amenazas y los defendió a todos.

El albergue Oasis de San Juan de Dios, con todo en contra, moderno quijote, se enfrenta a los molinos de viento de la discriminación y ahora exhibe a un gobierno que encubre a un funcionario acusado de despojo.

Los presos de Candelaria, Campeche, encarcelados por levantar un movimiento contra un pago injusto que es otra forma de despojo.

El pueblo de San Antonio Ebulá representa, para todos los pueblos de la península de Yucatán, un gran aprendizaje para la cada vez más necesaria defensa de la tierra y del territorio frente al dinero, la especulación o los megaproyectos.

Las más de veinte organizaciones de todo el país que acompañaron al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza, justicia y paz anuncian que desde abajo y desde las autonomías, avanza la construcción de un mundo en el que los derechos humanos sean ciertos para todas las personas.

2009 exhibe a un Estado que fracasó en derechos humanos y, al mismo tiempo, muestra el mundo que nace desde abajo, desde la periferia, desde los márgenes, desde los límites. Por ese mundo apostamos.

Cada batalla que este 2009 nos permitió acompañar honra nuestra Indignación y hace crecer nuestra esperanza.

Por eso este 10 de diciembre de 2009 San Antonio Ebulá, doña Trini y doña Rosa, don Ricardo Ucán, el Oasis de San Juan de Dios, los dos amores amparados contra la homofobia son sólo algunos de los nombres que nombran el sentido de nuestra Indignación y la llenan de Esperanza. En ellos queremos reconocer a todos y a todas las que construyen un mundo en el que los derechos humanos sean para todas y todos.

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Comunicado conjunto

12 organismos civiles del estado de Yucatán presentamos el día de hoy, ante el Congreso local, formal demanda de juicio político en contra del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado.
La demanda se presenta por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la Codhey, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos.
Las graves acciones y omisiones atribuibles al presidente de la Codhey “han redundado y redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, supuesto señalado en el artículos seis y especificado en el siete de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Yucatán como causal de Juicio Político.
La demanda de juicio político se presenta después de haber señalado reiteradamente al presidente de la Codhey las graves violaciones en las que ha incurrido y después de haber constatado la negativa de su presidente a corregir esas graves conductas.
Es también la última instancia a la que recurrimos ante la indolencia de las y los diputados por iniciar un proceso transparente y participativo que permita evaluar el desempeño de la principal institución de derechos humanos en la entidad.

En reciente comparecencia ante el Congreso, el Ombudsman, a juicio de los promoventes de este recurso, exhibió su incompetencia y su falta de pericia en materia de defensa y protección de los derechos humanos, mientras que los diputados mostraron su desconocimiento y desinterés en la materia. El juicio político los obliga a investigar las conductas que hemos documentado y a evaluar el desempeño del presidente de la Codhey.

La reciente renuncia de 3 de los 4 Consejeros Ciudadanos que integran el Consejo Consultivo de la Codhey no hizo más que reiterar la grave crisis que atraviesa dicho organismo y exponer la negativa de su presidente a efectuar cambios que redunden en una eficaz atención y efectiva protección a quienes acuden a esa instancia y la escasa incidencia que la institución tiene en el combate a la impunidad y en la construcción de políticas públicas que impulsen cambios para hacer efectivos los derechos humanos de las y los yucatecos.

Todas las conductas y omisiones documentadas y señaladas son atribuibles al Presidente de la Codhey, pues él, como autoridad máxima, es el principal obligado y responsable de garantizar el correcto y eficaz desempeño de la institución de derechos humanos, y son sus decisiones, políticas y omisiones las que han impedido la consolidación de la Comisión como un espacio que sea efectivamente una defensoría del pueblo.

Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
Según el artículo 95 de su Reglamento, la Comisión tiene un plazo para resolver una queja de 4 meses cuando se trate de violaciones graves y de 9 cuando no sean graves. A pesar de ello, existen casos cuya recomendación ha demorado más de 3 años en emitirse. Del análisis de las 41 recomendaciones emitidas entre los años 2007 y 2009, se deriva que sólo en 3 se ha cumplido con los lapsos que su ley y su reglamento le imponen. Lo anterior  implica, en consecuencia, una clara violación a los principios de brevedad, sencillez, inmediatez, concentración y rapidez que deben regir el actuar de la Codhey y que se encuentran  establecidos en la citada normatividad.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
La falta de personal especializado, la ausencia de criterios internacionales, la dependencia excesiva a los informes de la autoridad, la utilización arbitraria de la figura de “pendiente de calificación”, la emisión de recomendaciones que sólo propician la impunidad, la nula exigencia de que se repare el daño y la escasa exigencia por que sus recomendaciones sean cumplidas son sólo algunas de las omisiones que la Codhey comete sistemáticamente cuando conoce un caso. Al no existir investigaciones serias, imparciales, con personal capacitado y que emitan recomendaciones que exijan la restitución plena del derecho violado, las recomendaciones, si es que se emiten, son inocuas e inútiles en el objetivo de exhibir una violación y exigir su restitución.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
Siendo que las recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos no son vinculatorias, la publicidad es una de las principales herramientas que tienen para exhibir a las autoridades que violentan los derechos humanos. Esta obligación se encuentra establecida en el artículo 74 de la Ley de la Codhey que señala la obligación de que ésta publique sus recomendaciones en el Diario Oficial del Estado y en un periódico de circulación estatal. No obstante, la Codhey incumple sistemáticamente dicha obligación, pues ninguna de las 41 recomendaciones ha sido publicada en alguno de esos medios, con lo cual incumple con unos de los principales objetivos que debiera tener que es la difusión y la exhibición de las autoridades violadoras de derechos humanos en la entidad.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales
A pesar de existir en el estado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, principalmente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuerpos policíacos municipales y los funcionarios que integran la Procuraduría General de Justicia del estado, la Codhey no ha emitido ninguna recomendación o informe general sobre el tema que denuncie estas prácticas sistemáticas y proponga políticas públicas para erradicarlas, omisión grave atendiendo a que ésta es una de las funciones primordiales que, según los principios de París debe tener un organismo público de derechos humanos. Obligación, además, contenida en el artículo 43 de su Ley y 103 bis de su Reglamento.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios
La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (cuyo porcentaje es alto, de acuerdo a las propias recomendaciones de la Codhey), el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que  redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.

Este es el segundo juicio político que se presenta en Yucatán por omisiones y acciones graves de un Ombudsman estatal desde que dicha figura fue instaurada en las leyes del estado, aunque ahora ya se ha explicitado en la Constitución local que el Presidente de la Codhey se encuentra entre los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político.
Desde que este organismo fue creado, las distintas legislaturas y los partidos políticos que las han integrado han elegido como cabeza de dicha institución a personas que no cuentan con una trayectoria ciudadana e independiente en la defensa de los derechos humanos y no acreditan el conocimiento en la materia, la pericia y la independencia indispensables para presidir una Comisión Pública de Derechos Humanos.
Las distintas legislaturas han privilegiado los intereses políticos por encima del interés general y han hecho mutis de su obligación de garantizar que Yucatán cuente con una Comisión independiente y eficaz.
La presentación de este juicio político tiene, por tanto, dos objetivos: juzgar a un funcionario que viola sistemáticamente su ley, incumple sus obligaciones y comete actos que causan un perjuicio grave al servicio público que debe prestar, pero también lograr que, finalmente, Yucatán cuente con un Ombudsman que realmente proteja y haga efectivos los derechos humanos de la ciudadanía y una institución pública de defensa y protección de derechos humanos que cumpla con los más altos estándares en la materia.

-Asociación Estatal de Padres de Familia
-Buenas Intenciones
-Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C.
-Ciencia Social Alternativa A.C.
-Kolectivo El Rebelde
- Foro Permanente por la Defensa de nuestros Ecosistemas Peninsulares
- Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
- Muuch Tamba Meyaj AC.
-Oasis de San Juan de Dios A.C.
-Red de personas afectadas por VIH
-Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva
-Unidad de Atención Psicológica, Sexológica  y Educativa para el Crecimiento Personal A.C.

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La carta, firmada por 21 organizaciones, expresa preocupación por labor ineficaz e insuficiente de la CODHEY, la impericia de su presidente y la reciente renuncia de tres de los cuatro Consejeros ciudadanos de su Consejo Consultivo. Esta renuncia es interpretada por las organizaciones y los ciudadanos firmantes como una medida extrema de los Consejeros dimitentes después de haber agotado los recursos institucionales, y ante la imposibilidad de corregir las ineficiencias que merman la calidad del servicio y el alcance de los objetivos que debe cumplir una institución pública de derechos humanos.

La carta dirigida al Congreso advierte sobre la gravedad que entrañaría el hecho de que los legisladores y legisladoras dejaran pasar estas renuncias sin analizar las irregularidades que aducen los Consejeros en ellas y sin realizar una evaluación crítica del funcionamiento de dicha institución pública.

Finalmente, exhortan al Congreso del Estado para que, en uso de sus atribuciones, garantice un procedimiento transparente y con una elevada exigencia técnica y ética en la elección de los nuevos Consejeros. Al presente Boletín se adjunta el texto de la carta presentada ante el Congreso.

Carta Conjunta Congreso Codhey Dic08

Organizaciones y ciudadanía firmantes:

- Oasis de San Juan de Dios A.C.

- CEPRODHL-Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C.

- KOOKAY-Ciencia Social Alternativa A.C.

- UNASSE. Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C.

- GMC-Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH/SIDA

- REPAVIH-Red de personas afectadas por el VIH/SIDA

- Buenas Intenciones A.C.

- Indignación A.C.

- Dr. Rubén Reyes Ramírez

- Teatro hacia el Margen A.C.

- ASEPAFAY-Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán

- Asociación de Jubilados y Pensionados Cordemex 91 A.C.

- Yucatrans

- Muuch Tambal Meyaj A.C.

- Colectivo El Rebelde

- Foro por la Defensa de los Ecosistemas Peninsulares

- Por nuestros Derechos… Mujeres en Red

- LIMEDH-Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos

- Frente de indígenas mayas con VIH/SIDA

- Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado de Yucatán A.C.

- SHSSR-Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C.

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Ante la deficiente defensa de los derechos humanos, ante sus recomendaciones omisas, ante las irregularidades de su gestión y ante la renuncia de tres consejeros de la Comisión de Derechos Humanos el equipo Indignación considera que el Ombudsman debe renunciar a su cargo.
–Sería un acto de grandeza del presidente de la Codhey admitir que sus temores e incapacidades lo imposibilitan para el cargo. La permanencia de un individuo incapaz inhabilita espacios que son fruto de luchas ciudadanas.
En octubre de 2007 el equipo Indignación hizo público un análisis de gestión del ombudsman en el que señalaban graves irregularidades:
Dilación en la tramitación de quejas, deficiencias en las investigaciones, ambigüedad en las recomendaciones emitidas, ausencia de criterios universales de derechos humanos, omisiones en el ejercicio de sus facultades y complacencia ante las autoridades son algunas de las reiteradas prácticas en las que incurre la Codhey, documentadas por Indignación.
En el análisis sobre la recomendación 19/2007, derivada de la razzia contra jóvenes en el contexto de la Visita de Bush a Yucatán, el equipo Indignación concluía: Para que una institución pública de derechos humanos tenga credibilidad ante la sociedad y eficacia en su labor de defender los derechos humanos de la población, debe evidenciar y denunciar, sin ningún tipo de cortapisa, interés político o temor a la autoridad, estas conductas que dañan la convivencia social, minimizan al ciudadano e impiden el avance democrático del estado.
Vemos con preocupación que, a pesar de señalar insistentemente las deficiencias y omisiones que la Codhey ha tenido en su trabajo, la institución pública de derechos humanos continúa apartándose de los más altos estándares de protección a los derechos humanos y de los Principios de París que establecen los lineamientos de actuación de los organismos públicos de derechos humanos, tal como lo demuestra la recomendación 19/2007 relativa a los hechos ocurridos el día 13 de marzo.
Con la recomendación señalada, la Codhey incluso violó derechos humanos de adolescentes al publicar los nombres de las y los agraviados, así como otros datos personales, en su página de Internet, violación que cesó con la intervención del Instituto estatal de acceso a la información.
En agosto de este año Indignación se reunió con legisladores para expresar su preocupación por la actuación del ombudsman, marcada por la impericia y el temor.
Todos esos documentos y otros más hizo llegar este equipo de derechos humanos a las y los consejeros de la Codhey, así como a su presidente, y están disponibles en el portal de indignación (www.indignacion.org) en el apartado de informes.
De hecho muchas de las razones esgrimidas por los Consejeros sobre el funcionamiento de la Comisión fueron documentadas por este Equipo de Derechos Humanos.
Lamentamos que la incapacidad del ombudsman para atender estos cuestionamientos y corregirse llegue a extremos tan graves que a los consejeros nos les haya dejado otro camino que el de su renuncia.
El equipo Indignación considera que esa renuncia es una expresión de la independencia de dichos consejeros y que incluso demoraron en tomar esta decisión, lo que sin duda expresa que intentaron corregir desde dentro las irregularidades.
Resulta revelador que tres de los cuatro consejeros, elegidos por el Congreso a partir de propuestas de grupos sociales tan diversos, hayan conincidido en su análisis sobre le impericia del Ombudsman actual.
Sólo de una consejera obtuvimos respuesta ante nuestros insistentes envíos de análisis, documentos y comunicados, pero el equipo Indignación confía en que esta medida extrema de tres consejeros ciudadanos se convierta en oportunidad para mejorar el marco legal de la Codhey y para un análisis exhaustivo de la gestión del ombudsman.
Particularmente deseamos que sea un llamado de atención para legisladores que han trivializado o pervertido el nombramiento del presidente y de los consejeros de éste y otros organismos ciudadanos.
La figura del ombudsman, en muchos lugares de México, es una moneda de cambio de los partidos políticos representados en el congreso y los legisladores omiten buscar a la persona idónea para el cargo

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La actuación del ombudsman local, el derecho al matrimonio entre personas con VIH/Sida y la inacción del Congreso sobre el caso de don Ricardo Ucán recientemente admitido en la CIDH –del que informamos más en comunicado aparte–, fueron temas abordados por el equipo Indignación en una reunión realizada hoy con diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LVIII legislatura.
Ante el próximo informe que rendirá el actual Ombudsman estatal, el equipo Indignación les recordó a los diputados que desde hace un año les dirigió una carta, previa al informe del Ombudsman, en la que aportó elementos para hacer una lectura crítica del documento que les presentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey).
Hace un año, después de la presentación del informe, Indignación publicó un Análisis de gestión de la Codhey manifestando irregularidades, impericias e inacciones de ese organismo público que se traducen en impunidad para quienes violan derechos humanos en Yucatán. Ese informe también se hizo llegar a los diputados, al ombudsman y a los consejeros; sin embargo, Indignación no tuvo ninguna respuesta de los legisladores ni del presidente de la Codhey.
Como parte del trabajo realizado para fortalecer las instituciones ciudadanas y, en particular, al organismo público de protección de derechos humanos, Indignación señaló a los diputados, desde hace un año, instrumentos que contienen los estándares en los que tendría que basarse una evaluación de este organismo: los principios de París y el Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
Adicionalmente, Indignación expresó su preocupación por actuaciones de la Codhey en casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como por las omisiones de este organismo y la reiterada violación su propio reglamento interno al exceder los tiempos para emitir una recomendación y retrasar la aceptación de las quejas manteniéndolas por dilatado tiempo como “pendientes de calificación”.
El equipo Indignación recordó a las y los diputados que el Congreso es responsable del nombramiento del presidente de la Codhey, que tienen la responsabilidad de vigilar la actuación del ombudsman y los exhortó a realizar todas las acciones necesarias para garantizar que Yucatán cuente con una institución que cumpla con los más altos estándares en la materia.
Durante la reunión también se solicitó información en torno a los avances en la dictaminación de dos propuestas legislativas que ha presentado este Equipo de Derechos Humanos: 1) La relativa a la inclusión del indulto en la legislación penal, para dotar al ejecutivo de la facultad de revisar y otorgar el perdón en casos donde se hayan violado derechos humanos básicos, teniendo como ejemplo el caso de don Ricardo Ucán, recientemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 2) La propuesta para eliminar restricciones al Código Civil para que personas con VIH puedan contraer matrimonio, presentada de manera conjunta con Oasis de San Juan de Dios.

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Más de siete meses después de la razzia que derivó en detenciones violentas y arbitrarias así como tratos crueles que podrían constituir tortura contra 48 jóvenes en el contexto de la visita de George Bush a Yucatán la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) emitió una recomendación que propicia impunidad y en la que incurre en violaciones a los derechos de esos mismos jóvenes.

A pesar de concluir, a partir de los dictámenes médicos oficiales, que “las lesiones antes apuntadas de ninguna manera pueden ser consideradas como el resultado de un sometimiento”, la Codhey no cataloga como tortura las lesiones infligidas, sólo recomienda iniciar un procedimiento administrativo y omite recomendar una investigación penal.

Estas y otras graves faltas cometidas por la Codhey las documenta el equipo Indignación en un análisis realizado sobre la recomendación 19/2007. Asimismo, este equipo ha dirigido una carta al presidente de la Codhey exigiéndole interponer la denuncia penal por tortura, la cual tenía obligación de presentar al momento de tener conocimiento de hechos que podían constituir este ominoso delito.

Los dictámenes médicos realizados a las y los jóvenes detenidos en la razzia del 13 de marzo y citados por la Codhey en su propia recomendación señalan que varios de ellos presentaron edemas, equimosis, laceraciones, heridas puntiformes, cefalohematoma e incluso un caso de fractura en costilla

La propia Codhey incurrió en violaciones a derechos de la infancia y, en general, de los jóvenes detenidos al hacer públicos sus nombres y otros datos que tiene obligación de proteger en el cuerpo de la recomendación, la cual publicó en su página de internet el 30 de octubre pasado, aunque está fechada el 23 de octubre.

Al respecto, el equipo Indignación acudió ante el Instituto de Acceso a la información Pública del estado de Yucatán para solicitar su intervención inmediata a fin de proteger los nombres de los menores y determinar las responsabilidades en las que incurrió el titular de la Codhey. Los nombres de los menores y otros datos personales ya han sido eliminados de la versión que la Codhey publica en su portal electrónico, versión que también ha modificado la fecha de emisión de la recomendación datándola el 16 de octubre.

A criterio de este equipo de derechos humanos, la Recomendación 19/2007:

1.- No cataloga las violaciones cometidas por los policías aprehensores como tortura. A pesar de existir elementos suficientes para determinar la existencia de esta violación a derechos humanos, la Codhey sólo establece que los policías cometieron “uso excesivo de la fuerza”. Este hecho resulta preocupante ya que existen casos graves como el de una persona que, con motivo de la agresión policial, resultó con dos costillas rotas. Caso que la propia Codhey resalta, admitiendo que esas lesiones no fueron producto de la detención (sino de actos posteriores). A pesar de ello la Codhey minimiza la gravedad de la agresión y omite calificar adecuadamente la violación a derechos humanos.

2.- Sus recomendaciones fomentan la impunidad. La Codhey sólo le pide a la SPV y a la Policía Municipal que inicie un procedimiento administrativo en contra de los policías agresores. No obstante el plazo establecido por la Ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado establece que las faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos prescriben a los tres meses a partir de la fecha en que se cometió la falta. Por tanto existe el temor fundado de que las autoridades se nieguen a investigar y sancionar administrativamente a los policías responsables bajo este argumento. A esto se aúna el hecho de que la Codhey omite recomendar, entre otras cosas, una investigación penal de las violaciones a derechos humanos cometidas, así como medidas integrales de reparación del daño para los agraviados.

3.- Sólo documenta los actos cometidos por elementos por la SPV y la Policía municipal, pero no hace referencia alguna a las violaciones a derechos humanos que sufrieron los detenidos ante el Ministerio Público y ante la titular del Juzgado Séptimo de Defensa Social del estado. Es preciso recordar que cuando se remitió a los detenidos a la Procuraduría de Justicia del estado, se les mantuvo incomunicados y se les impidió el ejercicio del derecho a una defensa adecuada, violando con ello su derecho a un debido proceso. Por su parte la Juez Séptimo incurrió en actos que ponen en entredicho la imparcialidad e independencia del poder judicial, y trató de manera discriminatoria a los detenidos, tomando sus determinaciones con criterios alejados a la legalidad. La Codhey omite hacer referencia o pronunciamiento alguno sobre estas violaciones.

4.- No hace referencia a las violaciones cometidas en contra de los menores de edad detenidos, a quienes se les violó el derecho a ser puestos a disposición del sistema especial de justicia para adolescentes al que obliga el artículo 18 constitucional.

Resulta preocupante que, a más de un mes de que este equipo de derechos humanos hizo llegar a la Codhey un análisis con observaciones en torno a la ausencia de estándares de protección en las recomendaciones que dicha institución ha emitido, la institución pública de derechos humanos continúe emitiendo recomendaciones superfluas y alejadas de los mas altos estándares de protección a los derechos humanos, que en nada contribuyen a consolidar los derechos humanos en la entidad.

En la carta dirigida al titular de la Codhey Indignación también ha reiterado la necesidad de que la Codhey emita una recomendación de carácter general ante las sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas por policías preventivos y funcionarios de la Procuraduría de Justicia del estado, e insistido en que, para futuras recomendaciones, la Codhey se apegue a los más altos estándares de protección a los derechos humanos
Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en la administración anterior también deben de ser investigadas por la actual administración. El combate a la impunidad debe ser una prioridad de cualquier gobierno para demostrar que la investigación y sanción de funcionarios que violentan la ley alcanzará también a quienes desde la función pública violentan los derechos fundamentales de la población.

Descarga aquí la carta envíada a la CODHEY: Análisis de larecomendación 19-2007

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Descarga el documento completo 

“La Codhey avala violaciones a derechos humanos”, concluye el análisis sobre la gestión del actual ombudsman elaborado por el equipo Indignación.

Dilación en la tramitación de quejas, deficiencias en las investigaciones, ambigüedad en las recomendaciones emitidas, ausencia de criterios universales de derechos humanos, omisiones en el ejercicio de sus facultades y complacencia ante las autoridades son algunas de las reiteradas prácticas en las que incurre la Codhey, documentadas por Indignación.

Un extenso trabajo que analiza a detalle algunas de las recomendaciones emitidas por la Codhey se hizo llegar a cada uno de los consejeros ciudadanos de ese organismo público, al Congreso del Estado y a la Red “Vigía ciudadano del Ombudsman”, un observatorio nacional sobre los organismos públicos de derechos humanos.

Entre otros casos, Indignación analiza el de Caucel y Oxcum que dio origen a la recomendación 5/2007. La Codhey omitió hacer referencia a derechos de la infancia, a derechos del pueblo maya, a las obligaciones de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, entre otros instrumentos internacionales. En ese caso, además, la Codhey sólo documentó la detención arbitraria y, únicamente lo hizo en el caso de Caucel, considerando que en Oxcum no hubo violaciones.

Otro de los casos que analiza Indignación es el de la tortura cometida en el edificio de la SPV en enero de 2006, que dio como resultado una de las recomendaciones más absurdas y vagas de la Codhey.

Por otra parte, tanto en éste como en otros casos, a la Codhey le llevó más de un año concluir la investigación y emitir la recomendación correspondiente, dilación que favorece a las autoridades en detrimento de las personas agraviadas y de la protección efectiva de sus derechos.

El equipo Indignación considera que la Codhey ha incurrido en graves violaciones a su propio reglamento y que es responsable de minimizar graves violaciones a los derechos humanos y de soslayar otras.

Lamentablemente, el Congreso no ha hecho el trabajo de valorar la gestión del ombudsman y, precisamente, es responsable del nombramiento del actual presidente, que no contaba con una trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos desde la sociedad civil.

Indignación considera que el Consejo ciudadano es también responsable de la actuación de la Codhey y es por eso que se les ha hecho llegar una copia del informe.

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