El 31 de julio del presente año, Gregorio Hidalgo Magaña, ex militar de 40 años, asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.

El presente caso ilustra cuando menos en dos aspectos graves cuya responsabilidad es atribuible al Estado.

a)     La situación de violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres yucatecas al interior del hogar. Al respecto es preciso destacar la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el Estado.

Dicha información permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.

b)    La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del estado.

Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez, ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido Salazar Pérez a manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.

Al respecto, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia.

Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas.

La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo. El presente caso, exhibe que la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es letra muerta en la entidad.

Indignación ha documentado la práctica imposibilidad de las mujeres de  Yucatán de acceder a la justicia en casos de violencia de género: los  juzgados de paz que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y   otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito.

Incluso el Tribunal Superior de Justicia que al carecer de formación en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.

Otros dos casos que Indignación acompaña y que ilustran el informe   “Náach Yano’on (Qué lejos estamos) presentado en 2009 continúan sin sentencia contra los agresores. Dicho informe, sobre acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán, señala el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual está obligado el Ministerio Público y que propician la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.

Este grave caso feminicida, multihomicida, que puede también presentar elementos de lesbofobia no está concluido, como sostiene el procurador aduciendo que  “el agresor se suicidó”, pues resulta indispensable determinar si existe responsabilidad de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y proteger  la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamente peligroso.

Este caso también exhibe que en Yucatán las condiciones que permiten la violencia de género no han sido erradicadas por la falta de políticas públicas efectivas que prevengan y combatan este fenómeno, de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Clausura_IEGY

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El día de hoy, martes 14 de diciembre de 2010 se presentó al público, en el Foro Amaro, la publicación “Todos/as diversos/as, iguales en derechos. Cuaderno sobre diversidad sexual y derechos humanos”, fruto de la colaboración de trece organizaciones de la sociedad civil yucateca que trabajan diversos temas de derechos humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

La idea de elaborar el presente material surge por las condiciones de discriminación que, sobre las personas con una preferencia u orientación no heterosexual, imperan en el estado Yucatán. Algunos datos que ilustran esta situación son: el cuarto lugar que esta entidad tiene a nivel nacional en crímenes de odio por homofobia[1], una de las más dolorosas consecuencias de la discriminación por preferencia u orientación sexual. En Yucatán también se ha elevado la exclusión de personas homosexuales a rango constitucional, pues en julio de 2009 el Congreso local aprobó una reforma a la Ley fundamental del estado que cierra la posibilidad de que hombres y mujeres homosexuales puedan acceder a figuras que les brindarían certeza jurídica en sus relaciones afectivas, como son el matrimonio y el concubinato, reforma que va en sentido contrario a los avances que en otras entidades se han dado, y que contó con la complicidad, también, del Ombudsman estatal, quien se negó a presentar la acción de inconstitucionalidad respectiva a pesar de existir una exclusión manifiesta.

Ante esta realidad, es indispensable dotar a la ciudadanía y a las y los servidores públicos, de una herramienta que establezca cuáles son los estándares internacionales que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos se han generado para clarificar las obligaciones que tiene cualquier estado en materia de combate a la discriminación y, concretamente aquella derivada de la preferencia u orientación sexual.

Sin lugar a duda, la discriminación por motivos de preferencia u orientación sexual es una de las más graves en nuestro país y una de las preocupaciones de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Ya en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, publicado en 2004, la OACNUDH se refería al tema señalando que:

“Las estimaciones sobre el número de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI) oscilan entre el 2.5 y el 8% de la población. Es una población que… enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos… A ello influye la estigmatización que viene de la intolerancia: cerca del 70% de la población no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo…”

También la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación (CCED) observaba, ya desde 2001, que:

“Si la discriminación se cultiva frecuentemente sobre la base de prejuicios valorativos que tienden a descalificar aquello que se considera inadmisible desde el punto de vista de los estereotipos convencionales, podrá entenderse entonces que el campo de la sexualidad sea uno de los terrenos privilegiados sobre los que opera la moral discriminatoria”.

El cuaderno está constituido por cinco capítulos que exponen con claridad qué son los derechos humanos, a qué se refiere el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, qué se entiende por diversidad sexual y los derechos sexuales, en qué consiste la discriminación por orientación sexual y cuáles son sus manifestaciones más comunes, terminando con una fundamentación en el derecho internacional de los derechos humanos. Su propósito es difundir información sobre los derechos humanos en relación con la diversidad sexual. Para ello se propone destacar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación como factores esenciales de una sociedad democrática, respetuosa de la pluralidad de todos y todas sus integrantes. Con ello busca contribuir a la comprensión del fenómeno de la discriminación, particularmente aquella vinculada a la orientación sexual o la identidad de género.

Las obligaciones establecidas desde el derecho internacional, planteadas en este cuaderno, son complementarias con los recientes precedentes judiciales que se han emitido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 y convalidar la constitucionalidad de los matrimonios de las personas en el mismo sexo en el Distrito Federal. Ambas fuentes obligan a las entidades federativas, Yucatán entre ellas, a hacer efectivo el derecho a la no discriminación por preferencia sexual, cuando menos desde dos perspectivas: a) evitar que persistan las condiciones de exclusión que históricamente ha sufrido este colectivo social debido a su condición específica, y b) impulsar todas las reformas para  lograr que las y los homosexuales se sitúen en igualdad de circunstancias ante el Estado y en su relación con las demás personas para ejercer plenamente sus derechos.

La publicación de este cuaderno va acompañada de la exigencia de las organizaciones yucatecas firmantes, para que el Congreso del estado y el poder ejecutivo homologuen a dichos estándares internacionales la normatividad estatal y eliminen de la práctica cotidiana del servicio público cualquier acción que implique una discriminación basada en preferencia u orientación sexual. Pero es, sobre todo, una invitación a la sociedad para hacerse de elementos que le permitan enmarcar el tema de la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de ir desmontando los prejuicios que sostienen este tipo de discriminaciones, pues una sociedad justa y democrática es aquella que no excluye, de ningún ámbito de la vida pública y privada, a sus ciudadanos.

Oasis de San Juan de Dios

Familias por la diversidad sexual – Grupo Yucatán

Equipo Indignación A.C.

Mango Malva

Red de Personas Afectadas por VIH A.C. (Repavih)

Ciencia Social Alternativa A.C.

Foro Cultural Amaro A.C.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C. (Ceprodehl)

Buenas Intenciones A.C.

Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH / Sida – Yucatán

Círculo Cultural de la Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy”

Yucatrans

Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida, en Yucatán

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Comunicado conjunto*

La noche de este 4 de diciembre, cuatro personas  que se identificaron como agentes de la Policía Judicial del estado de Yucatán, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia, detuvieron arbitrariamente, incomunicaron y golpearon a José Ricardo Maldonado Arroyo, Director de la Red de Personas Afectadas por VIH AC (Repavih).

Los hechos sucedieron cuando los presuntos agentes judiciales movilizados en al menos dos vehículos, después de haber acudido a las oficinas de Repavih buscando al director de esta asociación civil,  se apersonaron en una reunión privada realizada en un domicilio de la Colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida para exigirle a Maldonado Arroyo información sobre una persona a la que la Policía buscaba.  Los policías, uno de los cuales se identificó como Israel Pech, portaban chalecos con las siglas de la Procuraduría General de Justicia del estado y requirieron a Maldonado Arroyo que saliera del domicilio en cuestión.

Una vez fuera, y a pesar de no contar con orden judicial que justificara la detención, lo tiraron al suelo, lo esposaron, lo golpearon y, a punta de pistola, lo subieron a un automóvil Mazda negro, al mismo tiempo que golpearon, amenazaron e intentaron detener también a otro miembro de la asociación, Alex I. Mena Contreras. En el vehículo le taparon la cara a José Ricardo Maldonado Arroyo con su propia camisa e iniciaron un recorrido, en el cual lo cambiaron cuando menos en 4 ocasiones de automóvil. Durante todo el trayecto, los policías interrogaron a Maldonado Arroyo sobre el paradero de una persona a la que él no conocía, así como sobre las actividades de Repavih. Ante la imposibilidad de Maldonado Arroyo de responder sobre el paradero de esa persona, los policías lo golpearon en rostro, espalda y estómago y lo amenazaron de distintas maneras, incluyendo intimidación de carácter sexual en clara alusión a la labor que realiza Repavih.

Posteriormente lo trasladaron a lo que parecían unas oficinas, en donde continuaron interrogándolo, amenazándolo y golpeándolo para que señalara el paradero de la citada persona, a pesar de insistir en que no la conocía.

Finalmente y después de más 5 horas de mantenerlo detenido arbitrariamente e incomunicado, lo dejaron frente a su domicilio, alrededor de las 3 de la mañana del día 5 de diciembre, no sin antes amenazarlo de que si denunciaba “iban a proceder en contra de él” “que ya lo tenían ubicado a él y a su familia” Cabe resaltar que los policías en cuestión le retuvieron su credencial para votar, y le sustrajeron dinero.

Los hechos anteriormente narrados fueron denunciados por Maldonado Arroyo la misma madrugada del día 05 de diciembre ante la agencia octava del Ministerio Público. De igual manera, se solicitó, desde el momento en que fue detenido e incomunicado, la intervención de la Comisión de derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), quien ya tiene conocimiento del caso.

La violenta y arbitraria detención, incomunicación y maltrato físico y psicológico sufrido por Maldonado Arroyo constituye una grave violación a las garantías constitucionales de una persona cuya labor en los últimos años ha consistido en defender los derechos de las personas afectadas por el VIH/Sida. La utilización de métodos ilegales por parte de la Policía Judicial del estado exhibe la incapacidad de la Procuraduría de Justicia para realizar investigaciones apegadas a derecho y la persistencia de prácticas que son incompatibles con un estado democrático de derecho.  Además, y en este caso, implican un ataque directo a un defensor de derechos humanos y a la labor que realiza Repavih.

Por todos los hechos anteriormente descritos, hacemos responsables al Gobierno del estado de Yucatán, y especialmente a la Procuraduría General de Justicia del estado de cualquier suceso que menoscabe la integridad y seguridad personales del C. José Ricardo Maldonado Arroyo,  de su familia y de los otros integrantes de la Red de Personas Afectadas por VIH, en razón de que se ha denunciado oportunamente la situación de riesgo que se presentado.

Por lo anteriormente señalado, exigimos al Gobierno del estado de Yucatán, encabezado por la Lic. Ivonne Ortega Pacheco:

PRIMERO. Una investigación seria, imparcial y expedita sobre los hechos, así como la sanción de los presuntos policías judiciales que incurrieron en esas conductas.

SEGUNDO. Se garantice la integridad física y psicológica de José Ricardo Maldonado Arroyo, de su familia, así como de los colaboradores y colaboradoras de la Red de Personas Afectadas por VIH

Buenas Intenciones A.C.

Círculo de la Diversidad Ricardo Zimbrón Levi

Colega O A.C. (Guadalajara, Jal)

Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida

Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos Contra el SIDA A.C. (CHECCOS A.C. Guadalajara, Jal)

Enlazados Frente al Sida (Estado de México)

Grupo GAPES

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Kookay, Ciencia Social Alternativa

Magnitud Rosa

Oasis de San Juan de Dios A.C

Programa Compañeros (Ciudad Juárez, Chih)

Red de Personas Afectadas por VIH A.C.

Salud, Derechos y Justicia (Distrito Federal)

Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C.

Yucatrans

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El equipo Indignación celebra la igualdad jurídica para todas las familias reconocida en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.

La Suprema Corte también resolvió la validez de dichos matrimonios en toda la República y la posibilidad de adopción, considerando discriminatorio impedir la adopción basándose en la orientación o preferencia sexual de los cónyuges.

Si bien esta igualdad jurídica será disfrutada por quienes celebren su matrimonio en el DF, el reconocimiento de las otras familias y de sus iguales derechos significan para todo el país un referente en la batalla contra la discriminación por orientación sexual.

La resolución de la Suprema Corte exhibe las graves acciones y omisiones y la discriminación en las que incurrieron en Yucatán la anterior legislatura, la gobernadora e incluso el Ombudsman que obstaculizaron el reconocimiento de derechos a personas homosexuales.

El Congreso y la gobernadora de Yucatán elevaron a rango constitucional la exclusión y el rechazo, al aprobar y publicar un decreto con reformas a la Constitución local para proteger única y exclusivamente uniones heterosexuales.

Efectivamente, en julio de 2009 el Congreso de Yucatán aprobó y la gobernadora publicó modificaciones a la constitución que tenían como fin: “evitar que otras formas de relaciones humanas o de convivencia quieran equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas…”

Así se asienta en la exposición de motivos de la iniciativa promovida por el abogado Jorge Carlos Estrada Avilés y por la organización Red Pro Yucatán.

A pesar de esa manifiesta intención de discriminar, el Congreso de Yucatán elevó a rango constitucional la exclusión y el rechazo y además modificó el código civil. Incluso prohibió a personas solteras la posibilidad de adoptar, lo que tuvo que corregirse poco tiempo después.

La gobernadora de Yucatán omitió ejercer facultades para proteger los derechos de toda la población al publicar las reformas mencionadas a pesar de que diversas personas y organizaciones le solicitamos devolverlas al Congreso con observaciones.

El Ombudsman de Yucatán, sobre quien ya pesaba desde febrero de 2009 una demanda de juicio político, omitió presentar una acción de inconstitucionalidad para proteger derechos de todas las personas.

Hoy vemos, en la resolución de la Suprema Corte, un aval a la denuncia de discriminación contenida en las solicitudes que presentamos para que gobernadora y Ombudsman ejercieran sus facultades para proteger derechos humanos.

En Yucatán las modificaciones a la constitución y las omisiones de la gobernadora y del Ombudsman exhiben lo que en la práctica fue un concierto de distintas instancias y poderes en detrimento de los derechos humanos y a favor de la discriminación. Congreso, gobierno y Ombudsman sabotearon la igualdad.

Particularmente grave nos resulta hoy lo omisión del Ombudsman y cómo se protegieron mutuamente Congreso y Codhey puesto que la anterior legislatura concluyó sus funciones sin atender la demanda de juicio político que presentamos 12 organizaciones contra el Ombudsman e incluso ratificándolo.

La demanda de juicio político documenta las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido su presidente, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades violadoras de los derechos humanos.

Hoy celebramos la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el disfrute de derechos que trae consigo y lo que significa esta resolución en la ardua batalla contra todas las formas de discriminación.

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Uso discrecional de los recursos públicos, sabotaje a los organismos ciudadanos, graves incumplimientos de un ombudsman protegido por el Congreso, persistencia de la impunidad, tolerancia del poder judicial hacia los tratos crueles cometidos contra la infancia, mínima reparación del daño, ruptura del Estado laico, homofobia legislativa, ausencia de medidas que hagan plenamente efectivos el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, despojos a pueblos enteros e invisibilización de la etnia maya son algunos de los hechos que contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Sureste de México.

En Yucatán la frivolidad esconde el desgobierno; un “set” como sede del ejecutivo, una telenovela como política pública y el teletón como programa social son las pantallas regionales para ocultar que los tres poderes, aquí nuevamente sometidos a uno solo, se han rendido ante el dinero.

El dinero gobierna. El dinero legisla. El dinero decide de quién son las tierras y quién es culpable en un juicio. El dinero determina a quién se le respetan los derechos y a quién no: quién puede concluir la escuela, quién tiene acceso a los servicios de salud, quién tiene derecho a la alimentación y quién tiene derecho a vivir… y cada vez son menos en el país de América Latina donde más ha crecido la pobreza y la desigualdad (CEPAL. Noviembre de 2009).

El Estado que se desdibuja en todo México en Yucatán muestra la perversión de doble rostro que abajo quiere comprar votos con zapatos y cobertores mientras en San Lázaro paga lealtades con camionetas.

El gobierno se empeña en incumplir sus obligaciones, aquí oculta información, miente en Washington sobre don Ricardo Ucán y se sabotea a sí mismo destruyendo a sus instituciones, pervirtiendo a los organismos autónomos y “ciudadanizados”.

2009 ha exhibido a los tres poderes de Yucatán y a los poderes fácticos:

Inició 2009 con una demanda de juicio político contra el ombudsman local, que incumple su función protegiendo a las autoridades, y concluye este año sin que el Congreso haya admitido o rechazado la demanda, aunque estaba obligado a hacerlo “a la brevedad”.

Inició 2009 con una intensa campaña para perpetuar la discriminación por orientación sexual que terminó elevando la homofobia a rango constitucional, atentando contra los principios del Estado laico y enarbolando una defensa de la vida que se traduce en muerte para las mujeres que intenten interrumpir su embarazo pues nadie les garantiza hacerlo en condiciones adecuadas de salud.

Avanzó 2009 sin resolver y sin siquiera consignar a los responsables de violencia contra doña Rafa, doña Tere y tantas mujeres más, a pesar de que cumplió un año de vigencia la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia en Yucatán. El informe de Indignación en la materia exhibe qué lejos estamos las mujeres de la justicia y cómo se ignora la ley aprobada.

En abril de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tardíamente resolvió el caso de los abusos y tratos crueles en la antigua Escuela Social de Menores Infractores y determinó una mínima reparación del daño a las y los agraviados, casi nueve años después de los hechos.

Llegamos al 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin ley contra la discriminación en Yucatán.

Concluye otro año con la persistencia de la exclusión de derechos para personas que viven con VIH/Sida a quienes se les niega la posibilidad de acceder al matrimonio y construir una familia.

Termina 2009 con la criminalización de la protesta en Candelaria que mantiene en la cárcel a quienes luchan por justas tarifas de luz; termina 2009 premiando con un puesto en el gobierno de Campeche a uno de los responsables del ataque y desalojo que desplazó a un pueblo en San Antonio Ebulá, Campeche.

Concluimos 2009 observando al Estado mexicano, por voz de los representantes del gobierno de Yucatán, mentir en Washington ante la CIDH, insistir en su incapacidad de reconocer los derechos del pueblo maya y de resarcir agravios a don Ricardo Ucán.

En México, atentados y asesinatos contra defensores de derechos humanos; la impunidad de Acteal, decretada por la Suprema Corte; el aumento de la pobreza y la desigualdad; despojo de tierras y desalojos que se repiten por todo el país impunemente parecen mostrar el límite de un Estado que se niega a serlo, que sabotea la democracia al negarse a respetar derechos humanos.

Desalojados de los medios que se suman a la apuesta por la frivolidad, los derechos humanos son todavía privilegio para unos cuantos en este país… y son también utopía para quienes, desde abajo, desde la defensa de la tierra, desde los márgenes se empeñan en hacerlos una realidad para todas y todos.

Pero 2009 es, también, un año tremendamente significativo para la historia de los derechos humanos en la península de Yucatán:

A 61 años de la Declaración Universal Doña Rafa y Doña Tere son mujeres que mantienen sus denuncias y la batalla contra la impunidad, a pesar de todos los obstáculos que mantiene el Ministerio Público de un gobierno que se niega a asegurar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Dos parejas que con una demanda de amparo continúan la batalla contra la discriminación para que el beso ya no sea forzosamente clandestino.

Tazmania, esa tierna furia, nos mostró el rostro de la indignación que, armada de paciente y amorosa rabia, mantuvo hasta el final el juicio por los tratos crueles e inhumanos en la antigua Escuela Social para Menores Infractores. Una sola que resistió amenazas y los defendió a todos.

El albergue Oasis de San Juan de Dios, con todo en contra, moderno quijote, se enfrenta a los molinos de viento de la discriminación y ahora exhibe a un gobierno que encubre a un funcionario acusado de despojo.

Los presos de Candelaria, Campeche, encarcelados por levantar un movimiento contra un pago injusto que es otra forma de despojo.

El pueblo de San Antonio Ebulá representa, para todos los pueblos de la península de Yucatán, un gran aprendizaje para la cada vez más necesaria defensa de la tierra y del territorio frente al dinero, la especulación o los megaproyectos.

Las más de veinte organizaciones de todo el país que acompañaron al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza, justicia y paz anuncian que desde abajo y desde las autonomías, avanza la construcción de un mundo en el que los derechos humanos sean ciertos para todas las personas.

2009 exhibe a un Estado que fracasó en derechos humanos y, al mismo tiempo, muestra el mundo que nace desde abajo, desde la periferia, desde los márgenes, desde los límites. Por ese mundo apostamos.

Cada batalla que este 2009 nos permitió acompañar honra nuestra Indignación y hace crecer nuestra esperanza.

Por eso este 10 de diciembre de 2009 San Antonio Ebulá, doña Trini y doña Rosa, don Ricardo Ucán, el Oasis de San Juan de Dios, los dos amores amparados contra la homofobia son sólo algunos de los nombres que nombran el sentido de nuestra Indignación y la llenan de Esperanza. En ellos queremos reconocer a todos y a todas las que construyen un mundo en el que los derechos humanos sean para todas y todos.

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El Congreso de la Unión exhortó al gobierno federal y estatal a investigar actos de discriminación atribuidos al párroco del municipio de Conkal, Yucatán, quien en mayo pasado, durante una misa, pronunció una homilía incitando al odio hacia personas homosexuales.
La Comisión Permanente de la LX legislatura del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo el pasado 23 de julio, presentado por el Diputado Humberto Zazueta Aguilar, mediante el cual exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a investigar los hechos de discriminación por preferencia sexual y resolver de forma expedita el caso. Asimismo, exhortó al Gobierno del estado de Yucatán a coadyuvar con las investigaciones.
Cabe recordar que el 7 de mayo pasado, mientras se efectuaba una misa en la iglesia del municipio de Conkal, Yucatán, el párroco Jesús Alberto Cevallos Solís se refirió en su homilía a las personas homosexuales expresando, entre otras cosas, que: “…los homosexuales son un peligro para nuestra sociedad, que ofenden, atacan y destruyen la familia… y que son un problema social que hay que atacar.”
En la misa, oficiada en memoria de un compañero seropositivo fallecido recientemente, se encontraban personas transgénero y algunos homosexuales y se encontraban también huéspedes del Albergue Oasis de San Juan de Dios, organización que desde hace varios años realiza trabajos de promoción y defensa de personas con VIH/Sida.
Cabe resaltar que los hechos denunciados ocurrieron, precisamente, durante la celebración de la semana internacional de lucha contra la homofobia y que el mismo Congreso de la Unión había exhortado a las autoridades federales y estatales a realizar acciones en contra de la homofobia.
Como consecuencia de estos hechos, los representantes del Albergue Oasis de San Juan de Dios denunciaron ante diversas instancias que las expresiones del párroco incitan al  odio y a la violencia contra las personas homosexuales, por lo que el párroco incurrió en discriminación, prohibida tanto en la Constitución Federal como en la del estado de Yucatán. Fue denunciado también el vocero de la arquidiócesis, Pbro. Jorge Óscar Herrera Vargas, por haber avalado públicamente la actitud discriminatoria del párroco.
Además de acudir a la CONAPRED, el Albergue Oasis presentó denuncia también por la posible violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, hecho que ameritaba una intervención inmediata por parte de la Secretaría de Gobernación y del gobierno del estado de Yucatán, como autoridad auxiliar, de conformidad con el artículo 25 de la citada Ley.
Sin embargo, el gobierno del Estado ha soslayado sus obligaciones afirmando que no puede actuar puesto que el asunto no es de su competencia (Oficio 275/2008 de la Secretaría General de Gobierno), por lo que resulta relevante y pertinente el punto de acuerdo emitido por el Congreso de la Unión.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión estimó que: “…Esta Dictaminadora considera que debe existir una investigación pronta y expedita que certifique las declaraciones del párroco antes mencionado y que, de existir violaciones a la ley, se determine y sancione a los responsables (…) porque el Estado mexicano está obligado a respetar y hacer valer las normas que protejan las garantías individuales”.
Cabe resaltar que, ante la emisión de dicho punto de acuerdo, sólo la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación ha contestado, mediante oficio de fecha 06 de agosto, que ya se encuentra en curso una investigación sobre estos hechos.
Los firmantes de este comunicado lamentamos que el Gobierno del estado no haya manifestado una condena de los hechos ni haya garantizado el cumplimiento de la ley en este caso de discriminación que agravia a la sociedad yucateca en general y a la comunidad lésbico-gay en lo particular y pone en riesgo una convivencia pacífica al incitar al odio contra un sector de la sociedad, más aún cuando Yucatán es uno de los estados con mayor número de crímenes de odio por homofobia.
Reiteramos que es obligación de las autoridades estatales y federales garantizar que se cumplan los artículos de la Constitución Federal y estatal que establecen la prohibición de discriminación por cuestiones de orientación sexual así como aquellos de la Ley de asociaciones y Culto Público que establecen límites al actuar de los ministros de culto, como una forma de preservar el estado laico.
De igual manera insistimos en que una de las formas para resarcir el daño causado por las agresiones verbales del párroco de Conkal es que éste ofrezca una disculpa pública por estos comentarios que en nada contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y plural.
El punto de acuerdo aprobado puede ser consultado en la página de web de la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República: http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2008/07/23/1&documento=58

Por el Equipo Indignación A.C.             Por el Oasis de San Juan de Dios A.C.

Martha Capetillo Pasos                         Carlos Méndez Benavides

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Con gran preocupación, el Equipo de Derechos Humanos Indignación ha tenido conocimiento de hechos que podrían constituir discriminación basada en la orientación sexual.

Este equipo recibió, de parte del Oasis de san Juan de Dios A.C. y firmada por su director, Sr. Carlos Méndez Benavides, copia de una comunicación dirigida al párroco de Conkal, Yucatán.

En su escrito, el Sr. Méndez Benavides narra lo ocurrido la noche del miércoles 7 de mayo en el interior de la iglesia de Conkal, durante la celebración de una Misa ofrecida por un compañero seropositivo fallecido recientemente, en la que el párroco se habría expresado ofensiva e injuriosamente hacia las personas homosexuales señalando que “ofenden, atacan y destruyen a la familia”, “que son peligrosos” y que “son un problema social que hay que atacar”, entre otras expresiones.

El escrito del director del Oasis señala que el albergue para enfermos de VIH que funciona desde hace más de diez años en Conkal ha recibido ya en otras ocasiones ataques físicos a su predio y a sus huéspedes, ataques que el Sr. Méndez Benavides atribuye, entre otras cosas, a la labor del párroco precedente.

Además de este hecho, el equipo Indignación no puede soslayar que Yucatán es uno de los estados de la República con mayor número de crímenes de odio por homofobia. Es por eso que resulta urgente actuar ante cualquier conducta que incite al odio, violencia o rechazo contra las personas motivada por su orientación sexual.

En nuestro país está constitucionalmente prohibida la discriminación en el primer artículo de la Carta Magna.

La ley para Prevenir y Sancionar la Discriminación, reglamentaria del artículo primero constitucional, establece que “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.”

El artículo noveno de dicha ley precisa las conductas que se consideran discriminatorias, entre las cuales señala: “Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión” (inciso XXVII).

El Equipo Indignación ha tomado nota de que la carta del Sr. Méndez Benavides también fue enviada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Seguiremos con atención el desempeño de esa instancia facultada para investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias y para resolver quejas y reclamaciones por discriminación incluso cuando ésta sea cometida por particulares, como es el caso que nos ocupa.

A juicio del equipo Indignación, al decir que los homosexuales son “un peligro para la sociedad”, que “destruyen a la familia” y condenarlos, el párroco de Conkal incurrió en discriminación puesto que su predicación incita al rechazo y a la exclusión de las personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual.

La libertad de expresión, también garantizada por nuestras leyes como un derecho reconocido a todos los mexicanos y mexicanas, entre los que se cuenta a los ministros de cualquier culto, de ninguna manera implica la libertad de denostar u ofender a ninguna persona y no puede argumentarse como justificación para cometer discriminación.

La discriminación está basada en prejuicios que sostienen un trato de menosprecio a ciertas personas consideradas, no sólo distintas, sino inferiores, aunque dichos prejuicios no sean reconocidos como tales, sino adoptados por el discriminador como si fueran verdades naturales e inobjetables.

Junto con las y los integrantes y huéspedes del Oasis de San Juan de Dios, con quienes compartimos no sólo el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos sino también, entre algunos de los integrantes de nuestras organizaciones, la pertenencia a la iglesia católica, nos sentimos agraviadas por las expresiones del párroco de Conkal.

Consideramos que la denuncia pública hecha por el director del Albergue Oasis de San Juan de Dios es un hecho de enorme valor que contribuye a erradicar la discriminación en Yucatán y nos hace crecer como iglesia corresponsable por la actuación de quienes formamos parte de ella.

El equipo Indignación ha enviado un escrito al párroco de Conkal, con copia al Arzobispo, al Vicario y al Vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, exhortándolo a ofrecer la disculpa pública que el director del Oasis de San Juan de Dios le ha solicitado.

La ley establece, cuando se trata de discriminación cometida por particulares, un procedimiento conciliatorio y, si alguna de las partes se niega a éste, la CONAPRED está obligada a orientar al quejoso para que éste acuda a las instancias judiciales o administrativas correspondientes.

Una disculpa pública, en este caso, resulta una medida necesaria para resarcir el daño ocasionado por la predicación del párroco, una medida de gran fuerza simbólica para expresar el compromiso de la jerarquía católica contra la discriminación.

Texto completo de la Comunicación enviada por el Oasis San Juan de Dios

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Después de las denuncias públicas hechas recientemente por las violaciones de derechos humanos en el CERESO; después de que uno de los integrantes del Albergue Oasis San Juan de Dios denunció públicamente con valentía la venta de drogas y la suspensión de tratamientos del VIH/SIDA en el CERESO y de otra demanda por el despojo de un terreno a la fundación por el director del penal Francisco Brito, en respuesta recibimos una represión policíaca.

HECHOS
El día jueves 5 de octubre a las 11:30 de la mañana unos policías de la camioneta 1825 y una moto 2043 con armas en la mano amenazantes nos detienen, catean a los integrantes de la camioneta propidad de la fundación, catean la camioneta e intentan abrir mi portafolio, todo esto con gritos de “dale, maricones”, incluso nos quieren detener inventando que la camioneta era sospechosa de drogas y que no estaba en regla, cuando ni siquiera nos pidieron mi licencia y documentos de la camioneta.
El viernes 6 hemos interpuesto una queja en la CODHEY y solicitado se dé parte al Ministerio Público.
Queremos manifestar que el gobierno podrá utilizar la fuerza para intentar acallar las denuncias ciudadanas, pero Nosotros tenemos la fuerza de la verdad y la razón que siempre al final se impondrán sobre las armas.

Atentamente,
Carlos Méndez Benavides
Oasis San Juan de Dios

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Asistentes al coloquio “Derechos Humanos y Periodismo”, organizado por el Equipo Indignación, comentamos y lamentamos una expresión suya que exhibe una posición discriminatoria y homofóbica.
La frase “No lloren como mariquitas lo que no supieron defender” (publicada en el Diario de Yucatán el domingo 3 de octubre pasado), utiliza un lenguaje homofóbico, refuerza una posición discriminatoria que identifica la cobardía con una preferencia sexual, reproduce el estereotipo que exhibe a las personas homosexuales como cobardes, hace escarnio de la homosexualidad y se refiere a ésta de una manera despectiva.
Esa expresión, lamentable en sí misma, es aún más deplorable en boca de un legislador de quien se espera que haga leyes contra la discriminación.
Los y las asistentes al coloquio nos apropiamos de una caricatura de TONY que hace referencia a esa inaceptable expresión, la firmamos (confiando en que TONY disculpará esta apropiación) y se la enviamos para manifestar nuestro repudio a esa declaración homofóbica y discriminatoria.
Le exhortamos a rectificar públicamente, a comprometerse con el pleno respeto a los derechos humanos y a tipificar como delito la discriminación para que podamos sancionarle.

(La caricatura original incluye 30 firmas de los asistentes al Coloquio, que le hacemos llegar también vía fax).

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