Al ratificar en su cargo al jefe de la Policía Municipal de Mérida, la alcaldesa Angélica Araujo avala graves violaciones a los derechos humanos y envía un mensaje de represión e impunidad.
Por segunda ocasión consecutiva es ratificado en su cargo quien estaba al frente de la Policía Municipal de esta ciudad cuando agentes de esta corporación, junto con la policía estatal, detuvieron violenta e ilegalmente, mediante una razzia, a decenas de jóvenes en el contexto de las manifestaciones contra George Bush en marzo de 2007.
El 13 de marzo de ese año, a raíz de algunos daños ocasionados por un puñado de manifestantes, agentes de la policía municipal y estatal detuvieron a cuarenta y ocho jóvenes basándose en su aspecto e infligieron tratos crueles e inhumanos a la mayor parte de los detenidos.
Instancias estatales y municipales de los ámbitos ejecutivo y judicial participaron en lo que resultó un grotesco proceso de criminalización de la protesta social y de castigo a la diferencia.
Con la ratificación del Señor Calero Reyes, la alcaldesa envía un mensaje de represión e impunidad y parece anunciar la continuación de la utilización de la fuerza pública contra la ciudadanía.
Entre los testimonios que el equipo Indignación recogió en marzo de 2007, sobresale el de un joven que, después de ser detenido con violencia y golpeado durante el trayecto, fue trasladado al edificio de la policía municipal de Mérida.
De acuerdo con su propio testimonio, ahí fue  tirado al suelo al bajar de la camioneta y “zapateado” por varios policías. En el trayecto a la celda fue golpeado brutalmente por una cantidad indeterminada de agentes. El equipo Indignación pudo observar en éste y otros jóvenes huellas de golpes incluso varios días después de ser detenidos.
Otro de los testimonios recogidos por Indignación señala que a varios de los jóvenes detenidos y trasladados al edificio de la policía municipal de Mérida los metieron debajo de las camas “estibados” unos sobre otros.
Casi todos coinciden en señalar que en el edificio de la policía municipal los recibieron varios agentes con golpes mientras los iban bajando de la camioneta que los trasladó a este lugar, además de la ilegalidad que supone que hayan sido llevados precisamente a ese edificio y retenidos ilegalmente en él por más de ocho horas, incomunicados y sin respetárseles el derecho a realizar una llamada.
Más aún, testimonios recabados entre quienes estuvieron detenidos en la policía municipal, indican que “altos mandos de la policía observaban mientras nos golpeaban”.
El Ayuntamiento encabezado entonces por Manuel Fuentes Alcocer presentó una elevada cantidad como “daños” para impedir que los jóvenes procesados tuvieran derecho a fianza y después condicionó una reducción del monto al desistimiento de los jóvenes de su queja ante la Codhey.
Al igual que lo hizo César Bojórquez, al ratificar como director de la Policía al señor Francisco Calero, la alcaldesa avala la ilegalidad y premia la represión y las violaciones a las garantías individuales.
Quien esté a cargo de la Policía municipal debe tener como principal tarea el garantizar la seguridad pública de todas y todos los ciudadanos de Mérida, pero siempre bajo los más altos estándares de respeto a los derechos humanos.
La Codhey emitió la recomendación 19/2007, aunque ésta fue tardía, omisa y torpe. Se emitió siete meses después de ocurridos los hechos; inicialmente publicó los nombres de los menores y, al ser denunciada por el Equipo Indignación ante el Instituto de Acceso a la Información, puso iniciales en vez del nombre de los agraviados y, en una nueva torpeza ¡dejó únicamente con iniciales el nombre de los agentes señalados como responsables de las violaciones!
Con toda su tardanza y torpeza, incluso la Codhey señaló a agentes de la policía municipal y estatal entre los directamente responsables de infligir a las y los detenidos golpes que no son producto de la resistencia a una detención.
Adicionalmente, en esa administración la policía de Mérida fue frecuentemente denunciada por sus abusos contra jóvenes molestados por su forma de vestir o por su aspecto físico, lo que implica discriminación.
Indignación deplora el nombramiento. Sin pleno respeto a los derechos humanos no se puede garantizar seguridad a la ciudadanía.

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(La imagen incluye foto tomada por familiares y editada por Miguelón)

El equipo Indignación comparte la alegría por la liberación de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, encarcelados hace once meses por su lucha contra las altas tarifas de la luz en Candelaria Campeche.

Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia el pasado 4 de marzo.

Sara, Joaquín y don Guadalupe son integrantes del Movimiento de Resistencia del No pago a las altas tarifas de energía eléctrica. Indignación considera que, como ha señalado Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas utilizaron indebidamente el sistema de justicia para someterlos a proceso penal en 2008 y detenerlos el 10 de julio de 2009.

Se les acusó falsamente de privar de la libertad a un funcionario público, delito grave que no admite fianza. En enero pasado un tribunal federal consideró insuficiente la evidencia y ordenó reclasificar el delito o dejarlos en libertad, pero la PGR apeló, prolongando la injusta detención.

Ayer, domingo 6 de junio, salieron en libertad bajo fianza después de que un tribunal colegiado ordenó reclasificar el delito, pero continúan sujetos a proceso penal.

El injusto encierro de Sara, Joaquín y Guadalupe exhibe la criminalización de la que son objeto en México las y los defensores de derechos humanos, así como los luchadores y luchadoras sociales.

Indignación reconoce y agradece a todas las personas que han participado atendiendo los llamamientos y respondiendo a la solicitud de acciones urgentes. Celebramos el fruto de este esfuerzo y les invitamos a mantener la atención sobre éste y otros casos de criminalización de luchares sociales en México.

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Comunicado conjunto del Movimiento de Cultura Popular, Equipo Indignación, personas y organizaciones adherentes a la Otra Campaña en Yucatán

Sara López González -quien se encuentra presa en el penal de Kobén en Campeche por luchar contra los cobros desproporcionados de la Comisión Federal de Electricidad, como miembro del Movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria, Campeche- recibe hoy el premio “Don Sergio Méndez Arceo” que otorga la fundación del mismo nombre para reconocer a quienes se hayan destacado por su valor en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país.
En noviembre de 2008 Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja fueron acusados por la CFE de “privación ilegal de la libertad” de un funcionario público e “impedimento para la realización de un servicio público”, cuando en realidad el funcionario les acompañó a supervisar la reconexión del servicio.
Sara López fue detenida hace más de 9 meses, el pasado 10 de julio, junto con su esposo Joaquín Aguilar, don Guadalupe Borja y dos integrantes del más del Movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria. Ella, su esposo y don Guadalupe continúan presos por delitos fabricados por la paraestatal en complicidad con la Procuraduría General de la República con el objeto de criminalizar la lucha social que han desarrollado en Candelaria, Campeche, para defender sus derechos y denunciar los abusos que la CFE comete en contra de la precaria economía de sus familias.
Las y los detenidos participan en el Movimiento contra la Altas Tarifas de Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche, un movimiento civil y pacífico que desde hace más de tres años protesta por los altos, desproporcionados y arbitrarios cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad, así como por el mal servicio. Dicho movimiento agrupa a más de tres mil personas de 30 comunidades de la región y es parte de un movimiento nacional contra las altas tarifas de energía. Su exigencia ha sido el que se acaben los abusos que representan los cobros excesivos de la energía eléctrica, el establecimiento de una tarifa justa adecuada al nivel adquisitivo de la población de la región y el mejoramiento del servicio de energía eléctrica por el que los ciudadanos pagan a la paraestatal.
La prestigiada organización Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia el pasado 4 de marzo y acusó a las autoridades mexicanas de utilizar indebidamente el sistema de justicia para detener a estos líderes comunitarios.
En enero de 2010 un magistrado federal determinó que la evidencia contra ellos era insustancial por lo que tenían que reclasificarse los delitos o ser puestos en libertad inmediata. Sin embargo, la PGR obstaculizó la liberación apelando dicha resolución y actualmente el caso se encuentra en revisión en el Tribunal colegiado en materia penal y administrativa del décimo cuarto circuito, con sede en Mérida, Yucatán.
En el comunicado en el que da a conocer que otorga el premio a Sara López en la categoría de persona, la Fundación Sergio Méndez destaca que Sara es una mujer humilde integrante de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) en Candelaria, Campeche, comprometida con la defensa de los Derechos Humanos de distintos pueblos y colonias populares en Campeche y en los campamentos de refugiados guatemaltecos en Chiapas y Quintana Roo. El comunicado también indica que Sara es Fundadora de PRODUSSEP A. C. (Promoción de Salud y Servicios de Educación Popular A. C.), representante de esta organización en la zona sureste, integrada por los estados de: Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
El premio Sergio Méndez Arceo se estableció un año después de que falleció don Sergio, obispo de Cuernavaca, en homenaje a su labor en defensa de los derechos humanos y a favor de la justicia y de la paz. En la categoría organización el premio lo recibe este año el Consejo de Pueblos de Morelos, por su compromiso con el rescate y preservación de los recursos naturales.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado nos alegramos del reconocimiento a la labor de Sara López, reconocemos y celebramos su valor y su trayectoria, y denunciamos el uso arbitrario del sistema de justicia para criminalizar un movimiento social y la defensa de los derechos humanos. El ejemplo de Sara nos fortalece e ilumina el camino de quienes trabajan por la justicia pero su encarcelamiento exhibe a un sistema que reprime e intenta eliminar a quienes hacen posible otro mundo: uno que garantice, reconozca y respete los derechos de todas las personas.
No podemos ni queremos dejar de alzar la voz en contra del absurdo que significa el que una ganadora de un premio nacional de derechos humanos no pueda acudir a recibirlo porque continúa injustamente detenida, a pesar de que a lo largo de todo el proceso jurídico se ha demostrado que no existen pruebas suficientes para mantener su prisión. La arbitrariedad e impunidad con la que las autoridades competentes mantienen a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja ilegalmente detenidos, demuestra la colusión que estas autoridades tienen con la CFE, actuando bajo consigna de la paraestatal, pues han favorecido una denuncia que no tiene fundamento legal alguno en contra de todas las evidencias que demuestran que los compañeros presos son inocentes y las acusaciones en su contra fabricadas ex profeso para reprimir la organización civil y pacífica que se vieron obligados a llevar a cabo por los cobros excesivos y abusivos de la CFE en contra de los que menos tienen.

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Las y los detenidos son Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borjas, Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano, adherentes de La Otra Campa1er reporte de observación del equipo de derechos humanos indignacionña, quienes iniciaron una huelga de hambre desde el Centro de Readaptación Social de Kobén, Campeche, donde están recluidos.

El documento, que incluye el testimonio de una de las personas detenidas así como antecedentes y contexto del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, exige investigar y sancionar a los agentes de la PGR que el pasado 10 de julio cometieron violaciones a las garantías individuales así como a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que se han negado a atender las demandas de los habitantes de Candelaria y han obstaculizado la construcción de acuerdos con los integrantes del Movimiento.

Indignación considera que los delitos atribuidos a los integrantes del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica –privación ilegal de la libertad de un funcionario público e impedimento para la prestación de un servicio público– no responden a hechos verificables sino al objetivo de criminalizar a los activistas y encarcelarlos, sujetándolos a un proceso penal en el que son acusados de delitos graves.

Durante el operativo elementos de la antigua AFI (hoy Policía Ministerial Federal), dependiente de la PGR, actuaron con violencia y vulnerando derechos humanos al entrar a la fuerza a los domicilios, sin identificarse –los familiares de los detenidos no sabían con certeza quiénes ni a dónde se los llevaron– sin mostrar órdenes de aprehensión, insultando y humillando a las personas detenidas, hostigándolas durante el trayecto y sin informar a sus familiares a dónde serían trasladadas.

Todo ello violó los derechos a la libertad y a la seguridad personales establecidos en el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues estos derechos requieren que las detenciones se realicen en estricto apego a procedimientos precisos establecidos en las constituciones.

A juicio del equipo Indignación esta actuación confirma que el proceso judicial responde a una estrategia para intimidar y reprimir al movimiento, por lo que también afecta el derecho de organización y manifestación de los habitantes de Candelaria y de otros municipios del país que participan en el movimiento contra la Altas Tarifas de Energía Eléctrica.

En documento adjunto se incluye el reporte de observación elaborado por el equipo de derechos humanos Indignación A.C.

1erReporteCandelaria

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