Indignación Clausura Procuraduría de Justicia | Foto Malena López

Chablekal, Yucatán, en vísperas del 17 de diciembre de 2010
A 4 meses de la detención de Roberth Tzab Ek
(quien falleció en los ‘separos’ de la Procuraduría de Justicia Tekax
horas después de ser detenido)

Lic. Jorge Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del estado de Yucatán

Con profunda preocupación hemos visto transcurrir el tiempo desde el fallecimiento de Roberth Tzab Ek en una cárcel de la Procuraduría de Justicia con sede en Tekax, Yucatán, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que sin lugar a dudas exhiben negligencia, sin que las autoridades señalen a algún responsable ni indiquen los avances en la investigación ni hagan públicas determinaciones para evitar que un hecho tan grave como éste ocurra de nuevo.

Con estupor hemos constatado que el caso, contra toda lógica y sentido común, continúa investigándose precisamente en la misma agencia del Ministerio Público en la que están por lo menos algunos de los responsables del fallecimiento de Roberth Tzab, que son quienes lo custodiaban en la sede de la Procuraduría en Tekax, a pesar de que expresamente le hemos solicitado al procurador que centralice la investigación, como correspondería como mínima garantía de imparcialidad.

Hemos constatado también que hay graves omisiones en la integración de la averiguación previa 1049/12ª/2010 abierta con motivo de los hechos pues, al menos hasta hace unas semanas, cuando integrantes de Indignación revisamos el expediente, no se había interrogado ni a los agentes que participaron en la detención de Roberth la madrugada del 17 de agosto, ni a quienes lo trasladaron ni a quienes lo tuvieron bajo su custodia.

Con profunda rabia nos enteramos del caso de Roberth Tzab, pues en los meses recientes hemos conocido también otras situaciones que refieren tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uno de esos casos es el de un señor que incluso estuvo hospitalizado en el hospital O’Horán, según supimos como consecuencia de las lesiones, y aún así la Codhey demoró tres días en acudir a ver al agraviado y sólo lo hizo después de una llamada del equipo Indignación cuestionando su ausencia.

En Indignación consideramos que una comisión de derechos humanos puede inhibir y evitar la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos señalando a los responsables, interponiendo en su caso las denuncias correspondientes, especificando las medidas con las que el gobierno garantizará la no repetición de hechos y, por supuesto, supervisando el cumplimiento de estas medidas y de sus recomendaciones. Al no hacerlo, la Codhey tiene una gran responsabilidad en estos hechos.

Las omisiones de la Codhey, junto con sus tardías, vagas e inocuas recomendaciones, constituyen un aliciente para quienes cometen actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, incluyendo a los responsables de investigar que, en vez de hacerlo, encubren a torturadores.

Hemos constatado que la Codhey cuenta con información sumamente relevante en el caso de Roberth Tzab y con elementos que podrían resultar determinantes. A pesar de esto, hemos visto transcurrir ya prácticamente cuatro meses desde el fallecimiento de Roberth Tzab. Nos preocupa la trayectoria de encubrimientos de la Codhey y la impericia de gran parte de su personal.

Con estupor le escuchamos en una entrevista radiofónica el sábado 11 de diciembre sostener que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco es muy sensible a los derechos humanos y que la Secretaría de Seguridad Pública atiende y cumple sus recomendaciones en un alto porcentaje. En esa misma entrevista, le escuchamos evadir una respuesta cuando le preguntaron si en Yucatán hay tortura.

Indignación considera que en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco ha sido sistemática la utilización de prácticas policíacas incompatibles con los derechos humanos, como lo es la tortura, situación que se exhibe, también, con la reciente detención arbitraria, incomunicación y tortura del activista José Ricardo Maldonado Arroyo, por parte de policías judiciales, situación ante la cual, por cierto, usted tampoco se ha pronunciado enérgicamente. Consideramos que la Codhey ha contribuido a la persistencia de estas prácticas pues, a pesar de que de sus propias recomendaciones se deriva que, un alto porcentaje de las quejas presentadas por la ciudadanía tiene que ver con situaciones de arbitrariedad policíaca, la Codhey no ha realizado ninguna recomendación general ni hecho pública ninguna situación expresando su postura sobre la gravedad de estos hechos.

Ya desde el sexenio de Patricio Patrón Laviada alertábamos sobre la existencia de prácticas de brutalidad policíaca que ameritaban medidas contundentes por la parte de la Codhey, como en el caso de las personas detenidas y torturadas por policías municipales y estatales durante el operativo derivado de la visita de George Bush a Mérida.

Al respecto, es preciso recordarle que, una de las primeras medidas para prevenir y erradicar esta práctica, es señalar que existe. Los casos de tortura que ha documentado la Codhey, los ha catalogado como “violaciones al derecho a la integridad personal”, sin hacer alusión a la gravedad del hecho que implica que esa violación a la integridad consista en tortura. Esta situación alienta a que los órganos encargados de investigar los delitos minimicen los hechos, más cuando son sus propios funcionarios los responsables de cometerlos, hecho que resulta incompatible con los estándares básicos que en materia de derechos humanos se han establecido para casos de tortura.

En esa, tesitura, le recordamos que la tortura, según la definición de la Convención Interamericana respectiva, consiste en:

“Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

Que una persona fallezca en un centro de detención en condiciones similares a las que vivió Roberth Tzab hace presumir la comisión de tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes publicado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura en mayo del presente año con motivo de su visita a México en el año 2008.

También existen otros documentos que son indispensables para establecer medidas eficaces para la prevención, investigación y sanción de actos de tortura y que, si los conociera, podrían serle de utilidad para mejor catalogar situaciones de posible tortura. Así por ejemplo, los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000, establecen claramente la necesidad de que toda investigación relativa a hechos de tortura sea realizada por autoridades independientes a las involucradas en los hechos:

2. Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas.

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán tiene la obligación impostergable de:

Primero. Emitir la recomendación respectiva a la brevedad posible, en la cual, basándose en estándares internacionales, establezca con claridad las violaciones a los derechos humanos que derivaron en la muerte, en los separos de la Policía Judicial en Tekax, Yucatán, del C. Robert Tzab. De contar con indicios de tortura, la Codhey tendría que, a través de acto propio o de la recomendación, garantizar que la averiguación previa se integre precisamente por ese delito. La recomendación, por su parte, tiene que salvaguardar la identidad de aquellas personas que podrían correr algún riesgo, de acuerdo con lo establecido en la propia normatividad de la Codhey.

Segundo. Como parte de las recomendaciones, exigir al Procurador General de Justicia del estado que ordene la remisión de la averiguación previa 1049/12ª/2010 a una agencia investigadora distinta a la que era responsable de la custodia del C. Robert Tzab al momento de su fallecimiento, y que cuente con las capacidades técnicas necesarias para efectuar una investigación por tortura.

Indignación considera que, bajo su conducción, la Codhey no está en condiciones de cumplir con las exigencias señaladas en los puntos anteriores, que son los mínimos que desde la perspectiva del derecho internacional y los Principios de París tendría que exigir una comisión pública de derechos humanos, por lo que le exigimos que, en un acto de responsabilidad, renuncie al cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, pues este caso se suma a otros en los cuales su silencio, su impericia, su sometimiento y sus limitaciones técnicas y/o políticas han tenido como consecuencia reforzar los patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos y la impunidad que prevalece en casos que nos agravian a todas y todos, en particular a hombres y mujeres que han sido víctimas de graves violaciones a esos derechos humanos.

Atentamente,
Por Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Martha Capetillo Pasos

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El día de hoy, martes 14 de diciembre de 2010 se presentó al público, en el Foro Amaro, la publicación “Todos/as diversos/as, iguales en derechos. Cuaderno sobre diversidad sexual y derechos humanos”, fruto de la colaboración de trece organizaciones de la sociedad civil yucateca que trabajan diversos temas de derechos humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

La idea de elaborar el presente material surge por las condiciones de discriminación que, sobre las personas con una preferencia u orientación no heterosexual, imperan en el estado Yucatán. Algunos datos que ilustran esta situación son: el cuarto lugar que esta entidad tiene a nivel nacional en crímenes de odio por homofobia[1], una de las más dolorosas consecuencias de la discriminación por preferencia u orientación sexual. En Yucatán también se ha elevado la exclusión de personas homosexuales a rango constitucional, pues en julio de 2009 el Congreso local aprobó una reforma a la Ley fundamental del estado que cierra la posibilidad de que hombres y mujeres homosexuales puedan acceder a figuras que les brindarían certeza jurídica en sus relaciones afectivas, como son el matrimonio y el concubinato, reforma que va en sentido contrario a los avances que en otras entidades se han dado, y que contó con la complicidad, también, del Ombudsman estatal, quien se negó a presentar la acción de inconstitucionalidad respectiva a pesar de existir una exclusión manifiesta.

Ante esta realidad, es indispensable dotar a la ciudadanía y a las y los servidores públicos, de una herramienta que establezca cuáles son los estándares internacionales que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos se han generado para clarificar las obligaciones que tiene cualquier estado en materia de combate a la discriminación y, concretamente aquella derivada de la preferencia u orientación sexual.

Sin lugar a duda, la discriminación por motivos de preferencia u orientación sexual es una de las más graves en nuestro país y una de las preocupaciones de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Ya en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, publicado en 2004, la OACNUDH se refería al tema señalando que:

“Las estimaciones sobre el número de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI) oscilan entre el 2.5 y el 8% de la población. Es una población que… enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos… A ello influye la estigmatización que viene de la intolerancia: cerca del 70% de la población no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo…”

También la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación (CCED) observaba, ya desde 2001, que:

“Si la discriminación se cultiva frecuentemente sobre la base de prejuicios valorativos que tienden a descalificar aquello que se considera inadmisible desde el punto de vista de los estereotipos convencionales, podrá entenderse entonces que el campo de la sexualidad sea uno de los terrenos privilegiados sobre los que opera la moral discriminatoria”.

El cuaderno está constituido por cinco capítulos que exponen con claridad qué son los derechos humanos, a qué se refiere el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, qué se entiende por diversidad sexual y los derechos sexuales, en qué consiste la discriminación por orientación sexual y cuáles son sus manifestaciones más comunes, terminando con una fundamentación en el derecho internacional de los derechos humanos. Su propósito es difundir información sobre los derechos humanos en relación con la diversidad sexual. Para ello se propone destacar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación como factores esenciales de una sociedad democrática, respetuosa de la pluralidad de todos y todas sus integrantes. Con ello busca contribuir a la comprensión del fenómeno de la discriminación, particularmente aquella vinculada a la orientación sexual o la identidad de género.

Las obligaciones establecidas desde el derecho internacional, planteadas en este cuaderno, son complementarias con los recientes precedentes judiciales que se han emitido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 y convalidar la constitucionalidad de los matrimonios de las personas en el mismo sexo en el Distrito Federal. Ambas fuentes obligan a las entidades federativas, Yucatán entre ellas, a hacer efectivo el derecho a la no discriminación por preferencia sexual, cuando menos desde dos perspectivas: a) evitar que persistan las condiciones de exclusión que históricamente ha sufrido este colectivo social debido a su condición específica, y b) impulsar todas las reformas para  lograr que las y los homosexuales se sitúen en igualdad de circunstancias ante el Estado y en su relación con las demás personas para ejercer plenamente sus derechos.

La publicación de este cuaderno va acompañada de la exigencia de las organizaciones yucatecas firmantes, para que el Congreso del estado y el poder ejecutivo homologuen a dichos estándares internacionales la normatividad estatal y eliminen de la práctica cotidiana del servicio público cualquier acción que implique una discriminación basada en preferencia u orientación sexual. Pero es, sobre todo, una invitación a la sociedad para hacerse de elementos que le permitan enmarcar el tema de la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de ir desmontando los prejuicios que sostienen este tipo de discriminaciones, pues una sociedad justa y democrática es aquella que no excluye, de ningún ámbito de la vida pública y privada, a sus ciudadanos.

Oasis de San Juan de Dios

Familias por la diversidad sexual – Grupo Yucatán

Equipo Indignación A.C.

Mango Malva

Red de Personas Afectadas por VIH A.C. (Repavih)

Ciencia Social Alternativa A.C.

Foro Cultural Amaro A.C.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C. (Ceprodehl)

Buenas Intenciones A.C.

Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH / Sida – Yucatán

Círculo Cultural de la Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy”

Yucatrans

Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida, en Yucatán

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Indignación, Oasis de San Juan de Dios y ciudadanas clausuraron hoy el gobierno de Yucatán por graves y reiterados ataques contra los derechos humanos y las garantías individuales. Se clausuraron las sedes del Ejecutivo, del Legislativo, de la Procuraduría, del Instituto para la Equidad de Género y Ayuntamiento de Mérida. También se declaró clausurada la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán.

La clausura se realizó hoy, 10 de diciembre, a 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A continuación la

Declaratoria de clausura

Por graves y reiterados ataques contra los derechos humanos y las garantías

Clausura de las sedes del Ejecutivo, Legislativo, Procuraduría, IEGY y CODHEY y del Ayuntamiento de Mérida

Ante reiteradas, graves e impunes violaciones a los derechos humanos en Yucatán, que incluyen actos de tortura.

Ante la detención arbitraria, tortura y amenazas contra nuestro compañero José Maldonado.

Ante la muerte impune de al menos siete personas en las cárceles de Yucatán  en lo que va de este año 2010 (13 desde el 2006), incluyendo la de Roberth Tzab en una celda de la Procuraduría de Justicia en Tekax, en un caso que nos obliga a sospechar tortura.

Ante la inmediata e irresponsable declaración del Procurador que, al día siguiente del fallecimiento de Roberth, exculpó a los policías sin mediar investigación alguna. Ante su negligencia al omitir atraer el expediente y evitar así que la investigación la realice el personal responsable de la cárcel en la que falleció Roberth. Ante el nulo avance en la integración de la averiguación previa en este caso.

Ante el asesinato de Jorge Antonio Contreras, golpeado salvajemente por policías de Oxkutzcab en noviembre pasado.

Ante los casos de tortura de los que tuvimos conocimiento en mayo pasado, en el contexto del proceso electoral.

Ante la continua negligencia para investigar, señalar y sancionar a los responsables de atentar contra la vida y la integridad física de tantas personas.

Ante la persistente impunidad.

Ante la permanente complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán cuyas tardías, vagas e inocuas recomendaciones constituyen un aliciente para los torturadores y otros violadores de derechos humanos y cuyo titular, a pesar de toda la evidencia proporcionada acerca de su impericia, fue ratificado por la anterior legislatura para premiar su posición contra los derechos de las personas homosexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.

Ante la negligencia de la actual legislatura que no ha atendido la demanda de juicio político interpuesta contra el Ombudsman ni ha corregido las leyes que constituyen un acto de discriminación contra personas homosexuales y que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Ante el horror que exhibe el caso MAR quien desde hace diez años intentó infructuosamente obtener justicia y ahora continúa intentándolo.

Ante las graves omisiones del Instituto para la Equidad de Género, incapaz siquiera de mantener un registro actualizado de datos (a lo cual está obligado por ley) y que desatendió un caso tan grave como el de MAR.

Ante la cantidad de personas que han muerto a las puertas o en urgencias del Hospital O’Horán, del Hospital San Carlos de Tizimín, esperando una atención que no llegó; ante la situación de los hospitales públicos del estado; ante la incapacidad del Estado de garantizar atención médica a la población.

Ante el persistente y escandaloso número de niños y niñas en grave desnutrición en Yucatán,

Indignación declara responsable a la Gobernadora de Yucatán, declara clausurada la sede el Ejecutivo, declara alerta y estado de emergencia en Yucatán.

Indignación también declaró clausuradas las sedes del Legislativo, Procuraduría, IEGY y CODHEY, instancias que han sido incapaces de garantizar los derechos humanos de las y los Yucatecos y que incluso han atentado contra las garantías individuales.

Clausura del Ayuntamiento de Mérida

Ante la negligencia de la actual administración que se ha negado a atender el reclamo popular y la solicitud de varias organizaciones que le exigen retirar un monumento que honra a genocidas y hace apología del racismo y de la discriminación también clausuramos el Ayuntamiento de Mérida.

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2010

A 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(nota: ve más fotos de las sedes clausuradas en http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000 )

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Comunicado conjunto*

La noche de este 4 de diciembre, cuatro personas  que se identificaron como agentes de la Policía Judicial del estado de Yucatán, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia, detuvieron arbitrariamente, incomunicaron y golpearon a José Ricardo Maldonado Arroyo, Director de la Red de Personas Afectadas por VIH AC (Repavih).

Los hechos sucedieron cuando los presuntos agentes judiciales movilizados en al menos dos vehículos, después de haber acudido a las oficinas de Repavih buscando al director de esta asociación civil,  se apersonaron en una reunión privada realizada en un domicilio de la Colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida para exigirle a Maldonado Arroyo información sobre una persona a la que la Policía buscaba.  Los policías, uno de los cuales se identificó como Israel Pech, portaban chalecos con las siglas de la Procuraduría General de Justicia del estado y requirieron a Maldonado Arroyo que saliera del domicilio en cuestión.

Una vez fuera, y a pesar de no contar con orden judicial que justificara la detención, lo tiraron al suelo, lo esposaron, lo golpearon y, a punta de pistola, lo subieron a un automóvil Mazda negro, al mismo tiempo que golpearon, amenazaron e intentaron detener también a otro miembro de la asociación, Alex I. Mena Contreras. En el vehículo le taparon la cara a José Ricardo Maldonado Arroyo con su propia camisa e iniciaron un recorrido, en el cual lo cambiaron cuando menos en 4 ocasiones de automóvil. Durante todo el trayecto, los policías interrogaron a Maldonado Arroyo sobre el paradero de una persona a la que él no conocía, así como sobre las actividades de Repavih. Ante la imposibilidad de Maldonado Arroyo de responder sobre el paradero de esa persona, los policías lo golpearon en rostro, espalda y estómago y lo amenazaron de distintas maneras, incluyendo intimidación de carácter sexual en clara alusión a la labor que realiza Repavih.

Posteriormente lo trasladaron a lo que parecían unas oficinas, en donde continuaron interrogándolo, amenazándolo y golpeándolo para que señalara el paradero de la citada persona, a pesar de insistir en que no la conocía.

Finalmente y después de más 5 horas de mantenerlo detenido arbitrariamente e incomunicado, lo dejaron frente a su domicilio, alrededor de las 3 de la mañana del día 5 de diciembre, no sin antes amenazarlo de que si denunciaba “iban a proceder en contra de él” “que ya lo tenían ubicado a él y a su familia” Cabe resaltar que los policías en cuestión le retuvieron su credencial para votar, y le sustrajeron dinero.

Los hechos anteriormente narrados fueron denunciados por Maldonado Arroyo la misma madrugada del día 05 de diciembre ante la agencia octava del Ministerio Público. De igual manera, se solicitó, desde el momento en que fue detenido e incomunicado, la intervención de la Comisión de derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), quien ya tiene conocimiento del caso.

La violenta y arbitraria detención, incomunicación y maltrato físico y psicológico sufrido por Maldonado Arroyo constituye una grave violación a las garantías constitucionales de una persona cuya labor en los últimos años ha consistido en defender los derechos de las personas afectadas por el VIH/Sida. La utilización de métodos ilegales por parte de la Policía Judicial del estado exhibe la incapacidad de la Procuraduría de Justicia para realizar investigaciones apegadas a derecho y la persistencia de prácticas que son incompatibles con un estado democrático de derecho.  Además, y en este caso, implican un ataque directo a un defensor de derechos humanos y a la labor que realiza Repavih.

Por todos los hechos anteriormente descritos, hacemos responsables al Gobierno del estado de Yucatán, y especialmente a la Procuraduría General de Justicia del estado de cualquier suceso que menoscabe la integridad y seguridad personales del C. José Ricardo Maldonado Arroyo,  de su familia y de los otros integrantes de la Red de Personas Afectadas por VIH, en razón de que se ha denunciado oportunamente la situación de riesgo que se presentado.

Por lo anteriormente señalado, exigimos al Gobierno del estado de Yucatán, encabezado por la Lic. Ivonne Ortega Pacheco:

PRIMERO. Una investigación seria, imparcial y expedita sobre los hechos, así como la sanción de los presuntos policías judiciales que incurrieron en esas conductas.

SEGUNDO. Se garantice la integridad física y psicológica de José Ricardo Maldonado Arroyo, de su familia, así como de los colaboradores y colaboradoras de la Red de Personas Afectadas por VIH

Buenas Intenciones A.C.

Círculo de la Diversidad Ricardo Zimbrón Levi

Colega O A.C. (Guadalajara, Jal)

Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida

Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos Contra el SIDA A.C. (CHECCOS A.C. Guadalajara, Jal)

Enlazados Frente al Sida (Estado de México)

Grupo GAPES

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Kookay, Ciencia Social Alternativa

Magnitud Rosa

Oasis de San Juan de Dios A.C

Programa Compañeros (Ciudad Juárez, Chih)

Red de Personas Afectadas por VIH A.C.

Salud, Derechos y Justicia (Distrito Federal)

Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C.

Yucatrans

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El Ministerio Público de Campeche consideró que no hay delito qué perseguir en la denuncia interpuesta por el ataque a San Antonio Ebulá, la agresión a los pobladores y la destrucción de las viviendas de más de 70 familias en agosto de 2009, a pesar de que fue un hecho público que lo obligaba a actuar inmediatamente.

El ataque y la destrucción de San Antonio Ebulá fue cometido por civiles contratados por el empresario Eduardo Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, bajo la mirada de la policía estatal que omitió intervenir para salvaguardar la integridad física y la propiedad de los pobladores.

Ya antes la Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que el caso de Ebulá no es un asunto de derechos humanos y hace unas semanas la Comisión Nacional avaló su resolución. En aberrante complicidad, la CNDH omitió considerar extenso informe que se le hizo llegar en tiempo y forma y dio la razón a su homóloga estatal por considerar resuelto el asunto y por supuesto desinterés de los afectados en el seguimiento.

El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.

En el recurso de revisión presentado hoy 10 de noviembre ante la Procuraduría, las y los pobladores acusan al Ministerio Público de omitir investigar y limitarse a desacreditar los ilícitos denunciados en franca protección a la familia Escalante.

Más de cuarenta personas de San Antonio Ebulá acudieron en distintas fechas a declarar, pero el Ministerio Público no investigó ni se allegó de pruebas para integrar debidamente la averiguación previa.

El gobierno de Campeche, en un convenio firmado con los pobladores el 24 de septiembre de 2009, condicionó la reparación de los daños al procedimiento penal, pero ahora determina el no ejercicio de la Acción Penal.

El caso de San Antonio Ebulá fue seguido por decenas de organizaciones de la Sociedad Civil que acompañaron al pueblo de Ebulá en sus demandas de reparación, justicia y paz y en un intento de retorno impedido por personas al servicio del empresario Escalante.

El caso también fue seguido por Amnistía Internacional y por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También fue mencionado en el informe de la relatora de vivienda de Naciones Unidas.

Indignación deplora la impunidad que prevalece en este caso y la determinación del gobierno de Campeche de proteger al empresario Eduardo Escalante. Uno de sus hijos tiene un puesto de alto nivel en el actual gobierno de Campeche.

El recurso de revisión presentado obliga al procurador a ordenar la reapertura del expediente, la debida integración del expediente de acuerdo a los más altos estándares y, en su momento, a ejercitar la acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables en un hecho que fue público y documentado por diversos medios de comunicación de la entidad cuyos representantes también fueron amenazos por los parapolicías sin que los elementos de seguridad pública interviniesen para protegerlos y garantizarles el ejercicio su labor.

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Una de las muchas paradojas que se dan cita en este lugar y en este día es recibir un reconocimiento de manos de quienes son nuestros maestros en este oficio de promover y defender los derechos humanos, que es el otro nombre que recibe hoy la apuesta por el Evangelio y su utopía fraterna.

Señor Rector, queridos amigos jesuitas, nos resulta conmovedor el aliento que nos dan. Sabemos del cariño que nos tienen y quizá eso explique otra paradoja: compañeros de Jesús, como son ustedes, le dan un reconocimiento que lleva el nombre de Tata Vasco, a un equipo cuyo trabajo más conocido, aunque gracias a Dios no el más importante, consiste en contrariar al arzobispo de Yucatán.

Menos mal que estamos en Guadalajara. Aquí no habrá un Arzobispo que se incomode frente a una indignación feminista, maya, desplazada y multicolor… que no esconde sus raíces cristianas. Recibimos este abrazo, sin merecerlo, sólo con la alegría de ser abrazadas por nuestros hermanos mayores, en nombre de muchas personas y organizaciones que han vivido los últimos años bajo la sospecha de las autoridades civiles y religiosas.

Pero recibimos este abrazo en un momento doloroso, en el que no podemos menos que preguntarnos, junto con Roque Dalton ¿sobre qué muertos estoy vivo? Cuando el gobierno que se vistió de militar le declara la guerra al narcotráfico pero apunta hacia los defensores de derechos humanos y dispara indiscriminadamente contra la población (o cuando menos cubre de impunidad a los agresores).

Recibimos este abrazo que se llama Tata Vasco justo en este 2010, el año que comenzó con el asesinato de Josefina Reyes, el año que mataron a Bety Cariño… Recibimos este abrazo preguntándonos qué haremos para merecerlo, mientras tenemos a nuestro lado a tantas y tantos que han sido tocados por la absurda fuerza de las armas que intenta acallar las utopías. Y si alguien fue capaz de encarnar la utopía, nos recordaba hace unos meses Ernesto Cardenal, fue precisamente Tata Vasco.

Sabemos entonces que reconocen, no a este equipo, sino al lenguaje de los derechos humanos y la apuesta, amenazada más que nunca y más que nunca posible, porque sean una realidad para todas y todos. Tata Vasco, como Ignacio de Loyola, representan para las iglesias cristianas de todos los tiempos, una palabra profética e insobornable en estos tiempos de crisis eclesial. Y nos retan a ser hoy esa palabra.

La apuesta por el Evangelio de Jesús no sólo es viable y posible. Es urgente para construir juntos un mundo en el que se pueda vivir con dignidad, un mundo que signifique “buena vida” para todas y todos, para decirlo con la expresión de los mayas peninsulares de hoy. Este reconocimiento significa abrazar la esperanza, aceptar y saborear la fraternidad que nos brindan.

Nuestra relación con la Compañía de Jesús marca nuestros mismos inicios. Somos un equipo de derechos humanos nacido hace casi veinte años, en medio del dolor y la esperanza que marcó el tiempo de las guerras centroamericanas. Desde la cintura de América llegaban los sobrevivientes de las batallas, las de plomo y las teológicas. Guatemala, El Salvador y Nicaragua nos abrieron a la esperanza de la Iglesia de los pobres, aquí nos reunieron Manuel Ramos, Paco, el Caporal, Chuche, Patacho, el Pollo, Fleis, el Ronco…

Una noche, alrededor de una vela, en el refugio de Edzná, cuando la oscuridad disimulaba las lágrimas en medio de historias intolerables, torpemente dije que me sentía entre valientes. Lucas me calló diciéndome: “A los valientes ya los mataron o se quedaron a defender lo que es de todos… Nosotros somos solamente testigos de esta historia, para que no se repita”.

Hoy seguimos batallando en otras guerras, también en las guerras del desaliento y el silencio. Con el corazón dolorido encendemos nuestras lámparas, junto con muchos que hemos tenido enfrentamientos con las jerarquías, para proclamar que, como iglesia, somos también responsables del dolor en el mundo. Y que nos espera un largo camino de conversión, si queremos seguir siendo testigos creíbles de la novedad del Reino. En su tiempo, Tata Vasco, el oidor y defensor de los pueblos originarios, fue excluido; Ignacio fue enjuiciado; ambos permanecieron insobornables frente al dolor y la esperanza. Ellos siguen siendo para nosotros faros en esta travesía que intenta fidelidad al evangelio.

Este reconocimiento nos conmueve… y también nos avergüenza: la lucha a favor de los derechos humanos es un tácito reconocimiento de que hemos fracasado en la hermandad, de que todavía no hemos logrado la igualdad, que todavía la justicia y la paz no se han abrazado. Todavía…

La gloria de Dios, decía Monseñor Romero, es que el pobre viva. Que sus derechos sean plenamente respetados, añadiría hoy. Este reconocimiento nos anima a hacer desde aquí una proclama: habrá un día, levanten la vista y miren que llega pronto, en que ya no habrá más pueblos desplazados ni obispos persiguiendo homosexuales ni mujeres maltratadas en las iglesias ni en los hogares; un día en que los mayas y todos los pueblos estarán sentados en la mesa común y tendrán la tierra, la autonomía, la palabra, la escuela… la vida.

Gracias, compañeras y compañeros.

Gracias, compañeros de Jesús, por abrazar hoy y sostener nuestra Indignación que en la península es mujer, maya y es multicolor y se llama también Oasis de San Juan de Dios y su lucha por los derechos de las personas con VIH, se llama Ebulá y la victoria sobre el desplazamiento forzoso y criminal, se llama MAR y la batalla contra la violencia y la trata de mujeres y se llama don Ricardo Ucán y su indomable lucha por la libertad y los derechos indígenas. Todos estos rostros de una Indignación que hoy, por la bondad y generosidad de ustedes, es nombrada en este ITESO junto con el entrañable nombre del Tata Vasco.

Equipo Indignación. Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2010

(* El reconocimiento “Tata Vasco” (defensor de los indios purépechas de Michoacán), fue instituido en 1994 con el fin de distinguir y estimular el trabajo de aquellas organizaciones no gubernamentales que sobresalen por su compromiso en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo de los sectores más pobres y desprotegidos de México.

Este año el reconocimiento se entrega a Indignación; promoción y defensa de los derechos humanos. Un colectivo de ciudadanos mestizos e indígenas, en el estado de  Yucatán, que atienden problemas y asuntos relacionados con la discriminación, la diversidad sexual y los derechos de la mujer en comunidades indígenas. Indignación recibirá cien mil pesos y una estatuilla de Tata Vasco.

De manera especial, este año, los rectores del SUJ, harán un reconocimiento público al Frente Cívico Sinaloense. Esta organización se ha caracterizado por señalar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los “operativos” en contra de la delincuencia organizada.

Información tomada del comunicado emitido por el ITESO).

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Alarmadas por una decisión del Tribunal Superior (TSJ) de Yucatán que obstaculiza el acceso a la justicia y pone en riesgo la vida de mujeres en un caso de grave violencia física, sicológica y sexual, Indignación acompañó nueva denuncia de hechos y exige que se realicen pruebas que anteriormente se negaron.

(Para adherirte a la petición de Justicia plena haz clic aquí: http://www.indignacion.org.mx/mar)

El caso se refiere a dos mujeres, madre e hija, que durante años fueron agredidas y explotadas sexualmente por el padrastro de MAR, la hija. Indignación acompañó la presentación de la denuncia, en febrero de 2010, después de que un abogado del IEGY consideró que los delitos ya habían prescrito.

El TSJ retiró el delito de violación al inculpado en la causa penal 41/2010, quien durante años abusó de su hijastra, la embarazó cuando tenía once años de edad (hace quince años) y continuó agrediéndola y explotándola sexualmente hasta hace algunos meses. El Tribunal mantuvo únicamente el delito de lenocinio.

Aun cuando, a solicitud de la fiscalía ante un exhorto del Tribunal Superior, al inculpado se le negó el beneficio de llevar el juicio fuera de la cárcel, lenocinio es un delito que no es considerado grave.

Por tal motivo, y por el derecho de MAR a la justicia, que implica recibirla por el delito que se cometió contra ella, Indignación ha acompañado a MAR a presentar nueva denuncia de hechos por el delito de violación pero ahora “equiparada”, cometida contra ella cuando era menor de doce años de edad y que, a pesar de los años transcurridos, aún no ha prescrito.

La decisión del TSJ impide que el inculpado sea juzgado por violación. Con escándalo hemos sabido los argumentos: expresan que no se comprobó la violencia en la relación sexual impuesta contra MAR, quien desde que tenía nueve años hasta hace apenas unos meses fue agredida y explotada sexualmente.

El argumentar así en un caso tan grave y extremo exhibe un sesgo de género que pudiera conformar un patrón que impide a las mujeres el acceso a la justicia, lo que implica un grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por México en esta materia.

Efectivamente, la Convención de Belem do Pará sobre violencia contra las mujeres establece las obligaciones de los Estados, entre los cuales destaca la obligación de

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer, objeto de violencia, tenga acceso a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces

Por otra parte han incumplido el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

La inacción del IEGY, además, representa una profunda preocupación para el equipo Indignación, pues omisiones tan graves estarían afectando diversos casos contribuyendo a perpetuar la violencia de género y la impunidad que lamentablemente priva en esos casos.

Indignación ha exhortado al Procurador de Justicia de Yucatán, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y a la Gobernadora de Yucatán a garantizar a MAR, su madre y su familia el pleno acceso a la justicia de acuerdo con los más altos estándares de protección en materia de violencia de género.

Lo anterior incluye la integración adecuada, expedita y profesional de la averiguación previa, realizar todas las pruebas técnicas y científicas y seguir los protocolos establecidos desde el derecho internacional de los derechos humanos, una sanción acorde a la gravedad de los hechos, medidas de protección para las víctimas a lo largo de todo el proceso, y una adecuada reparación del daño.

Asimismo, se les exhortó a garantizar que Yucatán cuente con leyes acordes a los más altos estándares en materia de violencia de género y en materia de trata de personas, particularmente mujeres e infancia.

Quien desee sumarse a estas exigencias puede hacerlo en http://indignacion.org.mx/mar

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Yucatan_RelatoraJuecesONU_2010

Comunicado de Oasis de San Juan de Dios y Equipo Indignación A.C.
La dificultad que encuentran mujeres, mayas, jóvenes y homosexuales para acceder a la justicia, la criminalización de la protesta, así cómo la ineficiente actuación del Ombudsman local fueron expuestas a la relatora para la independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Sra. Gabriela Knaul.
En el marco de una reunión con organizaciones de la sociedad civil celebrada hoy, lunes 11 de octubre, por la tarde, Indignación y Oasis de San Juan de Dios entregaron a la relatora un informe conjunto sobre la situación de los derechos humanos en Yucatán que contiene casos que ponen en entredicho la procuración y administración de justicia en Yucatán y exhiben la impunidad persistente.
El mandato de la Relatoría sobre la independencia de jueces y abogados cubre todos los temas relativos a la independencia de jueces, abogados, defensores públicos, ministerios públicos y el acceso a la justicia.
El informe incluye la preocupación por las condiciones de las cárceles y diversos centros de detención y exhibe el caso de Roberth Tzab, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en los separos de la Procuraduría del estado con sede en Tekax dos días después de su detención y que compromete seriamente a los agentes que participaron en su detención, a los responsables de su custodia y al mismo procurador, que no ha señalado a ningún responsable.
En dicho documento y en la propia reunión, se puso en evidencia la dificultad de las mujeres para acceder a la justicia y los incumplimientos del Instituto para la Equidad de Género del estado de Yucatán (IEGY)
También se denunció  la discriminación que enfrenta el pueblo maya cuando se enfrenta a los órganos de justicia estatales, como ocurrió con don Ricardo Ucán Seca, quien está ya libre después de que la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos conoció su caso, aunque responsables de violaciones cometidas contra él no fueron sancionados.
El informe aborda, entre otros casos, la situación de las comisarías, poblaciones mayas cuyas autoridades más próximas son desdeñadas en la misma ley al considerárseles “auxiliares del Ayuntamiento” y carecer de facultades.
Las recientes elecciones realizadas en las comisarías exhiben esa y otras realidades de estos pueblos mayas que implican discriminación y ausencia de reconocimiento de sus derechos, como la nula participación de los pueblos en la organización del proceso electoral y el que sea el propio alcalde, un poder ejecutivo, quien las organice.
En el capítulo referente a mujeres y justicia, el informe relata el caso de MAR, mujer que desde su infancia fue agredida sexual y físicamente por su padrastro, con quien procreó una hija a los once años y que, al igual que su mamá, fue explotada sexualmente por el mismo padrastro desde que tuvo dieciséis años. Hace diez años la mamá de MAR intentó denunciar, sin éxito. Hace algunos meses Indignación acompañó la denuncia después de que un abogado del IEGY consideró que todos los delitos habían prescrito.
La relatora fue informada de que el Tribunal Superior de Justicia recientemente absolvió al padrastro del delito de violación. Aunque sigue el proceso por lenocinio, éste no es considerado grave. Como medida cautelar, la fiscalía ha solicitado que no se le fije fianza.
En el capítulo sobre la impunidad que prevalece en Yucatán, Indignación y Oasis expusieron el caso de los jóvenes detenidos ilegalmente mediante una razzia en el marco de las protestas contra George Bush, en 2007.
Ese caso exhibe la impunidad que premia a violadores de derechos humanos al mantenerlos en el cargo, como es el caso del director de la policía municipal de Mérida, ratificado por el anterior y el actual Ayuntamiento a pesar de haber sido señalado como responsable del operativo y de la actuación de la policía que agredió a los jóvenes.
También se expuso a la relatora la actuación de la juez que increpó a los jóvenes por su participación en las protestas y que exhibió prejuicios que marcaron su proceder en contra de las y los detenidos.
De igual manera se presentó el caso del despojo de tierras al Oasis de San Juan de Dios,  organización que alberga y protege los derechos de personas seropositivas.
El informe da cuenta de las reformas regresivas realizadas a la constitución por la anterior legislatura, que implican discriminación contra personas homosexuales y contra mujeres.
Asimismo, expusieron a la relatora que el Ombudsman omite ejercer facultades, viola reiteradamente su reglamente e incurre en acciones y omisiones que desprotegen a agraviados y protegen a las autoridades.
También se le informó que se presentó una demanda de juicio político contra el Ombudsman hace más de un año y el Congreso ni siquiera ha determinado su admisibilidad.
Como muestra del constante despojo de tierras y territorios que se comete contra el pueblo maya, el informe presentado por Oasis e Indignación expone el caso de Ebulá, en Campeche, que implicó el desalojo de más de setenta familias cometido por un particular protegido por la policía, la destrucción de sus viviendas y de sus propiedades.
La población, que quedó en situación de desplazamiento forzoso por violencia, no recibió la atención humanitaria a la que tiene derecho. El gobierno de Campeche incumplió las obligaciones que tiene ante una situación de desplazamiento y mantiene impune el caso ya que el Ministerio Público no ha integrado la averiguación previa, a pesar de que los agraviados han acudido a declarar.
Indignación y Oasis expresaron que la impunidad es una constante en los diversos casos que han acompañado.

El informe completo entregado a la relatora puede descargarse haciendo click en el siguiente vínculo:

Yucatan_RelatoraJuecesONU_2010

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Un caso de violencia extrema contra mujeres exhibe incapacidad, impericia, insensibilidad y negligencia de diversas instancias y autoridades de Yucatán.

MAR, de actualmente de 26 años de edad, comenzó a ser abusada sexualmente por su padrastro a la edad de 8 años. A la edad de 9 años fue violada sexualmente por primera vez y a los 11 quedó embarazada de él. Su madre GRS era obligada a prostituirse en diversas casas de citas de los municipios de Peto, Tinum y Tekax, entre otros, en el estado de Yucatán. A la edad de 15 años MAR corrió la misma suerte y fue obligada por su padrastro a ejercer el comercio sexual. Según su testimonio, en muchas ocasiones el padrastro la llevaba a la zona militar, donde sostenía relaciones sexuales hasta con 15 militares en una noche. Además de la violencia sexual el padrastro las golpeaba sistemáticamente y las amenazaba con matarlas. A GRS incluso le abrió en una ocasión la cabeza con la cacha de su pistola, y en otra le cortó el brazo con un plato roto.

En noviembre de 2009, la mamá de MAR, animada por su compañero, acudió a Indignación. La mamá había logrado ya escaparse y abandonar al agresor, sin embargo por la gravedad, la complejidad y las implicaciones del caso, Indignación les recomendó ir al IEGY, previa llamada a la directora de esa Institución, Maestra Georgina Rosado. Ahí un abogado de la institución les dijo que “no podían hacer nada” que en su caso “había pasado todo hacía ya demasiado tiempo”, que los delitos ya había prescrito. La mamá de MAR venía ya con una mala experiencia pues diez años atrás intentó denunciar pero el agresor logró que la denuncia no procediera.

Después de años de ser víctima de violación sistemática y obligada a ejercer el comercio sexual, MAR decidió, en diciembre de 2009, escapar en compañía de su hija, de actualmente 15 años de edad. Se trasladaron a la ciudad de Mérida y tomaron la determinación, después de superar el miedo, de denunciar al padrastro.

Ante esto, y con acompañamiento de Indignación, el día 27 de febrero de 2010, se presentó la denuncia penal ante la Agencia especializada en delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Yucatán, por los delitos de  corrupción de menores e incapaces, Lenocinio y Trata de Personas, Delitos contra el estado civil, violencia intrafamiliar, amenazas, privación ilegal de la libertad y otras garantías, violación y el o los que resulten. En la denuncia presentada por escrito se solicitó que se realizara la prueba de ADN al padrastro, a MAR y a su hija, para acreditar que efectivamente la niña era resultado de la violación y que ésta había nacido cuando MARS tenía 11 años. Con ello se acreditaba la comisión del delito. Ante esta petición, la Agencia especializada respondió que “la Procuraduría no contaba con el equipo necesario para ello” que sólo podía hacerse en un laboratorio particular, pero que era muy cara. También se negó a emitir las medidas cautelares solicitadas con base en la “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de Violencia del estado de Yucatán”, aduciendo que “todavía no entraba en vigor”. Dicha Ley está vigente en la entidad desde el año de 2008.

A pesar de ello, el padrastro fue detenido cuando intentaba agredir a la familia que daba cobijo a MAR y a su hija, siendo consignado, después de varios trámites, ante el Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del estado de Yucatán, con sede en Tekax, Yucatán, abriéndose la causa penal 041/2010. El padrastro sólo fue consignado por Lenocinio y Violación.

El 24 de agosto, poco antes de efectuarse las diligencias en las que MAR y GRS se carearían con el indiciado, tanto el Fiscal adscrito al Juzgado en materia Penal del Segundo Departamento Judicial del estado, con sede en Tekax, Yucatán, como la Jueza titular del mismo, le informaron a MAR que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, le había retirado al padrastro, al resolver la apelación contra el auto de formal prisión, los cargos por violación. Incluso, ambos le indicaron que durante los careos “no se refirieran a ningún hecho relativo a la violación” y sólo se centraran en los hechos de lenocinio. Al estar siendo procesado sólo por el delito de lenocinio el padrastro puede obtener su libertad provisional bajo caución, pues en Yucatán, el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, la usura o el robo de ganado son delitos graves, obligar a una mujer a prostituirse no.

Durante los careos, a los que se impidió el acceso a las integrantes del Equipo Indignación que acompañaban a MAR  y a GRS, a pesar de la solicitud de las víctimas, de que las audiencias son públicas y que ninguna de ellas sabe leer ni escribir, MAR y GRS fueron amenazadas por el procesado, ante la pasividad de los funcionarios del Juzgado que se negaron a asentar los hechos en el acta de la diligencia. El día 25 de agosto, durante el careo efectuado entre una de las testigos y el procesado, diligencia a la que nuevamente se  impidió acceder a integrantes de Indignación, el padrastro advirtió a la testigo que “cuando saliera de la cárcel se iba a encargar de ellas, una por una, empezando por MAR”. Nuevamente los funcionarios judiciales omitieron asentar dichas amenazas en la diligencia, ni mucho menos dieron vista al Ministerio Público correspondiente para que iniciara la respectiva averiguación previa. En ambas diligencias, integrantes de Indignación solicitaron a la Juez Fabiola Rodríguez Zurita que les permitiera la entrada a las audiencias e hiciera efectivos los derechos de la víctima, pero ésta de manera prepotente y olvidando que es servidora pública, se negó, aduciendo, entre otras cosas, que el juzgado no era un lugar “para los chismes”.

Ante esta situación, este Equipo de Derechos Humanos responsabiliza de manera directa, tanto al Ejecutivo del estado por la negligente actuación de IEGY y de la Procuraduría General de Justicia, como al Poder Judicial, concretamente a la Juez de la Causa, y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado que absolvió al procesado del delito de violación, de cualquier situación o hecho que ponga en riesgo la integridad física, sexual o psicológica, tanto de las víctimas, como de aquellas otras mujeres que han rendido su testimonio durante todo el procedimiento penal. La liberación de un agresor sexual y lenón pone en serio riesgo la integridad física y psicológica, e incluso la vida, de GRS, de MAR, de su hija y de las testigos.

Yucatán, a pesar de estar en los primeros lugares de violencia contra la mujer, carece de instituciones para hacer eficaz el derecho que tiene la mujer a vivir libre de violencia. El presente caso exhibe que los funcionarios, ministerios públicos y jueces carecen, no sólo de capacidades y sensibilidad ante los casos de violencia contra la mujer, sino también de la necesaria perspectiva de género para lograr la prevención, la investigación, la sanción y una adecuada reparación en casos de violencia contra la mujer, situación que hace responsables internacionalmente a las autoridades del estado de Yucatán.

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Año y medio después de interponer una demanda de juicio político contra el Ombudsman de Yucatán, y ante la inacción del Congreso, el equipo de derechos humanos Indignación solicitó el amparo y protección de la justicia federal.

El 5 de febrero de 2009 doce organizaciones presentamos ante el Congreso del Estado de Yucatán la solicitud formal de juicio político en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY). Hasta hoy el Congreso ha omitido dictaminar si procede o no el recurso.

En la demanda, las organizaciones solicitantes documentamos las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la CODHEY, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos.

Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.

En la demanda las organizaciones documentamos la insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad, todas ellas conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.

Las acciones y omisiones documentadas en la demanda del juicio político no impidieron que el Congreso de Estado ratificara al presidente de la CODHEY para un período más. El equipo Indignación ha seguido documentando reiteradas omisiones de la CODHEY en la defensa de los derechos humanos.

En fechas recientes Indignación tuvo conocimiento de una persona que tuvo que ser hospitalizada en Mérida durante varios días después de ser detenida por elementos de la policía estatal. Los familiares acudieron a las oficinas de Mérida de la CODHEY y, tres días después, ni el médico ni alguna persona de ese organismo se había presentado al hospital.

Desde el año 2007 Indignación ha venido señalando la necesidad de que la institución pública de derechos humanos realizara un informe con recomendaciones generales ante el número creciente de casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado. Este reclamo ha sido desatendido.

El Ombudsman también omitió, en su momento, presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones de ley que aprobó el Congreso en julio de 2009 y que tenían como fin “evitar que otras formas de relaciones humanas o de convivencia quieran equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas…”, elevando así a rango constitucional la exclusión y el rechazo, a pesar de que dicho recurso le fue solicitado por diversas personas y organizaciones.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, señala claramente en su artículo 12 la obligación que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales tiene de dictaminar la procedencia de la demanda del Juicio Político solicitado. Para ello debe solamente corroborar que la conducta atribuida en la demanda esté contemplada en la ley, y el funcionario demandado esté contemplado entre los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político. Un año y medio después de presentada la demanda de juicio político contra el Ombudsman, dicha Comisión no ha cumplido con lo que la ley le ordena. Siendo que la función intermediaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales solamente verifica el cumplimiento de los requisitos de forma, sin meterse a juzgar sobre el fondo de la demanda, la inexplicable dilación lo único que hace es negar a los demandantes el acceso a la justicia y constituye un obstáculo a la participación ciudadana que la ley quiere promover.

El Congreso insiste, contumaz, en incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil y desdeñar la documentación de las irregularidades en las que incurre cotidianamente el ombudsman. La anterior legislatura concluyó sin cumplir la obligación de dictaminar el juicio político. La actual tendrá que responder ante la justicia federal.

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