El caso llegó a la CIDH porque a don Ricardo, indígena maya sentenciado a 22 años de prisión por privar de la vida a una persona en defensa de su vida y la de su familia, se le violó el derecho a una defensa adecuada, a contar con intérprete traductor y se cometió contra él discriminación.

Don Ricardo Ucán Seca, detenido desde junio del año dos mil, ha atraído la atención y recibido la solidaridad de organizaciones y personas de México y del mundo. Su caso fue incluido en el informe de Amnistía Internacional sobre el sistema penal mexicano (2007).

En los nueve años que estuvo preso, don Ricardo ha recibido la simpatía de artistas locales y nacionales que han participado en campañas para promover su libertad. Las embajadas mexicanas de lugares como Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos han recibido numerosas cartas de activistas de esos países que piden su libertad.

En febrero de 2007 el entonces Relator para Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen, se dirigió a los representantes de los tres poderes del estado solicitando incluir en la legislación yucateca la figura del indulto y concedérselo a don Ricardo Ucán. Dicho exhorto fue ignorado, junto con la petición del Relator de hacer una ley contra la discriminación.

Ese mismo año más de ochocientas firmas reunidas en un solo mes en Yucatán se presentaron ante el Congreso del estado solicitando el indulto para don Ricardo Ucán Seca. En 2008 la CIDH admitió el caso.

Para el equipo Indignación, organización que es copeticionaria ante la CIDH junto con la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el caso de don Ricardo Ucán Seca ha sido emblemático pues exhibe la discriminación que persiste contra el pueblo maya de Yucatán, particularmente en el ámbito de la justicia.

En la audiencia ante la CIDH, realizada el pasado 5 de noviembre, el Estado mexicano se comprometió a encontrar la vía para una solución amistosa al caso. Dicha solución se concreta mediante un acuerdo que implica la libertad inmediata de don Ricardo Ucán por vía administrativa, de acuerdo con facultades del Ejecutivo.

Quienes integramos el equipo Indignación nos alegramos junto con don Ricardo, con doña Donaciana, su esposa, y con toda su familia. En esta liberación reconocemos, valoramos y agradecemos todo el esfuerzo de la sociedad civil local, nacional e internacional.

La libertad de don Ricardo tiene un enorme significado y representa un importante triunfo en el trabajo de lograr que se respeten plenamente los derechos del pueblo maya de la península de Yucatán.

Don Ricardo Ucán puso en evidencia un sistema de justicia que discrimina a los integrantes de los pueblos originarios; les niega un juicio justo, una defensa adecuada y una procuración y administración de justicia en su propia lengua y en respeto de sus sistemas normativos propios.

Confiamos en que el caso de don Ricardo Ucán contribuya a modificar estas condiciones y favorezca el reconocimiento y el pleno respeto a los derechos del pueblo maya de Yucatán.

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Uso discrecional de los recursos públicos, sabotaje a los organismos ciudadanos, graves incumplimientos de un ombudsman protegido por el Congreso, persistencia de la impunidad, tolerancia del poder judicial hacia los tratos crueles cometidos contra la infancia, mínima reparación del daño, ruptura del Estado laico, homofobia legislativa, ausencia de medidas que hagan plenamente efectivos el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, despojos a pueblos enteros e invisibilización de la etnia maya son algunos de los hechos que contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Sureste de México.

En Yucatán la frivolidad esconde el desgobierno; un “set” como sede del ejecutivo, una telenovela como política pública y el teletón como programa social son las pantallas regionales para ocultar que los tres poderes, aquí nuevamente sometidos a uno solo, se han rendido ante el dinero.

El dinero gobierna. El dinero legisla. El dinero decide de quién son las tierras y quién es culpable en un juicio. El dinero determina a quién se le respetan los derechos y a quién no: quién puede concluir la escuela, quién tiene acceso a los servicios de salud, quién tiene derecho a la alimentación y quién tiene derecho a vivir… y cada vez son menos en el país de América Latina donde más ha crecido la pobreza y la desigualdad (CEPAL. Noviembre de 2009).

El Estado que se desdibuja en todo México en Yucatán muestra la perversión de doble rostro que abajo quiere comprar votos con zapatos y cobertores mientras en San Lázaro paga lealtades con camionetas.

El gobierno se empeña en incumplir sus obligaciones, aquí oculta información, miente en Washington sobre don Ricardo Ucán y se sabotea a sí mismo destruyendo a sus instituciones, pervirtiendo a los organismos autónomos y “ciudadanizados”.

2009 ha exhibido a los tres poderes de Yucatán y a los poderes fácticos:

Inició 2009 con una demanda de juicio político contra el ombudsman local, que incumple su función protegiendo a las autoridades, y concluye este año sin que el Congreso haya admitido o rechazado la demanda, aunque estaba obligado a hacerlo “a la brevedad”.

Inició 2009 con una intensa campaña para perpetuar la discriminación por orientación sexual que terminó elevando la homofobia a rango constitucional, atentando contra los principios del Estado laico y enarbolando una defensa de la vida que se traduce en muerte para las mujeres que intenten interrumpir su embarazo pues nadie les garantiza hacerlo en condiciones adecuadas de salud.

Avanzó 2009 sin resolver y sin siquiera consignar a los responsables de violencia contra doña Rafa, doña Tere y tantas mujeres más, a pesar de que cumplió un año de vigencia la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia en Yucatán. El informe de Indignación en la materia exhibe qué lejos estamos las mujeres de la justicia y cómo se ignora la ley aprobada.

En abril de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tardíamente resolvió el caso de los abusos y tratos crueles en la antigua Escuela Social de Menores Infractores y determinó una mínima reparación del daño a las y los agraviados, casi nueve años después de los hechos.

Llegamos al 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin ley contra la discriminación en Yucatán.

Concluye otro año con la persistencia de la exclusión de derechos para personas que viven con VIH/Sida a quienes se les niega la posibilidad de acceder al matrimonio y construir una familia.

Termina 2009 con la criminalización de la protesta en Candelaria que mantiene en la cárcel a quienes luchan por justas tarifas de luz; termina 2009 premiando con un puesto en el gobierno de Campeche a uno de los responsables del ataque y desalojo que desplazó a un pueblo en San Antonio Ebulá, Campeche.

Concluimos 2009 observando al Estado mexicano, por voz de los representantes del gobierno de Yucatán, mentir en Washington ante la CIDH, insistir en su incapacidad de reconocer los derechos del pueblo maya y de resarcir agravios a don Ricardo Ucán.

En México, atentados y asesinatos contra defensores de derechos humanos; la impunidad de Acteal, decretada por la Suprema Corte; el aumento de la pobreza y la desigualdad; despojo de tierras y desalojos que se repiten por todo el país impunemente parecen mostrar el límite de un Estado que se niega a serlo, que sabotea la democracia al negarse a respetar derechos humanos.

Desalojados de los medios que se suman a la apuesta por la frivolidad, los derechos humanos son todavía privilegio para unos cuantos en este país… y son también utopía para quienes, desde abajo, desde la defensa de la tierra, desde los márgenes se empeñan en hacerlos una realidad para todas y todos.

Pero 2009 es, también, un año tremendamente significativo para la historia de los derechos humanos en la península de Yucatán:

A 61 años de la Declaración Universal Doña Rafa y Doña Tere son mujeres que mantienen sus denuncias y la batalla contra la impunidad, a pesar de todos los obstáculos que mantiene el Ministerio Público de un gobierno que se niega a asegurar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Dos parejas que con una demanda de amparo continúan la batalla contra la discriminación para que el beso ya no sea forzosamente clandestino.

Tazmania, esa tierna furia, nos mostró el rostro de la indignación que, armada de paciente y amorosa rabia, mantuvo hasta el final el juicio por los tratos crueles e inhumanos en la antigua Escuela Social para Menores Infractores. Una sola que resistió amenazas y los defendió a todos.

El albergue Oasis de San Juan de Dios, con todo en contra, moderno quijote, se enfrenta a los molinos de viento de la discriminación y ahora exhibe a un gobierno que encubre a un funcionario acusado de despojo.

Los presos de Candelaria, Campeche, encarcelados por levantar un movimiento contra un pago injusto que es otra forma de despojo.

El pueblo de San Antonio Ebulá representa, para todos los pueblos de la península de Yucatán, un gran aprendizaje para la cada vez más necesaria defensa de la tierra y del territorio frente al dinero, la especulación o los megaproyectos.

Las más de veinte organizaciones de todo el país que acompañaron al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza, justicia y paz anuncian que desde abajo y desde las autonomías, avanza la construcción de un mundo en el que los derechos humanos sean ciertos para todas las personas.

2009 exhibe a un Estado que fracasó en derechos humanos y, al mismo tiempo, muestra el mundo que nace desde abajo, desde la periferia, desde los márgenes, desde los límites. Por ese mundo apostamos.

Cada batalla que este 2009 nos permitió acompañar honra nuestra Indignación y hace crecer nuestra esperanza.

Por eso este 10 de diciembre de 2009 San Antonio Ebulá, doña Trini y doña Rosa, don Ricardo Ucán, el Oasis de San Juan de Dios, los dos amores amparados contra la homofobia son sólo algunos de los nombres que nombran el sentido de nuestra Indignación y la llenan de Esperanza. En ellos queremos reconocer a todos y a todas las que construyen un mundo en el que los derechos humanos sean para todas y todos.

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El caso de don Ricardo Ucán Seca, indígena maya preso en Tekax por un juicio injusto, exhibió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la discriminación que persiste contra el pueblo maya de Yucatán en los tres niveles de gobierno en la audiencia convocada por ese organismo internacional y realizada el día de hoy, 5 de noviembre, en Washington.

Ante las evidentes violaciones a los derechos de don Ricardo Ucán Seca, expuestas por integrantes del equipo Indignación –que es copeticionario del caso ante la CIDH–, el director de derechos humanos de la cancillería mexicana ofreció buscar una solución amistosa favorable a don Ricardo Ucán Seca, aunque sin especificar en qué consistiría dicha solución.

En la audiencia contrastaron las posiciones al interior de la representación del estado mexicano, pues los consejeros jurídicos del gobierno de Yucatán insistieron en defender a la abogada de oficio y reiterar que don Ricardo Ucán habla español.

Integrantes del equipo Indignación expusieron ante los comisionados de la CIDH las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos en agravio de don Ricardo Ucán Seca.

La falta de intérprete traductor, la ausencia de una defensa adecuada y la discriminación de que fue objeto –que constituyen violaciones al debido proceso– le impidieron a don Ricardo Ucán demostrar que actuó en legítima defensa al privar de la vida a Bernardino Chan, en junio de dos mil, por lo que fue sentenciado a 22 años de prisión.

Jorge Fernández incluso exhibió la discriminación en la que incurrió en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, que llegó a sostener que don Ricardo no es indígena maya debido a que en su localidad hay luz, escuela y diversos servicios.

El Presidente de dicho Tribunal, Lic. Ángel Prieto, se encontraba presente en la audiencia celebrada hoy en Washington.

Raúl Lugo, por su parte, expresó que el caso de don Ricardo Ucán exhibe la relación que mantiene el estado mexicano con los pueblos indígenas y es muestra de la discriminación que prevalece particularmente en el ámbito de la administración de justicia.

La delegación del estado mexicano estuvo integrada por el Lic. Sergio Cuevas y por el doctor Jorge Carmona, consejero jurídico y asesor de la consejería jurídica del gobierno del estado de Yucatán, respectivamente, quienes básicamente argumentaron que don Ricardo habla español e incurrieron en diversas contradicciones.

Incluso presentaron como prueba un video en el que tanto la abogada de oficio como el juez que conoció la causa de don Ricardo Ucán en primera instancia sostienen, en maya, que don Ricardo habla español.

Los representantes del estado mexicano, ambos del gobierno de Yucatán, insistieron en defender a la abogada de oficio, Blanca Segovia, y exculparla de responsabilidad. Con sus intervenciones  exhibieron que, efectivamente, en el juicio no se consideró en ningún momento la condición étnica de don Ricardo Ucán.

Los comisionados de la CIDH cuestionaron a los representantes del estado mexicano, quienes insistían en que don Ricardo no solicitó intérprete ni se “autoadscribió” como indígena maya. Los comisionados insistieron en que la pregunta es si le ofrecieron a don Ricardo intérprete y admitieron que no tienen forma de probar que se le haya ofrecido un traductor.

Los integrantes del equipo Indignación demostraron que don Ricardo tampoco tuvo acceso a una defensa efectiva, ya que la abogada no presentó pruebas ni alegatos para demostrar que don Ricardo actuó en legítima defensa.

También expresaron que, curiosamente, la defensora de oficio que hoy sostiene que don Ricardo habla español, en un deficiente amparo, argumentó, precisamente, la ausencia de traductor para don Ricardo. “Alguien miente aquí” expresó con claridad Jorge Fernández Mendiburu.

Alejandro Negrín, Director de Derechos Humanos de la Cancillería de México, tomó la palabra al final para ofrecer una solución amistosa en el caso de don Ricardo, aunque sin especificar en qué consistiría la propuesta.

También expresó que la cancillería ha estado trabajando de cerca con el gobierno de Yucatán para lograr que éste avance en el respeto a los derechos del pueblo maya.

El video de la audiencia está disponible en http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp

y también en el sitio: www.cidh.org

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Las y los pobladores de San Antonio Ebulá recuperaron las primeras treinta y un hectáreas de su territorio, después de 42 días del violento desalojo cometido ilegalmente por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien contó con la protección de la Policía Estatal de Campeche.
La comisión encargada del diálogo con las autoridades firmó un convenio con el Gobierno de Campeche a través del cual éste les garantiza la inmediata posesión de 31 hectáreas ubicadas en el mismo polígono en el que estaban establecidos y la propiedad legal sobre esa superficie.
De acuerdo con las y los pobladores, con este acto recuperan de inmediato las primeras 31 hectáreas y confían en recuperar todo su territorio, puesto que unos días antes fueron informados de que el Juez primero de distrito de Campeche les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y ordenó la reposición del procedimiento de dotación de tierras a favor de los pobladores.
En una reunión informativa realizada jueves 24 de septiembre por la tarde, las y los pobladores celebraron el haber logrado ese acuerdo con la fuerza del pueblo, con la solidaridad de otras organizaciones y de manera pacífica, a pesar de todas las provocaciones que sufrieron. Anunciaron que éste es un primer logro, puesto que continuarán su batalla por la justicia, la reparación de daños y la recuperación total de sus tierras.
El equipo Indignación reconoce y se alegra por el logro de las y los pobladores, que en condiciones tan críticas se ha mantenido en la exigencia de sus derechos.
Asimismo tomamos nota y expresamos nuestra preocupación acerca del hecho de que en el convenio firmado, el Gobierno de Campeche no garantiza la reparación de los daños, a pesar de que la Policía Estatal Preventiva protegió a quienes agredieron y desalojaron a los pobladores el 13 de agosto y a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños.
El convenio establece que los pobladores se encuentran en situación de desplazados debido a un desalojo cometido por un particular y el gobierno se compromete a dotar al poblado de todos los servicios necesarios para una vida digna; sin embargo, las acciones de gobierno quedan sujetas a una mesa de trabajo con las y los pobladores que irá determinando dichas acciones.
Otra gran preocupación para el equipo Indignación la constituye el riesgo de que delitos tan graves como el ataque a una población, y de consecuencias tan devastadoras como la destrucción de todo el pueblo que ha mantenido a los pobladores en situación de desplazados, queden impunes.
A la vez que reconocemos y celebramos un logro para los pobladores obtenido en condiciones tan adversas, incluyendo la escandalosa ausencia de la comisión pública de derechos humanos de Campeche, y enfrentando a gobiernos que se resisten a cumplir cabalmente sus obligaciones, reiteramos las recomendaciones contenidas en el Informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá.
Sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones el equipo Indignación se mantendrá atento e informando a las organizaciones locales, nacionales e internacionales que se encuentran siguiendo este caso.
La Misión Civil de Paz determinó acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.

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