Ante la deficiente defensa de los derechos humanos, ante sus recomendaciones omisas, ante las irregularidades de su gestión y ante la renuncia de tres consejeros de la Comisión de Derechos Humanos el equipo Indignación considera que el Ombudsman debe renunciar a su cargo.
–Sería un acto de grandeza del presidente de la Codhey admitir que sus temores e incapacidades lo imposibilitan para el cargo. La permanencia de un individuo incapaz inhabilita espacios que son fruto de luchas ciudadanas.
En octubre de 2007 el equipo Indignación hizo público un análisis de gestión del ombudsman en el que señalaban graves irregularidades:
Dilación en la tramitación de quejas, deficiencias en las investigaciones, ambigüedad en las recomendaciones emitidas, ausencia de criterios universales de derechos humanos, omisiones en el ejercicio de sus facultades y complacencia ante las autoridades son algunas de las reiteradas prácticas en las que incurre la Codhey, documentadas por Indignación.
En el análisis sobre la recomendación 19/2007, derivada de la razzia contra jóvenes en el contexto de la Visita de Bush a Yucatán, el equipo Indignación concluía: Para que una institución pública de derechos humanos tenga credibilidad ante la sociedad y eficacia en su labor de defender los derechos humanos de la población, debe evidenciar y denunciar, sin ningún tipo de cortapisa, interés político o temor a la autoridad, estas conductas que dañan la convivencia social, minimizan al ciudadano e impiden el avance democrático del estado.
Vemos con preocupación que, a pesar de señalar insistentemente las deficiencias y omisiones que la Codhey ha tenido en su trabajo, la institución pública de derechos humanos continúa apartándose de los más altos estándares de protección a los derechos humanos y de los Principios de París que establecen los lineamientos de actuación de los organismos públicos de derechos humanos, tal como lo demuestra la recomendación 19/2007 relativa a los hechos ocurridos el día 13 de marzo.
Con la recomendación señalada, la Codhey incluso violó derechos humanos de adolescentes al publicar los nombres de las y los agraviados, así como otros datos personales, en su página de Internet, violación que cesó con la intervención del Instituto estatal de acceso a la información.
En agosto de este año Indignación se reunió con legisladores para expresar su preocupación por la actuación del ombudsman, marcada por la impericia y el temor.
Todos esos documentos y otros más hizo llegar este equipo de derechos humanos a las y los consejeros de la Codhey, así como a su presidente, y están disponibles en el portal de indignación (www.indignacion.org) en el apartado de informes.
De hecho muchas de las razones esgrimidas por los Consejeros sobre el funcionamiento de la Comisión fueron documentadas por este Equipo de Derechos Humanos.
Lamentamos que la incapacidad del ombudsman para atender estos cuestionamientos y corregirse llegue a extremos tan graves que a los consejeros nos les haya dejado otro camino que el de su renuncia.
El equipo Indignación considera que esa renuncia es una expresión de la independencia de dichos consejeros y que incluso demoraron en tomar esta decisión, lo que sin duda expresa que intentaron corregir desde dentro las irregularidades.
Resulta revelador que tres de los cuatro consejeros, elegidos por el Congreso a partir de propuestas de grupos sociales tan diversos, hayan conincidido en su análisis sobre le impericia del Ombudsman actual.
Sólo de una consejera obtuvimos respuesta ante nuestros insistentes envíos de análisis, documentos y comunicados, pero el equipo Indignación confía en que esta medida extrema de tres consejeros ciudadanos se convierta en oportunidad para mejorar el marco legal de la Codhey y para un análisis exhaustivo de la gestión del ombudsman.
Particularmente deseamos que sea un llamado de atención para legisladores que han trivializado o pervertido el nombramiento del presidente y de los consejeros de éste y otros organismos ciudadanos.
La figura del ombudsman, en muchos lugares de México, es una moneda de cambio de los partidos políticos representados en el congreso y los legisladores omiten buscar a la persona idónea para el cargo

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presentación en maquila

Mérida, Yucatán. 25 de noviembre. Con amenazas de llamar a la fuerza pública para desalojar al grupo de teatro Costureras de Sueños, que se hacían acompañar por el grupo Indignación Y Ceprodehl, fue presentado un fragmento de la obra “Monólogos de la Maquila, ensamble escénico de historias azules”, en el camellón de la avenida principal del Parque de Industrias no Contaminantes del Estado de Yucatán.
Los responsables de uno de los principales corredores de Maquiladoras en el Estado argumentaron invasión a la propiedad privada, por lo que en un principio instaron a las representantes de estas tres organizaciones a retirarse.
Al notar la presencia de medios de comunicación, accedieron a autorizar 30 minutos para la presentación, con la advertencia de no sobrepasar el tiempo señalado.
Las organizaciones convocantes, señalaron que no se perjudicaba a nadie, ya que la presentación estaba dirigida a las obreras que en ese turno salían a comer sin embargo, los responsables de este corredor, fueron tajantes con el tiempo.
Esta actividad sólo pretende difundir los derechos de las mujeres trabajadoras, y con esta negativa de los empresarios sólo se hace patente la discriminación que ellas siguen enfrentando, señalaron las representantes de Ceprodehl e Indignación.
Con un pequeño equipo de sonido y la actuación de las cuatro integrantes del grupo Costureras de Sueños, la obra fue presentada en el marco del “Día Internacional de la No Violencia Hacia las Mujeres”.
Las obreras, que al principio se mostraron temerosas de ser vigiladas por sus jefes o sancionadas por el solo hecho de presenciar la obra, terminaron por sentirse identificadas frente a situaciones que algunas comentaron haber vivido.
Entre risas nerviosas y presionadas por el corto tiempo en el que debían comer una torta o un sándwich, se juntaron en pequeños grupos para observar atentas, aunque fuera un fragmento de esta obra. La mayoría no había salido, porque se encontraban comiendo al interior de la planta.
El Ensamble Escénico de historias azules, surge del contacto directo de su directora Inti Barrios con organizaciones sociales del sur del estado de Puebla y con obreros y obreras de la industria de la mezclilla de Tehuacán, lugar que es el punto de partida de las historias que se presentan, pero que sin embargo pueden pasar en cualquier lugar en el que haya maquila. Así pues, esta obra relata entre otras cosas, las condiciones de trabajo al interior de las maquilas, teniendo como eje la pregunta “¿Qué historias se esconden atrás de un pantalón de mezclilla” misma que nos lleva a otro aspecto relacionado con el tema: la moda y el impacto en las mujeres, sobre todo las jóvenes, obsesionadas por ser talla cero o caber en un pantalón talla tres, debido a todo el bombardeo de los medios de comunicación, etc.
Su joven directora, Inti Barrios, señala que “Las Costureras de Sueños” son un grupo de Teatro Independiente que forma parte de Proyecto Dos, un equipo de trabajo teatral más amplio y que desde hace tres años (2005) trabajan juntos presentando teatro clásico como alternativo.
Durante tres días, este grupo realizará una serie de presentaciones en Yucatán, en coordinación con el Equipo de Derechos Humanos Indignación y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales (CEPRODEHL).
Además de presentarse en los municipios yucatecos de Mérida, Izamal y Tecoh, habrá otras presentaciones al interior de centros educativos.
Para Inti, su interés por presentarse en Yucatán es por tratarse de uno de los corredores maquileros del país, y la posibilidad de que la obra sea vista por obreras y obreros y por gente que no tiene acceso al teatro.
“Para nosotras, también es trascendental que nuestro teatro se acerque a organizaciones que trabajen con mujeres y en la defensa de los derechos laborales. De igual modo, que nuestro teatro pueda contribuir a la difusión y sensibilización de problemáticas sociales y que pueda ser un apoyo para el trabajo de las organizaciones que nos invitan, así como a la sensibilización del público que consume mezclilla, y que sobre todo son jóvenes y estudiantes, que pocas veces saben en qué condiciones se producen estas prendas”.
La directora de esta agrupación, Inti Barrios, señala que la presentación de las funciones son posibles gracias al esfuerzo de las organizaciones arriba señaladas y de SEMILLAS, mujeres invirtiendo en mujeres, que durante este año, ha dado un apoyo a la obra para que se pueda presentar en diferentes estados de la República.
La obra “Monólogos de la Maquila, ensamble escénico de historias azules” plantea la historia de cuatro obreras de una maquiladora de pantalones de mezclilla, que ensamblan dicha prenda a la par que relatan sus vivencias al interior de la fábrica. Al tiempo que cosen sus pantalones, se ensamblan otras historias: las de la moda, reflejadas en otras cuatro mujeres que quieren caber en un pantalón talla tres”.
La agrupación “Costureras de Sueños” está integrada por Inti Barrios, directora y dramaturga, y las actrices, Beatriz Álamo, Eréndira Dávalos y Abigail Castillo.

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Campaña ¡No lo aceptamos!

Comunicado Conjunto de Infancia Común A.C., la Red por los Derechos de la Infancia,
Indignación A.C. y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos

Establecer una sentencia que implique un compromiso con la infancia, que esté de acuerdo con los más altos estándares en materia de derechos humanos, que implique resarcimiento del daño y combata la impunidad para que garantice que estos hechos no se repetirán es la petición que planteamos cuatro organizaciones, tres de ellas nacionales, ante los Magistrados que revisan el caso de la antigua Escuela Social de Menores Infractores.

Infancia Común, la Red por los Derechos de la Infancia, Indignación A.C. y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos hemos seguido con atención el caso de los tratos crueles e inhumanos y graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que entre noviembre de 1997 y agosto de 2001, estuvieron bajo la responsabilidad del Estado en la Escuela Social de Menores Infractores de Yucatán.

Como parte de este seguimiento en febrero pasado presentamos un Amicus ante los magistrados locales, para exponer la necesidad de que la sentencia atienda los más altos estándares y criterios internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye la reparación del daño a la infancia agraviada y castigo a las personas responsables de violar derechos humanos.

El Tribunal Superior de Justicia revisa actualmente la sentencia de la juez sexta que justificó los abusos y únicamente estableció una sanción de tres años para Rocío Martel, exdirectora y responsable directa, conmutables por diecinueve mil pesos, así como de un mes para su chófer, por encubrimiento.

A ocho meses de haber presentado el Amicus, y cuando se han vencido ya los tiempos para que el Tribunal emita su sentencia, hemos venido a entrevistarnos con los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para reiterarles la exigencia de combatir la impunidad, particularmente en este caso al que somos tan sensibles como sociedad porque agravia a la infancia, por el tipo de violaciones cometidas y por la responsabilidad del Estado en estas violaciones.

Las adecuadas sanciones ante graves violaciones a derechos humanos son una forma de evitar la impunidad e impedir que hechos tan atroces como los sucedidos en la Escuela Social vuelvan a cometerse.

Asimismo, hemos señalado la obligación que tiene el Estado, en este caso los órganos judiciales correspondientes, de garantizar plenamente y de manera integral la reparación del daño causado a las víctimas de estas violaciones, tomando en consideración, para ello, el criterio establecido por el derecho intencional de los derechos humanos que obliga a considerar a las autoridades la reparación material, moral y al proyecto de vida.

Recordamos que Rocío Martell López es responsable de que niños y niñas fueran obligados a comer alimentos para cerdos, golpeados en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos; encerrados en celdas por lapsos de hasta 15 días; tocados y lastimados en sus órganos genitales como medio de castigo o amenaza; humillados con disfraces, impedidos para comer hasta por lapsos de 3 días, impedidos para ver a sus familiares; amarrados a árboles, amenazados con ser trasladados al Cereso de la entidad y con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), obligados a consumir psicotrópicos y otros medicamentos sin prescripción médica ni control, y otras graves violaciones a la integridad física y psicológica, todo esto documentado en la recomendación 10/2002 de la CNDH.

Para las organizaciones que ahora estamos aquí, este caso exhibe graves y diversas violaciones a los derechos humanos:

1.- Tortura, vejaciones, tratos crueles, castigos inhumanos y degradantes e, incluso, abuso sexual.

2.- Negación al derecho a la justicia pronta y expedita.

3.- Ausencia de reparación del daño.

Estamos alarmados por el comportamiento de las instancias responsables de la justicia en el Estado, por la facilidad con la que la juez justificó dichas violaciones a partir de argumentar buenas intenciones por parte de la responsable, por el tiempo que ha transcurrido para dar respuesta a los argumentos de las organizaciones civiles que demandamos medidas ejemplares para que nunca más una autoridad pública ejerza violencia y porque se trata de una población particularmente vulnerable por su edad y desventaja ante los adultos.

Ante esta situación hemos decidido vincular con este caso la campaña nacional contra la violencia y la explotación infantil que actualmente realiza Infancia Común A.C. Nuestra presencia en Yucatán obedece a esa campaña y a nuestra decisión de entrevistarnos con los magistrados sobre el caso de la antigua Escuela Social.

Con la campaña queremos recordar que niñas, niños y adolescentes tienen dignidad y por eso, la ausencia de justicia en el caso de la Escuela Social de Menores Infractores

¡SIMPLEMENTE NO LA ACEPTAMOS!

Como parte de la campaña el día de hoy divulgaremos en Mérida información y material contra la violencia y la explotación sexual infantil.

Hacemos un llamado a que todos los yucatecos y a todos los mexicanos a sumarse a esta demanda de justicia y a la campaña.

El hogar y las instituciones gubernamentales deben ser un resguardo para la protección de la infancia y no un lugar peligroso, así que a través de la campaña convocamos a las y los adultos a:

1.- Dejar de ver como algo natural los golpes, los gritos, las ofensas, la falta de atención.

2.- A buscar métodos para educar sin violencia física, verbal ni de otro tipo y

3.- A conformar en sus comunidades redes que protejan a los niños de los adultos que abusan de su condición de fuerza y experiencia. Los niños y las niñas no son propiedad privada, ni siquiera de sus padres.

Ejercer violencia física, sexual y psicológica en nuestras casas, en las escuelas, en la calle o en cualquier lugar, atenta contra la dignidad de nuestros hijos e hijas, los afecta toda su vida y favorece otras formas de violencia grave como la explotación sexual comercial infantil. La campaña tiene como objetivo crear conciencia y modificar esta realidad tan dolorosa.

Mérida, Yucatán, 29 de octubre de 2008

Red por los derechos de la Infancia en México, Equipo Indignación A.C., Infancia Común A.C. y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

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H. Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán

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El Congreso de la Unión exhortó al gobierno federal y estatal a investigar actos de discriminación atribuidos al párroco del municipio de Conkal, Yucatán, quien en mayo pasado, durante una misa, pronunció una homilía incitando al odio hacia personas homosexuales.
La Comisión Permanente de la LX legislatura del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo el pasado 23 de julio, presentado por el Diputado Humberto Zazueta Aguilar, mediante el cual exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a investigar los hechos de discriminación por preferencia sexual y resolver de forma expedita el caso. Asimismo, exhortó al Gobierno del estado de Yucatán a coadyuvar con las investigaciones.
Cabe recordar que el 7 de mayo pasado, mientras se efectuaba una misa en la iglesia del municipio de Conkal, Yucatán, el párroco Jesús Alberto Cevallos Solís se refirió en su homilía a las personas homosexuales expresando, entre otras cosas, que: “…los homosexuales son un peligro para nuestra sociedad, que ofenden, atacan y destruyen la familia… y que son un problema social que hay que atacar.”
En la misa, oficiada en memoria de un compañero seropositivo fallecido recientemente, se encontraban personas transgénero y algunos homosexuales y se encontraban también huéspedes del Albergue Oasis de San Juan de Dios, organización que desde hace varios años realiza trabajos de promoción y defensa de personas con VIH/Sida.
Cabe resaltar que los hechos denunciados ocurrieron, precisamente, durante la celebración de la semana internacional de lucha contra la homofobia y que el mismo Congreso de la Unión había exhortado a las autoridades federales y estatales a realizar acciones en contra de la homofobia.
Como consecuencia de estos hechos, los representantes del Albergue Oasis de San Juan de Dios denunciaron ante diversas instancias que las expresiones del párroco incitan al  odio y a la violencia contra las personas homosexuales, por lo que el párroco incurrió en discriminación, prohibida tanto en la Constitución Federal como en la del estado de Yucatán. Fue denunciado también el vocero de la arquidiócesis, Pbro. Jorge Óscar Herrera Vargas, por haber avalado públicamente la actitud discriminatoria del párroco.
Además de acudir a la CONAPRED, el Albergue Oasis presentó denuncia también por la posible violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, hecho que ameritaba una intervención inmediata por parte de la Secretaría de Gobernación y del gobierno del estado de Yucatán, como autoridad auxiliar, de conformidad con el artículo 25 de la citada Ley.
Sin embargo, el gobierno del Estado ha soslayado sus obligaciones afirmando que no puede actuar puesto que el asunto no es de su competencia (Oficio 275/2008 de la Secretaría General de Gobierno), por lo que resulta relevante y pertinente el punto de acuerdo emitido por el Congreso de la Unión.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión estimó que: “…Esta Dictaminadora considera que debe existir una investigación pronta y expedita que certifique las declaraciones del párroco antes mencionado y que, de existir violaciones a la ley, se determine y sancione a los responsables (…) porque el Estado mexicano está obligado a respetar y hacer valer las normas que protejan las garantías individuales”.
Cabe resaltar que, ante la emisión de dicho punto de acuerdo, sólo la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación ha contestado, mediante oficio de fecha 06 de agosto, que ya se encuentra en curso una investigación sobre estos hechos.
Los firmantes de este comunicado lamentamos que el Gobierno del estado no haya manifestado una condena de los hechos ni haya garantizado el cumplimiento de la ley en este caso de discriminación que agravia a la sociedad yucateca en general y a la comunidad lésbico-gay en lo particular y pone en riesgo una convivencia pacífica al incitar al odio contra un sector de la sociedad, más aún cuando Yucatán es uno de los estados con mayor número de crímenes de odio por homofobia.
Reiteramos que es obligación de las autoridades estatales y federales garantizar que se cumplan los artículos de la Constitución Federal y estatal que establecen la prohibición de discriminación por cuestiones de orientación sexual así como aquellos de la Ley de asociaciones y Culto Público que establecen límites al actuar de los ministros de culto, como una forma de preservar el estado laico.
De igual manera insistimos en que una de las formas para resarcir el daño causado por las agresiones verbales del párroco de Conkal es que éste ofrezca una disculpa pública por estos comentarios que en nada contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y plural.
El punto de acuerdo aprobado puede ser consultado en la página de web de la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República: http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2008/07/23/1&documento=58

Por el Equipo Indignación A.C.             Por el Oasis de San Juan de Dios A.C.

Martha Capetillo Pasos                         Carlos Méndez Benavides

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Al admitir el caso de Ricardo Ucán Seca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enjuicia, por primera vez, al Estado mexicano por violaciones atribuibles a autoridades del estado de Yucatán, ya que es el primer caso contra autoridades locales admitido en esa instancia internacional.
En una reunión con legisladores realizada el día de hoy, Indignación les cuestionó sobre su inacción en el caso de don Ricardo Ucán, ya que en el Congreso de Yucatán se encuentra, desde la anterior legislatura, una iniciativa de ley de indulto que todavía no ha sido dictaminada.
Indignación explicó a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso las implicaciones de la admisión ante la CIDH y entregó de nuevo a los diputados un informe sobre el caso de don Ricardo Ucán Seca.
A finales de julio pasado, la CIDH determinó, mediante el informe 49/08, que existen elementos para entrar al fondo del asunto en el caso presentado por don Ricardo Ucán, junto con el equipo Indignación, por diversas violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio durante el juicio que se le siguió por haber privado de la vida, en legítima defensa, a Bernardino Ek.
Posteriormente también se sumó a la solicitud la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
La CIDH consideró que hay elementos derivados de las pruebas y argumentos ofrecidos por los peticionarios que exhiben presuntas violaciones a los artículos 8.2.a, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, atribuibles al Estado mexicano, por acciones y omisiones de autoridades yucatecas.
El primero de ellos establece la obligación de dotar de intérprete traductor a cualquier procesado que así lo requiera; el segundo la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y el tercero la obligación que tiene el Estado de dotar de recursos judiciales efectivos que protejan a las personas de violaciones a derechos humanos.
Todos estos derechos, a criterio de la Comisión, pudieron haberse violado por acciones y omisiones de distintas autoridades ministeriales y judiciales del estado de Yucatán, que son parte del Estado mexicano.
Los argumentos ofrecidos por las organizaciones que son copeticionarias en el caso ante la CIDH, se han basado en la secuela de violaciones cometidas a don Ricardo Ucán que iniciaron desde la averiguación previa, donde careció de defensor de oficio y no le fue proporcionado intérprete traductor.
Durante el juicio de primera instancia su defensora de oficio no ofreció ninguna prueba que acreditara la legítima defensa con la que actuó don Ricardo, persistió la ausencia de intérprete traductor y la mencionada defensora tampoco ofreció conclusiones no acusatorias.
Estas violaciones persistieron durante la segunda instancia, en donde la misma defensora no presentó agravios y los magistrados de la Sala Penal, sin suplir la deficiencia de la queja –obligación establecida en el Código procesal penal del estado–, ratificaron automáticamente la sentencia de 22 años de prisión impuesta por el Juez de Tekax.
En ninguna de las instancias judiciales se hizo referencia alguna a la calidad de indígena maya de don Ricardo. Estos argumentos, a criterio de la CIDH, caracterizan posibles violaciones a derechos humanos que habrán de ser determinadas en una próxima fase.
Cabe recordar que en junio pasado, Ricardo Ucán Seca cumplió 8 años de estar privado de su libertad en el reclusorio de Tekax, Yucatán con motivo de una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado mixto de Tekax, luego de ser detenido y sometido a un largo procedimiento penal en el que le fueron violados sus derechos más básicos.
A lo largo de todo este tiempo, Ricardo Ucán ha recibido diversas muestras de solidaridad y apoyo. Las autoridades yucatecas, por su parte, han recibido múltiples exigencias para que se le resarzan a don Ricardo los derechos violados de parte de Amnistía Internacional, la Comisión Permanente de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, el Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y la organización alemana Misereor, por mencionar algunos.
Ante estas solicitudes, ninguna de las tres administraciones estatales que han transcurrido desde la detención de don Ricardo –la de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco–, ni tampoco las legislaturas que a lo largo de esos períodos han ido y venido han realizado ninguna acción a favor de Ricardo Ucán.
La inacción exhibida por las autoridades yucatecas en el caso de don Ricardo Ucán ha continuado las violaciones contra don Ricardo y exhibe la persistencia de discriminación hacia el pueblo maya en la acción gubernamental.
Lo anterior también denota la falsedad del discurso oficial, tanto a nivel federal como estatal, por cuanto hace a los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de lo primero son los argumentos dados por el gobierno federal a la CIDH intentando minimizar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de don Ricardo Ucán.
En el caso de las autoridades estatales, a pesar de que publicitan la próxima emisión de una legislación en materia indígena, en la práctica siguen siendo responsables de acciones y omisiones que exhiben su franco desinterés por los derechos del pueblo maya.

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La actuación del ombudsman local, el derecho al matrimonio entre personas con VIH/Sida y la inacción del Congreso sobre el caso de don Ricardo Ucán recientemente admitido en la CIDH –del que informamos más en comunicado aparte–, fueron temas abordados por el equipo Indignación en una reunión realizada hoy con diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LVIII legislatura.
Ante el próximo informe que rendirá el actual Ombudsman estatal, el equipo Indignación les recordó a los diputados que desde hace un año les dirigió una carta, previa al informe del Ombudsman, en la que aportó elementos para hacer una lectura crítica del documento que les presentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey).
Hace un año, después de la presentación del informe, Indignación publicó un Análisis de gestión de la Codhey manifestando irregularidades, impericias e inacciones de ese organismo público que se traducen en impunidad para quienes violan derechos humanos en Yucatán. Ese informe también se hizo llegar a los diputados, al ombudsman y a los consejeros; sin embargo, Indignación no tuvo ninguna respuesta de los legisladores ni del presidente de la Codhey.
Como parte del trabajo realizado para fortalecer las instituciones ciudadanas y, en particular, al organismo público de protección de derechos humanos, Indignación señaló a los diputados, desde hace un año, instrumentos que contienen los estándares en los que tendría que basarse una evaluación de este organismo: los principios de París y el Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
Adicionalmente, Indignación expresó su preocupación por actuaciones de la Codhey en casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como por las omisiones de este organismo y la reiterada violación su propio reglamento interno al exceder los tiempos para emitir una recomendación y retrasar la aceptación de las quejas manteniéndolas por dilatado tiempo como “pendientes de calificación”.
El equipo Indignación recordó a las y los diputados que el Congreso es responsable del nombramiento del presidente de la Codhey, que tienen la responsabilidad de vigilar la actuación del ombudsman y los exhortó a realizar todas las acciones necesarias para garantizar que Yucatán cuente con una institución que cumpla con los más altos estándares en la materia.
Durante la reunión también se solicitó información en torno a los avances en la dictaminación de dos propuestas legislativas que ha presentado este Equipo de Derechos Humanos: 1) La relativa a la inclusión del indulto en la legislación penal, para dotar al ejecutivo de la facultad de revisar y otorgar el perdón en casos donde se hayan violado derechos humanos básicos, teniendo como ejemplo el caso de don Ricardo Ucán, recientemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 2) La propuesta para eliminar restricciones al Código Civil para que personas con VIH puedan contraer matrimonio, presentada de manera conjunta con Oasis de San Juan de Dios.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) determinó admitir la denuncia presentada por don Ricardo Ucán Seca, indígena maya, en contra del Estado mexicano, por vulnerar sus derechos durante el juicio que se le siguió en el estado de Yucatán.

Don Ricardo Ucán fue condenado a 22 años de cárcel por privar de la vida a una persona aunque lo hizo en defensa propia. Durante el juicio don Ricardo Ucán, mayahablante, no contó una defensa adecuada ni tuvo intérprete traductor.

Agotados los recursos locales, don Ricardo Ucán acudió a la CIDH desde el 2004. El Estado mexicano, por su parte, solicitó a la CIDH no admitir el caso. Sin embargo, el pasado 24 de julio la CIDH determinó admitir el caso y el día de ayer hizo público el informe 49/08 en el que da a conocer su resolución.

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Comisión interamericana decide “Declarar admisible el presente caso respecto de las presuntas violaciones de los artículos 8.2 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Ricardo Ucán Seca”.

Los derechos señalados por la CIDH son los relacionados con Garantías Judiciales y Protección Judicial, denunciados por don Ricardo, aunque la propia CIDH determinó que también presume violación a su derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley.

La resolución de la CIDH puede consultarse directamente en el sitio electrónico de este organismo en http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/Mexico261-04.sp.htm

En el sitio de Indignación, organización que ha acompañado la denuncia de don Ricardo ante la CIDH, puede consultarse un informe completo sobre el caso y comunicados anteriores. En la sección de videos puede ver y escuchar al propio don Ricardo narrar el caso y las violaciones cometidas en su contra.

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Ante la próxima consulta que se realizará en Yucatán sobre la iniciativa de reforma petrolera presentada por Felipe Calderón al Congreso de la Unión, este equipo de derechos humanos manifiesta lo siguiente:

1. La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que nos afectan a todas y todos es un derecho fundamental que debiera estar reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales. En países con democracias consolidadas la opinión ciudadana en temas que atañen a todo el país son un ejercicio recurrente, normado y realizado bajo estándares de imparcialidad, y con efectos vinculantes. Es urgente crear en el ámbito federal la figura del plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana y revocación del mandato. Precisamente la decisión en un tema trascendente, como el petróleo, tendría que tomarse obedeciendo un mandato ciudadano.

2. La consulta sobre el petróleo –que en Yucatán se realizará el próximo 10 de agosto– está siendo organizada por iniciativa de algunos partidos políticos integrados en el Frente Amplio Progresista y por el Frente Nacional por la Defensa del Petróleo, quienes han solicitado la participación de algunas personas y organizaciones en la observación del proceso, y de la sociedad en la implementación de la consulta. Aunque el equipo Indignación ha decidido no ser convocante ni participar en la organización, este equipo quiere destacar que la consulta es un derecho tanto de quienes lo organizan como de quienes decidan participar y dar su opinión en ella y es obligación de las autoridades otorgar todas las garantías para el ejercicio de este derecho, así como abstenerse de cualquier acción que pudiese obstaculizarlo o inhibirlo.

3. El equipo Indignación se manifiesta en contra de la propuesta de privatizar ciertas áreas de Petróleos Mexicanos; en contra de permitir la participación de capital privado en determinadas tareas de PEMEX. Como organización de derechos humanos enmarcamos esta propuesta privatizadora en el contexto de un país profundamente desigual que ha sido incapaz de garantizar a la población sus derechos más elementales y que, por otra parte, favorece el enriquecimiento de una minoría. Sin alimentación suficiente (Yucatán es uno de los estados con mayores índices de desnutrición), sin acceso a servicios de salud de calidad, sin acceso a la educación media y superior, sin tierra, sin vivienda adecuada, sin trabajo digno, sin reconocimiento pleno de sus derechos laborales, las y los mexicanos padecemos graves carencias. El petróleo es un recurso estratégico, ciertamente, pero también las ganancias de PEMEX son requeridas como un recurso fundamental para que el Estado cumpla la obligación de garantizar a todas y todos alimentación, salud, vivienda y educación.

4.- En México existen antecedentes de sobra que exhiben que las privatizaciones han sido un fracaso, fuente de corrupción y tráfico de influencias y han tenido un alto costo para la sociedad mexicana. Basta recordar la privatización de la Banca, que tuvo como efecto fraudes monumentales de los empresarios y entes privados que las adquirieron, cuyo costo estamos y seguiremos pagando los mexicanos, a través del FOBAPROA y posteriormente del IPAB. Además, y siendo que los principales bancos establecidos en México son extranjeros, las utilidades generadas, producto de altas tasas de interés que no son reguladas por las autoridades, no se quedan en México, sino que paran en las arcas de los países de origen. No hay beneficio para los mexicanos y sí excesivas ganancias para los empresarios, que profundizan la desigualdad.

Otro ejemplo son las carreteras, que al dejarse en manos privadas se encarecieron, disminuyendo de tal manera su calidad que muchas tuvieron que ser rescatadas por el Estado, nuevamente con costo para la sociedad. Uno de los casos más graves fue la privatización del Ejido, producto de la reforma al artículo 27 constitucional, impulsada por Carlos Salinas, que generó que unos pocos acapararan grandes extensiones de tierra en detrimento de indígenas y campesinos. Teléfonos de México ha hecho el hombre más rico del mundo a Carlos Slim a costa del dinero de los mexicanos y de un servicio telefónico caro y deficiente.

Las privatizaciones en México no han sido benéficas, entre otras cosas, porque no existe un Estado dispuesto a regular la actividad privada, porque el tráfico de influencias ha permitido que se cometan fraudes y delitos en perjuicio de los mexicanos y porque los últimos gobiernos se han aliado con grandes empresarios para establecer políticas públicas que mantienen en la pobreza y exclusión a miles de mexicanos y enriquecen a unos pocos, empresarios y funcionarios.

5. Consideramos que uno de los problemas principales de PEMEX no es la falta de recursos ni de capital, sino la mala administración que los distintos gobiernos han hecho de los excedentes y ganancias generadas por esa paraestatal. Por años los recursos derivados de PEMEX han servido para paliar las deficiencias fiscales del Estado, para financiar campañas políticas y para tapar los errores financieros y la mala y desigual recaudación de impuestos que han hecho las últimas administraciones.

6.- No puede haber credibilidad en un gobierno que, como el de Felipe Calderón, señala que sus propuestas legislativas son para mejorar Pemex cuando una de sus principales causas, la corrupción y la malversación de fondos, no es ni ha sido combatida. Claro ejemplo de lo anterior es que su actual Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se ha beneficiado de su carácter de funcionario público para firmar contratos entre PEMEX y las empresas de su familia. La actual administración tendría que atacar todos aquellos actos de corrupción y tráfico de influencias que se han generado, empezando por la destitución e investigación de su Secretario de Gobernación. Pero también el gobierno federal debiera eliminar la impunidad de quienes han sido partícipes del dispendio de los recursos generados por PEMEX a través de actos delictivos, como es el caso del Secretario del Sindicato de la paraestatal, Carlos Romero Deschamps, quien se ha enriquecido a costa del dinero de los trabajadores de PEMEX y ha destinado grandes cantidades a campañas electorales.

7.- La tendencia de los países árabes y latinoamericanos ha sido a la inversa de lo que pretende la actual administración de Felipe Calderón. Esos países tratan de revertir justamente las consecuencias de haber dado a empresas privadas, cuyo único interés es la ganancia, sin importar el bienestar común de las sociedades en donde se instalan, el manejo de sus más ricos recursos naturales.

8.- Sí es preciso reformar el marco jurídico de PEMEX, pero en un sentido inverso al propuesto por la administración de Felipe Calderón. Para empezar hay que garantizar que la función de Petróleos Mexicanos sea autónoma y no dependa de las administraciones y los vaivenes políticos.

9.- El argumento de que el Estado mexicano carece del dinero y la infraestructura para mejorar las condiciones de Petróleos Mexicanos sólo pretende justificar la privatización paulatina de la paraestatal. No es atendible la tesis de que ante una serie de dificultades en determinada empresa del Estado la única salida sea la privatización. Bajo ese mismo criterio entonces tendría que privatizarse la seguridad pública ante el evidente fracaso de la lucha contra la delincuencia organizada. Existen diversas propuestas y soluciones que han sido manifestadas desde diversos ámbitos, como es el cambio del régimen fiscal de Pemex, que le permita destinar parte de sus recursos a su modernización y creación de infraestructura, así como destinar su producción para consumo interno, para garantizar el abasto nacional y un precio justo en gasolinas y productos derivados. Tampoco es creíble la falta de recursos por parte del Estado para modernizar la industria petrolera, más aún cuando el gobierno federal destina millones de pesos para contratar propaganda televisiva para convencer a la ciudadanía de las bondades de su reforma.

10. Finalmente, resulta preocupante que, en ninguna de las propuestas, se haga referencia a la necesidad de ir estableciendo fuentes alternativas de energía renovable como un medio para hacer frente a la segura extinción de los hidrocarburos. Lo anterior demuestra que la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal no es energética, pues sólo tiene un fin: iniciar un proceso de privatización de la industria petrolera nacional, sin preocuparse por el futuro energético del país.

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Comunicado del equipo Indignación A.C.

Un año y tres meses después de que una integrante del equipo Indignación interpuso una queja contra personal del CERESO de Mérida por diversas violaciones a los derechos de los internos y de quienes los visitan, la Codhey emitió la recomendación 10/2008.

La ilegal detención de jóvenes durante la redada cometida en el marco de las manifestaciones contra George Bush en Yucatán en marzo de 2007 exhibió violaciones a derechos humanos que ocurren cotidianamente en el Centro de Readaptación Social de Mérida en los procesos de visitas: Negación del acceso a personas que pretendían visitar a las y los internos, revisiones lentas, molestas y arbitrarias, requisitos para ingresar que no tienen sustento y son discriminatorios como el llevar el pelo corto y no usar aretes para los varones, prohibición de introducir periódicos, entre otras violaciones.

La queja se originó debido a que personal del Cereso impidió a una integrante de Indignación visitar a uno de los jóvenes detenidos durante la redada  cometida en el marco de las manifestaciones  contra George Bush a Yucatán.

Personal del Cereso alegó que la negativa se debió a que ella era “abogada” de algunos internos. En un intento de conciliación promovido por la Codhey, que Indignación rechazó, personal del Cereso se quejó de las “malas” intenciones de integrantes de Indignación al pretender visitar a los internos, puesto que seguramente lo que pretendían era observar y denunciar las condiciones que imperan en ese centro de reclusión.

También alegaron que la negativa a entrar se debió a que no se encontraba en la lista de visitas del interno a quien la integrante de Indignación pretendía visitar, práctica que ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como violatoria de los derechos de los internos.

En el escrito de queja, una integrante de Indignación citó las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos aprobadas por la ONU, que en su numeral 37 establecen que “Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con familiares y amigos tanto por correspondencia como mediante visitas”. El Cereso también vulneró el principio de igualdad que establece que “las medidas de revisión deben aplicarse en forma imparcial y sin discriminación” y contravino el numeral 90 de las Reglas Mínimas ya citadas que establecen el derecho de los internos a recibir libros, periódicos así como otros medios de ocupación”.

La Codhey demoró un año y tres meses en concluir el caso. Recomienda al Director de Prevención y Readaptación Social de Yucatán iniciar procedimiento administrativo contra el director del Cereso, elaborar y proponer de manera inmediata al Ejecutivo del Estado un Reglamento Interno por cada Centro penitenciario existente en el Estado de acuerdo a las directrices establecidas en los instrumentos internacionales y regionales que nuestro país ha firmado, dotar a los CERESOS del Estado de sistemas computarizados para agilizar los trámites de registro de las visitas y ordenar a través de un oficio dirigido a los directores de los centros de reclusión que los procedimientos de revisión se lleven a cabo con pleno respeto de la dignidad de quiens acuden.

Asimismo, recomienda al director del Cereso de Mérida abstenerse de aplicar criterios arbitrarios en la atención de los asuntos del Centro así como delimintar en el Centro áreas dignas, suficientes y plenamente identificables para que las y los internos reciban a familiares, amigos y abogados.

La recomendación es tardía e incompleta. Durante todo el tiempo que las personas ilegalmente detenidas en la redada cometida por policías estatales y municipales en el marco de las manifestaciones contra Bush estuvieron internas en el Cereso, fue continuada la violación a sus derechos y a los derechos de quienes intentaron visitarlas.

La queja interpuesta y lo evidente de las acciones denunciadas ameritaba medidas cautelares por parte de la Codhey para que cesaran de inmediato violaciones cometidas en el proceso de ingreso de las visitas y para que a los internos se les garantizara plenamente el acceso a prensa, libros y todos sus derechos.

Las violaciones documentadas por la Codhey en la recomendación 10/2008 son sólo la punta del iceberg de la situación que priva en los Centros de Readaptación Social del estado de Yucatán. Cabe recordar que en días recientes 50 reclusos del Cereso de Mérida denunciaron la comisión de diversas violaciones a sus derechos humanos durante un cateo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado con la anuencia del Director de ese Centro de Reclusión.

De 2001 a la fecha se han emitido 5 recomendaciones con motivo de diversas violaciones a derechos humanos documentadas en el Cereso de Mérida (4 de la Codhey y 1 de la Comisión Nacional), otras dos por vulneraciones cometidas en el Cereso de Tekax y una derivada de violaciones cometidas por autoridades del Cereso de Ebtún, Valladolid.

Lo anterior viola principios básicos establecidos por Naciones Unidas para Centros de Reclusión, empezando por el más elemental que es la debida separación entre personas que están siendo procesadas y aquellas a quienes ya les fue dictada sentencia condenatoria. A pesar de ello ni la administración anterior ni la actual han tomado medidas para  revertir el deterioro que impera en los Centros de Reclusión del estado y las violaciones cometidas permanecen en la impunidad; como ejemplo de lo anterior está la permanencia de  Francisco Brito Herrera como Director del Cereso de Mérida, responsable, según las recomendaciones arriba mencionadas, de graves violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de internos, familiares y visitas.

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