Informe del equipo Indignación

El gobierno del estado de Yucatán está obligado a detener de manera inmediata todos aquellos proyectos públicos y/o privados que se estén desarrollando o se pretendan realizar en territorios que pertenecen o en donde se encuentren asentadas comunidades mayas hasta no obtener su consentimiento expreso, concluye el informe “Mix Máak” (Los Nadies), sobre derechos del pueblo maya, presentado por el Equipo Indignación.
Durante 2006 el equipo Indignación documentó diversos casos de violaciones a derechos del pueblo maya, incluyendo dos eventos de represión, ambos relacionados con el despojo de tierras y territorios a un pueblo amenazado por un modelo de desarrollo excluyente y discriminatorio.
El informe expresa que no es únicamente la ausencia de legislación la que ha llevado a distintos poderes de Yucatán a violar los derechos del pueblo maya. En el diseño de políticas públicas, en la ausencia de consultas, en el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto estatal, en la aplicación de programas, en la ‘resolución de conflictos’, en la procuración de justicia e impartición de justicia, en la elección de autoridades, en las condiciones de extrema pobreza en la que viven sus integrantes, los derechos del pueblo maya de Yucatán han sido conculcados, hasta hoy impunemente.
En torno a los proyectos de desarrollo implementados ya sea por el gobierno o por particulares se exhibe de forma agudizada una política discriminatoria. En los casos que el informe aborda, el gobierno estatal no sólo incumple con el Convenio 169 de la OIT al no respetar y proteger el derecho del pueblo maya a decidir sobre su territorio, sino que fomenta, ya sea de manera directa o a través de intermediarios, la venta y el despojo de los territorios mayas.
En muchos casos ni siquiera existe el reconocimiento de que en dichos territorios viven comunidades indígenas mayas, tal como se demuestra en los documentos relativos al proyecto de metropolisur, en donde en ningún momento se considera la afectación que los habitantes de las diversas Comisarías que circundan la capital, mayas en su mayoría, tendrían en la implementación de dichos proyectos. Son los nadies: invisibles en un estado discriminatorio.
El caso de don Ricardo Ucán, ampliado en este informe, exhibe la injusticia cotidiana contra mayas a quienes no sólo no se les respeta el derecho a ser juzgados a través de sus propias instituciones (vulneradas a lo largo de años de sometimiento, pero vigentes en muchos casos), sino a quienes se les violan derechos tan elementales como a ser juzgados de acuerdo a sus propios sistemas normativos y en su propia lengua cuando se enfrentan a las instituciones del estado para procurar e impartir justicia.
El informe aborda el derecho del pueblo maya a ser pueblo, es decir, a la libre determinación y la autonomía; el derecho al territorio y a la tierra; el derecho a la justicia y el derecho a una vida digna. En esos capítulos se señalan algunos casos que el equipo ha documentado, la responsabilidad del Estado en esas violaciones, así como el incumplimiento de tratados internacionales y de las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Como último capítulo, presentamos 10 conclusiones y exigencias respecto a cada uno de los poderes de Yucatán.
En el marco del día internacional de los derechos humanos y de las poblaciones indígenas el equipo Indignación presenta este informe especial sobre el estado que guarda el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de pueblo maya en Yucatán, con la intención de documentar la responsabilidad del Estado y con la esperanza de que el presente informe sea una herramienta útil para el camino que el pueblo maya ha emprendido en defensa de sus derechos.

Conclusiones
1. La incapacidad del estado mexicano para asumirse pluricultural, y del gobierno de Yucatán para respetar el derecho a la libre determinación del pueblo maya, perpetúa una relación que agravia al pueblo maya y vulnera sus instituciones.
2. El reconocimiento constitucional al cual aspiran integrantes del pueblo maya que se han pronunciado al respecto requiere previamente reformas a la constitución federal que respeten los Acuerdos de San Andrés. La legislatura local tendría que hacerse eco de esta demanda y hacer llegar al Congreso de la Unión esta determinación del pueblo maya ya expresada en diversas instancias.
3. Las condiciones de pobreza y de pobreza extrema que comparten los integrantes del pueblo maya y, en general, los integrantes de los pueblos indígenas del país revela la incapacidad del estado mexicano actual para garantizar a las poblaciones indígenas el acceso pleno a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. El equipo Indignación ha podido constatar que tanto en la procuración como en la administración de justicia, los poderes ejecutivo y judicial de Yucatán violan de forma cotidiana el derecho del pueblo maya a la jurisdicción del estado al no tomar en cuenta sus sistemas normativos y al incumplir la obligación elemental de garantizarles un juicio en su propia lengua.
5. Al no existir un reconocimiento de los sistemas normativos mayas, el estado utiliza la aplicación de una ley que, bajo el manto del igualitarismo, los discrimina y excluye y convalida las violaciones derivadas de políticas públicas y privadas que les afectan.
6. Particular preocupación causa a este equipo el continuo despojo de tierras y territorios mayas que se inició desde 1992, con las reformas al artículo 27 constitucional, y que se ha intensificado en los últimos años. Frente a despojos cometidos por particulares el gobierno de Yucatán incumple, por omisión, su obligación de proteger derechos del pueblo maya. El despojo, sin embargo, resulta más deplorable cuando el propio gobierno lo ejecuta a través de engañosas operaciones de compraventa y de intervenciones dolosas y encubiertas en asuntos internos de asambleas ejidales que, además, han causado profundas divisiones en los pueblos afectados.
7. Por la ausencia de reconocimiento, por omisión frente a los abusos de particulares, por cometer discriminación, los tres poderes de Yucatán, como parte del estado mexicano, incumplen la obligación de proteger, promover y respetar el derecho del pueblo maya a la libre determinación, así como los derechos derivados de éste y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
8. El actual gobierno de Yucatán incurre en prácticas ilegales y violatorias de los derechos humanos al utilizar los aparatos con los que cuenta para criminalizar las protestas del pueblo maya y castigarlas. En los recientes eventos de represión contra personas mayas de Caucel, en julio, y de Oxcum, en octubre, el gobierno del estado cometió violaciones a los derechos humanos. En relación con esos eventos, además, el gobierno del estado violó lo establecido en la declaración sobre el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos al cometer actos de represión e intimidación contra dos observadores de derechos humanos.
9. De manera sistemática el gobierno del Estado ha omitido consultar a los pueblos mayas que resultarían afectados por proyectos diseñados y ejecutados por el propio gobierno y ha omitido exigir este requisito ante la implementación de proyectos desarrollados por particulares, lo que lo hace incumplir la obligación de proteger este derecho del pueblo maya tanto por omisión como por comisión. Una operación de compraventa concluida, aun si salvara formas legales, no exime de la obligación de consultar al pueblo maya sobre cualquier proyecto que pretenda realizarse en su territorio y obtener su autorización para realizarse.
10. La actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán tendrá que revisarse escrupulosamente y será objeto de un informe especial del Equipo Indignación. La omisión, la dilación, la incapacidad mostrada para algo tan elemental como detectar las violaciones a derechos humanos y a derechos del pueblo maya niega a la población de Yucatán el derecho a acceder a la protección de esta instancia frente a violaciones de derechos humanos.

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Equipo Indignación A.C.

El día miércoles 29 de noviembre, el Tribunal Unitario del Décimo cuarto circuito, con sede en Mérida, emitió su resolución relativa a la apelación presentada por los campesinos mayas Idelfonso Dzul García, Gonzalo García y Wilberth López Castro, detenidos el día 06 de octubre en un operativo ilegal por Policías preventivos del Estado y sujetos a proceso por delitos de portación de arma sin licencia en el caso de Gonzalo García y López Castro, y por portación de arma de uso exclusivo del ejército en el caso de Dzul García.
A pesar de que el Tribunal convalidó en su resolución el auto de formal prisión dictado en su momento por la Juez Segundo de Distrito, reclasificó el delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército atribuido a Dzul García, modificándolo por el de portación de arma sin licencia, con lo cual éste pudo obtener su libertad bajo caución. En esta tesitura los tres campesino mayas pudieron salir en libertad previo pago de una fianza de cuatro mil doscientos pesos cada uno. No obstante, deberán seguir el proceso ante el Juzgado segundo de distrito por el delito de portación de arma sin licencia, a pesar de que, como quedó acreditado en el expediente de la apelación, las escopetas, objeto mediante el cual pretenden sustentar la portación de arma sin licencia, son una herramienta cotidiana de trabajo en el pueblo maya y su portación con fines laborales no es socialmente reprochable de acuerdo con sus sistemas normativos.

Aunque es motivo de satisfacción la liberación de los tres campesinos mayas, todavía quedan varios pendientes:
1. La investigación y sanción a los policías responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas el 6 de octubre, ya que no sólo fueron ilegales las detenciones de Idelfonso Dzul, Gonzalo García y Wilberth López Castro, sino que en dicho operativo existieron agresiones físicas y verbales hacia mujeres y niños. Ante esta situación la Procuraduría de Justicia del estado debe integrar a la brevedad posible las averiguaciones previas derivadas de las denuncias que presentadas por los campesinos y sus familiares ante el Ministerio Público del estado.
2.- La exoneración absoluta de los tres campesinos por parte del Juzgado Segundo de Distrito del Décimo cuarto Circuito. En este contexto resulta indispensable que el Poder Judicial Federal aplique los Tratados y Convenios Internacionales que protegen y obligan a los Estados firmantes a hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, la utilización de escopetas para el trabajo cotidiano en el campo es una práctica cotidiana y socialmente permitida en las comunidades campesinas mayas, y pretender utilizar dicha costumbre como elemento para incriminar a tres campesinos mayas, viola lo establecido en las diversas disposiciones del Convenio 169 de la OIT y desatiende las recomendaciones que en su momento emitió el Relator especial de Naciones Unidas para pueblos indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, en su informe derivado de su visita a México en 2002.
3.- La resolución inmediata de los problemas del despojo de territorios que han dado pie a la situación de represión que han vivido diversos ejidatarios en Oxcum y otras Comisarías afectadas por proyectos privados. En este tenor es preciso que, atendiendo a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, el gobierno del estado priorice y haga efectivo el derecho al territorio del pueblo maya por encima de intereses particulares.

El gobierno del estado de Yucatán no puede eludir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los campesinos de Oxcum ni las cometidas en contra de otras comunidades mayas cuyo derecho a la tierra y al territorio está siendo violentado.

Se acumulan agravios
Por otra parte el pasado 28 de noviembre Roberto Canché, quien participa en el movimiento por la defensa de las tierras de Oxcum y es yerno de don Ildefonso Dzul, sufrió lesiones severas al ser atropellado por el Comisario ejidal, don Anselmo Canul, quien ha sido cuestionado por favorecer el despojo de tierras en esa comisaría de Umán. Roberto Canché permanece en el hospital con heridas graves en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. Todavía requiere una operación por fractura en el pie y tobillo.
Don Anselmo Canul fue detenido después del hecho en su casa, a instancias de vecinos y vecinas que acudieron al lugar de los hechos, pues inmediatamente después de arrollar a Roberto, quien conducía una moto, bajó de su coche y abandonó el sitio. El Ministerio Público consignó el hecho únicamente como lesiones culposas derivadas de accidente de tránsito, a pesar de los antecedentes de amenazas de don Anselmo Canul hacia quienes participan en el movimiento por la defensa de sus tierras.
Es indispensable esclarecer plenamente los hechos que pusieron en riesgo la vida de un compañero previamente amenazado precisamente por quien lo lesionó, así como garantizar que le sean resarcidos los daños al ofendido. El Ministerio Público está obligado a cumplir con su función de representar plena y efectivamente los intereses de la víctima.
El equipo Indignación considera que la forma de operar del gobierno del Estado ha agraviado a la comunidad de Oxcum y lesionado sus relaciones internas. Eludir su responsabilidad, incumplir sus obligaciones o favorecer la impunidad, además de hacerle incurrir en otras violaciones a los derechos humanos, profundizaría los agravios contra el pueblo maya.

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Equipo Indignación A.C.

El día de hoy se efectuó la audiencia de ley en el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, en la cual se presentó el escrito de expresión de agravios que combate los argumentos utilizados por la Juez segundo de Distrito, Sara Olimpia Reyes García, para dictar el auto de formal prisión en perjuicio de Idelfonso Dzul García, Gonzalo García y Wilberth Castro, tres campesinos mayas detenidos en un operativo ilegal efectuado por policías de la Secretaría de Protección y Vialidad (S.P.V.) el pasado seis de octubre en la Comisaría de Oxcum, municipio de Umán, Yucatán, y acusados de portación de arma de uso exclusivo del Ejército el primero, y de portación de arma sin licencia los otros dos.

Los principales argumentos jurídicos esgrimidos por la defensa de los campesinos mayas son:

1. El no reconocimiento por parte de la Juez segundo de Distrito de la calidad de indígenas mayas de los procesados, a pesar de que el Código Penal Federal, en su artículo 15 fracción VII, establece la posibilidad de que se apliquen los excluyentes de responsabilidad penal cuando el indiciado considere que está justificada la presunta conducta delictiva, en este caso el portar escopetas, y la obligación de los tribunales de reconocer los usos y costumbres de los pueblos indígenas del país. Las escopetas son una herramienta cotidiana de trabajo en el pueblo maya, y por lo tanto su utilización con fines de supervivencia forma parte de sus usos y costumbres, tal como se reconoce en los artículos 5, 9, 10 y 23 del Convenio 169 de la OIT, ley suprema en nuestro país por haber sido ratificada por el Senado de la República. No obstante la juez omite analizar este hecho y niega, de manera discriminatoria, el reconocimiento que los pueblos indígenas tienen de conservar sus usos y costumbres y que las escopetas, lejos de ser un instrumento para cometer delitos, son una herramienta cotidiana de trabajo en el campo y su portación no constituye una conducta socialmente reprochable para integrantes del pueblo maya.

2. La inexacta valoración de la juez de la prueba pericial rendida por el perito en Balística ante el Ministerio Público Federal que determinó que la escopeta de Idelfonso Dzul García era de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La Juez segundo de Distrito en ningún momento tiene a la vista la escopeta objeto del peritaje, hecho que viola los principios reguladores de la prueba, más aún cuando en la averiguación previa abierta ante el Ministerio Público del estado, el perito en Balística determinó que ninguna de las escopetas era de uso exclusivo del Ejército. Cabe resaltar que resulta sospechoso que este delito grave se impute a Idelfonso Dzul, uno de los principales líderes que se oponen a la venta ilegal de terrenos en el ejido de Oxcum.

3. La irregularidad de los testimonios vertidos por los policías aprehensores ante el ministerio público federal. Dichos testimonios incumplen con los requisitos establecidos por el Código Federal de Procedimientos Penales en virtud de que son idénticos, hecho que demuestra el aleccionamiento del que fueron objeto los policías al momento de declarar. A pesar de ello, la juez, violando las reglas procesales, los utilizó para fundamentar el auto de formal prisión.

4. La ilegalidad de la detención de los campesinos, puesto que, además de haber sido detenidos por motivos políticos, fueron trasladados de manera irregular a las oficinas de la Secretaría de Protección y Vialidad permaneciendo ahí durante ocho horas, a pesar de que, si se trataba de un delito flagrante, era su obligación ponerlos inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Lo anterior demuestra que la detención de los campesinos mayas en las oficinas de la SPV tenía como finalidad mantenerlos aislados mientras la Procuraduría armaba la averiguación previa y les fabricaba delitos.

Es preciso enfatizar que la detención y sujeción a proceso de los campesinos Idelfonso Dzul García, Gonzalo García y Wilberth Castro, se enmarca en la política de represión que el gobierno del estado de Yucatán ha establecido contra todas aquellas comunidades campesinas que se oponen a la venta de terrenos ejidales para la realización de megaproyectos que en nada benefician a los pueblos y comunidades campesinas mayas. Esta situación es sistemática en Yucatán y en otros lados del país, tan es así que el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, señaló, en su informe E/CN.4/2004/80/Add.2, de 23 de diciembre de 2003, derivado de su visita a México:
…
60. Con frecuencia interviene en estos conflictos (agrarios) la fuerza pública (policías municipales, estatales y federales así como el Ejército Mexicano) y también el sistema de procuración y administración de justicia. En el funcionamiento del sistema judicial los indígenas son las víctimas más notorias y vulnerables de abusos a sus derechos humanos, sufriendo violaciones al derecho a la vida y la integridad física, la seguridad, el debido proceso y las garantías individuales. Se ha advertido una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social en el marco de los conflictos señalados, a lo cual debe añadirse un elevado grado de impunidad y corrupción en el sistema de justicia agraria, penal y civil, todo lo cual conduce a la impresión que los pueblos indígenas, pese a la retórica oficial en sentido contrario, son prescindibles para la sociedad mexicana mayoritaria.

Ante la presentación de los agravios, el Equipo Indignación, como parte de la defensa de Idelfonso Dzul García, Gonzalo García y Wilberth Castro, espera que el Tribunal Unitario de Circuito revoque la ilegal resolución de la Juez y determine su libertad inmediata e incondicional, de tal manera que el Poder Judicial Federal no sea cómplice de estos actos represivos que pretenden desarticular todo movimiento comunitario que se oponga a las políticas estatales que afectan los derechos a la tierra de los pueblos y comunidades indígenas mayas.

Indignación

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC.

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Equipo Indignación A.C.

El día de hoy, el Equipo de derechos humanos Indignación, Promoción y defensa de los derechos humanos AC., envió al “Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas” de las Naciones Unidas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, información sobre los hechos ocurridos en la Comisaría de Oxcum el pasado seis de octubre, cuando elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad (S.P.V) detuvieron a los campesinos mayas Ildefonso Dzul García, Gonzalo García, Abelardo Cobá y Wilbert López Castro, en un operativo violento en el que resultaron lesionadas, además de los detenidos, mujeres y niños, cuyo objetivo fue la desarticulación y represión de los campesinos inconformes con el proceso de venta y despojo de tierras ejidales que el gobierno del estado, encabezado por Patricio Patrón Laviada, ha impulsado en diversas comisarías cercanas a la ciudad de Mérida.

Actualmente don Ildefonso Dzul García, don Gonzalo García y Wilbert López Castro se encuentran presos en el CERESO de la ciudad de Mérida, sujetos a proceso penal ante la Juez segunda de Distrito por delitos relacionados con la Ley de Armas de fuego y explosivos, después de que el Juez Sexto de lo penal del estado de Yucatán determinó su libertad por falta de elementos para procesar, en virtud de la inexistencia de conductas delictivas relacionadas con armas de fuego.

Indignación informó al relator que la jueza omitió considerar que la portación de escopetas no es considerado reprobable por el pueblo maya, puesto que la escopeta es una herramienta de trabajo. La jueza está violando el derecho de los compañeros a ser juzgados de acuerdo a sus propios sistemas normativos, lo que contraviene los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT e ignora el artículo 10 del mismo convenio.

Dentro del contexto de la información enviada al Relator, es preciso recordar, que el 23 de diciembre de 2003, el Dr. Stavenhagen dio a conocer el informe E/CN.4/2004/80/Add.2 derivado de su visita a México, y en el cual, entre otras cosas, señalaba que …Las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas, conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas, invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados, acumulación de propiedades en manos de caciques locales etc. La defensa de la tierra, que se lleva primero por la vía institucional, judicial y política, puede conducir a enfrentamientos con otros campesinos, o con propietarios privados, autoridades públicas y las fuerzas del orden (policías, militares). En este contexto, se denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos en ocasiones las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública, ya sea por omisión o por comisión.

Basándose en esos criterios y en la información que diversos organismos públicos y no gubernamentales de derechos humanos le hicieron llegar, recomendó, en dicho informe, que:

a) La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios;
b) Se recomienda crear grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos, sociedad civil y gobierno para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, a fin de proponer mecanismos adecuados de solución a cada uno de ellos, asegurando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la existencia de recursos adecuados, medidas compensatorias y el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos.
c) Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios.

Por lo tanto, la información enviada, además de ponerle al tanto de la situación de represión y despojo que viven los campesinos como consecuencia de los diversos megaproyectos que ha puesto en marcha el actual gobierno del estado en beneficio de grupos privados empresariales, insiste en señalar el incumplimiento que el gobierno del estado de Yucatán, y en general el Estado mexicano, han hecho sobre las observaciones y recomendaciones que el representante de Naciones Unidas formuló con motivo de su visita a México sobre el tema de pueblos indios.

Cabe resaltar que esta información enviada al Relator Stavenhagen, pronto será ampliada al Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de la ONU, informándole sobre la práctica de detenciones arbitrarias que los cuerpos policíacos del estado aplican en perjuicio de la sociedad, y particularmente en contra de quienes se oponen y son críticos a las políticas establecidas desde el gobierno del estado.

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Lic. Jorge Victoria Maldonado.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.

Como es de su conocimiento, el día 1 de octubre del presente año fue publicada en el Diario Oficial del Estado, la Ley de Justicia para adolescentes del Estado de Yucatán, así como diversas modificaciones a las leyes estatales para adaptar la reforma al artículo 18 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de diciembre del 2005.

Dichas reformas han suscitado una serie de polémicas y preocupaciones en virtud de que, entre otras cosas, en sus artículos transitorios, se establecen una serie de plazos para su entrada en vigor que generan un vacío legal que puede poner en riesgo diversos derechos humanos de los niños y adolescentes sujetos a la tutela de los órganos del estado y que, además, pueden implicar una violación a lo establecido en la reforma constitucional antes señalada.

En este tenor, y atendiendo a las nuevas facultades conferidas a las Comisiones públicas de derechos humanos y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el jueves 14 de septiembre de 2006, mediante la cual se les otorga la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad, atentamente le solicitamos que valore la posibilidad de presentar esta acción legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se solicite la inconstitucionalidad de aquellos artículos que dilaten la entrada en vigor de la Ley y que, en consecuencia, pongan en riesgo los derechos humanos básicos de las y los niños y adolescentes.

Es preciso señalar, que el plazo que establece el artículo 105 constitucional en su fracción II para la presentación de las acciones de inconstitucionalidad, es de 30 días naturales, razón por la cual el análisis y en su caso la presentación del recurso, deberán ser antes del 1 de noviembre del presente año.

Finalmente, le recordamos que en todo momento, la petición debe basarse en el interés superior de la niñez y de la adolescencia, pues el objetivo debe ser, precisamente, el que los beneficios que otorga la reforma constitucional, entren en vigor de manera inmediata.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente.

María Cristina Muñoz Menéndez.

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

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Después de las denuncias públicas hechas recientemente por las violaciones de derechos humanos en el CERESO; después de que uno de los integrantes del Albergue Oasis San Juan de Dios denunció públicamente con valentía la venta de drogas y la suspensión de tratamientos del VIH/SIDA en el CERESO y de otra demanda por el despojo de un terreno a la fundación por el director del penal Francisco Brito, en respuesta recibimos una represión policíaca.

HECHOS
El día jueves 5 de octubre a las 11:30 de la mañana unos policías de la camioneta 1825 y una moto 2043 con armas en la mano amenazantes nos detienen, catean a los integrantes de la camioneta propidad de la fundación, catean la camioneta e intentan abrir mi portafolio, todo esto con gritos de “dale, maricones”, incluso nos quieren detener inventando que la camioneta era sospechosa de drogas y que no estaba en regla, cuando ni siquiera nos pidieron mi licencia y documentos de la camioneta.
El viernes 6 hemos interpuesto una queja en la CODHEY y solicitado se dé parte al Ministerio Público.
Queremos manifestar que el gobierno podrá utilizar la fuerza para intentar acallar las denuncias ciudadanas, pero Nosotros tenemos la fuerza de la verdad y la razón que siempre al final se impondrán sobre las armas.

Atentamente,
Carlos Méndez Benavides
Oasis San Juan de Dios

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Equipo Indignación A.C.

Policías de la Secretaría de Protección y Vialidad de Yucatán detuvieron con violencia a cuatro ejidatarios mayas el viernes 6 de octubre pasado y agredieron a cerca de veinte personas de Oxcum que se mantenían en vigilancia sobre terrenos de ese ejido en litigio para a evitar que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) introduzca maquinaria a trabajarlos.
El equipo Indignación tuvo conocimiento de la detención y del traslado de los detenidos hacia el edificio de la S.P.V., donde se retuvo ilegalmente a don Ildefonso Dzul García, don Gonzalo García, don Abelardo Cobá y Wilbert López Castro, quienes hasta las ocho de la noche fueron trasladados al edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Durante el operativo resultaron lesionadas, además de los detenidos, don Juan Poot, doña Felipa Poot, doña Dulce María Chuil Mena y doña Rosario Dzul, entre otras personas.
En las afueras de la SPV entrevistamos a familiares de los detenidos y personas que participaron en los trabajos de vigilancia sobre las tierras y constatamos los golpes y lesiones que dejaron huellas visibles.
A la detención ilegal, la violación al derecho a la integridad física y el abuso de fuerza por parte de los policías, se sumó el hostigamiento e intimidación de policías judiciales hacia una observadora de derechos humanos del Movimiento de Cultura Popular, Eva Macossay, quien al llegar a la procuraduría tomó fotos de la camioneta en la que venían los detenidos.
Una vez en el estacionamiento de la procuraduría, el coche en el que se trasladaba Eva fue interceptado por un coche blanco con cristales polarizados y ella fue obligada por personas que se identificaron como judiciales a bajar de su vehículo y mostrar su identificación, lo que contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.”
El equipo Indignación deplora las violaciones a las garantías y derechos humanos descritas, exige una investigación inmediata y la sanción de los responsables, así como respeto irrestricto hacia el trabajo de observación y defensa de los derechos humanos.
Este equipo también hace notar que de manera reiterada el actual gobierno ha utilizado el edificio de la SPV como sitio de detención, lo que es ilegal.
Por otra parte, este equipo no puede dejar de observar y señalar que las compras de tierra promovidas por el gobierno del Estado y ejecutadas a través de intermediarios, además de constituir una política de despojo al territorio del pueblo maya, se han hecho a través de mecanismos antidemocráticos y corruptores que han generado una profunda división en comunidades y ejidos mayas.
Estas adquisiciones de tierras en pueblos mayas cuyos derechos no están reconocidos y que viven en condiciones de pobreza extrema pueden adquirir forma legal pero resultan ilegítimas. El equipo Indignación denuncia y deplora el hecho de que el gobierno del Estado no sólo no cuente con una política integral para proteger los territorios del pueblo maya y respetar su derecho a decidir sobre sus tierras, sino que él mismo participe en el despojo y lo propicie.

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 EQUIPO INDIGNACIÓN A.C.

El despido de Luis Peniche Novelo constituye una represalia por denunciar violaciones a los derechos humanos, entre ellas un caso de tortura y la represión en Caucel, lo que hace al gobierno de Yucatán violar lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos.
El despido de Luis Peniche constituye, además, un acto de discriminación por opiniones y por preferencia política, prohibida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia declaración a la que hemos hecho referencia.
Para proteger de forma inmediata los derechos de Luis Peniche, la Codhey ha dictado una medida cautelar “a efecto de que al agraviado le sean restituidos los derechos laborales que le fueron suspendidos por presuntos hechos de discriminación hasta en tanto se resuelve la presente queja”.
Luis Peniche Novelo documentó en enero pasado un caso de presunta tortura en el edificio que ocupa la S.P.V., la cual denunció ante la Codhey. En julio pasado documentó y difundió el caso de la represión contra campesinos de Caucel. Además es adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participa en la Otra Campaña y colabora de manera voluntaria con el Equipo Indignación.
La Declaración sobre el derechos de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos establece en su artículo primero que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
En el artículo 9, la Declaración a la que hacemos referencia señala que: “En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente (…) a ser protegida en caso de violación de esos derechos.”
Y añade, en el artículo 10, que: “Nadie participará, por acción o por el incumplimiento del deber de actuar, en la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y nadie será castigado ni perseguido por negarse a hacerlo.” En el artículo 12, fracción segunda, indica que: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
Para el Equipo Indignación resulta deplorable la actuación del gobierno del Estado puesto que castiga el ejercicio de un derecho fundamental como lo es el derecho de promover y proteger los derechos humanos, derecho que el Estado está obligado a promover y proteger. Los casos sobre los cuales Luis Peniche ha actuado y se ha manifestado constituyen violaciones graves a los derechos humanos como son la tortura y la represión contra campesinos de Caucel.
Por todo lo anterior el Equipo Indignación exige al gobierno del Estado aceptar la medida cautelar dictada por la Codhey, ofrecer de inmediato pruebas de su cumplimiento e iniciar una investigación para sancionar a todos los funcionarios que hubiesen tenido alguna participación en la violación a los derechos de Luis Peniche Novelo.
A la vez que dictó la medida cautelar, la Codhey declaró la queja presentada por integrantes de Indignación y ratificada por Luis Peniche como “pendiente de calificación”, lo que resulta extraño para este equipo toda vez que esa figura se contempla en el reglamento interno de la comisión únicamente “cuando la queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios o sea confusa”, en cuyo caso se deberá requerir por escrito al quejoso, lo que no se ha hecho.
Le hacemos llegar esta comunicación a la Codhey esperando que contribuya a despejar cualquier confusión que dicho organismo tuviese con respecto a este caso y solicitándole admitir de inmediato la queja, realizar debidamente la investigación y, dada la naturaleza y la gravedad de la violación que se presume, emitir la recomendación correspondiente para garantizar a Luis Peniche el ejercicio del derecho de promover y defender los derechos humanos y a no ser objeto de discriminación por sus opiniones, preferencias políticas y acciones solidarias.
La naturaleza del caso sentará un precedente para garantizar estos derechos a todas las personas de la entidad.
El equipo Indignación sigue este caso con particular interés por tratarse de la violación del derecho de promover y proteger los derechos humanos, por las implicaciones que esta violación tiene y por agraviar a un compañero nuestro.

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Indignación A.C.

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. deplora el intento del gobierno de Yucatán de despedir a Luis Peniche Novelo, servidor público que en enero pasado documentó un caso de presunta tortura en el edificio que ocupa la S.P.V.
El pasado 30 de enero Luis Peniche Novelo se encontraba en la oficina de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, donde labora, en el Departamento de Desarrollo Humano y Calidad, misma que se encuentra en el edificio que antes ocupaba la Procuraduría de Justicia del Estado, contiguo al edificio de la S.P.V. Al acudir a los sanitarios, escuchó gritos provenientes de un cuarto del cual lo separaba una pared, precedidos por sonidos que le parecieron como de descargas y golpes.
Unos minutos después de estar escuchando, Luis acertó a sacar una cámara fotográfica que tiene también funciones de grabación de audio, grabó y dejó a este equipo un archivo de audio de 2 minutos y 26 segundos de duración en el que, si bien hay mucho ruido, se distinguen frases como “…por favor, por favor…”, “…comandante…”, “…por favor, por favor…”, “…acepto los cargos…”, “…como treinta kilos…”, entre otras.
El equipo Indignación, junto con Luis Peniche, presentó el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y solicitó que fuese la misma Codhey quien interpusiera la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Aunque inicialmente el entonces oficial de quejas de la Codhey ofreció mantener en el anonimato el nombre del testigo y denunciante, personal de la Comisión acudió al centro de labores de Luis Peniche, habló con sus jefes y también con él, poniendo en evidencia quién había denunciado el caso.
El pasado 30 de agosto, durante la presentación de su informe, el Ombudsman anunció que en breve se emitiría una recomendación contra el gobierno del Estado precisamente por ese caso de tortura.
Adicionalmente a la denuncia del caso de tortura, Luis Peniche participa en el proyecto de comunicación alternativa “Indymedia Yucatán” y documentó y denunció la represión contra campesinos de Caucel ocurrida el pasado 13 de julio.
Luis Peniche cuenta incluso con un oficio de su trabajo en el que se expresa la molestia porque se le vio en el edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado cuando los campesinos de Caucel se encontraban ahí detenidos. Si bien faltó a su trabajo ese día, avisó previamente que no podría asistir y le dijeron que no había problema. La molestia se la expresaron hasta que se supo que el tiempo lo usó para acudir a apoyar a los campesinos de Caucel reprimidos por el propio gobierno del Estado.
Luis Peniche Novelo es adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y participa en “La Otra Campaña”, iniciativa civil y pacífica promovida por el EZLN.
Además, Luis colabora voluntariamente con el equipo Indignación.
El pasado viernes 8 de septiembre, Luis Peniche fue informado de que ya no se requerirían sus servicios y se le solicitó que ya no se presentara a su oficina. Anteriormente ya sus jefes le habían invitado a considerar la posibilidad de retirarse. Hasta donde este equipo sabe, el gobierno del Estado pretende que Luis Peniche renuncie voluntariamente y está presionándolo en ese sentido. Su jefe directo es el señor José Agustín López Chi, jefe del Departamento de Desarrollo Humano y Calidad, que forma parte de la Dirección de Desarrollo Institucional, a cargo del Lic. Eduardo Millet Reyna y depende de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado cuyo titular es el señor Raúl Arceo Alonzo. El jefe de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor es el Lic. José López Rosado.
El equipo Indignación considera esta solicitud de renuncia hecha a Luis Peniche como un acto de represalia del gobierno del Estado por su participación política, sus ideas y la denuncia de tortura que realizó en febrero pasado.
Este equipo deplora la represalia y hostigamiento que este hecho entraña y expresa un severo extrañamiento por el hecho de que se castigue a un servidor público que cumple con su deber, puesto que la ley contra la tortura obliga al servidor público que tenga conocimiento de un hecho de esta naturaleza a denunciarlo de inmediato, lo que hizo Luis Peniche al presentar el caso ante la Codhey.
Al desalentar con represalias la denuncia de actos de tortura, el Gobierno de Yucatán se exhibe como promotor de ésta y protector de quienes la practiquen.
La represalia, además, hace incurrir al Gobierno del Estado en violaciones al derecho a la libertad de expresión, de pensamiento y de asociación de Luis Peniche Novelo. Adicionalmente, el gobierno de Yucatán viola derechos laborales al despedir sin causa justificada a un empleado.
El Equipo Indignación hace estos hechos del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, solicitándole su intervención inmediata.

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Durante la detención de 38 campesinos mayas en Caucel el pasado 13 de julio se cometieron detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso legal. Estas violaciones durante el desalojo y la detención, se suman a violaciones a los derechos del pueblo maya, particularmente al derecho a la tierra, territorio y a la consulta, que son resultado de una política gubernamental de privatización de tierras.
Sobre la documentación de estas violaciones se centra el presente informe. En este correo incluimos las conclusiones. El informe completo puede ser consultado en: www.indignacion.org.mx

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Conclusiones:

1. El Equipo Indignación considera que la detención de campesinos mayas en Caucel el pasado 13 de junio constituyó un acto de represión en el que se cometieron detenciones arbitrarias y se violó el derecho a debido proceso legal de los detenidos.
2. El titular del poder ejecutivo del estado de Yucatán; el titular de la secretaría de protección y vialidad; el director de protección de dicha dependencia, que estuvo a cargo del operativo; la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo en Yucatán (COUSEY), el procurador de justicia del Estado y el titular de la Agencia Receptora número 1 del Ministerio Público incurrieron en violaciones a los derechos humanos durante la detención de campesinos mayas en caucel el pasado 13 de julio.
3. Los tres niveles de gobierno tienen responsabilidades en las violaciones continuadas a los derechos del pueblo maya que están afectando la posesión sobre sus tierras y territorios, además de ser responsables de las condiciones de pobreza extrema y la violación a derechos económicos, sociales y culturales que impiden a los pueblos tomar decisiones libres e informadas sobre sus tierras y territorios. La política de privatización de tierras, alentada y ejercida por el propio gobierno del Estado, afecta de manera grave el derecho del pueblo maya a la tierra y territorio.
4. En los proyectos de Ciudad Caucel, Metropolisur y la construcción de un nuevo aeropuerto, no se ha consultado a los pueblos que serían afectados, lo que viola el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT.

El Equipo Indignación considera que el gobierno del estado de Yucatán está obligado a:

1. Realizar una investigación pronta de los hechos que lleve a deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de violar derechos humanos durante el operativo implementado el pasado 13 de julio en Caucel.
2. Hacer público un informe detallado de los hechos
3. Capacitar a todos los elementos policíacos, así como a los servidores públicos de la procuraduría y las agencias del ministerio público en derechos humanos y derechos indígenas.
4. Implementar las acciones necesarias para proteger la tierra y territorio de los pueblos maya de Yucatán
5. Detener los proyectos que se desarrollarán en tierras o territorios ocupados por el pueblo maya hasta obtener su consentimiento a través de un proceso que garantice una opinión libre e informada.

El Congreso del estado de Yucatán está obligado a:

En materia indígena, atenerse a lo que determinen los pueblos mayas a través de una consulta libre e informada.

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