Vida Digna
Todos los seres humanos, incluidos los 202,938 yucatecos y yucatecas que forman parte de la población ocupada que no recibe ingresos o recibe menos de un salario mínimo mensual , tienen derecho a una vida digna.

Artículos 3 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
________________________________________

Salud
Todas las mujeres tienen derecho a una buena atención durante el embarazo y el parto, incluidas las 14 que han muerto en Yucatán de enero a agosto de 2005, registradas como muertes maternas.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 30 de la Declaración de Beijing.
Artículos 10.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
________________________________________

Salud
Todas las personas tiene derecho a la salud e, incluso, a la seguridad social, incluyendo a las 882,602 personas de Yucatán que no son derechohabientes de ninguna institución de salud. La mayor parte de estas personas acude al Hospital O’Horán, que se encuentra en condiciones deplorables y sin capacidad para garantizar servicios médicos de calidad a quienes ingresan.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículos 9 y12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
________________________________________

VIH
Todos los seres humanos afectados por el SIDA, incluidos los 3,811 que se encuentran en Yucatán, tienen derecho a recibir medicamentos de forma gratuita y permanente, y a que este derecho se encuentre garantizado en la ley.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 12 c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
________________________________________
Salario Justo
Todas las personas, incluidas las 15,156 desocupadas en 2004 en Yucatán, tienen derecho a un trabajo justo y bien remunerado.

Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
________________________________________
Explotación Infantil
Todos los niños y niñas del mundo, incluidos los 8,825 niños y niñas entre 12 y 14 años que trabajan en Yucatán (más los que no aparecen en el Censo por ser menores de 12 años), tienen derecho a jugar, a reír, a estudiar, a una infancia protegida y feliz.
Artículo 32 de la Convención sobre los derechos de la niñez
Artículo 3.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

________________________________________

Identidad cultural y Lengua Materna
Todos los seres humanos, incluidos los 981,064 mayas yucatecos y yucatecas, tienen derecho a su identidad cultural, a su lengua materna y a que se reconozcan y respeten todos sus derechos como pueblo.

Artículos 2, 3 y 4 del Convenio 169 de la OIT
________________________________________
Juicios Justos
Todas las personas, incluyendo a don Ricardo Ucán Ceca, tienen derecho a un juicio justo e imparcial y tienen derecho a ser juzgados en su propia lengua y de acuerdo a sus propios sistemas normativos como parte de un pueblo indígena.

Artículos 8 y 10 de la Declaración universal de los derechos humanos
Artículo 9 y 10 del Convencio 169 de la O.I.T.
________________________________________
Sin discriminación
Todos los seres humanos, incluidos los 5,839 yucatecos y yucatecas que han emigrado hacia Estados Unidos, tienen derecho a un estatus legal que les permita vivir y trabajar sin discriminación de ninguna clase.

Artículo 7 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
________________________________________
Alimentación
Todos los seres humanos, incluido el 85 por ciento de la población maya que padece algún grado de desnutrición , tienen derecho a comer.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 1 de la Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición
Artículo 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

________________________________________
Vida sin violencia
Todas las mujeres del mundo, incluidas las 128,602 yucatecas mayores de 15 años con pareja en su hogar que declaran haber tenido al menos un incidente de violencia, tienen derecho a una vida libre de violencia.

Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer

________________________________________
Diversidad sexual
Todos los seres humanos, incluidos los gays y lesbianas, bisexuales y transexuales, tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos plenos ante la ley y ante la sociedad.

Artículo 2.2 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales

________________________________________
Alimentación
Todos los niños y niñas del mundo, incluidos los 40 que mueren en Yucatán cada mes por cada mil nacidos vivos , tienen derecho a alimentarse y crecer saludablemente.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 11.2 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
________________________________________
Agua
Todos los seres humanos, incluidas los 666,729 personas que viven en hogares de Yucatán sin agua entubada adentro de la vivienda, tienen derecho a disfrutar de este bien común no privatizable.

Artículo 1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

________________________________________
Educación
Todos los seres humanos, incluidos las 135,581 personas yucatecas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas.

Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 13.2.d) del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
________________________________________
Educación
Todos los seres humanos, incluidos los 18,205 mayas de 6 a 14 años que no asisten a la escuela, tiene derecho a la educación, incluyendo la educación superior.

Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 13.2.d) del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
________________________________________
Vida digna
Todos los seres humanos, incluida la mitad de la población latinoamericana bajo la línea de pobreza, tienen derecho a disfrutar de condiciones dignas de vida.

Artículo 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 11 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales

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TODAS LAS PERSONA TENEMOS DERECHO A QUE SE ESTABLEZCA UN ORDEN SOCIAL E INTERNACIONAL EN EL QUE LOS DERECHOS Y LIBERTADES PROCLAMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SE HAGAN PLENAMENTE EFECTIVOS
Artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Todas las personas tenemos derecho a contar con legisladores y legisladoras que conozcan y entiendan nuestros derechos y que sean capaces de adecuar nuestra legislación a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Formato tomado de Radialistas apasionadas y apasionados

INEGI. XII Censo General de población y vivienda. México, 2000.
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Notificación de defunciones maternas por entidad federativa.
INEGI. XII Censo General de población y vivienda. México, 2000. (En Yucatán el 10 por ciento de quienes no son derechohabientes se ha afiliado al Seguro Popular).
Fuente: Departamento de Vigilancia epidemiológica del VIH/Sida e ITS de los Servicios de Salud de Yucatán. Junio de 2005.
FUENTE: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda. México, 2000
59.2% de la población es indígena maya. Fuente: Indicadores Socioeconómicos de los pueblos indígenas de México. Estimaciones de la población indígena, a partir de la base de datos del XII Censo general de población y vivienda 2000, INEGI.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000
Gilberto Balam Pereira citado por José Palacios/Proceso, 11 de octubre de 2004.
XII Censo General de población y vivienda. INEGI, 2000
Gilberto Balam Pereira citado por José Palacios/Proceso, 11 de octubre de 2004.
Fernández, Patricia. Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas. CDI e Inmujeres, México, 2005.
XII Censo de población y vivienda. INEGI, 2000.
XII Censo de población y vivienda. INEGI, 2000.

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1. Las reformas constitucionales derivadas del 115 y aprobadas por el Congreso local en mayo pasado restringían al ámbito municipal algunas formas de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Consideramos indispensable garantizar estas formas de participación en el ámbito estatal, lo que el anteproyecto propone pero, a la vez, obstaculiza.
2. La participación de la ciudadanía en los asuntos que le afectan es un derecho que requiere legislarse con el fin de garantizar su ejercicio y de establecer la obligación de las autoridades de acatar el mandato ciudadano. El anteproyecto que conocimos, en cambio, limitaría e impediría dicha participación al exigir a la ciudadanía constituir el 10 por ciento del padrón electoral para solicitar un referéndum y el 5 por ciento para presentar una iniciativa de ley ante el Congreso.
3. Leyes de participación ciudadana de otros estados de la república mexicana consultadas por este equipo exigen a la ciudadanía constituir el uno por ciento del padrón electoral para solicitar un plebiscito, referéndum o para presentar una iniciativa popular.
4. Pero aún más: El padrón electoral de Yucatán es de aproximadamente un millón doscientas mil personas. Para conformar una agrupación política en el estado se requieren únicamente mil personas, mucho menos del uno por ciento del padrón electoral. Para conformar un partido político se requieren dos mil quinientas personas. Para solicitar un referéndum, en cambio, según el anteproyecto que conocimos ¡se requeriría la firma de cien mil personas! Por si fuera poco, se exige que en este porcentaje esté representado ¡el 25 por ciento de los municipios del Estado! Quien redactó el proyecto pareciera considerar a la ciudadanía como una enemiga a cuya participación hay que poner límites y candados.
5. En el anteproyecto que conocimos se desaprovecha la oportunidad de incluir la figura de “revocación del mandato”, derecho ciudadano que debiera estar garantizado. Asimismo se omite mencionar otras formas de participación ciudadana que también generan responsabilidades a los mandatarios.
6. No se considera en lo absoluto al pueblo maya ni el órgano de decisión de las comunidades mayas, que suele ser la asamblea. Aun cuando la constitución de Yucatán no hay ley en materia indígena, resulta una ausencia injustificable.
7. El anteproyecto establece que el Tribunal Electoral del Estado resolverá los recursos de inconformidad derivados de los procesos de consulta. En este momento, sin embargo, se están organizando foros para modificar la ley electoral y varias propuestas coinciden en que el Tribunal Electoral del Estado debe desaparecer.
8. En el anteproyecto se establece la obligación de acatar el resultado del proceso de consulta si participa por lo menos el treinta por ciento del porcentaje de votación de la última elección. Precisamente el efecto vinculatorio de estos procesos garantiza el derecho de la ciudadanía a intervenir en los asuntos públicos.
9. La exposición de motivos manifiesta un pensamiento ajeno a la perspectiva ciudadana y a los derechos humanos. Le urge perspectiva integral, pluricultural y de género (Menciona reiteradamente los “derechos del hombre”, “la vida del hombre” y la “autorrealización del hombre”, por ejemplo).
10. Con el fin de conocer el número de personas que integran el padrón electoral del estado de Yucatán, este equipo se comunicó al Instituto Electoral del Estado. Con preocupación nos enteramos de que a esa institución ciudadana no se le hizo llegar el anteproyecto referido, aun cuando ese documento establece que corresponderá al IEEY la organización de las consultas a las que se refiere.

Encontramos, por supuesto, favorable y necesario, que la diputada que presentó el anteproyecto solicite la participación ciudadana para enriquecerlo. Sin embargo, no podemos menos que lamentar que en su propia propuesta establezca condiciones que en realidad impedirían a la ciudadanía ejercer estas formas de participación, que constituyen un derecho y no una concesión.

Este anteproyecto se refiere sólo a uno de los aspectos relacionados con las reformas a la constitución local derivadas de las modificaciones al 115 constitucional. El Congreso ha dejado pasar seis meses y, de nuevo contra la pared del tiempo, comienza a trabajar. Esta dilación también obstaculiza la participación ciudadana que tiene derecho a pronunciarse sobre las leyes y reglamentos que deberán derivarse de estos cambios constitucionales.

Atentamente,

INDIGNACIÓN A.C.

Algunos datos que podrían resultar de interés:

• En la República mexicana cuentan con una Ley de Participación Ciudadana los estados de: Baja California, Morelos, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Zacatecas y el Distrito Federal (al menos).
• En Suiza “Los votantes tienen derecho de pedir un referéndum por cada ley que se apruebe en el parlamento. El único requisito es obtener 50,000 firmas, lo cual es relativamente fácil en un país de 7 millones de habitantes.” Jurg Steiner (www.aceproject.org) (y la ley data del siglo XIX).
• Pero no en todos los casos hay que reunir firmas (en Suiza); en ciertas ocasiones se da el caso de que una decisión de la legislación concierne normas constitucionales o del derecho internacional. Para estos casos está previsto el referéndum obligatorio. Modificaciones constitucionales, convenios bilaterales o la entrada en organizaciones supranacionales exigen la ineludible sentencia popular. (www.suissworld.org) (En México habríamos rechazado el tratado de libre comercio y la contrarreforma en materia indígena)
• En la República de Cuba la iniciativa de leyes compete a: “…ch)…iv…los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores” (art.88).
(Estos diez mil ciudadanos representarían actualmente el 1 por ciento del padrón electoral, conformado por un millón ciento cincuenta mil personas.)
• La Constitución de Venezuela establece la figura de “revocación popular del mandato”.
• Varios estados de Estados Unidos cuentan también con la figura de la “revocación del mandato” (llamada recall). Existen disposiciones constitucionales y legales en 26 estados de ese país que facultan a los electores para pedir la destitución de todos o algunos funcionarios públicos (www.aceproject.org)

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Ing. Manuel Fuentes Alcocer
Presidente Municipal de Mérida

El Equipo de Derechos Humanos Indignación A.C. ha tenido conocimiento de que integrantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) de Yucatán han sido molestados en su persona y en sus posesiones por funcionarios de su Administración.
Según la información que hemos recibido, empleados municipales han obstaculizado los trabajos de difusión que esa organización realiza, lo que implicaría una violación a los derechos humanos de sus integrantes y a las garantías consagradas en la Constitución.
El Frente Zapatista de Yucatán instala en la Plaza Grande una mesa de información todos los sábados desde hace más de siete años. Personas que colaboran con esa organización acusan a los CC. Fernando Aguiar, Subdirector de Mercados, y a Jorge Mendoza, Jefe de Supervisores, de haberlos hostigado, provocado y amenazado, retirándoles materiales de difusión y propaganda de su asociación.
El Equipo Indignación recibió información de integrantes del Frente Zapatista de Yucatán en la que mencionan que el pasado sábado 1 de octubre, alrededor de las 13.00 horas, empleados a las órdenes de los funcionarios del Ayuntamiento que hemos mencionado más arriba, se presentaron con el propósito de desalojarlos de su sitio habitual, argumentando que eran vendedores ambulantes. A pesar de las explicaciones que las Sras. Carmen Bacelis Bacab y Carminia Ek Tamayo ofrecieron, los empleados, que decían cumplir órdenes de los susodichos funcionarios, dijeron que “como no quieren levantar las cosas, vamos a proceder a contar la ‘mercancía’ y a traer a la policía”.
Ante la férrea oposición de las dos mujeres, los empleados se retiraron, no sin tomar algunas fotos e intimidarlas desde una camioneta blanca placas YN41781.
El sábado siguiente, 8 de octubre, estando también en la mesa el Sr. Camacho Suárez, los empleados del Ayuntamiento no sólo repitieron las mismas acciones de la semana anterior, sino que se llevaron algunos materiales de los que ellos difunden, como la revista Rebeldía.
El sábado 15 de octubre se presentó el coordinador jurídico del Ayuntamiento de Mérida acompañado de otras personas que estuvieron fotografiando materiales que esta organización expone en su mesa informativa y quiso dejarles copia de una notificación, que los integrantes del Frente Zapatista se negaron a recibir.

Ante los hechos descritos el Equipo Indignación le exige:
1.- Garantizar a los integrantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional y a todos los habitantes de este municipio el pleno ejercicio de sus derechos.
2.- Realizar una investigación pronta que determine si la actuación de los funcionarios estuvo apegada al irrestricto respeto a los derechos humanos y, en caso de no haber sido así, aplicar las sanciones correspondientes a todos los empleados que resultaren responsables de vulnerar derechos u obstaculizar el ejercicio de las garantías constitucionales.

No omitimos recordarle que ningún ordenamiento municipal puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra en sus artículos 1º, 6º, 9º, 35º (fracción III) y 39º los derechos de libre asociación, libre expresión y libre manifiestación.

Atentamente,
Equipo INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

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Con un P’UJ llevaremos nuestra palabra:

De Cisteíl al Congreso del Estado

A todas las personas que han firmado el manifiesto maya “No en nuestro nombre”; a quienes, sin ser mayas, han dicho “tampoco en nuestro nombre; a todas las mujeres y hombres interesados en lograr el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas les comunicamos que hemos tomado ya acuerdo sobre cómo y cuándo llevar las firmas al Congreso del Estado.

1. Hemos decidido hacer un P’UJ para llevar las firmas al Congreso del Estado. El P’uj es la batida que hacemos para cazar venado, actividad que es todo un rito en nuestros pueblos y que siempre necesita organización. El P’uj comienza siempre con el jonk’a, sonido de caracol con el que nos vamos convocando para salir a la batida. Así, con este comunicado comenzamos el jonk’a para irles llamando e invitarlos a acompañar este esfuerzo.

2. El Jonk’a sonará con fuerza en el antiguo pueblo de Cisteíl el miércoles siete de septiembre próximo, lugar que hemos señalado como el inicio de salida hacia el p’uj. Muchas y muchos se preguntarán cómo llegar ahí, siendo que Cisteíl fue destruido por completo y borrado de los mapas desde 1761, cuando los dzules quisieron borrar y destruir nuestra palabra, nuestra organización y nuestro pensamiento; cuando quisieron acabar con la rebelión encabezada por Jacinto Can Ek. Cisteíl existe en nuestra memoria, pero no sólo en nuestra memoria. Al final vienen las indicaciones para llegar.

3. De Cisteíl saldremos a las tres de la tarde, hora en la que comenzó la batalla final en ese antiguo pueblo, según el archivo general de indias citado por don Pedro Bracamonte en ese libro que tanta falta nos hacía tener y que se llama “La encarnación de la profecía: Canek en Cisteil”. De ahí nos dirigiremos al pueblo de Maní, donde quemaron muchos documentos nuestros; donde intentaron borrar nuestra historia, nuestros conocimientos, nuestra identidad. A Maní esperamos llegar a las seis de la tarde para contarle nuestra palabra a quienes hoy habitan el pueblo de Maní.

4. El jueves ocho de septiembre estaremos en el pueblo de Tecoh. Nos han contado que ahí escucharon a algunas personas decir no hace mucho: “hasta aquí llegaron los mayas rebeldes en la guerra de castas. Aquí los detuvimos”. Quizás no es más que una persona la que así dijo, pero ahí queremos hablar un poco de historia y, sobre todo, de presente y de futuro para quienes somos mayas y se nos roba el derecho hasta de saber nuestra propia historia.

5. El viernes nueve de septiembre estaremos en Mérida para hacer el P’UJ en el Congreso del Estado, para que los diputados y diputadas escuchen nuestra voz. Pensamos que primero nos vemos en San Juan, a las seis de la tarde, para que ahí digamos también un poco la palabra y de ahí nos vayamos al Congreso caminando y pasando por la plaza grande. Si alguno piensa que a las ocho de la noche es muy tarde para encontrar a los diputados, no se preocupen. La palabra no se escucha según si se dice en la mañana o en la tarde; la palabra se escucha si hay voluntad de escucharla. Ya veremos si los diputados saben escuchar.

6. Ah! Habíamos prometido explicaciones para facilitar la llegada a Cisteíl. Van las indicaciones, aunque se sabe que el que quiere llegar llega y que todos los caminos llevan a la memoria, pues según lo que hemos recorrido nos pareció que para quienes salgan de Mérida en coche propio lo mejor es llegar a Peto y de ahí dirigirse a Timul, pasando primero por Tahdziú. Llegando a Timul encontrarán una manta que indica para dónde está Cisteíl (que se pronuncia kisteíl). Si preguntan, ahí la gente conoce el pueblo por el nombre de Kantirix, pero no duden que en realidad se dirigen a Cisteil, que está como a siete kilómetros de Timul en un camino que no está ni muy malo ni muy bueno, es decir que sí pasa bien el coche pero despacito, y que hace pensar que por ahí se les ha olvidado construir carreteras, pero no sólo eso.

Aprovechamos comunicarles con mucha alegría y gusto que más de mil quinientos mayas hemos firmado el documento “NO EN NUESTRO NOMBRE” y más de trescientas personas no mayas han dicho “Tampoco en nuestro nombre”. Les invitamos a visitar la página tampocoennuestronombre.info y ver si está ahí su nombre (no sea que alguno se haya perdido en el ciberespacio). Todavía pueden firmar.

Entonces, resumimos:

Miércoles 7 de septiembre, a las tres de la tarde, Cisteíl; a las seis de la tarde, Maní.

Jueves 8 de septiembre, a las seis de la tarde, Tecoh

Viernes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, Parque de San Juan para caminar hacia el Congreso del Estado y estar ahí a las 8 de la noche.

Pedro Uc Be

José Anastasio Euán

Russell Pebá

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“Había en los mayas sabiduría…saludables vivían…no había entonces enfermedad…rectamente erguido iba su cuerpo entonces…
No fue así entonces lo que hicieron los ts’ules cuando llegaron…
ellos enseñaron el miedo; y vinieron a marchitar las flores.
Para que su flor viviese, dañaron y sorbieron las flor de los otros…”

 (K’ajlay de la Conquista, en El libro del Chilam Balam de Chumayel)

Nuestra memoria y nuestro corazón maya afirman que no morirá la flor de nuestra palabra. Sabemos que el gobierno de Yucatán, por medio del “Instituto para el desarrollo de la cultura maya” (INDEMAYA), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI) así como el Congreso del Estado, realizan actividades orientadas a la creación de una ley indígena para los que somos mayas en este territorio; han hecho reuniones a las que llaman “consultas” en algunos municipios de Yucatán en las que han preguntado si los indígenas queremos una vivienda, una buena alimentación, una buena atención a la salud, etc. Nosotras y nosotros pensamos que esos aspectos están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en sus primeros 29 artículos que nos rigen hasta el día de hoy; así mismo en diversos tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el Estado mexicano tiene obligación de cumplir por haberlo firmado.

Venimos a decirle al Gobierno, al Congreso y a toda la sociedad que la flor de nuestra palabra no será marchitada, que la ley que pretenden hacer el Legislativo y el Ejecutivo, no sea en nuestro nombre, ni sea utilizado para justificar su “consulta”; las políticas públicas ya son mandato constitucional no tiene que preguntarse a ningún ciudadano si lo desea o no.
¡No en nuestro nombre!

Este gobierno sigue el ejemplo del mal gobierno nacional que debilitó los acuerdos de San Andrés haciendo una ley para los indígenas no sólo sin los indígenas sino contraria a nuestros derechos y demandas.
¡No en nuestro nombre!

Este gobierno quiere poner a los pueblos indígenas al mismo nivel de un partido político o una agrupación lucrativa por medio de una ley que nos convertiría en “entidades de interés público” y no quiere reconocernos como sujetos de derecho público; pero decimos que nuestra raíz sigue viva y fuerte a pesar del golpe que se nos dio como pueblo indígena por el congreso de la Unión en 2001 al eliminar una parte importante en la Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y los acuerdos de San Andrés.
¡No en nuestro nombre!

En este gobierno no creemos cuando afirma que quiere saldar un deuda histórica con los mayas; sigue creyendo que sólo él tiene la capacidad de pensar lo que es conveniente para todos, por lo que vemos esta “consulta” como un hecho de poca seriedad.
¡No en nuestro nombre!

En nuestro nombre está impresa la dignidad y la identidad, aquella que nos ha permitido vivir y decir, ¡aquí estamos en resistencia! Venimos a decir la palabra de nuestro corazón, de nuestra historia, de nuestras luchas.
Rechazamos toda ley indígena emanada del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Rechazamos cualquier reforma estatal en la materia hasta no ver concretada la modificación de la constitución federal en los términos de los acuerdos de San Andrés y la ley COCOPA.

Exigimos que se respete nuestra postura, ya que resulta absurdo participar y validar una reforma estatal mientras que la ley federal no reconozca plenamente nuestros derechos, cuando está siendo debatida a escala nacional e internacional por las más altas instancias.

Hemos decidido continuar el camino de nuestra autonomía en los hechos, desde nuestra raíz y no permitiremos que en nuestro nombre nos sea arrebatado este derecho.

Somos los mayas la mayoría en este Estado y no queremos una ley elaborada por la minoría, mucho menos cuando ésta se ha mostrado incapaz de reconocer nuestra existencia, nuestros derechos y de tomar en cuenta nuestra palabra.

Exigimos también que se tipifique como delito y se prohíba en la constitución local toda forma de discriminación ya sea por origen étnico, por género, por orientación sexual, por condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Exigimos que se detenga este intento de legalizar el asistencialismo que impone el gobierno a los pueblos indios, y que las reformas a la ley local se hagan sólo después de que sean respetados los Acuerdos de San Andrés, plasmados en la iniciativa presentada por la COCOPA.

Exigimos, en otras palabras, que si se hiciera una ley, sea una que reconozca nuestro derecho de hacer nuestras propias leyes.

A pesar de todos esos intentos de olvido, la flor de nuestra palabra maya resistirá y permanecerá, porque nosotras y nosotros tenemos en el corazón un mañana.

José Anastasio Euán Romero, Chablekal
Pedro Uc Be, Ticul
Russel Pebá, Ticul
Baltazar Xool May, Becanchén
Randy Soberanis, Chablekal
Margarita Carvajal, Dzibilchaltún
Próspero Serrano, Catmís
Ángel Ku Dzul, Ticul
Alvaro Mena, Ticul
Edilberto Argáez González, Buctzotz
Lorena Zapata Gómez, Maní
Concepción Pérez Parra, Maní
Cecilia Uh Jiménez, Yobaín

Y 1,006 firmas más hasta agosto de 2005

¡Tampoco en nuestro nombre!

Al conocer el pronunciamiento “No en nuestro Nombre” que hacen mayas del estado de Yucatán, exigimos que esa voz sea tomada en cuenta y solicitamos que TAMPOCO EN NUESTRO NOMBRE se legisle de forma contraria a los intereses del pueblo maya.

Pía Gómez García, Tony Peraza, Ella Fanny Quintal Avilés,
Pbro. Atilano Ceballos Loeza, Ma. Cristina Muñoz Menéndez, Luis Peniche,
Roger Aguilar Salazar, Margarita Rosales González, Wendy Panoja,
Rubén Reyes Ramírez, Juan Burgos Vallejos, José Antonio “La Canuta”, Luis Varguez Pasos

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Atentamente,

INDIGNACIÓN A.C.

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Indignación A.C.

Tres semanas después del retrasado proceso electoral que se llevó al cabo para elegir autoridades en las comisarías del municipio de Mérida, el Congreso del Estado estableció en la constitución yucateca la obligatoriedad de estas elecciones.
El quince de mayo pasado, el congreso del Estado puso fin al desacato en el que permanecía desde hace más de cinco años, cuando de las reformas al artículo 115 de la Constitución Federal se desprendió la obligación de las legislaturas de los estados de adecuar sus respectivas constituciones.
Entre otras modificaciones, el Congreso aprobó formas de participación ciudadana a través de las figuras del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
Con respecto a las elecciones en comisarías, cada tres años distintos ayuntamientos yucatecos se atribuían la facultad de decidir si respetarían o no el derecho de los habitantes de las comisarías a elegir a sus propias autoridades. La constitución, la ley orgánica de los municipios y los reglamentos de comisarías consideraban que la designación de comisarios era facultad del presidente municipal quien “podía” hacer una consulta, pero no estaba obligado a ello.
En el caso del municipio de Mérida, las dos administraciones municipales anteriores a la actual (encabezadas por Xavier Abreu y por Ana Rosa Payán) dijeron, en su momento, que designarían comisarios sin consultar al pueblo. Las protestas generadas en estas comisarías, a las que se sumó el equipo Indignación con pronunciamientos públicos, hicieron reconsiderar a ambas autoridades municipales y, finalmente, sí realizaron elecciones.
La actual administración municipal de Mérida realizó estas elecciones hace apenas unas semanas, casi un año después de tomar posesión y cinco meses después de la fecha en la que los comisarios debieron haber concluido su gestión.
La actual reforma constitucional impedirá que, en el futuro, se vulnere este derecho o se retrase su ejercicio. La ley establece que las comisarías elegirán a sus autoridades por voto universal, directo y secreto, dentro de los primeros noventa días siguientes de la toma de posesión del Ayuntamiento.
El Equipo Indignación celebra que la constitución yucateca garantice el derecho del pueblo maya a elegir a sus autoridades. Observamos, sin embargo, que la ley no contempla otras formas de elección que se realizan en algunas comisarías actualmente, como las asambleas. Posiblemente el congreso omitió consultar al pueblo maya sobre algo que le afecta directamente.
Aunque la reforma constitucional continúa considerando a los comisarios “autoridades auxiliares del Ayuntamiento”, el hecho de que se garantice el derecho del pueblo a nombrarlos restituye el carácter de representantes de su propia comunidad que los habitantes de las comisarías les confieren de hecho.
Confiamos en que las distintas autoridades municipales tendrán esto en cuenta para desistirse de considerarlos “empleados” del Ayuntamiento.

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Dr. José Pereira Carcaño
Secretario de Salud del estado de Yucatán

Con escándalo y preocupación hemos leído declaraciones suyas publicadas en el “Mundo al Día” el viernes 13 de mayo pasado, en una nota sobre la inauguración del segundo simposio de violencia familiar.
Dicho periódico le atribuye a usted expresiones que, de ser ciertas, pondrían de manifiesto un gran obstáculo de la Secretaría a su cargo para enfrentar el problema de la violencia de género: la incapacidad para reconocerla.
Ante la grave realidad de la violencia de género en México y en Yucatán, mientras diversos organismos realizan esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, el Secretario de Salud de Yucatán no sólo sostiene la existencia de un supuesto matriarcado, sino que tipifica una nueva y peculiar forma de violencia: “los varones también sufren violencia de sus parejas, pero en este caso no los obligan sino que los someten a la abstinencia”.
Según este pensamiento la mujer es sólo un objeto que debiera estar siempre dispuesta a cumplir con la “obligación” de satisfacer los deseos sexuales del varón, deseos que son, finalmente, los que cuentan. De ahí a considerar que no hay violación entre cónyuges no hay ni siquiera un paso. Se coloca usted adentro de esa lógica, en un pensamiento que creíamos ya superado. Lisístrata, la pacifista, sería hoy acusada de incurrir en violencia familiar.
Lo que legitima una relación sexual no es el matrimonio, sino el consentimiento libre de personas adultas. Ese consentimiento, por lo demás, no se da una vez y para siempre, sino que requiere manifestarse en cada acto.
Otras expresiones atribuidas a usted en la misma nota también nos causan preocupación. Afirma que “en Yucatán impera el matriarcado sobre el patriarcado” y lo justifica expresando que: “Existe predominio en la toma de decisiones por parte de la mujer, sobre todo de madres, suegras y abuelas”.
¿En qué ámbito toma esas decisiones la mujer? Porque si se refiere a decisiones que se toman al interior del hogar, la expresión sólo reproduce un pensamiento de la cultura patriarcal que ha sido fuente de inequidad para las mujeres: el lugar de la mujer es lo privado, la casa, la familia. Reproduce la idea de que la mujer lo es en tanto crea, reproduce, sostiene y edifica una familia.
“La identidad de la mujer aparece diluida en otras identidades como las de ‘vecina’, ‘madre’, ‘ama de casa’ (suegras y abuelas, añadiría el Secretario). Se proyecta así su rol doméstico al espacio social, pero no se contribuye de esta forma a disminuir o eliminar las desigualdades de género”
Esta visión oculta la inequidad de género y, si no se identifica el problema, difícilmente se pueden diseñar estrategias para su solución.
Le recordamos que “la violencia, además de ser delito que requiere prevenirse, combatirse y sancionarse, es también resultado, efecto de una sociedad que subordina y excluye a la mujer” .
El Equipo Indignación le recuerda, respetuosamente, que el Estado mexicano ha suscrito compromisos para garantizar la equidad de género, así como para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, compromisos que usted está obligado a cumplir y promover en el ámbito de su competencia.

Atentamente,
INDIGNACIÓN A.C.

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Ante la reciente ratificación de dos magistrados, y considerando la situación que prevalece en la administración de la justicia en nuestro estado, el Equipo Indignación expresa su honda preocupación y su consternación porque en Yucatán no han sido atendidas las recomendaciones del Relator Especial sobre la independencia de Jueces y Abogados de la ONU. En este incumplimiento tienen grave responsabilidad los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Lamentamos que magistrados que han convalidado violaciones a los derechos humanos, que han omitido atender las recomendaciones del Relator y que no han demostrado la independencia, probidad y diligencia necesarias hayan sido ratificados y adquirido así inamovilidad, principio establecido, precisamente, para garantizar la independencia de los jueces y que hoy obtienen personas cuya independencia está seriamente cuestionada.
Este equipo propone recordar algunas de las conclusiones y recomendaciones que el Relator hizo después de su visita a México y contrastarlas con algunas situaciones que prevalecen en Yucatán.
La independencia del poder judicial es la piedra angular del estado de derecho en cualquier sociedad democrática, incluido México. Aunque México era constitucionalmente una democracia antes de 1994, no había arraigado en el país una cultura de la independencia judicial. (…) El poder judicial estaba considerado como una prolongación del ejecutivo, lo que sumado a la incompetencia, la ineficacia, la indiferencia y el desdén por los valores y principios fundamentales de la democracia y el estado de derecho en el seno del sistema no hacía sino agravar las cosas. La impunidad y la corrupción se habían hecho endémicos.
Los magistrados ratificados por el Congreso del Estado con el voto de la bancada del PRI, del PRD y uno del PAN fueron nombrados hace cuatro años sin reunir las condiciones idóneas para desempeñar ese cargo, en una sesión cuestionada por su falta de legalidad y, en ese entonces, sólo con el voto de legisladores y legisladoras del Revolucionario Institucional. A juicio del equipo Indignación, los magistrados nombrados en ese tiempo caen dentro del supuesto que observa el relator en el sentido de que “El poder judicial estaba considerado como una prolongación del ejecutivo”.
A partir de 1994 la transformación ha sido lenta. La impunidad y la corrupción no parecen haber perdido fuerza. Sean cuales fueren los cambios y las reformas introducidos no se aprecian en la realidad. Siguen patentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza de la población en las instituciones de la administración en general y de la administración de justicia en particular (…)
“El Relator Especial observa con sorpresa que, a pesar de las acusaciones generalizadas de corrupción judicial, apenas si se han impuesto medidas disciplinarias a ningún funcionario por esa falta de conducta. Aunque reconoce que la corrupción judicial no es fácil de detectar, el no investigarla con eficacia podría desacreditar los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal y de los consejos de la judicatura de los Estados donde los haya.
En Yucatán ni siquiera contamos con alguna instancia para vigilar el desempeño y funcionamiento de los integrantes del Poder Judicial y evitar la impunidad de quienes incurren en actos de corrupción, como podría ser el Consejo de la Judicatura que existe a nivel federal y en algunos estados, a pesar de que una de las recomendaciones que el relator dirige al Estado mexicano es que todos los estados cuenten con una instancia de esta naturaleza.
(…)Aunque da la impresión que se han adoptado medidas para mejorarlas, no deja de ser motivo de preocupación la mala calidad de los servicios ofrecidos por los defensores públicos, en especial en los Estados.
El Relator Especial fue informado de que muchos abogados de oficio, especialmente los que trabajan a nivel de los Estados, carecen de la formación adecuada, perciben una remuneración insuficiente y no disfrutan de unas condiciones idóneas para poder realizar su trabajo de manera eficaz. (…) Su volumen de trabajo es muy grande. Según se dice, algunos de ellos piden al acusado más dinero para representarlo mejor. Se expresó preocupación porque, con frecuencia, los abogados de oficio no representan debidamente al acusado sino que se limitan a firmar los documentos, a veces incluso sin haber estado presentes cuando el acusado prestó declaración. A nivel federal, los abogados de oficio son empleados del Instituto de Defensa Pública, cuyo director está nombrado por el Consejo de la Judicatura con un mandato de tres años (renovable). El Instituto está financiado por el Consejo de la Judicatura Federal, pero goza de independencia técnica y operativa.
El caso de don Ricardo Ucán Ceca ilustra cómo esta ineficiencia de los defensores y defensoras de oficio se traduce en la violación al derecho a una defensa adecuada. Cabe señalar, para el caso que nos ocupa, que las violaciones a las garantías y derechos cometidas por la defensora de oficio y el Juez de Tekax en agravio de don Ricardo Ucán Ceca pasaron desapercibidas para los magistrados que integran la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, quienes mecánicamente convalidaron todas las violaciones al debido proceso cometidas en perjuicio de Ricardo Ucán y confirmaron en segunda instancia la pena de 22 años de prisión.
En las actuaciones judiciales, brilla a menudo por su ausencia el respeto por las debidas garantías, universalmente reconocidas y consagradas asimismo en la Constitución de México. (…) Otro motivo de preocupación es la costumbre de algunos tribunales mexicanos de llevar a cabo varias audiencias simultáneamente. Si bien desde un punto de vista formal, el juez está presente en la sede del tribunal, suele delegar en los secretarios el registro de las declaraciones que luego firma como si él mismo hubiera levantado acta.
En lo que respecta a las poblaciones y comunidades indígenas, al Relator Especial le preocupa la imposibilidad general de acceso a la justicia, la falta de intérpretes y de sensibilidad del estamento judicial por sus tradiciones jurídicas (…)
Don Ricardo Ucán Ceca es indígena maya. En el proceso penal que se le siguió se le violaron los derechos a una defensa adecuada, a contar con traductor y se cometió contra él discriminación, lo que le impidió demostrar que disparó en defensa propia.
Los magistrados, en vez de garantizar los derechos de don Ricardo, protegieron al juez mixto de Tekax y a la defensora de oficio.
A partir de sus observaciones y conclusiones, el relator hizo, entre otras, las siguientes

Recomendaciones al Estado mexicano:
Con relación a la revisión constitucional:
• Exigir a los Estados que consagren en sus respectivas constituciones la inamovilidad en el cargo de los jueces a todos los niveles. En caso de que el nombramiento sea por un período determinado, éste será de diez años como mínimo y sin posibilidad de renovación.
• Exigir también a los Estados que prevean en sus respectivas constituciones el establecimiento de consejos de la judicatura.
• Recoger en la Constitución el carácter vinculante de las recomendaciones de las comisiones nacionales y locales de derechos humanos para todas las autoridades, incluido el Gobierno Federal…

Con relación al Poder Judicial:
• Al evaluar los nombramientos judiciales y la formación jurídica permanente de los jueces tras su nombramiento, debe hacerse hincapié en las normas y disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las debidas garantías que deben regir los procesos. (…) El mecanismo para efectuar los nombramientos judiciales a todos los niveles debe ser transparente.
• A fin de hacer frente a la corrupción judicial, estudiar la posibilidad de que todos los magistrados y jueces, a todos los niveles, hagan una declaración de su patrimonio al Consejo de la Judicatura en el momento de su nombramiento y con la debida periodicidad a partir de entonces.

En Yucatán ni siquiera existe obligación legal de que el poder judicial del Estado rinda un informe público de labores y difunda o dé a conocer el estado que guarda la administración de justicia en la entidad. El informe lo rinde el presidente o presidenta en turno, ante los propios magistrados que han conocido y resuelto los casos sobre los que versa el informe. Lo anterior implica una falta de transparencia de los actos de este poder que impide evaluar su eficiencia y poder proponer mecanismos que hagan más eficiente su importante labor.

Aun cuando la ratificación de los magistrados Ricardo Ávila Heredia y Ángel Prieto Méndez genera rechazo e incertidumbre, puesto que se traduce en ausencia de garantías en la administración de la justicia para habitantes de Yucatán, el trabajo va más allá.
Le recordamos a los y las legisladoras que las recomendaciones del relator todavía esperan cumplimiento en nuestro estado para que el poder judicial cuente con un marco legal que lo obligue a actuar con transparencia, a rendir cuentas y para que contemos con una instancia para vigilar el desempeño de los jueces y magistrados.
La incapacidad que han mostrado hasta la fecha los diputados y diputadas de la actual legislatura para atender estas recomendaciones hace que prevalezcan severas deficiencias en el poder judicial en detrimento de la ciudadanía.

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