Al Concluir el año 2004, y en el marco del 56 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Equipo Indignación advierte la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Yucatán y la incapacidad de los poderes del Estado para asegurar el pleno respeto y protección de estos derechos.
A partir de algunos casos que hemos acompañado y de las áreas a las que el Equipo le ha dedicado mayor atención durante 2004, ofrecemos un recuento de hechos que son motivo de alerta en esta materia y que requieren la atención inmediata por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

El caso de Don Ricardo Ucán: conjugación de violaciones
Don Ricardo Ucán Ceca, indígena maya sentenciado a 22 años de prisión por un homicidio que cometió en defensa de su vida y la de su familia, es ejemplo de diversas violaciones a los derechos humanos cometidas contra él en diferentes instancias y es ahora, sobre todo, ejemplo de la incapacidad de los poderes de Yucatán por asegurarle el nivel máximo de protección a sus derechos humanos que implicaría resarcirle los daños que se le han ocasionado.
Durante el juicio, a Don Ricardo se le violaron sus derechos a contar con traductor y con una defensa adecuada. La ausencia de una defensa adecuada fue a tal grado ignominiosa que Blanca Segovia Ruiz, su “defensora de oficio”, no estuvo presente en la declaración de don Ricardo ante el Ministerio Público y, ya en el juzgado, ni siquiera presentó conclusiones finales a favor de su defendido. El juez, de manera indebida y sin pronunciarse en torno a la ausencia de defensa del procesado, únicamente tomó como válidos los argumentos del órgano acusador, es decir, el Ministerio Público, para sentenciar a 22 años de prisión a Ricardo Ucán. Esto ha sido ampliamente documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en su recomendación número 40/2003.
Además, la defensora de oficio no ofreció ninguna prueba de descargo, ni siquiera la pericial, para determinar que el arma del occiso había sido disparada. Los magistrados que integran la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán convalidaron todas las violaciones al debido proceso cometidas en perjuicio de don Ricardo Ucán y confirmaron en segunda instancia la pena de 22 años de prisión. Nuevamente don Ricardo estuvo sin defensa. Aunque la defensora de oficio fue apercibida por ese Tribunal para presentar agravios, no lo hizo.
Cuando se presentó el amparo directo, el Equipo Indignación ya tenía conocimiento de este caso y solicitó a Defensoría Legal acceso al caso para contribuir en la presentación de los alegatos. Este escrito ni siquiera nos fue respondido. La sentencia se dictó sin que pudiésemos intervenir en el caso.
La obligación que los Estados tienen de garantizar los derechos humanos implica, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.
El Ejecutivo tardó casi tres meses en responder negativamente la petición de indulto que le formuló don Ricardo Ucán, sin ofrecer alguna vía para resarcirle los daños.
Por otro lado, el proceso administrativo en contra de la abogada de oficio ha terminado en su inhabilitación por un año en la función pública. Pero la impunidad campea: hasta el momento en que este informe se escribe, la multicitada funcionaria continúa prestando sus servicios en el Juzgado de Tekax.
El caso de don Ricardo implica a todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, por la deficiente procuración de justicia y la negligencia de la defensoría legal que de él depende; el Legislativo, porque Yucatán no cuenta con la figura del indulto que podría contribuir a resarcirle los daños y por no proporcionar el marco legal necesario para la defensa de los derechos del pueblo maya; el Judicial, por no contar don Ricardo con la defensa adecuada en el proceso judicial, no resguardar debidamente el expediente judicial y no contar con traductores oficiales.
No se ha encontrado la manera de resarcir a don Ricardo los daños que la negligencia de los tres poderes del Estado le ha causado. Don Ricardo sigue en la cárcel como doloroso testimonio de las condiciones estructurales que impiden el respeto a los derechos humanos en Yucatán.

Violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales
Una de las violaciones sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales sigue siendo, en nuestro estado, la persistencia de la pobreza extrema, especialmente en la población indígena del campo y las ciudades. Sigue habiendo una marcada ausencia de acciones que reviertan las profundas inequidades que caracterizan la convivencia social de los yucatecos y yucatecas. Más allá de acciones asistenciales, no existe una política estatal que esté enfrentando de manera eficaz el problema de la pobreza y la grave situación que revelan los altos índices de desnutrición en nuestro estado.
Al Equipo Indignación le preocupa la incapacidad de los poderes ejecutivo y legislativo para entender los derechos elementales precisamente como derechos que deben ser protegidos y tutelados por el Estado.
Existen acuerdos internacionales, firmados y ratificados por México, como el Protocolo de San Salvador, que exigen una orientación de la inversión y el gasto públicos para combatir la pobreza, una atención progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, con diseños cuantificables y sistemas evaluativos. Los tres poderes del Estado deberían ser conscientes de estas obligaciones.
El gobierno de Yucatán, por otra parte, continúa incumpliendo la obligación de contar con lugares adecuados para albergar a los menores víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y desamparados, respectivamente.

Violaciones al derecho a la equidad
En Yucatán persiste la discriminación por motivos de género, de orientación sexual o de condición étnica. Sin embargo, este delito no está tipificado en el código penal, lo que propicia que se violen derechos humanos y que estas violaciones queden impunes. El Estado incumple su obligación de brindar protección eficaz a los derechos de todas las personas mientras continúe sin tipificarse la discriminación.
Equidad de género
La violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo es la manifestación más dramática de la inequidad en las relaciones de género. No advertimos en Yucatán una acción integral de los poderes del Estado para revertirla y garantizarnos el derecho a la justicia y a la equidad.
“La violencia, además de ser delito que requiere prevenirse, combatirse y sancionarse, es también resultado, efecto de una sociedad que subordina y excluye a la mujer” . Frente a esto, el Estado tiene obligaciones precisas que cumplir.
Es por eso que el plan para erradicar la violencia contra la mujer requiere enmarcarse en un proyecto integral, que permita combatir todas las formas de violencia así como las causas que la generan, y que esté sustentado en leyes hechas con perspectiva de género.
En este año electoral ha quedado de manifiesto la inequidad en el ámbito político. A pesar de la obligación que tienen los partidos de postular mujeres en un 30% de las candidaturas a puestos públicos, la realidad es que, terminado este año electoral, contamos en Yucatán con muy poca presencia de mujeres en la Cámara de Diputados (el 20%), una presencia casi nula de presidentas municipales y una representación mínima en el cabildo de la capital del Estado: una sola regidora en un cuerpo edilicio de 20 componentes.
Pueblo maya
La población maya yucateca es, por su parte, el grupo social más afectado por la pobreza, pero no solamente eso: sino que sus derechos como pueblo no son reconocidos en nuestras leyes y no son ni siquiera nombrados en ninguna de ellas. Aun cuando se ha creado ya una Comisión de Asuntos Étnicos en el Congreso del Estado y a pesar de que algunos legisladores se comprometieron, desde su campaña, a legislar en materia indígena, el equipo Indignación advierte la pertinencia de reflexiones expresadas por algunos grupos mayas que se pronuncian en contra de reformas o leyes locales en esta materia mientras no se cumplan los acuerdos de san Andrés.

Instituciones ciudadanas y derecho a la participación
Los esfuerzos de la sociedad civil por impulsar instituciones ciudadanas y autónomas, indispensables en un estado democrático, se han visto empañados por leyes deficientes o por una cuestionable actuación de los legisladores al elegir a los integrantes de estos organismos.
Es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Consejo ciudadano del Instituto Electoral del Estado y del Instituto Estatal de Acceso a la información pública, organismos cuya legislación tiene que revisarse y reformularse para garantizar la independencia y pericia de sus integrantes.
Reconocemos, por otra parte, que ha aumentado participación de la sociedad en instancias gubernamentales a través de consejos ciudadanos. Estos consejos, sin embargo, requieren una normatividad que otorgue garantías a su existencia y funcionamiento y que ofrezca mayor transparencia sobre la elección de quienes participan en ellos. Es el caso del Consejo Municipal de la Mujer, del Consejo del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán y del Coesida. Sobre este último, a pesar de contar, finalmente, con reglamentación que lo oficializara, la dirección del Coesida contravino su propia reglamentación al aceptar a organizaciones que no cumplían con los requisitos y ocasionó que se retiraran de este órgano consultivo las pocas organizaciones civiles con experiencia y trabajo en la materia.

Violaciones al derecho a la justicia
La Procuraduría de Justicia del Estado es la institución pública que mayor número de recomendaciones por violación a los derechos humanos ha recibido.
La dilación, el soborno, los privilegios, las omisiones, la falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas, la prepotencia, son actitudes que siguen generando una cultura de impunidad hacia los servidores públicos que tienen la delicada encomienda, irrenunciable en un estado auténticamente democrático, de ofrecer a todos y a todas, la seguridad del derecho a la justicia.
El mismo caso de don Ricardo Ucán revela la persistencia de violaciones a las garantías individuales en los Ministerios Públicos y la deficiencia de los defensores de oficio, que redunda en reiteradas violaciones al derecho constitucional y humano a una defensa adecuada.
El Poder Judicial ha sido cuestionado por la dilación de sus procesos y por la falta de independencia de sus integrantes. Reiteramos que Yucatán no cuenta aún con un órgano de vigilancia de los jueces, como podría ser el Consejo de la Judicatura.
Todos estos problemas, ya de por sí graves, cobran una relevancia mayor cuando constatamos la profunda inequidad que existe entre la capital del estado y los demás municipios en cuestiones de procuración y administración de justicia. Esta inequidad, creada por múltiples acciones y omisiones a lo largo de muchos años, es a la vez causa de otros abusos de poder, de abandono institucional y de saqueo a los bolsillos de los más pobres.

El derecho a la Salud y la Codhey
En fechas recientes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) realizó un diagnóstico de la situación de los centros hospitalarios dependientes de la Secretaría de Salud y de los centros de reclusión carcelaria. La Codhey, renunciando a usar el arma que la ley le proporciona para conminar al Estado a cumplir con sus deberes, que es la recomendación, se limitó a hacer algunas “propuestas”.
Así, aunque quedó en evidencia la deplorable situación de los servicios de salud y del sistema carcelario en el estado, de manera especial de aquellos centros rurales que atienden, precisamente, a los grupos sociales en pobreza extrema, el diagnóstico no pasó de ser una medida publicitaria de la Codhey, que desperdició una oportunidad de hacerle recomendaciones al Ejecutivo del estado.
El Secretario de Salud, por su parte, más que aplicarse al reconocimiento y solución de las deficiencias señaladas en el informe de la Codhey, reaccionó solicitando el reconocimiento por algunos logros de su gestión.

Conclusión
La falta de conocimiento y la inexperiencia en legislación y compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la descomposición política, la ineptitud en los procesos de procuración e impartición de justicia que provocan serias violaciones a las garantías jurídicas e impunidad en las autoridades, las limitaciones de la institución estatal de defensa de los derechos humanos, son algunos de los más visibles rasgos que dificultan la plena vigencia de los derechos humanos en Yucatán.
Exhortamos a la actual legislatura a revisar de manera integral la legislación local de forma tal que proteja y garantice eficazmente los derechos humanos y esté de acuerdo con los compromisos internacionales que México ha signado.
Al poder Ejecutivo la reiteramos la necesidad de establecer una instancia encargada de la política estatal de respeto y promoción de los derechos humanos, que le permita cumplir su obligación de garantizar y proteger de forma eficaz, con pericia y conocimiento, los derechos humanos, propuesta presentada desde octubre de 2002 que, hasta la fecha, no ha tenido respuesta.

1. Recomendación 10/2002 de la CNDH.
2. Carlos Rodríguez. Presentación de la guía para elaborar presupuestos municipales con enfoque de equidad de género. Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara.

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Equipo INDIGNACIÓN A.C.

El día de ayer el Congreso del Estado seleccionó, mediante el proceso de insaculación, a los nuevos integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

El equipo de derechos humanos INDIGNACIÓN A.C. tiene conocimiento de la negativa de los diputados y diputadas del Partido Revolucionario Institucional a seleccionar a alguna de las personas propuestas, lo que impidió el nombramiento por consenso de los consejeros ciudadanos.

La fracción del PRI expresó en la sesión de ayer, a través del diputado Esma Bazán, una extraña apología del método de insaculación al cual se refirió como el procedimiento más democrático y menos excluyente y subrayó su carácter legal. Sin embargo, el Código Electoral del Estado de Yucatán establece que los diputados designarán mediante el voto de las dos terceras partes del Congreso a los consejeros ciudadanos y sólo si no se logra la mayoría señalada se procederá a la insaculación. De hecho, la ley contempla la insaculación como procedimiento para completar el número de consejeros que falten:

Art. 86

…

IV…

La lista con los nombres de los candidatos a consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado que reúnan los requisitos de Ley, será presentada al Pleno del Congreso, a efecto de que entre los candidatos que la integran y mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros, designe a los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado.

V.- De no haberse logrado la designación de los siete consejeros propietarios y suplentes, con la mayoría señalada en la fracción que antecede, se procederá para completar el número de consejeros, a la insaculación de los que falten hasta integrar el número exigido por este Código.

La insaculación, al ser presentada como única vía, parece un artificio para justificar la evasión de la responsabilidad de los diputados que la propusieron, cuyo mandato era designar a personas con experiencia y con una trayectoria que garantizara imparcialidad, características ambas que poseían algunas de las personas propuestas como candidatas.

El extraño elogio de la insaculación escapa a toda lógica y, al ser defendida incluso como el método más democrático, exhibe una lamentable concepción de democracia más cercana al esoterismo que a la reflexión deliberada, a la construcción de acuerdos, a la selección consciente de personas con trayectoria y experiencia. El azar no es democrático; es, simplemente, azar, fatalidad.

En los estados democráticos se toman decisiones deliberadas para garantizar a toda la población el acceso pleno a los derechos y para evitar que sea el azar quien determine condiciones económicas, acceso a la educación, a la alimentación, etc. Advertimos ahora la persistencia de concepciones mágicas y fatalistas en quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que nos afectan a todas y todos.

El Equipo Indignación, por otra parte, reconoce el esfuerzo realizado por las fracciones del PAN y del PRD para dejar a una lado preferencias partidistas y proponer a candidatas y candidatos ciudadanos. Advertimos, sin embargo, que el esfuerzo realizado fue insuficiente.

El Equipo Indignación considera urgente una revisión y modificación del actual código electoral del Estado y hace un atento llamado a la actual legislatura para que inicie de inmediato este trabajo.

Fruto del azar, el nuevo Consejo Electoral enfrenta el reto de fortalecer esta institución ciudadana. Las consejeras y consejeros recién nombrados están obligados a velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad determinen todas las actividades del Instituto Electoral del Estado. El Equipo Indignación les ofrece vigilar que su desempeño esté apegado a estos principios.

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Asistentes al coloquio “Derechos Humanos y Periodismo”, organizado por el Equipo Indignación, comentamos y lamentamos una expresión suya que exhibe una posición discriminatoria y homofóbica.
La frase “No lloren como mariquitas lo que no supieron defender” (publicada en el Diario de Yucatán el domingo 3 de octubre pasado), utiliza un lenguaje homofóbico, refuerza una posición discriminatoria que identifica la cobardía con una preferencia sexual, reproduce el estereotipo que exhibe a las personas homosexuales como cobardes, hace escarnio de la homosexualidad y se refiere a ésta de una manera despectiva.
Esa expresión, lamentable en sí misma, es aún más deplorable en boca de un legislador de quien se espera que haga leyes contra la discriminación.
Los y las asistentes al coloquio nos apropiamos de una caricatura de TONY que hace referencia a esa inaceptable expresión, la firmamos (confiando en que TONY disculpará esta apropiación) y se la enviamos para manifestar nuestro repudio a esa declaración homofóbica y discriminatoria.
Le exhortamos a rectificar públicamente, a comprometerse con el pleno respeto a los derechos humanos y a tipificar como delito la discriminación para que podamos sancionarle.

(La caricatura original incluye 30 firmas de los asistentes al Coloquio, que le hacemos llegar también vía fax).

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En Tekax, cerca de cincuenta personas unimos nuestra voz a la de don Ricardo Ucán* para decirle al Gobernador del estado de Yucatán “Respóndame ¿no escuchó lo que le pregunté?”
Ayer, 16 de septiembre, día de la celebración de la independencia, el “grito” fue por la libertad de don Ricardo y por los derechos de las personas mayas. A las puertas del Cereso de Tekax se desplegó una manta escrita en lengua maya que decía ¿Ma’ ta wu’uyic in t’aan?.

Desde el 16 de julio pasado don Ricardo Ucán acudió al Gobernador de Yucatán, mediante un escrito, para solicitar formalmente el indulto. El Equipo Indignación le hizo llegar al gobernador un escrito, en esa misma fecha, demandándole que asuma la responsabilidad que el gobierno del estado tiene en las violaciones cometidas en agravio de don Ricardo Ucá y que:
1. Implemente las medidas legales necesarias para reparar los daños que le ocasionó, otorgándole la libertad inmediata.
2. Sancione, en el ámbito de su competencia, a quienes vulneraron los derechos de don Ricardo, y
3. Garantice en todas las agencias del Ministerio Público del Estado el pleno respeto a los derechos de los indígenas mayas e inicie una amplia revisión de la actuación de los defensores y defensoras de oficio del Estado para garantizar a todas las personas el derecho a una defensa adecuada.

Decenas de personas se sumaron a la campaña por la libertad de don Ricardo y le hicieron llegar al titular del ejecutivo correos electrónicos o postales en similares términos.
El 16 de agosto le hicimos llegar al gobernador un escrito para recordarle las exigencias y demandarle una respuesta. Ayer, 16 de septiembre, reiteramos la exigencia de una respuesta.
Hasta la fecha, el gobernador del estado de Yucatán ni siquiera ha acusado recibo de los escritos que se le hicieron llegar.

Señor Gobernador: ¿Ma’ ta wu’uyic in t’aan?.

*Don Ricardo Ucán Ceca es indígena maya y está condenado a 22 años de prisión por un homicidio que cometió en defensa de su vida y la de su familia. Durante el juicio se violaron sus derechos a una defensa adecuada, a contar con traductor y se cometió contra él discriminación, lo que le impidió demostrar que disparó en defensa propia.

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1. La denuncia de las injusticias forma parte esencial del testimonio que los cristianos y cristianas tenemos la obligación de ofrecerle al mundo. El evangelio es una oferta de vida que lleva necesariamente a la construcción de un mundo en el que el derecho de cada persona se vea salvaguardado y respetado. Nada debe impedirnos a los cristianos y cristianas cumplir con esta misión.
2. La prudencia, virtud que nos ayuda a discernir el bien para hacerlo, y el mal para evitarlo, nos capacita también para distinguir el momento adecuado para actuar sobre una realidad y transformarla a la medida de Cristo. Nunca debe convertirse esta virtud en pretexto para la inacción o el silencio culpable.
3. Siguiendo el mandato del evangelio (Mt 25,32ss), los cristianos y cristianas hemos de reconocer en los pobres un signo privilegiado de la presencia de Dios entre nosotros. La comunidad cristiana reconoce “en los pobres y en los que sufren, la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo (L.G. 8). La opción por los pobres, como ha sido reconocido en numerosos textos magisteriales de la iglesia católica, forma parte de la identidad esencial de la iglesia. Esta opción debe liberarnos de las ataduras que imponen los grandes grupos de control económico y político.
4. Los bautizados y bautizadas no podemos pretender imparcialidad cuando lo que está en juego es la dignidad de las personas. Ningún poder, político o económico, debe desviarnos de la búsqueda de la justicia y la equidad para todos y todas. Cuando encontramos niveles de corrupción en las instituciones públicas es un deber de conciencia denunciarlos y trabajar, desde todos los frentes, por construir juntos, para beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, instituciones dignas de crédito y eficaces en la consecución de la justicia. No hacerlo es permitir que la corrupción siga generando mecanismos que producen muerte, especialmente para los más pobres.
5. Hay algunos casos judiciales que, por públicos y conocidos, se convierten en radiografías de la manera como el poder, sea político o económico, se confabula para obstruir la consecución de la justicia. El caso Medina Abraham es uno de ellos. Lo es también el caso de don Ricardo Ucán Ceca, que tiene el agravante mayor de mostrar el grado de indefensión al que puede estar sometida una persona perteneciente al pueblo maya en su relación con los órganos de procuración e impartición de justicia. Pero hay también muchas otras violaciones cotidianas a los derechos de las personas que, aunque no son recogidas en los medios de comunicación, son igualmente dolorosas, se trate de derechos individuales o de derechos colectivos. Ante todos estos casos, la posición de los que intentamos obedecer al evangelio ha de ser inflexible: no habrá construcción de una sociedad justa y democrática sin el absoluto respeto a todos los derechos de todas las personas.

Durante mucho tiempo, con aciertos y errores, hemos trabajado en el campo de los derechos humanos. Hemos fundamentado bíblicamente nuestro trabajo y hemos publicitado la voz del Magisterio católico que se ha pronunciado reiteradamente por la defensa de los derechos humanos. Hoy, como iglesia, tenemos el reto de hacer que el discurso que manejamos sobre este tema, se vea reflejado también al interior de nuestra propia comunidad. En la iglesia estamos llamados, no solamente a predicar la importancia de los derechos humanos para los demás, sino a vivirlos puertas adentro ejerciendo el derecho a la libertad de conciencia y de palabra.
Estas reflexiones tienen la intención de animar a otros hermanos y hermanas que de variadas maneras se han comprometido en la defensa del derecho de alguna otra persona y que pueden sentirse desalentados en estos momentos.
Confiamos en que, con la fuerza del Espíritu y de la comunidad cristiana, podremos convertir este momento en hora de gracia y en ocasión para vivir con mayor libertad el Evangelio.

Fraternalmente,
INDIGNACIÓN A.C.

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PRINCIPIO 14: Derecho a la revisión independiente ante la denegación de información.
El Estado está obligado a adoptar las medidas apropiadas para poner en vigencia el derecho a obtener información. Estas medidas requerirán que las autoridades, al denegar el pedido de una información, tengan que especificar por escrito las razones para hacerlo y lo antes posible; y deberán prever el derecho a que una autoridad independiente revise los méritos y validez de la negación, además de alguna forma de revisión judicial respecto a la legalidad de la denegación. La autoridad que revise debe tener derecho a examinar la información denegada.

“En México, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé un órgano con autonomía relativa en la medida en que la designación de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública queda a cargo del presidente de la República, sujetos sólo a la no objeción del Senado de la República, la cual tiene efectos positivos, pero no vinculantes.
“De la misma forma, los requisitos que deben satisfacer los comisionados son mínimos, si se le compara con otros órganos reguladores independientes como el caso de la Ley de Sinaloa y otras leyes estatales…” [1]
La ley local omite indicar algún requisito para garantizar la independencia como el no haberse desempeñado como funcionario de la administración estatal o como diputado o haber tenido cargo directivo en algún partido político por algún período determinado.
De nuevo la negligencia o incapacidad de una legislatura dejó a Yucatán con versiones incompletas de leyes que regulan aspectos fundamentales para la democracia.
Yucatán fue de los últimos estados en legislar la tortura, la comisión de derechos humanos; en reformar la ley electoral y, en todos los casos, tuvimos ordenamientos que resultaron insuficientes o incompletos.
Hacemos un llamado a la actual legislatura para reformar de inmediato la ley de acceso a la información pública del Estado de Yucatán.

Atentamente

Equipo Indignación A.C.

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Equipo Indignación

Introducción

El pasado 19 de agosto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Lic. Sergio Salazar Vadillo, presentó ante el Congreso del Estado su tercer informe de actividades. Antes de la presentación del Informe, el Equipo Indignación formuló algunas preguntas en una comunicación abierta dirigida a ese organismo público.
Después de escuchar el mensaje que el ombudsman dirigió y después de revisar su más reciente informe, advertimos que todavía no estamos ante la institución que pueda garantizarnos la habilidad, la pericia y la independencia que se requiere para una eficaz defensa de los derechos humanos.
Si bien reconocemos un reiterado intento de la Codhey por vincularse con algunas organizaciones ciudadanas, encontramos en este órgano deficiencias que obstaculizan su desempeño, así como signos que permiten cuestionar su independencia y autonomía.
Consideramos que las deficiencias que aún muestra este organismo son atribuibles a la ley de la Codhey (y que se señalan más adelante), así como al hecho de que el actual ombudsman careciese de una trayectoria previa en la defensa de los derechos humanos que le otorgase la habilidad necesaria para el desempeño de esta función.
El aumento en el número de quejas recibidas y concluidas así como la mayor presencia pública del organismo no deben llamar a engaño: la comparación con la anterior Codhey resulta ficticia toda vez que la anterior, inexistente como organismo de defensa de los derechos humanos, incurrió en conductas inaceptables y violó reiteradamente su propia ley y reglamento.
No es este un análisis complaciente. Hemos renunciado a celebrar el cumplimiento de lo mínimo indispensable y hemos optado por continuar con la tarea de fortalecer al organismo público de protección de los derechos humanos a partir de la convicción de que es posible una institución pública autónoma e independiente que defienda con habilidad y eficacia los derechos de las y los habitantes de nuestro estado.
El Equipo Indignación es consciente de la grave limitación que implica el reducido presupuesto de la Codhey, uno de los más bajos del país. Sin embargo, nos parece inaceptable justificar la impericia y la ausencia de creatividad bajo el argumento de la escasez de dinero, más aun cuando el informe escatima información sobre el manejo de los recursos al presentarla a través de tablas generales que dificultan conocer el uso de éstos y evaluar así la forma como se administran.
Sobre la resolución de quejas
A juicio de este equipo, la Codhey muestra su mayor debilidad precisamente en el rubro nodal de su función:
la atención a las quejas por violación a los derechos humanos. Aun cuando el actual presidente comenzó su función con un enorme déficit por la cantidad de expedientes retrasados, la actual codhey, después de dos años, no sólo no ha podido remontar el rezago, sino que continúa acumulando retrasos.
El Equipo Indignación tiene conocimiento de quejas que han sido admitidas por la Codhey como presunta violación a los derechos humanos y cuyo proceso de investigación ha demorado más de año y medio, sin que hasta la fecha se hayan resuelto. Esta dilación favorece la impunidad y desalienta la denuncia ciudadana.
En su informe, la Codhey reconoce que el promedio de resolución de quejas es de un año y medio. A juicio de este equipo éste es un promedio inaceptable y tiene graves consecuencias en la credibilidad de la Codhey y en la confianza que pueda otorgarle la ciudadanía.
Al aumento de quejas reportado en el tercer informe, no ha correspondido una atención eficaz que cumpla con lo establecido en la ley, que señala que en el tratamiento de las quejas deberán privar los principios de inmediatez, concentración y rapidez.
La propia ley señala, además, que la Comisión deberá propiciar el trato continuo con el quejoso. Es derecho del quejoso estar debidamente informado de los pasos que la Codhey va dando con respecto al avance de su queja. Escatimarle información es negarle el acceso al disfrute de ese derecho. Ha habido ocasiones en que han pasado más de seis meses sin que el quejoso reciba ninguna notificación o información de parte de la Codhey.
Las recomendaciones de la Codhey
El presidente de la Codhey reitera en este informe que la Procuraduría de Justicia del Estado sigue siendo la autoridad más recomendada y de la que se reportan más quejas ciudadanas. Esto alarma por la violación que supone del derecho a la justicia que tiene cada ciudadano y ciudadana, y porque manifiesta que la situación de la procuración de justicia no ha sufrido cambios sustanciales bajo la actual administración. Consideramos que el Ejecutivo del estado ha de dar cuentas de esta situación. Nos parece inexplicable que el Congreso del
Estado no haya ejercido una de sus facultades, que es citar al funcionario en cuestión para que dé cuentas con respecto a las recomendaciones que se le envían.
Es alarmante el dato aportado por el informe al afirmar que el 50% de las recomendaciones dirigidas a autoridades municipales fuera de Mérida no han sido aceptadas y solamente una ha tenido total cumplimiento. Consideramos que la Codhey no está haciendo uso del recurso de hacer pública esta situación a través de los medios de comunicación, recurso incluso señalado en la ley que la crea.
Esto refuerza la necesidad de modificar la Ley de Servidores Públicos, de manera que el no acatamiento de las recomendaciones de la Codhey configure una trasgresión a la ley y pueda recibir la sanción correspondiente.
Con respecto a esta ley, un elemento muy grave, y que es subrayado en el informe, radica en el hecho de que la Contraloría del Estado manifieste que las faltas administrativas en las que incurren los servidores públicos no puedan ser sancionadas después de tres meses de cometidas, ya que por no tener “contenido económico” prescribe la facultad de ese órgano para sancionarlas.
Esto debe urgir a los legisladores a reformar la ley de servidores públicos con el fin de ponerle un cerco a la impunidad desde todos los ámbitos posibles.
Sobre los programas educativos
La Codhey refiere la existencia de tres programas específicos de promoción. Uno de ellos, “derechos humanos en tu municipio”, está centrado en dar pláticas a policías y funcionarios municipales. Otro, adoptado de la CNDH, es el programa de cine debate y se realizó en los distintos grados de algunas escuelas secundarias y preparatorias. El tercer programa, “niños y niñas promotores”, se realiza en coordinación con la
CNDH. Ha llevado adelante sus acciones en 14 primarias del interior del estado y 3 del municipio de Mérida.
El resto de las actividades informadas en este rubro consisten, fundamentalmente, en pláticas, conferencias, participaciones en seminarios, participaciones en foros, etc. Si bien estas actividades muestran una creciente acción de la Codhey en materia de promoción, advertimos que la mayoría de ellas fueron organizadas por otras instituciones, organizaciones o escuelas a las que la Codhey acudió como invitada. Es evidente que es
positiva su participación en estas actividades y que manifiesta su relación con distintas organizaciones educativas y de la sociedad civil, pero también exhibe la carencia de un proyecto propio de promoción y difusión. Entendemos la limitación presupuestaria a la que se enfrenta este organismo, pero la
falta de un proyecto educativo y de promoción propio, integral, profesional y con resultados medibles retrasa la necesaria construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos.
La Codhey señala un incremento del 50% en la presentación de quejas ciudadanas, que pasaron de 881 a 1330, pero nos informa también que 551 de estas quejas tuvieron que ser desechadas por no caer bajo su competencia. El informe de la Codhey aporta este dato sin reflexión alguna y sin tomarlo como base para delinear alguna acción de promoción que permita dar a conocer a la ciudadanía la labor propia de la Codhey. Tampoco lo usa para evaluar su trabajo de promoción.
Si bien el combate a la impunidad logra definitivos avances en la creación de esta cultura, las recomendaciones que emite la Codhey no son suficientemente difundidas. En el informe, la Codhey acepta esta deficiencia pero no informa de iniciativas para lograr espacios alternativos para difundir sus recomendaciones y trabajos y nos parece que le ha faltado habilidad para lograr mejores espacios en los medios de comunicación locales. Precisamente cuando los recursos con que se cuenta son pocos, es necesario discernir con criterios de eficacia cómo y dónde se utilizan. Nos parece que se da demasiado acento a la difusión en medios académicos y a personal de instituciones públicas. Lamentamos no encontrar privilegiado, en el trabajo de promoción del que se rinde cuenta, el sector mayoritario de la población maya hablante.
El diagnóstico
Lamentamos que el ombudsman hubiese renunciado a elaborar el diagnóstico general de la situación de los derechos humanos en Yucatán, que está obligado a hacer por ley. Al inicio de ese rubro remite a los dos diagnósticos anteriores y se queja de que los diputados y el gobierno no hubiesen atendido las causas estructurales de violación ya señaladas. A pesar de reportar que ya se creó un departamento interno de investigación, omite elaborar el diagnóstico. La síntesis que presenta de los dos informes anteriores, si bien hace referencia a preocupaciones claves de las organizaciones civiles como la situación de las mujeres y de los indígenas, carece de una visión integral y de una perspectiva desde los derechos económicos, sociales y
culturales que permita plantear algo más que deficiencias de atención o ausencia de acciones aisladas.
Si bien el actual ombudsman se ha ganado la simpatía de algunas organizaciones civiles por acompañar sus manifestaciones, sería deseable que las acciones emprendidas por la Codhey lograran una eficaz protección de estos derechos a través de las recomendaciones, que es el recurso con el que esta institución cuenta para la defensa.
Sobre las limitaciones de la Codhey
En el informe quedaron de manifiesto dos limitaciones a las que este equipo se ha referido con anterioridad. La primera es que la actual ley, al ser aprobada por mayoría simple (el PRI se opuso a la modificación de este ordenamiento), no se elevó a rango constitucional ni se modificó la constitución local. La Codhey es la única comisión de derechos humanos del país cuya existencia no está establecida en su constitución local. La segunda limitación reconocida por el informe es la falta de presupuesto para que la Codhey realice sus labores a cabalidad. Si bien esto no debe ser utilizado como pretexto para justificar ineficacias, más aún cuando no hemos podido constatar que se contrate al personal más capacitado y sí, en cambio, que se contrate a personas con vínculos partidistas que cuestionan la independencia de su trabajo, en efecto, el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es de los menores en México. Nosotros consideramos que la necesaria autonomía presupuestaria tiene que establecerse impidiéndole al Ejecutivo del Estado modificar el presupuesto que la Codhey presente.
El informe da cuenta de la instalación, en el mes de marzo, de la primera delegación regional de la Codhey en Valladolid, pero no hace alusión al debate que generó el nombramiento del funcionario encargado de presidirla, Edgardo Baeza Castillo, cuya vinculación al PRI fue señalada públicamente por habitantes de esa ciudad. Algunas de las acciones de la Codhey, como la contratación de personas con vínculos partidistas o sin
trayectoria ciudadana que pueda garantizar su independencia, dañan la confianza que necesita cualquier institución pública de defensa y promoción de los derechos humanos.
En este mismo orden, señalamos como otro de los puntos que cuestiona la transparencia y la independencia de la Codhey el arrendamiento del edificio que ocupa las oficinas de la institución, ya que sin estar justificado, puesto que no está en una ubicación que facilite su localización y acceso, beneficia a la familia de una de sus empleadas, que por cierto formó parte de la administración estatal encabezada por Víctor Cervera Pacheco.
Y lo que decimos acerca de los funcionarios de la Codhey, lo refrendamos también en el caso de los consejeros ciudadanos.
Por eso hemos abogado públicamente por un cambio en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, que
contemple este tipo de situaciones. Reiteramos que una de las mayores limitaciones es, a nuestro juicio, el no contar con un ombudsman que ofreciese experiencia previa en el campo de los derechos humanos y con trayectoria que garantizase su independencia y su vinculación con causas ciudadanas. El costo que esto tiene es tiempo invertido en su capacitación, tiempo que se requería con urgencia por el grave rezago de Yucatán
en el campo de los derechos humanos.
Propuestas para fortalecer a la Codhey
1. Establecer en la constitución local la existencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
2. Reformar la ley de la Codhey para garantizar su autonomía presupuestaria estableciendo que el ejecutivo deberá anexar el presupuesto que la Codhey envíe al proyecto de egresos y que únicamente el Congreso puede modificar este presupuesto.
3. Reformar la ley de la Codhey para incluir entre los requisitos para ser Presidente de la Codhey el contar con una trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos o haberse distinguido en la defensa y promoción de estos derechos. Hacer lo propio con los requisitos para los consejeros, para garantizar su independencia.
4. Modificar el reglamento interno de la Codhey para eliminar el rubro referente al registro de organizaciones que faculta a la Codhey para revisar los estatutos de estos organismos y exige a éstos presentar informes ante la Codhey. La posibilidad de firmar convenios con organizaciones de la sociedad civil y la potestad de estos organismos de presentar quejas están establecidas ya en la ley de la Comisión.
5. Reformar la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán para establecer entre las obligaciones
de éstos el proporcionar información que la Codhey les requiera, así como otorgar facilidades para que realice su trabajo y establecer sanciones administrativas a los funcionarios que incumplan recomendaciones en materia de derechos humanos.

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A continuación, ofrecemos la carta que hicimos llegar a los diputados y diputadas.

http://indignacion.org.mx/documentos/?p=94

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El próximo jueves 19 el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Lic. Sergio Salazar Vadillo, rendirá ante ustedes, como representantes de toda la ciudadanía, su tercer informe de actividades.

Los organismos públicos de protección de los derechos humanos son un instrumento muy importante para el proceso de transición democrática que vivimos. En la medida en que se fortalezcan, la ciudadanía podrá estar segura de contar con un medio eficaz para protegerse en contra de los abusos de los gobernantes.

En el marco de este deseo de fortalecer a la CODHEY y a las puertas de la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en el Estado y de las actividades de la Comisión que presentará su Presidente ante el H. Congreso, nos permitimos comentarles a ustedes, como representantes nuestros, algunas reflexiones y preguntas que nos hemos hecho y que pueden serles de utilidad para su trabajo de revisión de dicho informe.

1. El artículo 41 de la Ley de Derechos Humanos del Estado afirma que “el procedimiento que se siga ante la Comisión debe ser breve, sencillo y gratuito; sólo estará sujeto a las mínimas formalidades que se requieren para la investigación de los hechos”. Tenemos conocimiento de algunos casos que, después de haber sido admitidos como presunta violación a los derechos humanos de los quejosos, han demorado más de año y medio en el proceso de investigación y hasta hoy no se han resuelto. Siendo ésta la función principal de la CODHEY y su más usual vínculo con la ciudadanía, es una situación que nos preocupa. ¿Qué mecanismos ha implementado la CODHEY para hacer más expedita la formulación de recomendaciones?
2. Para cumplir con las fracciones VII y VIII del artículo 15 de la Ley de Derechos Humanos, la CODHEY no ha de limitarse a proteger los derechos de los individuos que acuden a ella para presentar una queja, sino “formular y proponer, a las diversas autoridades del Estado y de los municipios, cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de práctica administrativa, que a juicio de la Comisión, redunden en una mejor protección de los derechos humanos”. En este campo hay mucho todavía por hacer. ¿Qué iniciativas ha impulsado la CODHEY para que haya una revisión de todo el aparato legal desde la perspectiva de la equidad de género? ¿Qué otras recomendaciones de carácter general, aparte de las que tienen que ver con los centros de readaptación social y con los albergues, ha hecho a las autoridades yucatecas?
3. Es necesario fortalecer la institución defensora de los derechos humanos. La CODHEY tiene todavía muchas limitantes legales que le impiden convertirse en un instrumento que cuente con la confianza de la gente. ¿Qué ha hecho la CODHEY para que se revise a fondo la propia Ley de los Derechos Humanos y se garantice, por poner sólo un ejemplo, que el presidente de la CODHEY tenga que contar con una trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos, o para que el proceso de elección de los consejeros exija que no estén vinculados con partidos políticos y así garantizar su independencia?
4. Los párrafos XI, XII y XIII del artículo 40 de la Ley que rige a la CODHEY exponen con claridad sus atribuciones en materia de promoción y divulgación de los derechos humanos. Uno de los elementos fundamentales en la construcción de una cultura de derechos humanos es que los organismos públicos de protección no se limiten a atacar las consecuencias (es decir, las violaciones puntuales), sino que emprendan una tarea educativa que contribuya a cambiar patrones culturales que resultan lesivos a los derechos de las personas. ¿Qué porcentaje de su presupuesto dedica la CODHEY a los trabajos de promoción y difusión de una cultura de los derechos humanos? ¿Cuáles son sus principales programas educativos y sus indicadores de impacto?
5. Una de las claves para lograr que la CODHEY sea percibida socialmente como una institución confiable y eficaz es su estrategia de comunicación. Ha habido serios problemas de parte de la Comisión para hacer públicas sus recomendaciones. ¿Hay alguna estrategia de la CODHEY en cuanto a la relación con los medios de comunicación social? ¿Tiene propuestas alternativas de comunicación (servicio electrónico, boletines, revistas, etc.) que alcancen a diversos grupos ciudadanos con eficacia y a bajo costo?

No omitimos recordarles que una limitación que depende directamente del trabajo del H. Congreso es lograr que la CODHEY sea elevada a rango constitucional, lo que no ocurrió en el pasado por falta de acuerdo entre las fracciones parlamentarias. La Comisión yucateca es la única del país cuya existencia no está establecida en su Constitución local.

Por otro lado, estamos conscientes que uno de los problemas que la Comisión enfrenta es la falta de un presupuesto adecuado. Confiamos en que esta legislatura, que será la encargada de revisar, modificar y aprobar el presupuesto de la administración estatal, dé pasos concretos para la resolución de esta carencia.

Confiados en que estas reflexiones y preguntas puedan serles de ayuda para el trabajo de acuciosa revisión que habrán ustedes de hacer sobre el informe presentado por el Presidente de la CODHEY, nos ponemos a sus órdenes y les reiteramos la seguridad de nuestra consideración.

Atentamente

Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

c.c.p. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

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El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. dirigió una carta*  al Presidente Municipal de Mérida y al Cabildo para proponer que  el Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI-Casa de la Mujer) sea elevado a rango de dirección municipal con el objetivo de que el Ayuntamiento de Mérida desarrolle con eficacia una política para la equidad de género.

En la carta, el Equipo Indignación expresa su preocupación por algunas decisiones tomadas por el actual Ayuntamiento con relación a la Casa de la Mujer.

La actual administración municipal determinó que el CIAVI deje de estar integrado a Desarrollo Social y lo reubicó en el DIF municipal.

A Juicio del Equipo Indignación, este cambio, en apariencia irrelevante, entraña una visión que obstaculiza la equidad de género, puesto que reproduce la idea de que el ámbito de la mujer es, exclusivamente, la familia e identifica como necesidades de la mujer únicamente aquellas vinculadas con el ámbito familiar, visión que va en detrimento de la equidad.

La violencia, además de ser delito que requiere prevenirse, combatirse y sancionarse, es también resultado, efecto de una sociedad que subordina y excluye a la mujer; es por eso que el plan para erradicar la violencia contra la mujer requiere enmarcarse en un proyecto más amplio e integral, señala la carta dirigida al alcalde y al cabildo.

La carta también cita la Guía para la formulación y ejecución de políticas municipales dirigidas a mujeres, elaborado por el Programa de Gestión Urbana del PNUD, documento que, al revisar distintas experiencias municipales en América Latina, asienta que “El rango de jerarquía (de una institución municipal de la mujer) oscila de Secretaría, subsecretaría, dirección, departamento, hasta una oficina perdida entre otras, comúnmente ubicadas dentro del sector de Acción Social, Desarrollo Social o Servicios Sociales, según se lo denomine”.

Una copia de esta Guía, que recomienda la institucionalización de un organismo específico de la mujer al cual se le destinen recursos financieros dentro del presupuesto municipal, se anexó a la carta dirigida al Alcalde como un aporte del Equipo Indignación a la planeación municipal.

El Equipo Indignación considera indispensable que esté a cargo del CIAVI una persona con experiencia y trayectoria en el campo de la equidad de género y en la defensa de los derechos de las mujeres. En la carta subraya la conveniencia de que, para seleccionar a la persona indicada, el Ayuntamiento consulte a organizaciones civiles y a personas expertas en el tema de la equidad.

El Equipo Indignación destaca la importancia de que el Ayuntamiento de Mérida siente un precedente para próximas administraciones municipales y para los demás Ayuntamientos del Estado al crear la dirección municipal de la mujer o la dirección para la equidad de género, por lo cual también envió copia de la carta al Congreso del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán solicitándoles, en el ámbito de sus respectivas competencias, exhorten a los ayuntamientos a desarrollar sus planes y programas con perspectiva de género.

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