A 55 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al celebrarse en Yucatán la cumbre anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, el Equipo Indignación emite esta Declaración Local de los Derechos Humanos.

Considerando que Yucatán es uno de los estados más pobres de la República mexicana y que tal condición lo convierte en un territorio representativo de la incapacidad del Estado mexicano para procurar la plena vigencia de los derechos humanos,
Considerando que, debido a esa profunda pobreza, Yucatán es también uno de los estados de la República mexicana con mayor índice de desnutrición infantil,
Considerando que Yucatán es un estado mayoritariamente indígena cuyos habitantes mayas no encuentran reconocidos sus derechos en la legislación local,
Considerando que la población maya yucateca no sólo no ve reconocidos sus derechos en tanto pueblo indio, sino que ni siquiera ve respetado su derecho a juicios justos realizados en su propia lengua, como demuestra el caso de Don Ricardo Ucán Ceca*,
Considerando que tanto los integrantes del Poder Legislativo, como los del Poder Judicial y Ejecutivo de Yucatán desconocen la mayor parte de los convenios firmados por México ante la ONU, lo que representa un serio obstáculo para promover su cumplimiento,
Considerando que en Yucatán no hay una instancia para evaluar el desempeño de los jueces y sancionarlos por posibles actos de corrupción,
Considerando que hace sólo una semana que la tortura es considerada delito en Yucatán,
Teniendo en cuenta que en Yucatán no está tipificada la discriminación como delito,
Considerando el enorme trabajo que costó a la sociedad civil contar con una Comisión Estatal de Derechos Humanos independiente y autónoma y teniendo en cuenta la reiterada negativa del actual Procurador de Justicia del Estado de Yucatán a aceptar las recomendaciones que esta Comisión ha emitido,
Considerando que en Yucatán persiste la impunidad de las autoridades que en el pasado reciente cometieron o permitieron violaciones a los derechos humanos, como la escandalosa tolerancia del ex gobernador y el ex secretario de gobierno que supieron de los tratos crueles y torturas que sufrieron infantes internos en la Escuela Social de Menores Infractores,
Teniendo en cuenta que el estado ha sido incapaz de garantizar el respeto a los derechos laborales, especialmente de las personas empleadas en maquiladoras en Yucatán, a quienes se impide organizarse en sindicatos,
Considerando que continúa, especialmente en las maquiladoras, la práctica de solicitar exámenes de no gravidez a las mujeres que solicitan empleo y que esto no es sancionado por el gobierno,
Teniendo en cuenta que persiste la inequidad de género en Yucatán y que las acciones de gobierno distan mucho de mostrar su eficacia para lograrla,
Considerando que Yucatán es uno de los estados de la república más afectados por la pandemia del Sida y que no contamos aún con campañas de prevención, eficaces y dirigidas a los grupos de población más afectados.

Reconociendo que el actual gobierno estatal ha disminuido sensiblemente su participación activa en algunos casos de violaciones a los derechos civiles y políticos, pero advirtiendo que continúa la violación a derechos humanos fundamentales por omisión del Estado, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales,
Teniendo en cuenta que las anteriores consideraciones convierten a Yucatán en un lugar representativo de cualquier territorio empobrecido de América Latina, para cuyos habitantes no ha sido posible encontrar reflejados en su vida cotidiana los esfuerzos de quienes impulsan, desde la ONU, el respeto a los derechos humanos,
Considerando el riesgo de que se debilite la ONU, cuya autoridad ignoró Estados Unidos al declarar y ejecutar la guerra contra Irak, guerra que continúa y ante la que expresamos nuestra más profunda condena.
Celebrando la mundialización de la indignación ética que deploró la guerra contra Irak, que advierte los riesgos de una globalización neoliberal, que aumentaría la pobreza y profundizaría la desigualdad,

el Equipo Indignación se pronuncia públicamente y proclama que

OTRO MUNDO ES POSIBLE

Un mundo en el que don Ricardo Ucán vea garantizado su derecho a una defensa efectiva y a un juicio en su propia lengua;
un mundo en el que el pueblo maya de Yucatán encuentre reconocidos sus derechos en la constitución local y nacional, y cuente con los instrumentos jurídicos necesarios para reproducir, con dignidad y respeto, su diversidad y riqueza cultural;
un mundo en el que las mujeres puedan denunciar la violencia con la certeza de que no habrá impunidad;
un mundo en el que el Estado reconozca y asuma su obligación de destinar todos los recursos posibles para que sean respetados los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas;
un mundo en el que la justicia pronta y expedita no sea mercancía ofrecida al mejor postor, sino un derecho garantizado para todos y todas;
un mundo en el que las diversidades sean respetadas y en el que los núcleos más vulnerables de la población ven sus demandas atendidas;
un mundo, en fin, donde no haya cabida para la impunidad y los derechos humanos de todos y todas sean reconocidos y respetados.

La vigencia de los derechos humanos es hoy, la medida definitiva para juzgar la calidad de los gobiernos. En el 55º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos instamos a los gobiernos reunidos en esta cumbre de la ONU, particularmente al gobierno de México, a redoblar esfuerzos para que tal Declaración deje de ser solamente un puñado de buenas intenciones y se convierta en la posibilidad cierta de un mundo cortado a la medida de la dignidad y el bienestar de todos y todas.

*Don Ricardo Ucán fue condenado a 22 años de prisión por el delito de homicidio calificado. En el juicio la defensora de oficio no usó pruebas que demostraban que don Ricardo actuó en defensa propia. El juicio se llevó en español a pesar de que don Ricardo es mayahablante. La Codhey emitió la recomendación 40/2003.

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Con el objetivo de sensibilizar a los diputados y diputadas acerca de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en México, exhortarlos a analizar la realidad del estado de Yucatán desde la perspectiva de los derechos humanos e invitarlos a aportar, desde el ámbito legislativo, medidas que ayuden a garantizar la vigencia de estos derechos, el Equipo Indignación solicitó y sostuvo, hoy jueves, una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
En esta reunión participó, como invitado especial, el Dr. Manuel Canto, integrante del Movimiento Ciudadano por la Democracia, quien tiene amplia experiencia en el diagnóstico y documentación de los derechos económicos, sociales y culturales.
El Dr. Manuel Canto se encuentra en esta ciudad, invitado por Indignación, para coordinar un taller de introducción a los DESC, dirigido a organizaciones y personas de la sociedad civil.
Durante la reunión, el Equipo Indignación proporcionó a los diputados y diputadas un documento que contiene las observaciones finales y las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, dirigidas al Estado mexicano.
En dichas recomendaciones se exhorta al estado mexicano, entre otras cosas, a atender las causas estructurales de la pobreza en México y ajustar los programas sociales de acuerdo con esto (31); a intensificar sus esfuerzos en el combate a la corrupción y a ejercer acción legal contra responsables de actos de corrupción (32); a aliviar cualquier efecto negativo que la aplicación del TLCAN implique para sectores vulnerables (35); a adoptar pasos inmediatos hacia la protección de las mujeres trabajadoras en las maquiladoras, incluyendo la prohibición de la práctica de exigir certificados de no gravidez para contratarlas y la acción legal contra los patrones que fallen en el cumplimiento (37); a combatir la desnutrición, sobre todo entre niños que pertenecen a grupos indígenas.

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El equipo Indignación A.C. ha interpuesto hoy por la mañana el recurso de Reconocimiento de Inocencia a favor de don Ricardo Ucán Seca, condenado, por homicidio calificado, a 22 años de prisión. El recurso ha sido interpuesto ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Abogado Ángel Prieto Méndez.

Como es de público conocimiento, don Ricardo Ucán fue juzgado por haber causado la muerte a don Bernardino Chan Ek. El homicidio, sin embargo, tiene un excluyente de responsabilidad: don Ricardo mató a don Bernardino en defensa propia, después que fue amenazado con un rifle por parte del hoy occiso.

Don Ricardo fue auxiliado por una defensora de oficio que no proveyó al inculpado de una auténtica defensa. No solamente no presentó agravios ni conclusiones como parte del proceso legal, sino que desestimó en la defensa pruebas irrefutables de que el hoy occiso había disparado su arma antes de ser ultimado, lo que demostraba que don Ricardo mató en defensa propia. La negligencia de la defensora de oficio provocó que don Ricardo, que en ningún momento del juicio recibió la ayuda de un traductor, tal como lo exige la ley en el caso de personas pertenecientes a etnias indígenas, fuera condenado por homicidio calificado.

Después de recurrir a sucesivas instancias, la sentencia contra don Ricardo fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, agotándose así todos los recursos jurídicos que pudieran resarcirle el daño que le ocasionó una defensa ineficiente.

La esposa de don Ricardo acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para exponer su caso. La CODHEY emitió el pasado 4 de noviembre de 2003 la recomendación 40/2003 en la que documenta la responsabilidad en que incurrió la defensora Blanca Segovia Ruiz al incumplir con su función pública y dejar en estado de indefensión a don Ricardo. Las autoridades a quienes se dirigió la recomendación fueron el Director de la Defensoría Legal del Estado, el Procurador General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia.

El equipo Indignación, representando a don Ricardo Ucán, ha presentado ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia esta recomendación de la CODHEY como una prueba documental pública superveniente para solicitar el reconocimiento de inocencia de don Ricardo. Con este recurso no pretendemos negar que don Ricardo haya ultimado a su atacante, sino demostrar que es inocente del delito de homicidio calificado por el que recibió una sentencia de 22 años. La validez de este recurso está basada en el hecho de que De conformidad con el artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, el reconocimiento de la inocencia sólo procede en los siguientes casos: cuando la sentencia se funde en pruebas que posteriormente se declaren falsas; cuando después de dictada la sentencia, aparecieran documentos públicos que invaliden los elementos en que se haya fundado…”

El caso de don Ricardo es sólo una punta visible del lamentable estado de la administración de justicia en nuestro Estado y de la desatención discriminatoria que tienen que sufrir los miembros de la etnia maya. Dejar libre a don Ricardo Ucán, después de reconocer que ha recibido una sentencia injusta y que la responsabilidad de dicha sentencia recae sobre la mala actuación de quienes debían, por oficio, haberlo defendido, sería una manera, aunque fuera tardía, de resarcir el daño que se le ha causado a él y a su familia.

La violación al derecho a un juicio justo cometida contra don Ricardo no es un asunto solamente de él: pone al descubierto que existen todavía fallas estructurales en la administración de justicia: ausencia de traductores para la etnia maya, defensores que no defienden, etc. No omitimos mencionar que la recomendación que la CODHEY emitió, y que nosotros hemos presentado como prueba en el recurso ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no ha sido aceptada por el Procurador de Justicia. La gravedad que conlleva que un funcionario público, reiteradamente, desestime las recomendaciones de la CODHEY habla muy mal de la voluntad política del gobierno en la promoción y defensa de los derechos humanos. Trataremos en detalle este hecho, particularmente grave, en próxima comunicación.

Mérida, Yucatán 27 de noviembre de 2003

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Una de las víctimas de las violaciones a derechos humanos que ocurrieron al interior de la Escuela Social para Menores Infractores mientras era directora la Dra. Rocío Martel, informó en días pasados al Equipo Indignación que dicha doctora se comunicó con ella para ofrecerle dinero y amenazarla en caso de que declarase contra ella.
Ante esta situación y ante la ausencia de algunos menores en los careos que están teniendo lugar en el juzgado que sigue este caso, el Equipo de Derechos Humanos Indignación A.C. hace las siguientes consideraciones:

1.Al menos una menor ha hecho saber que la Doctora Rocío Martel le ofreció dinero para que se desista de sus acusaciones y la amenazó. No puede descartarse la posibilidad de que algunas de las ausencias de menores a los careos tengan en su origen el temor ocasionado por similares mensajes dirigidos a ellos, ellas o sus familias.
2.Los niños y niñas que acuden al juzgado acuden a carearse con una persona que presuntamente los agredió, humilló y violentó desde una posición de poder ejercida autoritariamente. Difícilmente un menor o una menor pueda hacer a un lado esta experiencia a la hora de declarar. Consideramos que la jueza no puede desestimar esta circunstancia; además, de ratificar alguno de los menores en su declaración las presuntas amenazas y ofrecimiento de dinero —lo que podría constituir un nuevo ilícito—, la jueza tendría que actuar en consecuencia.
3.De hecho, este equipo manifiesta su extrañeza ante el hecho de que los careos hayan sido “de oficio” y no a petición de parte. La extrañeza se debe al hecho de que México está obligado, por los pactos que ha firmado, a procurar “el interés superior del niño y de la niña”. Procurar este interés superior ha llevado a algunos países a prohibir que menores se careen con sus agresores o permitirlo únicamente en casos excepcionales, para evitar, en lo posible, los efectos traumáticos que para un menor puede implicar el someterse a un careo. La Constitución Mexicana indica que los menores no están obligados a carearse en los casos de secuestro y de violación. Algo de ambas cosas tienen los ilícitos presuntamente cometidos en contra de los menores que estuvieron internos en la Escuela Social cuando fue directora la Doctora Rocío Martel.
4.A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le llevó nueve meses concluir la investigación en el caso de la Escuela de Menores Infractores. Requirió especialistas que pudieran recabar las pruebas y obtener el testimonio de los menores con pericia, tacto y delicadeza en el trato con las niñas y niños. La misma recomendación constituye una prueba documental pública que confiamos sea tomada como tal por la jueza.
5.Desde que el Ministerio Público inició la investigación, los menores han sido requeridos para rendir su declaración y ahora la jueza los cita para carearse con sus agresores. De acuerdo con la convención sobre derechos de la infancia, los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados en un proceso judicial, por lo que consideramos que bien podría la jueza ofrecer un ambiente más propicio para que los niños y las niñas rindieran su testimonio con mayor libertad, evitando los efectos traumáticos de un careo y garantizando la confidencialidad con respecto al nombre de los y las menores.
6.En este momento del proceso el Ministerio Público tendrá que actuar con pericia y poner todos los medios a su alcance para cumplir con su función de representar cabalmente a la parte agraviada, que lo fue, precisamente, por una servidora pública, es decir, por el Estado.
7.Los niños y las niñas tienen derecho a que la ley y la justicia los protejan, a que no queden impunes delitos cometidos contra ellos y a que se les resarza el daño que se les ocasionó. Esperamos que el proceso que actualmente se sigue en el juzgado pueda garantizarle a los niños y niñas que estuvieron internos en la Escuela Social de Menores Infractores el cumplimiento de estos derechos.

Atentamente,

EQUIPO INDIGNACIÓN A.C.

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Lic. Arturo Rendón Bolio
Antrop. Guillermo Alonso Angulo
Lic. Elsy Ripoll Gómez
Lic. Víctor Sánchez Álvarez
Lic. Sergio Salazar Vadillo

Integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán:

Reciban un saludo cordial de parte del Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C.
En agosto pasado, cuando tuvimos conocimiento de la convocatoria al premio estatal de derechos humanos 2003, convocado por la Codhey, analizamos la conveniencia o inconveniencia de proponer a algún candidato o candidata. En Yucatán hay personas que se han destacado por su trabajo a favor de los derechos humanos, sin embargo, en ocasiones los reconocimientos se convierten en vanos intentos de las instituciones por legitimarse ante los ojos de la sociedad civil.
La confianza que comienza a despertarnos el desempeño de la actual Codhey y la información de que sería el Consejo Ciudadano quien actuaría como jurado, hizo que nos decidiéramos a presentar una propuesta. Además, consideramos la conveniencia de que, con motivo del reconocimiento, se diera a conocer el intenso trabajo que, a contracorriente y venciendo numerosos obstáculos, se realiza en el sur del Estado.
Como pueden ustedes suponer, recibimos con agrado la noticia de que el señor Próspero Serrano Sánchez, propuesto por Indignación, había sido elegido por unanimidad para recibir el reconocimiento.
Sin embargo, al acudir a la ceremonia de entrega, nos inquietó el hecho de que se hiciera en el marco de un evento del INJUVY, en medio de un acto oficial que incluso suponía la presencia del C. Gobernador. El acto ya no parecía organizado por una comisión de derechos humanos autónoma.
Nuestra sorpresa e inquietud se convirtieron en desagrado y franco desacuerdo cuando se dieron a conocer los nombres de quienes recibirían los reconocimientos. Junto a Próspero Serrano, por la sociedad civil, recibía también un reconocimiento una funcionaria que fue denunciada ante la Codhey recientemente. Si bien la Codhey no admitió la queja por parecerle un asunto laboral, sí conoció el caso y nos parece difícil entender cómo pasó por alto esta circunstancia. Esa funcionaria actualmente tiene pendiente la resolución de una demanda presentada en su contra ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ignoramos cuál fue el proceso de selección en el caso del segundo premio. Desconocemos si el Consejo Ciudadano participó en la selección o no, pero resulta muy desalentador saber que la Codhey premia a una funcionaria que ha pasado sobre los derechos de un ciudadano.
Consideramos, además, que resultó inapropiado el hecho de que fuera el Gobernador quien entregara el reconocimiento al Sr. Próspero Serrano Sánchez.
Valoramos el trabajo que actualmente realiza la Codhey y, precisamente porque deseamos que cada día ejerza más plenamente su autonomía e independencia, nos tomamos la libertad de compartirles estas reflexiones. Confiamos en que serán recibidas con el mismo afán con el que fueron expuestas: como un aporte para lograr que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán cada día ejerza más plenamente su autonomía e independencia.
Aprovechamos esta comunicación para expresarles nuestro reconocimiento y para hacerles llegar un cordial saludo.

Por INDIGNACIÓN A.C.

Soc. María Cristina Muñoz Menéndez

c.c.p. Archivo

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1.El derecho a la libre manifestación debe ser garantizado en todo momento por el Estado. La intervención de la policía municipal y estatal, según la información que este Equipo ha recabado, se encontró justificada debido a que, en el marco de la manifestación de protesta, se secuestraron autobuses.
2.Sin embargo, al Equipo Indignación le preocupa la utilización de una sustancia química, el gas lacrimógeno, como medio de disolución de la manifestación. Con respecto a la utilización de esta sustancia, considerada arma no letal, el Código de Conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, firmado por México, establece que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” (artículo 3). Por su parte, los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego para encargados de hacer cumplir la ley, también de las Naciones Unidas, señala que dichos funcionarios “en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.” (artículo 4).
3.De los conceptos anteriores se desprende que la utilización de la fuerza y, en general, de cualquier arma, podrá usarse únicamente cuando se hayan agotado otros recursos. El Equipo Indignación desconoce si las autoridades responsables han elaborado un informe en el que se indique qué recursos se utilizaron antes de recurrir al uso del arma tóxica no letal conocida como “gas lacrimógeno” que se usó para dispersar la manifestación del pasado miércoles 13 de agosto, y si se procedió conforme a los principios que rigen la utilización de la fuerza y las armas de fuego, a saber: principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad del medio empleado, principio de progresividad y excepcionalidad1.
4.A reserva de contar con más elementos que podrían proporcionar quienes estuvieron a cargo del operativo, este Equipo considera desproporcionada la utilización del gas lacrimógeno frente a una manifestación de personas desarmadas. La actuación del Ejecutivo no la evaluamos por el temblor o la firmeza de sus manos, sino con base en el respeto a los derechos humanos y garantías individuales
5.Los agentes estaban provistos, como señalan las recomendaciones internacionales, de escudos protectores y cascos. Es importante recordar que los principios básicos de la ONU, a los que hemos hecho referencia, recomiendan este equipo no sólo con el fin de proteger al policía, sino también con el objetivo de hacer innecesario el uso de la fuerza y de las armas de fuego.
6.En el caso que nos ocupa el Equipo Indignación considera que el Estado no puede invocar “planes conspirativos o desestabilizadores” para justificar los recursos utilizados. El artículo 8 de los Principios básicos establece que no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios.
7.El Equipo Indignación recomienda, respetuosamente, que se revise la reglamentación que regula la actuación de policías y el uso de la fuerza por parte de éstos para que los ordenamientos se apeguen a los principios básicos y código de conducta señalados. Recordamos que el artículo uno de los principios básicos establece que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos responsables examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.” La fuerza pública tiene un papel tan específico que su actuación no se puede determinar arbitrariamente ni justificarse con argumentos como los que se han hecho públicos invocando el “mal menor”, sino que tienen que estar debidamente regulados, con apego a los derechos humanos y a los pactos que México ha firmando.
8.El Equipo Indignación advirtió que algunos elementos de seguridad bloquearon lentes de reporteros y camarógrafos. Aún cuando el control de la situación pudo requerir que se restringiera el acceso a determinados espacios, nos resulta inadmisible la obstaculización del trabajo periodístico. El ejercicio democrático de la autoridad exige la plena libertad para la labor informativa.
9.Este equipo continuará atento al juicio que se sigue contra quienes fueron detenidos y consignados el pasado miércoles 13. Advertimos, sin embargo, que el delito de sedición ha sido derogado de otros códigos penales y sería importante revisar la conveniencia de derogarlo también del Código Penal del estado de Yucatán.
10.Reconocemos la oportuna intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. Esperamos que su participación despeje dudas acerca de posibles violaciones a las garantías individuales de los detenidos, como algunos de ellos han señalado.
Por último, recomendamos respetuosamente a las distintas autoridades no escatimar esfuerzos en la búsqueda de vías de diálogo y negociación para la solución pacífica de conflictos.

Equipo INDIGNACIÓN A.C.

Responsable: María Cristina Muñoz Menéndez

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1.Una de las doctoras denunciadas acudió a este equipo de Derechos Humanos desde hace tres meses a solicitar asesoría debido a que una menor bajo su cuidado mostraba indicios de haber sufrido posible abuso sexual, que la madre de la menor (quien ahora los denuncia) no aceptaba siquiera dicha posibilidad y que, a pesar de que había dado aviso al Ministerio Público, no tenía conocimiento de que se hubieran realizado las diligencias necesarias en torno al caso ni se garantizaba la integridad física de la menor. Hasta donde se sabía, el Ministerio Público había omitido hacer del conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia esta situación.

2.Este Equipo de Derechos Humanos acompañó la presentación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en la que se señaló la dilación y posibles omisiones del Ministerio Público. Inmediatamente después de recibir la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán solicitó medidas cautelares a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para proteger la integridad física de la menor.

3.Posteriormente a la presentación de la queja este equipo tuvo conocimiento de que la menor había sido hospitalizada de nuevo. Sin embargo, la madre de la menor decidió en esta nueva ocasión no llevarla ya al Seguro Social, sino al Hospital O’Horán. Esta información nos causó profunda extrañeza debido a que la Procuraduría de la Defensa del Menor debía estar ya implementando medidas para proteger a la menor.

4.Este Equipo de Derechos Humanos hace un reconocimiento a quienes ahora son denunciados por cumplir con su responsabilidad en la atención de la menor. Lamentamos, asimismo, que la responsable actuación de la doctora y los doctores del Seguro Social no haya encontrado correspondencia en las instituciones encargadas de investigar y proteger los derechos de la menor.

5.Consideramos que este caso exhibe problemas estructurales en las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia, que no garantizan una atención profesional y eficiente. Si bien el Ministerio Público parece descartar el abuso sexual, la investigación de la Codhey sobre la actuación de las instancias involucradas en este caso aún no ha concluido, por lo que el Equipo Indignación continuará atento a este caso.

Atentamente,
Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

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Con el fin de cumplir con la obligación de impulsar la vigencia plena de los derechos humanos desde la sociedad civil y de vigilar la actuación de las autoridades, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. presenta a la ciudadanía, al Poder Ejecutivo y al Poder legislativo “Una glosa ciudadana del II Informe de Gobierno”

Este Equipo reconoce y valora el hecho de que la actual administración contribuya a garantizar el derecho de los ciudadanos a la información al poner a disposición del público el texto y los anexos del II Informe de Gobierno y aprecia el esfuerzo por cumplir con la responsabilidad de hacer transparente el manejo de los apoyos federales y privados que se canalizaron a Yucatán a raíz del paso del huracán Isidoro.

Sin embargo, lamentamos que el Ejecutivo no haya encontrado un espacio para siquiera acusar recibo de las preguntas formuladas por algunas organizaciones de la sociedad civil y, en particular, el silencio que el Gobernador ha guardado en torno a propuestas que este Equipo ha realizado en materia de derechos humanos, específicamente con respecto a las “Medidas urgentes para erradicar la tortura en Yucatán” presentadas por esta organización al Ejecutivo desde febrero pasado.

A continuación presentamos observaciones generales y específicas que hace el Equipo Indignación a partir de la lectura del II Informe de Gobierno.

Observaciones Generales

1.- No se plantea el proceso de cumplimiento y avance de los objetivos de gobierno, ni la medición de resultados de las acciones con relación a los proyectos; muchas de las acciones descritas no muestran aparentemente relación estratégica con los objetivos.

2.- El apartado de Derechos Humanos intenta una rendición de cuentas para acciones recomendadas por las instancias estatales y nacionales, pero de ninguna manera se expresan acciones emprendidas para la prevención de violaciones, mucho menos para el resarcimiento del daño por ellas.
De manera desordenada encontramos en el Informe las acciones emprendidas en el CERESO para cumplir con ciertas recomendaciones, así como en la Escuela para Menores Infractores.
Por no estar expresamente ubicadas las respuestas y sí presentarse de manera desordenada y confusa, hemos concluido que no se han aplicado las medidas correctivas para evitar que sigan violándose los derechos de los menores víctimas de delitos.

3.- La información sobre las acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH con relación a los servidores implicados en delitos, resulta insuficiente. Sin mayor derecho que el de ser informados de los procesos requeridos por la CNDH demandamos, cuando menos, información clara y expedita acerca del trabajo de procuración de la justicia en los casos señalados.

4.- A lo largo del documento, al igual que en el Plan Estatal de Desarrollo, los asuntos de la pobreza, educación y trabajo no son abordados desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, sino desde una perspectiva asistencial que no contempla los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales tales como el PIDESC, en vigor en México desde 1981.

5.- Las acciones emprendidas en la mayoría de las áreas descritas como prioritarias (Procuración de Justicia, combate a la pobreza, pueblo maya, educación) refieren una gran inversión en la capacitación de los servidores públicos. Nos preocupan dos cosas:
a) la asignación del presupuesto a capacitar a gente sin aptitudes probadas para ejecutar los proyectos encomendados
b) Que se considere objetos de acción pública a quienes deberían ser sujetos de ella.

6.- No encontramos, en todo el documento estadístico, datos comparativos con poblaciones totales, lo que nos podría dar elementos de análisis para medir el alcance de las acciones.

7.- Durante el mensaje del Ejecutivo se escucharon lamentaciones que permiten entrever conflictos inherentes al ejercicio de gobierno. Sin embargo en el documento de información no se hace referencia a esos rubros detectados ni a las acciones que se han implementado para revertir los efectos. No encontramos ningún trabajo de autocrítica a la propia gestión y a los errores que se han cometido.

9.- Con respecto al mismo mensaje referido, nos sigue pareciendo inadmisible que se adjudique como elemento para el reconocimiento el que no se apliquen la represión y el espionaje contra los críticos de la actual administración, lo que constituiría un delito y, por otra parte, se omita dar los datos de quienes incurrían en esos delitos en el pasado.

10.- Consideramos que los indicadores que se reportan en el informe no permiten medir el impacto del trabajo de la presente administración en las áreas informadas.

Observaciones específicas

Recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos y acciones contra la tortura
El Equipo Indignación reconoce y valora la aceptación de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo y a instancias dependientes de él, emitidas tanto por la Comisión Nacional como por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como la aportación de pruebas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

Con respecto a la recomendación 10/2002 de la CNDH, referente a la Escuela de Menores Infractores del Estado de Yucatán, si bien este equipo había señalado dilación del gobierno del estado en la atención de estas recomendaciones durante los primeros meses posteriores a la emisión de la misma, actualmente se han cumplido seis de los siete puntos de la recomendación.

A este equipo, sin embargo, le preocupa de manera particular el punto de la recomendación que continúa sin cumplirse y que se refiere a la exigencia de que la Procuraduría General del Estado y el DIF cuenten con lugares para albergar a menores víctimas de delitos, de violencia familiar y desamparados, respectivamente.

La ausencia de estos lugares originó violaciones a derechos humanos de menores en el pasado. El Equipo Indignación formuló al Ejecutivo esta pregunta específica algunas semanas antes del Informe, sin embargo, hasta donde hemos podido revisar, el Gobierno no reporta qué atención le ha dado específicamente al punto cuatro de la recomendación referida.
A esta preocupación hay que añadir el riesgo de que en el caso de la Escuela Social de Menores Infractores prevalezca la impunidad de funcionarios de alto rango que tuvieron responsabilidad en las violaciones a derechos humanos de menores por omisiones en la integración de la averiguación previa. El peso de la investigación recayó en trabajadores y trabajadoras de la Escuela acusados de “encubrimiento”, sin embargo, al menos una de las ex trabajadoras a quien se le sigue juicio por encubrimiento acudió a esta oficina a denunciar los hechos y testificó ante la C.N.D.H.

Lamentamos que en el Informe no se aporten datos para evaluar el trabajo del Gobierno con respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Únicamente en el anexo “Respuestas a las preguntas del poder legislativo” se encuentra información al respecto e, incluso ahí, de manera limitada.

Estas omisiones confirman la urgencia de crear un espacio al interior de la Secretaría de Gobierno para diseñar y dar seguimiento a la política de derechos humanos de la actual administración. Este Equipo de Derechos Humanos ha presentado ya dos propuestas al Gobierno del Estado en este sentido, la última de ellas en febrero pasado por medio de un documento con “Medidas urgentes para erradicar la tortura en el Estado de Yucatán”. Hasta la fecha, el Equipo Indignación no ha obtenido respuesta del Ejecutivo.

VIH/Sida
Con respecto al VIH/Sida, celebramos que la aportación del Gobierno Federal haya encontrado la contraparte necesaria en el Gobierno del Estado para la consecución de los medicamentos antirretrovirales necesarios para el tratamiento de las personas que viven con VIH/Sida y que no tienen ningún tipo de seguridad social. Sin embargo, siendo el VIH/Sida una enfermedad todavía incurable, no hay manera más eficaz de frenar la pandemia que la prevención. Por eso nos preocupa que no haya en el informe ningún dato acerca de campañas preventivas dirigidas a grupos específicos.

Género
Valoramos las acciones a favor de la equidad de género reportadas desde algunas dependencias de gobierno, sin embargo, el Informe no nos permite evaluar el trabajo del Instituto para la Equidad y el Género en Yucatán ni el resultado que sus gestiones podrían haber tenido para que las distintas instancias de la administración pública estatal diseñen, realicen y evalúen su trabajo con perspectiva de género. Tampoco nos permite conocer el impacto de las acciones reportadas.
Procuración de justicia

La dilación de la procuraduría en el desahogo de expedientes provoca desánimo en las personas que acuden a ella y puede ser causa, incluso, de evasión de la justicia. Nos preocupa el gran rezago en las Averiguaciones Previas que señala el informe y el número de órdenes de aprehensión no cumplidas sin explicar las razones por las cuales no se ejecutaron.
Celebramos la inversión en ‘tecnología de punta’ que se reporta para combatir la delincuencia, aunque esto todavía no reporta resultados en el combate a la impunidad.

Defensoría legal.
No se ha logrado garantizar plenamente los derechos de las personas procesadas en materia penal procurándoles una defensa eficaz. Se sigue constatando la falta de defensores de oficio y que éstos sean eficientes en la defensa y bilingües.
No se reporta la existencia de mecanismos para detectar fallas o irregularidades en el trabajo de los defensores de oficio y, de ser el caso, sancionarlos.

La Readaptación Social.
Reconocemos los esfuerzos realizados por la actual administración, reportados en su II informe de gobierno, para lograr que las personas internas en los Centros de Rehabilitación Social de nuestro Estado vean sus derechos reconocidos y respetados. Consideramos, sin embargo, aun incompleto este esfuerzo porque no se mencionan las medidas adoptadas para revertir el problema, ya señalado por la CNDH, del autogobierno en el CERESO de Mérida. Tampoco encontramos información alguna acerca de la construcción de locutorios en los CERESOS del interior del Estado. No conocemos reforma alguna a los reglamentos internos de los CERESOS que incluya un pleno reconocimiento de los derechos de las personas internas y de sus visitantes.

Pueblo Maya
En relación con los derechos de los mayas yucatecos no encontramos en este II Informe el señalamiento de acciones eficaces para combatir a fondo los problemas que enfrenta la etnia. Reconocemos que, en cierta medida, la actual administración ha incorporado a su discurso demandas planteadas por organizaciones indígenas del país; sin embargo, es evidente que el válido objetivo de generar una nueva relación entre el pueblo maya, el gobierno del Estado y la sociedad civil no se alcanzará mediante las pocas acciones reportadas por el Indemaya (14 recitales en maya, algunos servicios de traducción, impresión de un libro bilingüe, etc.).

Consideramos que el Gobierno del Estado no está impulsando todavía políticas para garantizar la participación del pueblo maya en las decisiones que le afectan. Aunque en este informe se expresa que se promueve la participación de los mayas en la administración pública mediante la detección de organizaciones en municipios indígenas para que participen en la formulación de algunos proyectos, la ambigüedad de la redacción no permite saber si esto se está haciendo ya o va a realizarse todavía.
La meta que se trazó el gobierno del estado de establecer canales para una mayor comunicación con el pueblo maya para que éstos, a su vez, tuvieran una mejor atención en las diferentes dependencias, tanto del gobierno municipal como del estatal y federal, no se ha cumplido. La lengua es un elemento importante, pero no creemos que los problemas de los indígenas mayas se solucionen con sólo tener personas maya hablantes en el mostrador de atención al público. Probablemente esto haga que la comunicación sea más fácil para el interesado, pero la problemática seguirá siendo la misma si en el fondo se sigue pasando por encima de los derechos de las personas.

Aunque valoramos el esfuerzo realizado por el Gobierno para que las leyes y los códigos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas sean traducidos a su propia lengua, creemos que todavía se siguen menospreciando las formas de impartir justicia propias de las comunidades mayas y se les imponen las leyes occidentales. No es, pues, solamente asunto de traducir leyes y códigos, sino de iniciar un proceso de diálogo entre dos formas de impartir justicia. Esto se refleja de manera clara en la defensoría de oficio. Aun cuando los defensores de oficio sepan hablar la lengua maya, objetivo que no se ha logrado, las leyes actuales siguen siendo ajenas a la cultura propia de las comunidades. El indígena no puede entender, en la mayoría de los casos, cuál es su posición frente a la ley por la cual va a ser juzgado, dado que estas leyes son totalmente ajenas a las maneras tradicionales como los indígenas resuelven sus conflictos. Recalcamos que no es suficiente la puesta en marcha del programa interinstitucional de cursos en lengua maya para servidores públicos. Aquí el problema es mucho mayor: la discriminación que sufren los indígenas ha de cortarse de raíz y eso no se logrará solamente con traductores. Nos parece más urgentes reconocer derechos del pueblo maya, como lo establecen los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano.

La impartición de justicia en las comunidades mayas a cargo de los jueces de paz tiene, sin duda, un papel muy importante porque es la que más se acerca a las tradiciones de cada comunidad. Estas formas de impartición de justicia son calificadas como ‘usos y costumbres’ y se les niega valor jurídico real. A la meta de lograr que, cuando menos el 80% de los jueces de paz sean maya hablantes, ha de añadirse el reconocimiento del pueblo maya a sus formas de impartir justicia.
Lo mismo afirmamos en el terreno de la educación indígena: no puede reducirse al aprendizaje de la lengua maya, es necesaria la interculturalidad, el respeto a la cultura de los estudiantes y que la Secretaría de Educación sea capaz de reglamentar las disciplinas de las escuelas sin menosprecio de la cultura, como ocurre con las mujeres que deben renunciar al hipil para vestir el uniforme establecido. Es necesaria una revisión de los contenidos de la enseñanza en la que intervenga gente indígena que quiera cooperar para ajustar contenidos y programas con respeto a la cultura.

Reconocemos los esfuerzos por incluir programación en lengua maya en los medios oficiales de comunicación. Es necesario también elaborar programas que difundan el derecho del pueblo maya a su propia identidad. Es necesario no confundir cultura con folklore. Desconocemos si la actual administración ha realizado alguna gestión para garantizar que los indígenas puedan administrar sus propios medios, como por derecho corresponde.

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C.P. Ana Rosa Payán Cervera
Presidenta Municipal de Mérida

El día de hoy recibimos una llamada para invitar al Equipo Indignación a una reunión para conformar el Consejo de Seguridad del Ayuntamiento. Según se desprende de la llamada que recibimos, dicho Consejo tendrá entre sus funciones vigilar la actuación de la Policía Municipal de Mérida.

Apreciamos los esfuerzos por hacer más transparente la actuación de instituciones de gobierno a través de la participación ciudadana. Sin embargo, el Equipo Indignación enfrenta varios obstáculos para poder participar en la reunión en la que se conformará el Consejo referido:

1.Este equipo desconoce la existencia de algún procedimiento para decidir quiénes conformarán dicho Consejo. Como le señalamos anteriormente, apreciamos la creación de estos consejos pero, a la vez, pugnamos porque su integración se haga también de una forma transparente y regulada, que evite que se conformen arbitrariamente.
2.El Equipo Indignación hizo varias observaciones al borrador del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, pero dichas observaciones no fueron tomadas en cuenta al momento de aprobar el reglamento. Consideramos que el actual reglamento, a pesar de que contiene elementos que apreciamos como la sanción de la discriminación, no garantiza que se respeten plenamente los derechos de ciudadanos y ciudadanas de este municipio.
3.Quienes integramos el Equipo Indignación “de por sí” vigilaremos, en la medida de nuestras posibilidades, la actuación de la Policía del Municipio de Mérida.

Apreciamos la invitación que se nos hizo el día de hoy para asistir a la reunión que tendrá lugar mañana pero, como puede usted advertir, nos es imposible por el momento participar en dicho Consejo.

Aprovechamos esta comunicación para enviarle saludos cordiales de parte de todo el Equipo Indignación y para expresarle la seguridad de nuestra consideración.

Atentamente,

Por Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Martha Capetillo Pasos

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Equipo INDIGNACIÓN A.C.

A doña Sara Millet, con admiración

Estimada Margarita:

Reciba, antes que nada, un saludo cordial y el agradecimiento por su interés en el trabajo, modesto y limitado, que el Equipo Indignación realiza.

Hemos leído, con atención, el escrito en el que se refiere al trabajo de este Equipo. Nos preocupan, como a usted, las irregularidades que rodean el caso Medina-Abraham. Especialmente nos preocupa lo que éste y otros casos similares exhiben: El derecho a la justicia y a ser juzgado por tribunales imparciales no está garantizado en nuestro Estado. Si tantas irregularidades rodean uno de los casos más divulgados en la historia de Yucatán ¡Qué no pasará con los expedientes que se refieren a personas anónimas, sin recursos económicos y sin acceso a abogados particulares! Coincidimos con quienes sostienen que el caso Medina-Abraham ha desnudado el sistema de procuración y de impartición de justicia en Yucatán y admiramos a todas las personas que han dedicado su esfuerzo a denunciar estas irregularidades, a exigir justicia y a luchar contra la impunidad de los responsables. De manera particular admiramos el tesón y el valor de doña Sara Millet, cuyo insistente trabajo ha sido ejemplo de constancia y tenacidad para este Equipo. Aunque quizás ella desconoce la admiración que nos despierta, sí sabe cuáles han sido las acciones que el Equipo Indignación ha realizado con respecto a este caso. Quizás ella, como usted, esperaba más, pero vamos a intentar compartirle, a modo de respuesta, las siguientes reflexiones.

Quienes integramos Indignación estamos convencidos y convencidas de que nuestro trabajo es apenas un pequeño aporte que se suma al trabajo que muchos otros y muchas otras realizan desde distintas trincheras y con diferentes estrategias, la mayoría desde el anonimato.

Es, desde luego, insuficiente lo que el Equipo Indignación ha hecho para documentar y denunciar las irregularidades en la impartición de justicia en éste y en otros casos. Es también insuficiente lo que se ha hecho para lograr un Estado en el que los derechos de todos y de todas sean plenamente respetados y en el que las autoridades sean sancionadas cuando incurran en violaciones a estos derechos. ¡Imagínese que, después de tantos años, ni siquiera hemos logrado que se tipifique la tortura en Yucatán! Por supuesto, vamos a continuar trabajando hasta lograrlo.

Hay, sí, pequeños logros en el trabajo por lograr la plena vigencia de los derechos humanos, logros que, más que propiciar, el Equipo Indignación ha tenido el privilegio de documentar y compartir, pues el trabajo lo han realizado grupos de comunidades que, con enorme valor, se han enfrentado a los caciques de su región, personas que tienen el enorme valor de enfrentarse a poderosos intereses, compañeros y compañeras que sufren encarcelamientos injustos y vejaciones, gente que es sometida a torturas y otros tratos crueles. Ellos y ellas sí que arriesgan su tranquilidad, su seguridad, su integridad física. Para quienes integramos el Equipo el trabajo es intenso pero, ciertamente, conlleva menos riesgos.

Nos alegra también que, con el esfuerzo de muchos y muchas que estuvieron atentos y participaron de distintas formas, finalmente se haya logrado modificar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Es insuficiente esta ley, pero es sin duda mucho mejor que la anterior que nos negaba la posibilidad de contar con una institución pública de defensa de los derechos humanos autónoma e independiente.

Le hablamos de este pequeño logro para compartirle un poco parte de nuestra estrategia: Nuestros recursos son modestos y tenemos que optimizarlos para lograr un impacto, por eso elegimos poner nuestro empeño en la construcción de instituciones que garanticen un recurso efectivo para muchos y muchas que sufren abusos y omisiones de las autoridades. Para lograr este objetivo también, en ocasiones, asumimos casos. Suelen ser casos de personas que no cuentan con recursos económicos o casos de personas que, por distintos motivos, son discriminados o discriminadas. No llevamos directamente la defensa de los casos, pero sí los acompañamos. Le decíamos que nuestros recursos son escasos. Hasta ahora, por ejemplo, sólo un estudiante de leyes se ha animado a comprometerse en el trabajo cotidiano de defensa de los derechos humanos junto con este Equipo.

En el diseño de las estrategias del Equipo los medios de comunicación tienen un valor (y apreciamos los espacios que se brindan a la causa de los derechos humanos), pero no son el único recurso. No le tememos al protagonismo pero, en algunos casos, incluso, no son el recurso privilegiado.

Sí. Nos preocupa el caso Medina-Abraham, las injusticias y las irregularidades que lo rodean. Nos preocupa el caso de don Ricardo Ucán, a quien se le ha negado el derecho a la justicia; nos preocupó mucho el caso de doña Teresa, para quien la justicia llegó tan tarde que, cuando finalmente llegó la orden de aprehensión ¡el agresor ya había muerto! Nos preocupa el caso de Digna Ochoa, cuyo ejemplo siempre nos anima, que la fiscalía concluye a pesar de que se documentaron irregularidades en la investigación. El experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no encontró dolo en las irregularidades que detectó en el expediente, sino torpezas. De nuevo nos escandalizamos: Si esto ocurre con un caso seguido y vigilado por organizaciones locales, nacionales e internacionales ¡qué no pasará con los expedientes de personas anónimas, desconocidas, empobrecidas! Hace falta todavía un intenso trabajo para lograr que el acceso a la justicia sea cierto, que el derecho a ser juzgado por tribunales imparciales se respete, que las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia se conduzcan con el profesionalismo, la eficacia y la honradez a la que tenemos derecho.

Nos alegra, permítannos decírselo, saberla indignada. Hoy esa indignación es para cuestionar el trabajo de este equipo y aceptamos el cuestionamiento, casi un reclamo que nos conmueve pues incluye un reconocimiento, inmerecido, al trabajo de este Equipo. Perdón, ya nos desviamos. Nos alegra saberla indignada, porque siempre es motivo de alegría encontrar aliados en el trabajo de construir un mundo distinto, un mundo en el que los ciudadanos y ciudadanas vean sus derechos respetados; un mundo en el que la justicia no se venda al mejor postor, un mundo en el que la discriminación no sea permitida y en el que el abuso de poder se sancione; un mundo, en fin, en el que todos y todas quepamos con dignidad.

También queremos confesarle, ya que es aliada en este trabajo, que pugnamos por un mundo en el que ejercer derechos ciudadanos y cuestionar a las autoridades no se considere “tirar piedras”. En todo caso, si encontramos piedras, intentaremos usarlas para construir ese mundo en el que soñamos.

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