En Yucatán persiste un grave rezago en materia de derechos humanos, que se advierte en la ausencia de ordenamientos legales y en la persistencia de leyes que vulneran derechos fundamentales, por una parte y, por otra, en la falta de acciones que corresponden al Ejecutivo, como el combate a la impunidad. La celebración del 53º. Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos es ocasión propicia para señalar este rezago e insistir en la responsabilidad que tienen los poderes Legislativo y Ejecutivo para atenderlos.
El incumplimiento en esta materia o la dilación para atenderla acentúa el rezago, afecta a la población y retarda la posibilidad de vivir en un estado democrático, respetuoso de los derechos humanos.
De acuerdo con las áreas en las que el Equipo Indignación trabaja, las urgencias son:

I. EN EL COMBATE AL AUTORITARISMO

a) Los derechos políticos
El reciente cambio en la administración estatal genera la percepción de que la batalla por garantizar el derecho a elegir autoridades comienza a rendir frutos en Yucatán. Sin embargo, este derecho fundamental aún requiere fortalecerse. En nuestro Estado continúa pendiente la reforma electoral. El reciente proceso mostró debilidades en la legislación, que impidieron la participación en condiciones de equidad, e incongruencias entre los ámbitos federal y estatal en materia electoral que requieren revisarse.

b) La batalla contra la impunidad
Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, que queden en la impunidad los presuntos delitos cometidos por servidores públicos durante el período del desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras estos hechos no sean investigados y, en su caso, sancionados, el desacato será un capítulo abierto en Yucatán que invitará permanentemente a reincidir.
Incluso en un caso tan delicado por incluir presuntos delitos cometidos contra menores infractores, el Gobierno del Estado y la Procuraduría de Justicia del Estado han omitido iniciar averiguaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionarlas.
La omisión del Ejecutivo en la batalla contra la impunidad se ve agravada por la permanencia de algunas personas en cargos de responsabilidad, así como por cuestionables nombramientos, como el del actual titular de la Subprocuraduría de Prevención del Delito, que se le otorgó a una persona contra la cual hay una denuncia penal reciente, aún no resuelta.

c) Sobre la ley Orgánica de los municipios del Estado de Yucatán.
El derecho a elegir autoridades se ve continuamente amenazado para los habitantes de las comisarías y subcomisarías del Estado de Yucatán, quienes se encuentran en condiciones de indefensión jurídica frente a los y las presidentes municipales que intentan usurpar este derecho a los vecinos y vecinas de estas poblaciones. La Constitución del Estado debe amparar este elemental derecho y reglamentarlo de acuerdo con las expectativas de los propios habitantes de las comisarías.

d) La re creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
La actual legislatura se ha demorado frente a la impostergable demanda ciudadana de reformar la comisión de derechos humanos. La dilación de esta legislatura afecta profundamente la situación de los derechos humanos en el Estado y cuestiona sus prioridades.
Continúa a cargo de la Comisión un presidente interino o sustituto, que lleva ya 9 meses en esta irregular situación. No podemos menos que deplorar la tardanza del Congreso en este delicado y urgente campo.
Aún no se ha iniciado una investigación sobre la gestión de Rafael Cebada como Presidente de la Codhey. En 1999 el Equipo Indignación presentó ante el Congreso una demanda de Juicio Político. Si bien esta demanda no prosperó bajo la figura del juicio político, hay hechos que debieran ser investigados y sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exigiendo la rendición de cuentas de su ex titular.

e) La tortura
Yucatán es el único estado de la República Mexicana que no cuenta con una legislación para prevenir y sancionar la tortura, ausencia grave que es ahora responsabilidad de la actual legislatura. Los ciudadanos y ciudadanas de Yucatán estamos jurídicamente indefensos frente a actos de Tortura. Este delito no se puede denunciar como tal y mucho menos exigir la reparación del daño.

II. DERECHOS INDÍGENAS

Yucatán es un estado multiétnico y pluricultural, que se niega a reconocerse como tal. El pueblo maya posee enormes riquezas culturales y conserva, en algunos casos, sus propios sistemas normativos y de elección de autoridades. Sin embargo, sus derechos como pueblo no están reconocidos en la Constitución del Estado.
Sin el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios, difícilmente cambiará la relación entre los pueblos mayas y las instituciones del Estado, que ha sido de dependencia, discriminación y violación cotidiana de derechos.
Exigimos una búsqueda legislativa que respete lo pactado en San Andrés, y reconozca los derechos de los pueblos indios de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa.
El Congreso del Estado de Yucatán no ha votado dicha ley —lo hemos llamado a rechazarla—, incumpliendo su obligación. La reforma estatal en esta materia está pendiente, pero tendrá poca eficacia sin el amparo que proporciona el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios en la Carta Magna.

III.- DIVERSIDAD, TOLERANCIA Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN

a) Los seropositivos
Con respecto a las personas que viven con VIH/SIDA, los problemas detectados en Yucatán son: la falta de servicios médicos adecuados, especialmente en el área rural; respuestas limitadas ante quejas de violación a los derechos humanos; incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM 010-SSA2-1993), particularmente en lo que toca a la confidencialidad y no obligatoriedad de la prueba de detección del VIH, situación agravada en el sector laboral, sea por negativa a admitir en los centros de trabajo a personas seropositivas, como por despidos injustificados; falta de información pública suficiente y escasa labor de prevención de parte del Estado.
Por eso proponemos:
Garantizar a todos y todas el derecho a una información completa y veraz sobre la prevención de esta enfermedad y sobre los derechos sexuales y reproductivos, respetando la capacidad del hombre y la mujer para tomar decisiones.
Incorporar al código penal del Estado el delito de discriminación.
Vigilar que las empresas no apliquen la prueba de VIH a quienes solicitan empleo o realizan otros trámites administrativos, en cumplimiento de la Norma Oficial, en su párrafo 6.3 y sancionar a las que lo hagan.
Reglamentar el derecho de las personas infectadas a casarse y formar una familia, salvando el derecho al conocimiento informado de la futura pareja.
Crear programas de cobertura total y permanente de medicamentos al 100% de los infectados de población abierta, garantizando que el presupuesto asegure la atención de este sector vulnerable de la población.

b) Perspectiva de género
La actual legislatura no ha concretado el compromiso de crear la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
Al constatar que en algunos centros de trabajo persisten prácticas violatorias de los derechos humanos, como la aplicación de la prueba de embarazo para solicitar empleo, advertimos que el Gobierno del Estado está incumpliendo la obligación de vigilar que las empresas funcionen con apego a las leyes. El Congreso del Estado debe tomar esto en cuenta a la hora de revisar los informes que el Ejecutivo rinda.
Celebramos las acciones que tanto en el gobierno estatal como en el municipio de Mérida se han emprendido para dar atención integral a las mujeres que sufren violencia o cuya integridad está en riesgo.
Alertamos, sin embargo, sobre la urgencia de hacer una revisión de los ordenamientos legales con perspectiva de género, para lo cual se requiere de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
En la procuración de justicia el Estado dista mucho de garantizar la atención eficaz y respetuosa de las mujeres víctimas de violencia, para lo cual debe capacitar a su personal y eliminar las dificultades que pone el Ministerio Público en las denuncias por violación o abuso sexual.

IV.- PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

a)Sobre la procuración de justicia
No existe la garantía de la tutela efectiva de los derechos de la víctima, incluyendo aspectos como reparación del daño.
En el pasado la dependencia del Ministerio Público con respecto al Ejecutivo impidió la eficaz procuración de justicia, especialmente en los delitos atribuidos a servidores públicos, por lo que deben buscarse los mecanismos adecuados para garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público.
Revisar el código penal y homologar la edad penal a los 18 años, respetando los tratados internacionales firmados por México. La disminución de la edad penal no es un factor de disminución de los índices de inseguridad pública. Es necesario establecer sistemas eficaces de prevención del delito entre los menores, garantizando el respeto a los derechos humanos.
Urge reestructurar integralmente el sistema penitenciario y las leyes que lo rigen.

b)Impartición de justicia
La persistencia de actitudes negligentes o dilación en el proceso, por el que los plazos dentro de los procedimientos duran más tiempo que el permitido por la ley; la extorsión; la falsificación de documentos; la negativa a la reparación del daño por parte del Estado; el tráfico de influencias y la negativa al derecho de petición son ejes del diagnóstico de la violación al derecho a juicios justos.
Se requiere un órgano de vigilancia y disciplina para el poder judicial, como puede ser un Consejo Estatal de la Judicatura, análogo al federal. Deberá garantizarse que este órgano actúe con autonomía e independencia.

c)Las cárceles
Aun cuando la actual administración haya heredado cárceles en condiciones inhumanas gestadas desde gobiernos anteriores, todavía desconocemos qué acciones ha emprendido para garantizar los derechos humanos de los internos e internas de los Centros de Readaptación Social del Estado.
Tenemos conocimiento de que este gobierno recibió ya una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero desconocemos hasta qué punto la ha cumplido.
Es pertinente señalar que diferentes administraciones priístas recibieron, continuamente, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 1993 por las condiciones violatorias a los derechos humanos en que se encontraban las cárceles del Estado. Esas recomendaciones se mantuvieron durante mucho tiempo como “parcialmente cumplidas.”. Es obligación del Ejecutivo garantizar que se cumplan en su totalidad e investigar a los responsables de las graves irregularidades que se encontraron en esos centros de readaptación.

V.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Hay indicadores que colocan a Yucatán en el cuarto Estado del país en nivel de pobreza. Están en riesgo para un amplio sector de la población los derechos más elementales que garantizan una vida digna. Sin atender las causas que dan origen a esta situación, difícilmente podremos aspirar a vivir en un estado democrático y difícilmente las autoridades podrán decir que cumplieron con su encomienda.
La actual situación económica pone en riesgo derechos laborales, que deben ser protegidos por el Estado.
Los derechos humanos, su pleno reconocimiento y respeto, será la medida para evaluar el trabajo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Yucatán.

Indignación A.C.
Promoción y defensa de los derechos humanos

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2001

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Dr. Santiago Levy Algazi.
Director General del Instituto Mexicano
Del Seguro Social.

Ing. Milton Rubio Madera
Delegado Estatal del IMSS

Dr. José Iván Aguilar Vivas
Director Regional del Seguro Social

Con profunda preocupación, las organizaciones civiles de derechos humanos abajo firmantes, manifestamos nuestro extrañamiento por la posibilidad de que la Dra. Rocío Marthell López sea nombrada Directora de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la comunidad de Conkal, Yucatán, según información publicada en un periódico local.

Nuestra preocupación estriba en el hecho de que, durante la gestión de Dra. Martell como Directora de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán, se denunciaron una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los menores infractores recluidos en dicha Escuela, mismas que en la actualidad están siendo investigadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dentro de las principales denuncias señaladas por los familiares de los menores y trabajadores de la Escuela, sobresale el imponer castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistían en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH-sida); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raíz de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

En este sentido, nos preocupa que, una persona cuya actuación al frente de una institución pública está siendo investigada por la CNDH por graves violaciones a los derechos humanos, asuma un puesto de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural, en donde la sensibilidad, la honestidad y el respeto a los derechos humanos son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social garantice la seguridad de sus derechohabientes y revise la decisión de nombrar como responsable de la clínica a una persona que, actualmente, está siendo investigada como responsable de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños internos de la Escuela Social de Menores Infractores, cuando menos hasta que la CNDH determine si efectivamente hubo o no violaciones a los derechos humanos durante la administración de la Dra. Marthell al frente de la Escuela Social de Menores Infractores.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención prestada, nos despedimos de usted, no sin antes expresarle nuestra consideración y estima, en espera de su pronta respuesta.

Atentamente.

Por Indignación, Promoción y Defensa Por el Centro de Derechos Humanos
De los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Cristina Muñoz Menéndez. Jorge Fernández Mendiburu.

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Sr. Patricio Patrón Laviada
Gobernador del Estado de Yucatán

Lic. Miguel Ángel Díaz Herrera
Procurador de Justicia del Estado de Yucatán

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C., perteneciente a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, manifiesta su extrañamiento y preocupación ante la inacción de la procuraduría del Estado de Yucatán frente a los presuntos hechos delictivos cometidos durante la gestión de la Dra. Rocío Marthell López como directora de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán en perjuicio de menores internos en esa escuela social.

Según testimonios de varias personas (padres de familia y trabajadores de la institución) que acudieron a este Equipo de Derechos Humanos para denunciar la situación imperante en la Escuela de Menores Infractores, la ex directora de dicha Escuela, imponía castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistían en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raíz de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

El gobierno del Estado seguramente tiene conocimiento de que estos hechos están siendo investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha abierto el expediente 2001/1926. Sin embargo, esa investigación no exime al gobierno del Estado de la responsabilidad que tiene frente a la posible comisión de delitos.

Por cuanto hace a la responsabilidad del gobierno estatal, es preciso mencionar que ya desde 1999 los denunciantes hicieron del conocimiento del entonces Secretario de Gobierno del Estado, Cleominio Zoreda, las condiciones inhumanas que vivían los menores internos en la referida Escuela Social, pero sin obtener ningún resultado por parte de la administración de Cervera Pacheco.

En este mismo tenor, y a pesar de que la Dra. Martell fue removida de su puesto por la actual administración, es incuestionable la responsabilidad que pesa sobre el actual Ejecutivo Estatal, toda vez que los actos presuntamente desplegados por la Dra. Martell durante su administración al frente de la Escuela de menores infractores, pueden configurar a su vez una serie de conductas delictivas que la Procuraduría de Justicia del Estado está en obligación de investigar, independientemente de que la CNDH haya conocido del asunto. La obligación de la Procuraduría de Justicia del estado y por lo tanto del gobierno estatal, se fundamenta en el hecho de que quienes han sido agraviados con los supuestos actos cometidos por la Dra. Martell, han sido justamente un amplio sector de la sociedad como lo son en este caso los niños y niñas yucatecos que se encuentran en la escuela. No sólo eso, con sus acciones la Dra. Martell también puede incurrir en los supuestos que, bajo el título de delitos cometidos por servidores públicos establece el Código Penal del Estado de Yucatán. En tal virtud, es incuestionable la responsabilidad que tiene la Procuraduría para iniciar las investigaciones correspondientes y evitar que estos abusos denunciados queden en la impunidad.

Cabe señalar que ha sido justamente la omisión para iniciar la averiguación previa por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y la dilación en las investigaciones que efectúa la CNDH, lo que permitiría a la Dra. Marthell acceder nuevamente a un puesto público de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural —según información publicada en el Diario de Yucatán la Dra. Marthell sería directora de la clínica del Seguro Social en Conkal—, en donde la sensibilidad y la honestidad son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. hace un enérgico llamado al Ejecutivo Estatal para que cumpla con el compromiso de velar por los intereses de la sociedad y de combatir la impunidad, e inicie la investigación penal que corresponde en este caso.

Atentamente,

Por INDIGNACIÓN,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

c.c.p. Archivo

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El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C., perteneciente a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, manifiesta su extrañamiento y preocupación ante la posibilidad de que la Dra. Rocío Marthell López, cuya gestión en la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán está siendo investigada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los menores infractores, se haga cargo de la clínica de Conkal, Yucatán, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según testimonios de varias personas (padres de familia y trabajadores de la institución) que acudieron a este Equipo de Derechos Humanos para denunciar la situación imperante en la Escuela de Menores Infractores, la ex directora de dicha Escuela, imponía castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistían en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raíz de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

No obstante, y a pesar de que desde julio pasado, el Equipo de derechos humanos Indignación alertó a la CNDH sobre la grave situación que imperaba en la Escuela de Menores y aportó los testimonios de personas cercanas a la Escuela que denunciaron hechos que, de comprobarse, implicarían graves violaciones a los derechos de los niños y niñas internos en dicha escuela social, hasta la fecha dicha institución gubernamental de derechos humanos no ha emitido su postura al respecto, a pesar de que desde un principio abrió el expediente 2001/19/26.

Por cuanto hace a la responsabilidad del gobierno estatal, es preciso mencionar que ya desde 1999 los denunciantes hicieron del conocimiento del entonces Secretario de Gobierno del Estado, Cleominio Zoreda, las condiciones inhumanas que vivían los menores internos en la referida Escuela Social, pero sin obtener ningún resultado por parte de la administración de Cervera Pacheco.

En este mismo tenor, y a pesar de que la Dra. Martell fue removida de su puesto por la administración que encabeza Patricio Patrón Laviada, es incuestionable la responsabilidad que pesa sobre el actual Ejecutivo Estatal, toda vez que los actos presuntamente desplegados por la Dra. Martell durante su administración al frente de la Escuela de menores infractores, pueden configurar a su vez una serie de conductas delictivas que la Procuraduría de Justicia del Estado está en obligación de investigar, independientemente de que la CNDH haya conocido del asunto. La obligación de la Procuraduría de Justicia del estado y por lo tanto del gobierno estatal, se fundamenta en el hecho de que quienes han sido agraviados con los supuestos actos cometidos por la Dra. Martell, han sido justamente un amplio sector de la sociedad como lo son en este caso los niños y niñas yucatecos que se encuentran en la escuela. No sólo eso, con sus acciones la Dra. Martell también puede incurrir en los supuestos que, bajo el título de delitos cometidos por servidores públicos establece el Código Penal del Estado de Yucatán. En tal virtud, es incuestionable la responsabilidad que tiene la Procuraduría para iniciar las investigaciones correspondientes y evitar que estos abusos denunciados queden en la impunidad.

Cabe señalar que ha sido justamente la omisión para iniciar la averiguación previa por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y la dilación en las investigaciones que efectúa la CNDH, lo que permitiría a la Dra. Marthell acceder nuevamente a un puesto público de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural, en donde la sensibilidad y la honestidad son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

La dilación de la CNDH en este caso tiene serias consecuencias. Por una parte, si la doctora es responsable de las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen, la CNDH está contribuyendo, con su inacción o tardanza, a la impunidad de la que goza actualmente la ex directora de la Escuela Social de Menores Infractores. Por otra parte, si la investigación concluyera que la doctora Marthell no tiene responsabilidad en las violaciones que se le atribuyen, la tardanza de la CNDH está permitiendo que se lesione el prestigio de una persona.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. hace un atento llamado a la CNDH, para que se atienda el caso con la urgencia que amerita, concluya la investigación iniciada y, de encontrar violaciones a los derechos humanos, emita la recomendación correspondiente.

Del mismo modo, hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Estatal para que cumpla con el compromiso de velar por los intereses de la sociedad y de combatir la impunidad, e inicie la investigación penal que corresponde en este caso.

Finalmente instamos a los directivos del Seguro Social a revisar la decisión de nombrar como responsable de la clínica a una persona que, actualmente, está siendo investigada como responsable de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños internos de la Escuela Social de Menores Infractores.

Para mayor información, favor de comunicarse a Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, en Mérida, Yuc, al teléfono (01 999) 9-25-27-59 con Cristina Muñoz o Martha Capetillo.

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Balance del Equipo Indignación sobre las elecciones en comisarías

El domingo 11 de noviembre se realizó en las comisarías del municipio de Mérida una consulta para designar a las autoridades de esas localidades. Frente a ese proceso, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN expresa las siguientes consideraciones:

1.Celebramos el ejercicio de consulta previo a la designación de los comisarios o comisarias.
2.Alertamos, sin embargo, del peligro que entraña la designación misma. La alcaldesa ha ofrecido respetar los resultados de la consulta, ofrecimiento que recuerda que no está obligada a hacerlo; consideramos que este respeto no debe estar sujeto a la buena o mala voluntad de la autoridad en turno, sino que debiera ser una obligación.
3.Consideramos impostergable el reconocimiento, en la constitución del estado de Yucatán, del derecho de los habitantes de las comisarías a elegir a sus autoridades, así como la regulación de dicho proceso en los reglamentos de los municipios. La ausencia de legislación en la materia es fuente de confusión e, incluso, de arbitrariedades o de falta de claridad y certezas para resolver problemas que se vayan presentando.
4.Citamos, como ejemplo de la falta de certeza y claridad en el proceso, la conformación del Consejo Ciudadano que tuvo a su cargo la organización de las elecciones. Si bien reconocemos el esfuerzo que dedicaron a este proceso, no podemos dejar de expresar el riesgo que entraña su arbitraria designación. Algunos regidores incluso han afirmado que el cabildo no conoció ni aprobó dicho nombramiento. Tampoco participaron en la presentación de propuestas o como integrantes del Consejo los habitantes de las comisarías. Desde la perspectiva del Equipo INDIGNACIÓN resulta por lo menos extraño que en el Consejo Ciudadano no estuvieran presentes personas de las mismas comisarías. La imagen de habitantes de la ciudad de Mérida organizándoles las elecciones a los habitantes de las comisarías lesiona, vicia la relación entre los pueblos y las autoridades de la ciudad.
5.Es necesario construir una nueva relación entre el municipio y las autoridades de las comisarías. Los comisarios y comisarias electas son, de hecho, autoridades para quienes los eligieron. Sin embargo la ley y, lamentablemente, también la práctica de varios presidentes municipales y regidores, los han considerado como autoridades auxiliares o como “representantes” de la presidenta municipal, en este caso. Es necesario reconocer en la ley el carácter de autoridad que los habitantes de las comisarías le otorgan a los comisarios.
6.En ese mismo sentido exhortamos a la alcaldesa y a los regidores a revisar y clarificar la función de los consejos comunitarios, pues personas de las comisarías han expresado su preocupación al verlos como instrumentos del Ayuntamiento para restarle autoridad y funciones a los comisarios o comisarias.
7.Exhortamos a los regidores y alcaldes de los municipios de Yucatán y al Congreso a revisar los reglamentos vigentes a la luz de los derechos de los pueblos indios y a consultar a los habitantes de las comisarías para adecuar las leyes y reglamentos a los legítimos reclamos del pueblo maya.
8.Por último, notamos que en algunas comisarías la participación fue elevada y en otras hubo abstención. Consideramos que la participación de los habitantes de las comisarías debe reflexionarse atendiendo a las circunstancias de cada comunidad.

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Sr. Fredy Espadas Sosa
Director del Instituto Nacional Indigenista

Le agradecemos la invitación a participar en el Foro estatal sobre derechos y cultura de los pueblos mayas de Yucatán y su reconocimiento en la constitución del Estado, saludamos ese esfuerzo y le comunicamos, por este medio, que nos será imposible asistir.
Aprovechamos para expresarle que el Equipo Indignación considera que deben reconocerse los Acuerdos de San Andrés, según la iniciativa de la Cocopa, en la Constitución Federal. Sin ese reconocimiento de nuestros derechos en la Constitución Federal, cualquier reforma a la constitución del estado de Yucatán en ese sentido sería muy vulnerable.
Por lo tanto, aprovechamos también manifestar que esperamos que el Instituto Nacional Indigenista realice todas las acciones que estén en sus manos para lograr que se respeten los Acuerdos de San Andrés según la iniciativa de la Cocopa.

Atentamente,

Baltazar Xool May José Anastasio Euán Romero

Coordinación del área de pueblos indios
Del Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C.

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COMUNICADO DE PRENSA

La designación del Ombudsman

Las numerosas personas y organizaciones que participaron en el Foro de consulta para reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos coincidieron en un punto fundamental: para garantizar la autonomía e independencia del Ombudsman, el Ejecutivo debe estar absolutamente al margen del nombramiento.
El asunto cobra especial relevancia en este momento, puesto que desde marzo pasado concluyó el período de quien fuera titular de la Codhey. Desde ese entonces, un presidente provisional, interino o sustituto ocupa la presidencia, al parecer de forma ilegal, dado que quien por ley debe sustituir al presidente es el director de procedimientos y, al menos hasta diciembre de 2000, ese cargo lo ocupaba Armando Durán Coello, según consta en un escrito recibido en esta oficina en la fecha señalada.
Para mayor gravedad, a las múltiples ineficiencias e irregularidades cometidas por el anterior titular de la Codhey –documentadas por el Equipo Indignación en la demanda de juicio político presentada ante la legislatura pasada– se suman las declaraciones discriminatorias en contra de las personas que viven con VIH/SIDA hechas por el Sr. Omar Ancona Capetillo, presidente “provisional” o sustituto del organismo.
Hoy por hoy la Comisión de Derechos Humanos se encuentra en una situación irregular y, posiblemente, ilegal. ¿Le toca al Gobierno del Estado remover al titular precisamente cuando está en marcha un proceso para revisar la ley que crea la Comisión de Derechos Humanos y que seguramente le retirará al Gobernador la facultad de proponer a quien ocupe la presidencia de dicha comisión?
La situación no es sencilla. Si se nombra a un presidente con la ley actual, el titular de la Codhey carecerá de la legitimidad que le otorgaría un nombramiento hecho por el Congreso, basado en propuestas de organizaciones ciudadanas. Por otra parte, si se espera hasta que el Congreso reforme la actual ley –lo que, según las últimas declaraciones de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, podría ocurrir hasta enero del 2002– la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán continuará teniendo, como presidente, a quien ocupa ese cargo de forma ilegal y cuyas declaraciones lo muestran incapaz de presidir, precisamente, el organismo público de protección de los derechos humanos.
Tenemos conocimiento de que decenas de organizaciones nacionales e internacionales se han dirigido al titular del Ejecutivo exigiéndole la inmediata remoción del presidente provisional de la Codhey. Copias de esas cartas han llegado a la oficina de este equipo desde julio pasado, cuando trascendieron las declaraciones del Lic. Omar Ancona Capetillo contra quienes viven con VIH/Sida.
La opinión del Equipo Indignación es a favor de que el nuevo titular de la Codhey sea nombrado una vez que se reforme la ley de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para que el Titular del Ejecutivo esté al margen del nombramiento. Además, si el Congreso asume las propuestas hechas por este Equipo, el titular no tendría que ser necesariamente abogado, lo que permitiría que personas con reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos y con conocimientos suficientes en la materia pudieran presidir el organismo.
Sin embargo este equipo es consciente que, de considerarse su opinión, se prolongaría en Yucatán la ausencia de una Comisión de Derechos Humanos que realmente cumpliera con su labor y continuaría al frente de dicha institución alguien que, a todas luces, está incapacitado para presidirla.
Es también propuesta de Indignación que el Ombudsman debe ser aprobado por las tres cuartas partes de los legisladores. Esto obliga a que, para designar al titular, los distintos partidos representados en el Congreso busquen un consenso y seleccionen al candidato idóneo.
Pero esto supone también un trabajo legislativo serio, que sea capaz de superar el interés partidista y busque, no a un cómplice de las autoridades, como sucedió con el anterior titular, si no a la personas cuya trayectoria garantice a la población que sus derechos serán protegidos.
A pesar de que la exigencia de las tres cuartas partes entraña el riesgo de que algunos diputados o diputadas pudieran “secuestrar” o “empantanar” el proceso, el requisito es la forma para evitar que algún partido “mayoritee” la selección para su beneficio.
En todo caso, aun cuando el Gobierno del Estado decidiera no esperar al cambio de ley, el proceso de selección tendrá que ser público y transparente y el gobierno tendrá que encontrar los mecanismos para que sea así y para escuchar propuestas de la sociedad civil.
El Equipo Indignación hace un atento llamado a los diputados y diputadas de la actual legislatura para que atiendan esta urgencia y se den a la tarea de reformar la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Confiamos en que, si hay interés y voluntad política, muy pronto podría estar lista la reforma y, de esa manera, el nombramiento del nuevo titular contaría con la legitimidad necesaria para ejercer su función.

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Sr. Patricio Patrón Laviada
Gobernador del Estado de Yucatán

Nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra preocupación por la designación del director de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán.

El Equipo de Derechos Humanos Indignación presentó ante la CNDH una queja basada en testimonios de personas vinculadas a la escuela, en la que relata situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos de los niños y las niñas que ahí viven.

La CNDH admitió la queja e inició una investigación. Celebramos que se haya dispuesto la inmediata remoción de la anterior titular, sin embargo, no podemos dejar de expresar preocupación por la designación del nuevo director.

A juicio de este Equipo, la persona que esté al frente de dicha escuela social debe tener experiencia probada en el trabajo con niños y niñas, mucho más allá del ámbito deportivo, y una trayectoria que garantice a la sociedad que será respetuosa de los derechos de la infancia.

Nos extraña que su gobierno haya nombrado director a una persona de la que únicamente puede decir que ha apoyado el deporte. Nos extraña que su gobierno no haya reconsiderado la decisión, aun cuando diversas voces han cuestionado la trayectoria del recién nombrado director. Algunas de estas voces han hecho referencia a hechos graves que requerirían investigarse, pero que bien pueden llevar a su gobierno a reconsiderar una decisión para nombrar como director o directora a la persona idónea.

Consideramos que el rectificar engrandece a un gobierno y, más aún, está obligado a ello cuando se trata de garantizar condiciones de respeto a los derechos humanos y, en este caso, para que niños y niñas que han sido vulnerados en su dignidad se recuperen y vean respetada su integridad. En nuestro Estado hay personas de reconocida trayectoria y experiencia en este campo.

Confiamos en que encontraremos en usted, y en quienes intervienen en esta decisión, la sensibilidad suficiente para responder con generosidad y garantizar a los niños y niñas que viven en la Escuela Social de Menores Infractores las condiciones idóneas para sanar heridas, recuperar su dignidad y desarrollar sus capacidades.

Atentamente,

Por INDIGNACIÓN

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Martha Capetillo Pasos

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C.P. Ana Rosa Payán Cervera

Presidenta Municipal de Mérida

CC. Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Mérida

Con preocupación hemos leído declaraciones hechas por la ciudadana alcaldesa con relación a las elecciones en las Comisarías del Municipio de Mérida. Después de considerar la posibilidad de no hacer elecciones, expresó que en algunas comisarías, las pequeñas, podría designar al comisario; en otras, las medianas, podría hacer una consulta antes de nombrar a la autoridad; en unas más, las grandes, sí se llevaría un proceso de elección (Diario de Yucatán, 27 de julio de 2001).

Discordamos, por supuesto, de esta especie de “democracia selectiva”. Consideramos que el derecho de elegir a las propias autoridades debe respetársele a todos y todas los y las habitantes de las comisarías, independientemente de la población de éstas. Lamentaríamos mucho que el Ayuntamiento de Mérida restringiera derechos en vez de pugnar por la ampliación y el reconocimiento pleno de éstos.

El Equipo Indignación le manifiesta al Cabildo las siguientes consideraciones:

1. Deploraremos cualquier nombramiento que usurpe a los habitantes de las comisarías el derecho de elegir a sus propias autoridades.

2. Actualmente la Ley Orgánica de los Municipios desconoce el carácter de autoridad que los habitantes de las comisarías le confieren a los comisarios. Esta limitada ley no debe de servir de pretexto para realizar acciones que vayan en detrimento de derechos básicos de los habitantes.

3. Hacemos un respetuoso llamado a la Presidenta Municipal y a los Regidores para que adecuen sus reglamentos a los legítimos derechos de los pueblos y para que impulsen reformas a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, de modo que el derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades no quede al arbitrio de los Presidentes Municipales. El Equipo Indignación estará pendiente de las acciones que realicen en este sentido.
Vale la pena recordar hoy que durante la primera administración de la actual Alcaldesa, las elecciones realizadas en una de las comisarías (Dzununcán) se repitieron porque los varones pretendieron impedir a las mujeres su derecho a elegir. Paradójicamente la autoridad municipal pretende hoy impedir a todo un pueblo su derecho a elegir a sus autoridades. Quién así actúa ¿supone que puede tomar mejores decisiones que los propios habitantes?

El “uso” o la “costumbre” de usurpar el derecho de los pueblos a elegir a sus propias autoridades podría manifestar también una mentalidad racista. Confiamos en que se revisen estas actitudes para evitar actos de menosprecio hacia los habitantes de las comisarías.

Una de las razones para no realizar elecciones en las comisarías podría ser la consideración de que no saldrían electas personas afines al partido del que proviene la Alcaldesa. Alertamos acerca de esto porque resulta peligroso que le apostemos a la democracia únicamente cuando ésta favorece las propias propuestas.

Por último, nos hacemos eco de dos preocupaciones que nos han expresado vecinos de las comisarías: Una de ellas se refiere a la necesidad de no posponer la fecha de realización de las elecciones de comisarios. La otra es la solicitud de que el actual Ayuntamiento esclarezca cuál es exactamente la función de los Consejos Comunitarios y solicite a los habitantes de las comisarías la aprobación de dicha función, dado que en ocasiones duplican la función de los comisarios sin tener el reconocimiento de la comunidad.

Atentamente,

Por INDIGNACIÓN

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

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El pasado 19 de julio personas vinculadas a la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán acudieron al Equipo Indignación para exponer irregularidades que ocurren al interior de esa Escuela Social y que implicarían graves violaciones a los derechos humanos de los niños y de las niñas.
Las personas que acudieron a la oficina afirmaron que la directora de la Escuela para Menores Infractores impone castigos crueles a los internos y las internas como encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas y degradantes, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les grita y humilla de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer); difama a los padres de los niños y niñas y también se dirige a los padres de familia con gritos y prepotencia.
Los denunciantes afirmaron que algunos trabajadores de la referida Escuela han sido despedidos o amenazados con ser despedidos al ser testigos de dichos actos.
El Equipo Indignación hizo llegar a la CNDH una relación de los diversos hechos descritos por quienes acudieron a esta oficina solicitándole su intervención urgente. Tenemos conocimiento de que la CNDH ya aceptó la queja y le asignó el número de expediente 2001/19/26.
Los hechos descritos todavía tienen que ser investigados y, de resultar ciertos, corresponderá a las autoridades del Estado fincar responsabilidades y sancionar a los responsables. Sin embargo, y dada la gravedad de los hechos expuestos, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. urge a las autoridades a proveer medidas inmediatas para evitar la continuación de conductas que podrían poner en riesgo los derechos humanos de los niños y niñas de la Escuela Social de Menores Infractores, así como implementar las medidas necesarias para facilitar la investigación que deberá realizarse.
Recordamos que la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por México, establece en su artículo tercero que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que atenderá será el interés superior del niños.
“Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personas, así como en relación con la existencia de una superación adecuada.”
En el artículo 37, la misma declaración establece que “Los Estados Partes velarán porque a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes…, b)…, c) Todo niño privado de su libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que se merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad…”

Confiamos en que el actual gobierno ejerza con firmeza su compromiso de combate a la impunidad.

INDIGNACIÓN A.C.

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